La causa, vinculada al Lava Jato, estuvo frenada hasta su salida de la presidencia por los fueros.
El escándalo de corrupción en Brasil conocido como el Lava Jato sigue teniendo un alto impacto. La Policía Federal brasileña arrestó a Michel Temer (21.03.2019), que de esta forma se convirtió en el segundo ex presidente detenido por la mayor operación contra la corrupción en la historia del país.
La detención de Temer fue ordenada por el juez federal de Río de Janeiro, Marcelo Bretas, que también decretó el arresto del ex ministro Wellington Moreira Franco, un importante colaborador del ex presidente y su correligionario en el partido Movimiento Democrático Brasileño (MDB).
Durante su presidencia, la Fiscalía llegó a solicitar dos veces ante la Corte Suprema la apertura de juicios por corrupción contra Temer pero el Congreso se negó a autorizar los procedimientos, por lo que el avance de todas las causas en su contra dependía de que perdiera el fuero privilegiado con el fin de su mandato, lo que ocurrió el pasado 1 de enero (2019). Los procesos fueron remitidos a jueces de primera instancia una vez que perdió los fueros, por lo que ya se esperaban medidas en su contra.
Temer fue detenido por la mañana en su residencia de Sao Paulo y trasladado a Río de Janeiro para que declare ante el juez que ordenó su detención preventiva, es decir sin plazo para su liberación. Lo más probable es que sea recluido en las celdas de la sede de la Superintendencia de la Policía Federal, a donde son conducidos los detenidos por el Lava Jato.
La detención fue ordenada en el marco de una investigación por supuestas irregularidades en contratos firmados por empresas ya condenadas por la Lava Jato y Eletronuclear, la estatal que opera las plantas nucleares del país. Según la denuncia, las empresas que se adjudicaron los contratos con Eletronuclear pagaron sobornos para favorecer a dirigentes del MDB, la formación liderada por Temer y cuyos dirigentes controlaron por muchos años todas las estatales del sector eléctrico del país. Los contratos sospechosos fueron firmados en 2016 cuando Temer ya presidía Brasil.
La denuncia fue hecha por el propietario de la empresa Engevix, José Antunes Sobrinho, que aceptó colaborar con la Justicia y delatar a sus cómplices en diferentes negociados ilegales, a cambio de la reducción de sus condenas. El empresario aseguró que pagó sobornos a petición del coronel de la reserva Joao Baptista Filma Filho, un amigo muy cercano de Temer y cuya prisión también fue ordenada, para adjudicarse uno de los contratos en la construcción de la central nuclear Angra 3.
De acuerdo con Antunes Sobrinho, el pago de las comisiones ilegales para favorecer al MDB era de conocimiento tanto de Temer como de Moreira Franco, que fue secretario general de la Presidencia y secretario de Aviación Civil en el Gobierno de Temer, así como secretario de Asuntos Estratégicos de la Presidencia en el Gobierno de Dilma Rousseff.
El ex presidente Temer responde actualmente a diez procesos, cinco de los cuales estaban en manos de la Corte Suprema por el fuero privilegiado pero que ya comenzaron a ser analizados por jueces de primera instancia. Las otros cinco investigaciones fueron abiertas en enero de este año, cuando Temer ya no contaba con el privilegio del fuero.
Volviendo a Argentina, que vive un proceso de saqueo paralelo al brasileño, diremos que un encarcelamiento de Macri, una vez terminado su mandato, no solucionaría ni tampoco atenuaría el inmenso daño producido por su gestión al país. Acaso el embargo de su dinero y sus empresas y la recuperación de los impuestos evadidos por el clan familiar durante años serían un antecedente que podría ser útil a la construcción de un país de siglo XXI.
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