sábado, 24 de junio de 2017

El gobierno PRO después de las elecciones de 2017.


"Mauricio Macri no tiene margen económico ni político para absorber las consecuencias de una derrota electoral. La experiencia histórica nos señala que un triunfo del peronismo como partido opositor llevaría a los operadores económicos a anticipar un futuro político ya transitado varias veces”, sostiene el último informe de la consultora Econométrica, que dirige el economista de la city Mario Brodersohn, ex secretario de Hacienda de Juan Sourrouille en el gobierno de Raúl Alfonsín. 

Un revés en las urnas, según esta visión, pondría al Gobierno en jaque y abriría las puertas a un regreso de las políticas heterodoxas que repudian los mercados financieros y los sectores concentrados de la economía. Sería el principio del fin para el primer experimento neoliberal comandado por los CEO, sugiere el paper. En cambio, una victoria del oficialismo le dará espacio para “tomar decisiones económicas conflictivas”. “Se suele decir que cuando los presidentes tienen que tomar este tipo de medidas los ministros le presentan dos opciones: una que termina siendo políticamente perversa y la otra también”, avisa. Esas alternativas son seguir con el “gradualismo” o pasar al “shock”. “Si el presidente triunfa en las elecciones en la provincia de Buenos Aires tendrá que elegir una de las dos opciones económicas para el 2018: gradualismo o shock fiscal”, enfatiza. 

“El camino intermedio, esto es, empezar con gradualismo y terminar con shock es la opción más riesgosa porque puede llevar a que sea el mercado el que se anticipe y tome la iniciativa para un shock no buscado. Por ello, se sostiene que en el gradualismo el factor limitante es el acceso al endeudamiento externo y en el shock el factor limitante es la tensión social”, describe.

Los escenarios que vislumbra Econométrica son, en resumen, los siguientes: si Macri pierde “no tendrá margen ni económico ni político” para absorberlo, y si gana tendrá que elegir entre mantener una estrategia de ajuste “gradualista”, con el riesgo de que el mercado le restrinja el financiamiento y lo arrastre a un “shock no buscado”, o sumergirse directamente en el “shock fiscal”, con el riesgo a la reacción social. Son caminos que presagian un 2018 con mucho ruido o mucho ajuste, en la concepción de referentes del mercado como lo es la consultora de Brodersohn. 

La ortodoxia económica descarta la puesta en marcha de medidas de estímulo al mercado interno, la recuperación de la industria y la reparación de los daños ocasionados sobre el empleo y el tejido social. Su obsesión es el ajuste del gasto público y el achicamiento del Estado, asumiendo que son decisiones “conflictivas” o “perversas”, en palabras del economista radical, porque es claro que la consecuencia de esa elección será un agravamiento de los problemas para las mayorías.

El Gobierno dice por ahora que confía en poder seguir con el ajuste “gradual”, que para el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, implica por ejemplo un recorte de subsidios a los servicios públicos por 60 mil millones de pesos el año próximo. Ello incluirá un tarifazo en el transporte, postergado este año por las necesidades electorales. 

El informe de Econométrica señala que si las autoridades “eligen este camino gradualista, la economía en 2018 volverá a depender como en 2016 y 2017 de un creciente acceso a los mercados financieros internacionales para financiar los crecientes desequilibrios fiscal y externo”. Luego se pregunta si “están dadas las condiciones económicas y políticas para volver a insistir con el enfoque gradual”, y responde que “el atraso cambiario y de tarifas” utilizado este año como ancla anti-inflacionaria “debilitan” esa posibilidad. En definitiva, el documento se acerca a la conclusión de que lo más conveniente es apuntar al shock. Le concede al Gobierno que lo haya postergado hasta ahora para no aumentar el riesgo de perder las elecciones de octubre, consciente de la impopularidad que conlleva su plan, y acepta que “un nuevo triunfo electoral de Macri sobre el peronismo le daría más fortaleza política y más credibilidad para plantear luego los cambios de fondo necesarios”. Es decir, el ajuste recargado y las transformaciones estructurales para bajar los costos de salarios y jubilaciones y disminuir la carga impositiva sobre las empresas.

“La opción del shock en 2018 parte del supuesto que el Gobierno cuenta con respaldo político para sostener las propuestas de cambios estructurales”, aclara Econométrica. “El shock tiene como prerrequisito una coalición con otra u otras fuerzas políticas. No se trata de convocar a un Consejo Económico y Social con la participación de todas las fuerzas vivas sociales, políticas y económicas al estilo del Pacto de la Moncloa ni tampoco crear una comisión parlamentaria que discuta políticas de Estado y termine disfrazando la intención oficialista de gobernar por su cuenta”, explica. “El objetivo –concluye– sería invitar a algunos partidos de la oposición a compartir las ventajas y los costos políticos de ser parte en las decisiones de gobierno. Se trata de integrar un gobierno de cohabitación como lo fue el de Francia con Mitterrand (presidente socialista) y Chirac (primer ministro de derecha). O en Chile con la coalición gobernante de la Democracia Cristiana y el Partido Socialista. O como el presidente francés Macron, que fue electo siendo primera minoría y sin una estructura política que lo contenga”. Este punto da cabida al argumento de Cristina Fernández de Kirchner de evitar que en las listas de Unidad Ciudadana participen dirigentes que luego de las elecciones se den vuelta para acompañar los proyectos del Gobierno, como ocurrió tras los comicios de 2015 con numerosos kirchneristas que pasaron a votar las principales leyes del oficialismo.

El estrecho margen de maniobra que Brodersohn le asigna a Macri coincide con el discurso de las corporaciones empresarias y del establishment financiero. La decisión de MSCI de mantener a la Argentina como mercado fronterizo fue un mensaje directo a las autoridades y a la oposición oficialista sobre las condiciones que exigen los prestamistas para seguir acercando dólares a la economía nacional. Los especuladores, que vienen reportando ganancias extraordinarias con la bicicleta financiera, le corrieron el arco al Gobierno y le advirtieron que solo están dispuestos a seguir montados a la rueda de la deuda si se les asegura un nivel de ajuste sobre los argentinos que les garantice el repago de sus “inversiones”. Es la misma lógica que antes aplicaba el Fondo Monetario Internacional para aprobar sus desembolsos crediticios, imponiendo un plan económico que terminó llevando al desastre de 2001.

El bono a cien años emitido entre gallos y medianoche, sin participación del Congreso, es otro ejemplo de las ofrendas que el Gobierno acepta darles a los financistas para que hagan buenos negocios y mantengan activado el pulmotor del endeudamiento. Sin ese anabólico y el arribo de capitales para timbear con las Lebac, las tensiones que va generando la política económica pueden disparar episodios de desestabilización tanto en los campos financiero y cambiario como en la economía real. Mantener abiertos ambos canales de financiamiento tiene un costo cada vez alto, en contra de la lógica oficial según la cual a medida que la Argentina hiciera los deberes que le pide el mercado irían bajando las tasas de emisión de títulos públicos y las de pasivos remunerados del Banco Central. Ya va un año y medio de esa estrategia, que arrancó con la capitulación ante los fondos buitre, y los resultados están lejos de lo prometido. Lo que se ve, por el contrario, es que las exigencias de los inversores van en aumento, mientras los grados de autonomía del Gobierno y de la autoridad monetaria se comprimen en la misma proporción. Sobre esa base, para 2018 lo que busca imponer el poder económico es el mandato perverso del shock fiscal.

David Cufre, Página 12.

La confianza del consumidor cayó un 8,1% en junio.


El Índice de Confianza del Consumidor (ICC) bajó 1,2% en junio (2017) respecto del mismo mes del año pasado (2016), mientras que con relación a mayo la baja fue de 8,1%, estimó hoy un estudio privado.

Según un estudio elaborado por la Escuela de Negocios de la Universidad Torcuato Di Tella, en la distribución territorial, la confianza del consumidor bajó 9,2% en Capital Federal, retrocedió 8,1% en el Gran Buenos Aires y perdió 7,6% en el interior del país.

Entre los componentes del ICC, el subíndice de Situación Personal retrocedió 7,7% y el de Bienes Durables e Inmuebles, lo hizo un 8,2%.

Por su parte, el subíndice de Situación Macroeconómica bajó 8,5% con relación al mes anterior.

El sondeo arrojó que en la distribución por nivel de ingresos, la confianza del consumidor cayó 9% para el sector de los encuestados con mayores ingresos y 8,2% para los consultados con menores ingresos en la medición mensual.

FUENTE: AMBITO FINANCIERO

viernes, 23 de junio de 2017

Meirelles entregó pruebas de las coimas de Odebrecht a Arribas.


El cambista brasileño Leonardo Meirelles, uno de los arrepentidos de la megacausa de corrupción conocida como Operación Lava Jato, entregó a la Justicia de su país las copias de las transferencias bancarias que hizo para el actual jefe de la ex SIDE, Gustavo Arribas, por un total de US$ 850.000.

Meirelles aportó esa documentación sobre Arribas y copias de las 4000 transferencias que completó durante años para Odebrecht, según confirmaron fuentes tribunalicias brasileñas al diario La Nación.

El jefe de los espías siempre negó cualquier vínculo con Odebrecht o con el Lava Jato. La Justicia lo sobreseyó “sin esperar las respuestas a los exhortos que el propio magistrado había ordenado a Brasil y Suiza ni otras medidas de prueba”, indicó el matutino. Finalmente, el fiscal general ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, desistió sorpresivamente de mantener la apelación, por lo que se dictó su sobreseimiento.

Meirelles declaró ante la Justicia argentina por videoconferencia que los giros correspondieron al pago de “coimas” provenientes de las constructoras Odebrecht u OAS. El periodista Hugo Alconada Mon reprodujo el siguiente diálogo que se dio con los fiscales argentinos:

“¿En carácter de qué se le hacían esospagamentos a Arribas?”, le preguntaron. “Puedo asegurar una cosa con absoluta y cristalina verdad -replicó Meirelles- y es que todos los pagos que mis empresas realizaron en el exterior y los cobros que percibí de mis empresas allá en el exterior son pagos de soborno de alguna obra”.

Los fiscales Rodríguez y Delgado le consultaron entonces si alguno de los giros que completó por orden de Youssef podía tener un origen lícito. “Mis empresas no efectuaron ningún pago en el exterior para otra cosa que no fuera soborno a alguien del país de origen -replicó Meirelles-. Ninguno, sin excepción.”

Las transferencias a Arribas comenzaron en septiembre de 2013, es decir, un día después de que le adjudicaron el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento al consorcio integrado por Odebrecht e Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del entonces jefe de Gobierno porteño y actual Presidente, según la denuncia.



El jefe de los espías es intimo amigo del mandatario a tal punto que Macri le alquiló su departamento del edificio de Avenida Libertador y Cavia.

En pleno escándalo, Macri salió a realizar una fuerte defensa de su amigo Arribas y llegó a sostener que la acusación “es un cuento”.

“No entiendo cómo se relaciona a Arribas con Odebrecht. Eso todavía no lo entendí. Y mucho menos como se relaciona a Arribas con el soterramiento del Sarmiento, que estuvo parado, no hubo reactivación”, afirmaba el Presidente en conferencia de prensa realizada el 17 de enero de este año (2017). “Es un cuento que parecía muy atractivo, pero la verdad que no entiendo dónde está el tema, le doy vueltas y no entiendo dónde está el tema”.


La Nación publica el 19 de junio (2017) que "Marcelo Odebrecht, delator premiado y máximo responsable de las coimas que durante años pagó su empresa en Brasil y en muchos otros países, confesó que el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento, en la Argentina, incluyó el desembolso de sobornos millonarios, según surge de documentos todavía secretos de la investigación Lava Jato a los que accedió LA NACION. Habrían abonado unos US$ 20 millones".

Hace unos meses nos preguntábamos aquí si los 20 millones de dólares eran para Macri. Marcelo Odebrecht no aportó (aún) los nombres de quienes recibieron esos pagos ilegales en la Argentina, y tampoco los montos. Aclaró a sus interrogadores que él "delegaba mucho" cuando se trataba de operaciones en el exterior. Pero otros ejecutivos de la compañía que también se acogieron al régimen de delación premiada aportaron algunas piezas faltantes del rompecabezas hasta redondear una cifra cercana a US$ 20 millones para quedarse con el contrato para soterrar el Sarmiento.

Para disputar el proyecto del soterramiento del Sarmiento, la constructora brasileña conformó un consorcio con otras tres empresas -la argentina Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa. Odebrecht lidió con tres equipos de interlocutores distintos al operar con Iecsa. Porque la constructora funcionó hasta 2007 bajo el control de Franco Macri y desde entonces quedó en manos de su sobrino, Ángelo Calcaterra, primo del por entonces flamante jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Recién a partir de marzo 2017, ya con Macri como presidente y con el capítulo local del Lava Jato en ciernes, Iecsa cambió otra vez de dueño hacia la titularidad de Marcelo Mindlin.

ARRIBAS SOBRESEÍDO

Con la velocidad del rayo, la justicia argentina (famosa por su lentitud), sólo tres días después de hecha pública la confesión de Meirelles, la Cámara de Casación, integrada por Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Angela Ledesma rechazó la reapertura de la causa contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Los jueces se escudaron en razones formales para desestimar la investigación del inquilino del presidente Mauricio Macri .

A pesar de que Leonardo Meirelles, el operador financiero de Odebrecht, condenado por la justicia brasileña en la megacausa conocida como Lava Jato, declaró por videoconferencia ante los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez “estar seguro de que Arribas recibió el dinero" y de haberle hecho "unas diez transferencias por 850 mil dólares a Suiza”, la Cámara de Casación confirmó el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien tomó la resolución sin esperar la declaración del “cuevero” ni avanzar en la obtención de documentación sobre las transferencias a un banco de Zurich. Según pudo saber PáginaI12 la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) está analizando presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

La decisión de la Cámara de Casación se limitó a la formalidad para rechazar por "inadmisible" el recurso presentado por la PIA, que encabeza Rodríguez. Casación sostuvo que Arribas no era funcionario público al momento de recibir las transferencias y la PIA "ha sido creada a efectos de intervenir expresamente en aquellos hechos en los que el protagonismo central está asignado a funcionarios públicos". En su presentación, dos días antes de la declaración de Meirelles ante los fiscales, la PIA había advertido que el de Arribas es parte de "un caso de corrupción que involucra a funcionarios públicos nacionales en la adjudicación de una obra pública".

Canicoba Corral fue quien habilitó en primera instancia el sobreseimiento express para Arribas. En su dictamen de marzo, el juez federal se había aferrado a dos informes presentados por la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Hacienda, y el Banco Central. El análisis de la UIF resaltaba la inocencia de Arribas, negaba operaciones sospechosas y lavado de dinero y reconocía sólo una transferencia de 70 mil dólares, la única que admitió el titular de la Agencia Federal de Inteligencia públicamente.

En tanto, el informe del Banco Central fue duramente cuestionado por el senador Fernando "Pino" Solanas y su asesor legislativo Alejandro Olmos Gaona, quienes advirtieron ante el fiscal Delgado sobre la maniobra de la entidad monetaria conducida por Federico Sturzenegger para encubrir las transferencias. Solanas denunció que Sturzenegger no respetó las normativas del BCRA y desvió los oficios del juez federal para que no llegaran a las dos oficinas que se encargan de responder en causas por lavado de dinero y transferencias sospechosas. Tras esa maniobra, en 5 días, se entregó una respuesta que avalaba la versión de Arribas.

A su turno, Delgado ratificó el rechazo al cierre de la causa por "falta de acción", algo que ya había hecho ante la presentación de la defensa de Arribas —liderada por el estudio Alejandro Pérez Chada, quien defendió a Macri en la causa por escuchas ilegales—, al sostener que Canicoba Corral agraviaba el rol de la fiscalía por dictar el sobreseimiento "sin una investigación seria que respalde esa decisión".

El fiscal sostuvo en su dictamen que el juez "edificó la resolución en base de premisas falsas" y que de ellas surgió "una decisión nula porque no tiene relación con la realidad, con la pobre base material del expediente". Entre algunos puntos de aquella apelación, Delgado resaltó:

Que no se habían reunido pruebas para probar las transferencias denunciadas en la nota publicada por La Nación, que llevó a la diputada Elisa Carrió a promover la causa.

Que el juez, que conservó la dirección de la investigación, ante la falta de respuesta a los exhortos enviados a Suiza y Brasil no pidió más precisiones y preguntó: "¿Se preocupó para que Cancillería aplique el modelo que tan buen resultado le dio en el caso "Baez"? Además, Delgado indicó que Canicoba tampoco libró exhortos a Estados Unidos y Hong Kong para obtener información sobre las transferencias.

"Tampoco quiso escuchar a los arrepentidos brasileños", subraya el fiscal en su apelación. Y agrega que la "la prueba más fuerte que utilizó el Señor juez para sobreseer" fue el informe del Banco Central, que "quedó resentido tras la presentación de Fernando 'Pino' Solanas".

Ese dictamen de Delgado fue presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones porteña. En esa instancia, el fiscal ante la cámara, Germán Moldes, dejó vencer el plazo para impulsar la presentación y dejó caer la causa, sin dar aviso a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Moldes desistió una semana antes de que se llevara adelante la declaración de Meirelles y Alberto Youssef —el financista jefe de Meirelles— ante Delgado y Rodríguez, en el marco de las causas abiertas en la Justicia argentina por los coimas de Odebrecht.

"¿Está seguro de que él (por Arribas) recibía el dinero?", fue la pregunta del fiscal Delgado a Meirelles. "Sí, estoy seguro. No hay forma de que no haya recibido la plata", fue la respuesta del cuevero. Dos días antes de esta declaración, el titular de la PIA había presentado el recurso ante la Cámara de Casación para evitar el cierre de la causa contra Arribas.

Con la declaración de Meirelles, sumado a la información que puede aportar el fin del secreto de las declaraciones de los 77 ejecutivos que se sometieron a la "delación premiada" en Brasil, el clima parecía de reapertura de la causa. El acceso a esa información fue el eje de los convenios firmados la semana pasada entre la Procuración General de la Argentina y Brasil para sortear las limitaciones que surgen de los marcos jurídicos de ambos países e impiden a los fiscales brasileños entregar información que resulte en la apertura de causas judiciales contra los ejecutivos en los tribunales argentinos.

Sin embargo, la decisión de la sala III de la Cámara de Casación —redactada por Juan Carlos Gemignani y acompañada por Eduardo Riggi y Angela Ledesma— se limitó a la formalidad para dejar cerrada la causa contra el Señor 5: "Conforme las constancias obrantes en autos, el encausado a la fecha de los hechos materia de investigación no había asumido función alguna en el ámbito de la administración pública", indica el fallo.

Y advierte que "más allá de las genéricas referencias que pudieran constar en la causa, no se advierte, en concreto, que se haya dirigido imputación formal de delito contra un agente público". En ese tono, le recuerda al fiscal Rodríguez que la PIA "ha sido creada a efectos de intervenir expresamente en aquellos hechos en los que el protagonismo central está asignado a funcionarios públicos".

En su presentación, la PIA no sólo había coincidido con Delgado en calificar de "apresurada" y "prematura" la decisión de Canicoba Corral sino justificado la incidencia de la investigación respecto de la función pública: "Incluye determinar si las transferencias que recibió Arribas podrían ser parte de una intermediación en el pago de sobornos por la obra del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, adjudicada durante el Gobierno de Cristina Kirchner a una UTE integrada por las empresas Odebrecht del Brasilero Marcelo Odebrecht, IECSA, actualmente de Marcelo Midlin, y en esa época de Angelo Calcaterra y la Italiana Gella. Es decir, un caso de corrupción que involucra a funcionarios públicos nacionales en la adjudicación de una obra pública".

jueves, 22 de junio de 2017

Macrilandia: Caen ventas, aumentan las importaciones y el déficit fiscal.


Como siempre, desde la asunción de Macri hace ya 18 meses, los números de la economía redoblan su negatividad constante y persistente.

El Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec) informó hoy que durante abril (2017) las ventas en los supermercados cayeron 1,7% en comparación con igual mes del año pasado (2016), que la venta en los shoppings cayó 8,9% interanual, que las exportaciones subieron apenas un 0,8% a 5.415 millones de pesos, que las importaciones se dispararon 24% a 4.886 millones, que en el balance de cinco meses (2017), el saldo comercial muestra un rojo de 1.863 millones de dólares.

A su vez, se sabe que las cuentas públicas siguen en rojo tanto en los gastos corrientes de la administración pública (con un aumento del 127%) como en el déficit fiscal, de 44.045 millones de pesos, que representa un incremento interanual del 84%, mientras el Estado continúa ampliado la toma de deuda. Así, mientras el Ministerio de Finanzas acordó un muy criticado bono de deuda a 100 años, el déficit fiscal acumulado de los primeros cinco meses del año 2017 arrojó un resultado negativo de 163.694 millones de pesos, un 55% superior respecto del mismo período del año pasado.

Luego, según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre abril y mayo (2017), dos meses de habitual liquidación de soja, ingresaron apenas 4344 millones de dólares, la cifra más baja de los últimos siete años. La práctica del sector agropecuario no es nueva y se repite cada vez que buscan una suba del precio de la moneda estadounidense mediante devaluación. De ahí que el dólar haya tocado el techo de 16,73 pesos.

Desde que Macri es presidente, la desocupación en la Ciudad creció un 2,6%.


Se trata de los números oficiales del gobierno de Rodríguez Larreta, que muestran que la desocupación en territorio porteño alcanza al 9,4% de la población económicamente activa, un punto más que a principios de 2016 y casi tres por ciento arriba del 6,8% con que terminó 2015. Además, el empleo cayó un 1,1% desde el último trimestre del año pasado.

Las estadísticas volvieron a mostrar números alarmantes para la Ciudad. Según un informe de la Dirección General de Estadística y Censos del gobierno de Horacio Rodríguez Larreta, la desocupación en territorio porteño alcanza al 9,4% de la población económicamente activa, un punto más que a principios de 2016 y 2,6% arriba del índice de desempleo que había cuando Mauricio Macri se convirtió en Presidente.

El cuarto trimestre de 2015 cerró con una tasa de desocupación del 6,8% en el distrito insignia del macrismo, mientras que casi 600 días después de la llegada de Cambiemos al gobierno nacional ese número se incrementó un 2,6%.


Si bien se supone que al final del año es cuando existe menor desempleo, lo cierto es que al cumplirse el primer año de gobierno nacional del PRO, es decir el último cuatrimestre de 2016, el desempleo porteño trepó pasó del 6,8% al 8%, y cuatro meses después al 9,4%.

Además, la desigualdad socioeconómica entre el norte y el sur volvió a quedar de manifiesto: mientras que la desocupación en los barrios acomodados es de 6,5%, en los más humildes alcanza al 14,3% de las personas.

Además la desocupación afecta más a las mujeres que a los hombres. En la actualidad hay 64.900 hombres desocupados, mientras que hay 95.979 mujeres sin empleo. El 11,6% de las mujeres están sin empleo en comparación al 7,4% de los hombres.

miércoles, 21 de junio de 2017

El sector agroexportador espera una devaluación después de las elecciones de octubre (2017).


El sector agroexportador comenzó, nuevamente, a retener la cosecha esperando una cercana devaluación. En este sentido según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) entre abril y mayo (2017), meses claves en materia de liquidación de soja, ingresaron apenas 4344 millones de dólares, la cifra más baja de los últimos siete años.

Cuando asumió Cambiemos una de sus primeras medidas fue la reducción del 5% de las retenciones de soja y la eliminación de las del trigo, el maíz y la carne. Además se dió una gran devaluación por lo que el agro se vio claramente beneficiado. Sin embargo dado que desde enero del año pasado (2016) el dólar subió por debajo de los precios y el precio internacional de la soja bajó notablemente, los exportadores volvieron a retener su cosecha.

¿Cómo fueron las liquidaciones de divisas en los meses de abril y mayo en los últimos años?

En 2013 los exportadores liquidaron 6323 millones de dólares, en 2014 la cifra bajó a 6151, en 2015 a 4792 y en 2016 fue de 5154 millones. Este año volvió a bajar y llegó a 4344 millones de dólares, un 15,8 por ciento menos que el año pasado y un 9,4 por ciento que en 2015.

En este sentido el informe destacó que "en los períodos previos a cada devaluación se manifiesta, como contracara, una fuerte retención de cosecha protagonizada por grandes exportadores”.

Quedan pocas dudas: JUEGAN FUERTE PARA FORZAR OTRA DEVALUACIÓN.

Macri usó la "reparación histórica" para perdonarle impuestos a empresas por el valor de 250 mil pensiones por discapacidad.


El Presidente echó mano a la ley 27.260 para incluir un artículo que quita la obligación de las firmas de tributar una tasa al Estado por el pago de dividendos por cada ejercicio anual. Con esa decisión, las 14 compañías que avisaron a la CNV que pagarán esas ganancias a sus accionistas se ahorraron $1200 millones sólo por 2016, de los cuales el 90% corresponde a Clarín y Techint.

Ya pasó casi un año de la aprobación en el Senado por 55 votos afirmativos, 11 negativos y una abstención de la ley 27.260, que fue vendida por Cambiemos como la habilitación oficial para el pago de deudas previsionales a un sector de los adultos mayores y la repatriación de activos no declarados. Sin embargo, la norma conocida como "reparación histórica" a los jubilados resultó ser la puesta de los abuelos como "fronting" o como excusa por parte del presidente Mauricio Macri para eximir a las empresas más grandes de la Argentina del pago del impuesto a los dividendos, con lo cual el mandatario regaló a las 14 firmas que hasta ahora anunciaron que abonarán dividendos para el ejercicio 2016 más de $1200 millones.

Visto de otro modo y en pleno escándalo por la suspensión por parte del Gobierno de más de150 mil beneficios no contributivos a personas con discapacidad en sólo un año, la decisión de Macri significa quitarle al Estado el ingreso de dinero por impuesto a la renta de las compañías con mayores ingresos del país por un monto similar al pago de 250 mil pensiones por discapacidad. También es comparable al pago de un millón de AUH, la construcción de 120 hospitales de alta complejidad, u otorgar un aumento de $2 mil a más de 500 mil jubilados.


¿Cómo ejecutó el líder PRO esta transferencia de recursos del Estado a las arcas de las empresas? Macri incluyó en la "reparación histórica" un artículo, el 75, con el que derogó el denominado "impuesto a los dividendos" - los dividendos son las ganancias anuales que los grupos empresariales deciden repartir entre sus accionistas en lugar de reinvertir en desarrollo, bienes de capital o infraestructura, entre otros-.

Este impuesto a los dividendos había sido establecido en 2013 a través de la ley 26.893 con la modificación del artículo 90 de la Ley de Impuesto a las Ganancias, por impulso del entonces ministro de Economía Axel Kicillof durante el segundo mandato de Cristina Fernández de Kirchner.

Este gravamen imponía una alícuota especial del 10% a la distribución de dividendos o utilidades -ya sea en dinero o en especie- que anualmente efectúan las "sociedades anónimas, sociedades en comandita simple y por acciones, sociedades de responsabilidad limitada, fideicomisos y sucursales de entidades del exterior, mediante una retención de la entidad al momento del pago de tales utilidades" que, según explica un análisis de estudio Marval, O'Farrell & Mairal, ingresaba directamente al fisco nacional.

"La Ley N° 27.260 no fija un plazo especial para la derogación de este impuesto por lo que –en principio- puede considerarse derogado desde el día siguiente a la entrada en vigencia de la norma", añade el mismo estudio.

Este año y hasta el momento, 14 empresas ya avisaron formalmente a la Comisión Nacional de Valores (CNV) que pagarán dividendos por el ejercicio 2016 por un monto total de aproximadamente $12.652.000.000, como consta en información pública de ese organismo. El 10% de impuestos que estas firmas se ahorraron sólo por el año pasado gracias al favor de Macri alcanza los $1.265.200.000.

Sin embargo, la pérdida de dinero por parte del Estado podría no frenarse en ese multimillonario monto. Ese número podría aumentar a lo largo de 2017 teniendo en cuenta dos factores: por un lado, que más firmas podrían advertir a la CNV en lo que queda del año que pagarán dividendos por 2016; y por otro, que históricamente el promedio de firmas que repartieron ganancias entre sus accionistas alcanza, según datos de la Bolsa de Comercio de Buenos Aires, las 40 empresas por año.


Según el diputado nacional por el FpV Rodolfo Tailhade, se trata de "la decisión política de Macri de poner a los jubilados como escudo de la transferencia de recursos del Estado a las empresas más ricas del país, entre las cuales casualmente están firmas de su familia, amigos, funcionarios y empresarios cercanos".

¿Cuáles son las 14 empresas que ya avisaron que pagarán dividendos y, por ende, que se quedaron con los $1200 millones que sin la "reparación histórica" de Macri hubieran ido al Estado? El listado surge de la información oficial y pública de la CNV e incluye: Tenaris y Siderar (ambas del Grupo Techint), Mirgor, Banco Macro, Autopistas del Sol, Grupo Clarín y Cablevisión (ambas del Grupo Clarín), Banco Galicia, Banco Supervielle, Banco Francés, Holcim, IRSA, Caputo SA y La Anónima.

Solamente Techint y el Grupo Clarín se quedaron con casi el 90% de los $1200 millones que Macri decidió transferir del Estado a las empresas. Tenaris informó que pagará dividendos por USD484 millones, es decir $7.744.000.000, mientras que Siderar lo hará por $1.200.000.000, por lo cual el Grupo Techint pagará $8.944.000.000 en ganancias y se ahorrará abonar casi $900 millones. El Grupo Clarín, por su parte, sumando los $480.000.000 del multimedios con los $800.000.000 de Cablevisión, pagará $1.280.000.000 en dividendos, con lo cual se quedará con $128 millones que hubieran ido a las arcas públicas.

La Anónima, de la familia del jefe de Gabinete, Marcos Peña, también pagará dividendos, pero por $100.000.000, es decir que gracias al Gobierno de Cambiemos se ahorró $10 millones en impuestos. Otro caso llamativo es el de Autopistas del Sol, que la familia presidencial controló a través de Sideco hasta hace menos de dos meses. La firma concesionaria de autopistas decidió pagar dividendos del ejercicio 2016 por $360.000.000, o sea que se ahorró abonar $36 millones en tributos al fisco nacional.

Tampoco hay que olvidarse de Caputo SA, la empresa constructora de Nicolás Caputo, el amigo de Macri, que también se sumó al pago de dividendos informado a la CNV por $113.000.000, lo cual significa que de no haber sido por la ley impulsada por Cambiemos hubiera tenido que tributar al Estado más de $11 millones.

Finalmente, de la observación de los datos de la Bolsa porteña y de especialistas consultados por Política Argentina, surge que los $12.652.000.000 en pago de dividendos hasta ahora oficializados por sólo 14 empresas alcanzan las cifras de 2008 y 2011, las más altas de los últimos 13 años, cuando producto de la crisis de los subprime en EEUU con la quiebra del banco Lehman Brothers en el primer caso, y de la crisis por la corrida financiera en la Argentina en el segundo, se abonaron los números más altos de dividendos y se fugaron las mayores cantidades de divisas.

Según el diputado Tailhade, "siempre que hay pagos de dividendos elevados, hay elevada fuga de divisas" y eso "viene ocurriendo desde la llegada de Macri a la Casa Rosada, sólo que sin factores de crisis externa como impulso -como los mencionados-, sino que se trata de una fuga propiciada por decisiones políticas, como la quita de los impuestos a los dividendos".

Esta tesis se comprueba cuando se observa que el multimillonario monto de pago de dividendos alcanzado hasta ahora en el ejercicio 2016 tiene como correlato que en ese año se fugaron 7.000 millones de dólares, y en los 5 meses transcurridos de lo que va de 2017 ya se superan los 5.000 millones de dólares.

FUENTE: POLITICA ARGENTINA