domingo, 21 de mayo de 2017

Alejandro Dolina: "Es muy difícil ser feliz en la Argentina de hoy".


Alejandro Dolina es un hombre de la radio, de la literatura y tuvo su paso por la televisión. Pero paralelamente siempre desarrolló un fuerte compromiso político y una gran capacidad de análisis. Por eso no sorprende cuando comenta que siente una gran satisfacción haciendo radio todos los días e inmediatamente agrega que la situación del país le produce emociones totalmente diferentes. "Es muy difícil ser feliz en este momento de la Argentina", subraya. Aquí un fragmento de la nota que hizo para el diario Tiempo Argentino.

–Antes del balotaje advertiste muy claramente que Macri expresaba la vuelta del neoliberalismo.

–Sí, claro. La disyuntiva era muy clara y la gente fue muy clara también: eligió lo que estamos padeciendo ahora. La economía neoliberal genera enormes dificultades a los trabajadores. Pero este tipo de decisiones se están tomando en todo el mundo.

–Los modelos neoliberales suelen favorecer a un sector minoritario de la sociedad. ¿Cómo se explica que sean votados por las mayorías?

–Es así. La gente vota estos fenómenos que la perjudican enormemente. Pareciera que dijeran: "démosles el dinero a los ricos que ellos saben mejor cómo manejarlo". Es muy difícil explicar las motivaciones. Se trata, me parece, de la suma de sectores neoliberales con la derecha recalcitrante. Que en la Argentina se expresa en el gorilismo.

–¿Alguna vez imaginaste que podían llegar tan lejos como para beneficiar con el 2x1 a los represores?

–Nunca pensé que pudieran llegar hasta este punto. Y al mismo tiempo es revelador. Revelador de los lugares que esta gente ocupó antes. De la misma manera que yo digo que estoy más o menos en el mismo asiento que siempre ocupé, evidentemente esta gente no sólo es neoliberal, no sólo impulsa una economía para que los trabajadores ganen menos y los ricos ganen más: también son simpatizantes del Proceso. Lo estoy diciendo sin ningún encono. Ya no quiero discutir ni con mis seres queridos.

–¿Ves a corto o mediano plazo una alternativa política a esta situación?

–No la veo. Ojalá las elecciones demuestren lo contrario. Pero respecto de la duración de este proyecto neoliberal creo que va a ser más determinante lo que hagan ellos que lo que pueda hacer lo que pomposamente llamamos el campo popular. Yo he asistido a algunas reuniones y he salido espantado.

–¿Por qué?

–Quizá no asistí a las reuniones correctas. Se suele decir que en épocas tan duras fructifican los grandes artistas, los políticos beligerantes e ingeniosos. Yo no he visto hasta ahora nada de eso. El gobierno tiene el apoyo de los dueños de las grandes empresas y los grandes medios. Del otro lado no quedó absolutamente nada. Ni siquiera algún distrito fuerte como para construir desde ahí.

–¿Qué se necesita para que vuelva a ganar un proyecto con una mira-da social inclusiva?

–Se ha producido un irreparable daño en la confianza de quienes creemos en la causa de un Estado más inclusivo y una economía dirigida que propenda a cierta igualdad. Ahora parece que creer eso significa ser cómplice de corrupción. Eso se lo debemos a ciertos amiguetes cuyo nombre no quiero ni recordar. A mí me da vergüenza haber compartido esperanzas con cierta gente. Pero tampoco hay que dejarse atropellar por lo que dicen los medios más poderosos. La corrupción y la política se discuten en mesas diferentes. Y hay distintas formas de corrupción. El daño social que produce un corrupto es mucho menor que al que produce una política de Estado que transfiere los recursos a las empresas más poderosas. Ese dinero sale de los trabajadores. Y ni hablar de la toma indiscriminada de deuda externa. «

viernes, 19 de mayo de 2017

Economía PRO: la bicicleta financiera a toda velocidad.


En el mundo del escolazo de la quiniela, el 12 es el soldado y el 17, la desgracia. Estas dos cifras son el piso y el techo de una pauta inflacionaria definida por el soldado macrista del Banco Central que está provocando desgracias en la economía real. El titular de la entidad monetaria, Federico Sturzenegger, tuvo un diagnóstico errado acerca de los motores del proceso inflacionario, aplicó entonces una política monetaria y cambiaria equivocada y, montado en el caballo de “cuidar su reputación ante el mercado”, persiste en una estrategia que se ha mostrado fallida. Ahora, cuando los resultados son esquivos, le agregó la cuota infaltable de manipulación y negación de la realidad: utilizará el índice de precios a nivel nacional que difundirá el Indec de Macri, estimando que se moverá por debajo del actual IPC, y además publicita que no existe una bicicleta financiera en el mercado local, fabulosa especulación promovida por la política de tasa de interés elevada y dólar planchado. Hay un límite entre la inoperancia e improvisación de funcionarios, en este caso provocadas por cuestiones ideológicas, y el ridículo. El equipo de Sturzenegger lo ha cruzado.

Los financistas disimulan y los banqueros se hacen los distraídos con los fiascos del Banco Central porque están haciendo unos negocios especulativos extraordinarios. En la city se sienten muy a gusto con el desempeño de la mesa de dinero de la entidad monetaria. Este centro de operaciones está comandado por la dupla Esteban Horacio Bertella, ex HSBC, y Agustín Collazo, ex Morgan Stanley. Los negocios así florecen para los financistas. Economistas del establishment hacen tenues críticas a la administración monetaria y cambiaria porque, además de acumular también ganancias con la bicicleta, comparten la concepción ortodoxa en el manejo del Central pero sin ser tan extremos como Sturzenegger gusta mostrarse.

Metas
La bicicleta financiera está rodando a toda velocidad Bancos y grandes operadores nacionales e internacionales pueden dar cuenta de las ganancias en dólares que han acumulado. Siguen muy activos en esa apuesta especulativa pese a que el Central niega la existencia de la bicicleta. Más que describirla resulta más relevante avanzar sobre el esquema analítico que la facilita. El marco es el sistema de “Metas de Inflación”. Este consiste en orientar la política monetaria exclusivamente a cumplir el objetivo de un rango de inflación predeterminado por el Banco Central y que es posteriormente informado a la sociedad.

La principal herramienta para alcanzar la meta es con la tasa de interés, variable que, de acuerdo a esa concepción, debe influir en el ciclo económico y, por lo tanto, en la tasa de inflación. Parece tan sencillo en el laboratorio teórico que puede ser que esa enunciación provocara que el entonces candidato y hoy presidente Mauricio Macri se animara a decir que el problema de la inflación era “fácil de resolver”. No lo fue ni lo está siendo para el gobierno: la inflación 2016 fue de 41 por ciento, duplicando la del último año del gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, y la del primer cuatrimestre de este año alcanzó el 9,1 por ciento, que anualizada trepa al 29,9 por ciento.

Voceros oficiosos han empezado la tarea de informar que el gobierno ha elevado la pauta inflacionaria al 20 por ciento, descartando el techo del 17 por ciento. Como ya se hizo costumbre en funcionarios de la Alianza macrismo-radicalismo, prometen que en los próximos meses la situación económica mejorará y, en ese contexto, que la inflación descenderá. En varias ocasiones han adelantado sin éxito que el ciclo recesivo iniciaba su reversión, del mismo modo que el descenso de los precios.

Tasa de interés
Postular el régimen de Metas de Inflación colisiona con la realidad de economías como la argentina, donde las presiones de costos por la evolución del tipo de cambio y la intensa puja distributiva constituyen factores centrales de los procesos inflacionarios. Las Metas de Inflación es el ropaje moderno de las tradicionales políticas monetarias ortodoxas para las cuales la inflación es siempre y en todo lugar un fenómeno monetario. El Banco Central fija la tasa de interés en las colocaciones de deuda de cortísimo plazo, las famosas Lebac, con el objetivo de que ese nivel de tasas vaya influyendo en las decisiones de consumo e inversión del sector privado para que responda positivamente a las previsiones inflacionarias oficiales. Por eso, quienes promueven las Metas de Inflación dicen que es tan importante la “credibilidad” del Banco Central. Piensan que así van a convencer a los agentes económicos acerca de cuál será el horizonte inflacionario, minimizando el propio funcionamiento de la economía y de la causa-efecto de las medidas que implementan.

Con tasas de interés elevadas y apreciación del tipo de cambio, en caso de lograr un descenso de la inflación será a costa de afectar la actividad económica por la caída de la demanda. Esto se complementa con la apertura importadora, con un tipo de cambio que se mueve muy detrás de la tasa de inflación, para limitar los aumentos de precios. Es una estrategia que se sostiene con endeudamiento externo creciente y aumento de la vulnerabilidad externa por el movimiento de capitales especulativos.

Expectativas
En varias ocasiones la economía argentina fue manejada con políticas de raíz ortodoxa pero es difícil encontrar una con semejante nivel de alienación acerca de la dinámica de la economía, en general, y de la inflación, en particular. Un ejemplo de ese comportamiento es postular que el sistema de Metas de Inflación busca previsibilidad sólo con el anuncio de un rango de variación de los precios. Esta es la enunciación general que el vicepresidente del Banco Central, Lucas Llach, expuso en el 39° aniversario de la Fundación Mediterránea, en septiembre del año pasado. Afirmó que “en la medida en que ese rango o meta sea creíble y los actores económicos incorporen esa expectativa, no hay nada mejor para la actividad económica y el empleo que buscar con la política monetaria validar esas expectativas”. Intentó trasmitir esa idea en forma masiva a través de su cuenta personal en Twitter, aconsejando a fines de enero a los inquilinos que no convaliden una indexación de los contratos superior al 8,9 por ciento de inflación del segundo semestre, puesto que la meta del BCRA es del 12 al 17 por ciento para todo el año. Fue el hazmerreír en esa red social. El usuario @epursito le escribió el 21 de febrero: “Hola @lucasllach estoy buscando depto para alquilar y todos me aumentan entre 30 y 35 por ciento por año. ¿Qué hago? ¿Les muestro tu tuit? pic.twitter.com/ayy9ZCnbsW”. No recibió respuesta.

La teoría Llach sería la siguiente: el Banco Central fija una meta de inflación y como es creíble porque sus autoridades tienen buenos antecedentes académicos y profesionales, los agentes económicos les cree y, por lo tanto, actúan ajustando los precios a ese objetivo planteado. O sea, la cuestión inflacionaria es de ese modo “sencilla” de abordar porque sólo hay que convencer a la población de que la inflación bajará a una cifra determinada por el Banco Central. Esa estrategia no funcionó. La evolución de los precios en el primer cuatrimestre revela que los agentes económicos no le creen al Banco Central. El fenómeno de la inflación es un poco más complejo que el manejo de expectativas.

La “reputación” de las autoridades del Banco Central quedó herida. No sólo porque el rango de la inflación anual fue tirado al cesto, sino porque la cualidad que promueven de “independencia” en la gestión fue hecha añicos. Sturzenegger se resistió pero finalmente empezó a comprar dólares en el mercado por presión del Ejecutivo para evitar una mayor apreciación del tipo de cambio. También frenó el impulso de volver a subir la tasa de interés por el rechazo a esa medida del resto del equipo económico. Desde la Jefatura de Gabinete dejaron trascender además que modificaron las previsiones inflacionarias de este año. Ahora el techo de la tasa de inflación dejó de ser el 17 por ciento que fijo el Banco Central para subirla al 20 por ciento. Previsión que es otra muestra del marketing del deseo desarrollado por el oficialismo.

Alfredo Zaiat, Página 12.

jueves, 18 de mayo de 2017

La adjudicación de rutas aéreas a Avian y los vínculos con MacAir del grupo Macri.


El ministro Guillermo Dietrich otorgó las rutas nacionales e internacionales solicitadas por la firma Avian, pese a que sigue abierta la causa judicial por defraudación y tráfico de influencias en la que está imputado el presidente de la Nación.

Aunque la investigación judicial en manos del fiscal Jorge Di Lello sigue en marcha, y por lo tanto está vigente la denuncia sobre el Presidente de la Nación y otros funcionarios por “negociaciones incompatibles con la función pública, defraudación y tráfico de influencias”, el gobierno avanzó en la adjudicación a Avian SA de las rutas aéreas nacionales e internacionales solicitadas. Esta semana, el ministro de Transporte, Guillermo Dietrich, firmó la resolución respectiva luego de darse por satisfecho con el dictamen rubricado por la dirigente del PRO Laura Alonso, en su carácter de titular de la Oficina Anticorrupción, señalando que “a la fecha del procedimiento, ni el Presidente de la Nación ni sus familiares poseían intereses económicos en la sociedad MacAir Jet SA”, sociedad de taxis aéreos devenida en aerolínea comercial que fue de la familia Macri hasta poco antes de la licitación de rutas que terminó beneficiando a Avian y otras tres empresas de las denominadas “low cost”. Avian es la empresa que se creó para continuar a MacAir, tras una operación de compraventa que tuvo como principal responsable a Germán Efromovich, CEO de la colombiana Avianca. Las irregularidades denunciadas son múltiples, desde la participación de varios funcionarios del actual gobierno en la novísima Avian, hasta la forma en que se concretó la operación entre Efromovich y la familia Macri por MacAir. Todas fueron expuestas en la audiencia pública del 27 de diciembre. Sin embargo, Transporte intentó ponerle el broche esta semana a una adjudicación que, según no pocos expertos, podría terminar siendo fatal para las empresas estatales Aerolíneas Argentinas y Austral.

La resolución
El último jueves 11 se publicó en el Boletín Oficial la Resolución 280-E/2017 del Ministerio de Transporte, que autoriza a Avian SA a explotar comercialmente 14 rutas aéreas nacionales y 2 internacionales (Montevideo y Porto Alegre). Entre los destinos adjudicados, se encuentran algunos de los comercialmente más atractivos, siempre teniendo como cabecera la ciudad de Buenos Aires: Mar del Plata, Rosario, Bahía Blanca, Santa Fe, Comodoro Rivadavia. Entre los destinos no habituales, se cuentan tan sólo Río Cuarto y Villa María (Córdoba), Concordia (Entre Rìos), Paso de los Libres (Corrientes), Reconquista y Sunchales (Santa Fe). Ofrece, además, las interconexiones Viedma-Puerto Madryn, Puerto Madryn-Comodoro, San Luis-Río Cuarto, Reconquista-Sunchales y Sunchales-Villa María. En todos estos casos, tramos cortos (quizás no tan atractivos para las poblaciones locales), como paradas intermedias de vuelos a ciudades más grandes, siempre con Buenos Aires como cabecera. Un escaso aporte para salvar lo que la resolución caracteriza como una situación de “escasez de vuelos entre puntos interiores que no requieran el paso por Buenos Aires” y de “plazas carentes de conectividad adecuada”.

Las irregularidades
La resolución señala expresamente la realización de la Audiencia Pública del 27 de diciembre pasado, fijada por ley para que quien tuviera alguna objeción la pudiera volcar allí, pero nada dice del tratamiento que tuvieron los múltiples y graves cuestionamientos expuestos, salvo que el dictamen de la Junta Asesora de Transporte Aéreo (JATA), organismo dependiente del ministro Dietrich, había convalidado la propuesta de Avian.

Las objeciones más graves están referidas a la probable vinculación de Avian con la familia Macri y varios miembros del actual gobierno. Avian Líneas Aéreas SA es la firma que surge como compradora de MacAir el pasado 31 de octubre. Carlos Colunga, último presidente de MacAir, pasó a ser el vice de Avian tras la transferencia. Avian SA es una subsidiaria de la colombiana Avianca, a través de su director ejecutivo (CEO), Germán Efromovich, propietario del 95 por ciento de la firma controlante de Avian SA: Avian Holding, radicada en Panamá.

Otro funcionario de alto rango del gobierno actual, Pablo Clusellas, secretario Legal y Técnico de la Presidencia, fue hasta no hace más de un año el apoderado legal de MacAir, y tuvo actuación además como representante legal de Avian en alguna gestión administrativa, incluso siendo ya funcionario.

Hay más. Otra figura vinculada a los negocios privados del grupo Macri, Carlos Martín Cobas, participó en las negociaciones para la redistribución de espacios para hangares en el Aeropuerto Jorge Newbery en el último verano, en su carácter de director de Logística de la Secretaría General de la Presidencia. Las negociaciones fueron documentadas por el nuevo titular de Avian Líneas Aéreas, Sergio Mastropietro, en un intercambio de mails al que tuvo acceso Página 12 y fueron publicados en la edición del 26 de febrero pasado. Avian SA, aun antes de lograr la adjudicación de las nuevas rutas, ya resultaba altamente beneficiado por la cesión de espacios para hangares en Aeroparque en la negociación con Cobas. Este último fue, hasta mediados de 2016, gerente de MacAir y en los registros de aportes a la seguridad social a la fecha de dicha publicación (26 de febrero) figuraba como empleado de Avian Líneas Aéreas.

Un elemento de sospecha más lo aportó Rodolfo Casali, de la Unión del Personal Superior de empresas Aerocomerciales, en la audiencia pública del 27 de diciembre. En la oportunidad denunció iregularidades en la compraventa entre Avian y MacAir, además de advertir que el gobierno había sobredimensionado las expectativas de crecimiento de la actividad para justificar el ingreso de nuevas empresas privadas para competir con Aerolíneas. “”Si se produjera el crecimiento proyectado, habría que haber invertido las prioridades, porque Ezeiza y Aeroparque están saturados hoy y no estarían en condiciones de responder a semejante aumento del tráfico. Si no se da ese crecimiento, corremos el riesgo de que estas nuevas empresas comercialicen tarifas por debajo de los costos, en una práctica de dumping para ganar mercado, con la consecuencia lamentable de la caída de las empresas hoy establecidas: empresas del Estado que están siendo saboteadas por estas decisiones”.

Raúl Dellatorre, Página 12.

miércoles, 17 de mayo de 2017

La inflación se aceleró al 2,6% en abril (2017)


Los precios minoristas se incrementaron un 2,6% en abril (2017), según informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec). Con este dato la inflación acumulada en el primer cuatrimestre de 2017 asciende a 9,1%.

Los rubros que más encarecieron durante ese mes fueron: Indumentaria (5,1%), Viviendas y servicios básicos (4,6%) y Educación (3,2%).

En los últimos 12 meses los precios minoristas subieron un 27,5%, un dato que puede obtenerse por primera vez ya que se completó un período de doce meses de publicación de resultados del IPC. 

Por su parte, la IPC Núcleo se ubicó en el 2,3% en el cuarto mes de este año.

El gobierno PRO encabezado por Macri sigue, aun después de 17 meses de gestión, sin dar un sólo indicador económico positivo. Y como no podía ser de otra manera, Federico Sturzenegger salió a declarar huyendo hacia adelante. Aún con el 9,1% de inflación en cuatro meses, el presidente del Banco Central dijo que "cambiar una meta es no tener meta" e insiste en que la inflación total de 2017 se instalará entre el 12 y el 17% como pronosticó a principios de año.

martes, 16 de mayo de 2017

Economía PRO: Bajo consumo y altas tasas de interés.


En 1936, Keynes explicó en la Teoría General que el nivel del empleo y de la actividad económica depende de la demanda global puesto que los empresarios no producirán si no venden su producción. Pocos economistas niegan esta realidad salvo la ortodoxia impotente para proponer una propuesta alternativa. En el Libro III Keynes enunció que el 80 por ciento de la demanda global estaba constituida por el consumo (74 por ciento hoy en Argentina). Indicó así mismo que el 90 por ciento de los actores económicos que ganan menos, los nueve primeros deciles, gastan la totalidad de su ingreso en consumo para satisfacer sus necesidades mientras que el 10 por ciento que gana más solo gastan una pequeña parte del mismo.

Los cálculos de Simón Kuznets premio Nobel de economía en 1971 en su libro Economic Growth and structure sobre la distribución del ingreso en los años 1930 y Thomas Piketty en El Capitalismo en el siglo XXI en 2013, muestran que esta hipótesis se verifica en todas la economías de mercado y a lo largo del tiempo. La explicación es simple: quienes ganan menos deben utilizar la totalidad de su ingreso en satisfacer sus necesidades vitales mientras que los que ganan más tienen una propensión al consumo más baja y un atesoramiento muy importante, ya que pueden con pequeña parte de sus ingresos consumir todo lo que desean.

En Argentina en el segundo trimestre 2016, según el Indec, el 10 por ciento de los que ganan más obtuvo el 31,3 por ciento del PIB contra 29,7 por ciento en el mismo período de 2015. Vale decir aumentaron sus ingresos de 0,6 por ciento del PIB en un trimestre, pero no lo consumieron en el país sino que lo atesoraron y compraron Lebac o lo enviaron al extranjero. Eso no sirvió para el crecimiento económico.

El análisis de la estructura del gasto en los países desarrollados muestra que, en valor absoluto, el 20 por ciento de los que ganan menos, gastan todo lo que ganan pero su gasto en consumo representa solo un tercio del consumo de los 10 por ciento que ganan más con un ingreso 7 veces superior. Esta misma relación en Argentina es de 15 veces más.

De lo señalado se infiere que cuando más equitativa es la distribución del ingreso mayor será el consumo con un PIB equivalente y que, a la inversa, un incremento de los ingresos del sector más acaudalado implicará una caída del consumo global. Es por esto que el consumo tiene un rol central ya que es la componente más importante de la demanda global. Como el consumo de los 10 por ciento más ricos, que están rechonchos, representa 20 por ciento del consumo total y el consumo de los 90 por ciento más pobres el 80 por ciento, entonces una caída del consumo de estos últimos se traducirá en na baja del consumo total.

El consumo puede disminuir por al menos tres razones a) porque se produce una crisis, b) porque con un ingreso global constante la distribución del ingreso es modificada a favor de los sectores que ganan más, y c) porque los precios de los bienes primarios aumentan más que el salario real.

La primera causa es la más evidente y remite a la Argentina de 2001. En ese momento todas las componentes de la demanda global disminuyeron, el consumo incluido, debido al corralito vale decir la ruptura de la cadena de pagos.

La segunda causa se produce cuando un cambio en la distribución del ingreso favorece a los sectores más acaudalados como hemos señalado más arriba y su impacto será más severo cuando hay recesión. Es el caso en la situación actual en Argentina donde los agentes económicos más ricos –el 10 por ciento que gana más– incrementan su ingreso vía la especulación financiera o la disminución de las retenciones y la devaluación, y el 90 por ciento restante se empobrece. Como el nivel global del consumo esta determinado por este ultimo sector, que gasta todo lo que gana, entonces el consumo baja.

La tercera causa de la caída del consumo es la resultante de un aumento de los precios que produce un cambio en sus componentes. El comportamiento del consumidor ha sido estudiado detalladamente por la teoría ortodoxa. Según la llamada Ley de Engel, enunciada por un economista alemán del siglo XIX, el consumidor trata de satisfacer en primer lugar sus necesidades en bienes primarios, alimentación, indumentaria, salud, alojamiento y servicios básicos, agua, electricidad, transportes. Si su ingreso aumenta adquirirá otros bienes, llamados superiores, artefactos para el hogar, automotores y más tarde bienes culturales, cine, vacaciones. La composición de la canasta del consumidor va a depender del precio de cada uno de sus componentes. Consumirá margarina cuando su ingreso es bajo pero si este aumenta comprará manteca un bien substituto superior. Vale decir que su consumo dependerá de su ingreso y también del precio de los distintos bienes: de los precios relativos. En nuestro ejemplo si antes compraba manteca pero después de la caída del ingreso debe gastar más en gas, porque aumentaron las tarifas, dejará de comprar manteca y volverá a comprar margarina. Si, además, su ingreso real disminuye por que su salario nominal se incrementa menos que los precios, entonces no solo dejará de comparar manteca pero comprará menos margarina que antes o dejará de consumir algunos bienes no esenciales para su supervivencia inmediata. Vale decir que el consumo no solo disminuirá debido a la caída del salario real sino que su estructura cambiará por el cambio de la estructura de los precios. Gastará menos en zapatos porque el gas cuesta más caro. Y esto tiene un impacto en el ingreso de los empresarios los que venden gas aumentaran sus ingresos y los productores de zapatos disminuirán los suyos.

En la política económica, la “variable de impulso” es el presupuesto nacional. El Estado debe dar una clara indicación a los agentes económicos sobre sus intenciones. No se trata de declaraciones imprecisas o difusas sino de hechos. El Estado puede aumentar los subsidios y ayudas de los ganan menos o disminuyendo los impuestos de los salarios más bajos o los impuestos indirectos. Esas medidas permiten de incrementar el poder de compra y por ende el consumo puesto que los que ganan menos gastan todo el incremento del ingreso lo cual no es caso de los que ganan más que van a atesorar una parte o la totalidad del aumento del ingreso. Un aumento del ingreso de los 80 por ciento que ganan menos será la “variable de propagación” que provoca un incremento del gasto en consumo lo cual implica un aumento de la demanda y por ende un crecimiento del ingreso global, el PIB. En el caso argentino el nuevo gobierno disminuyó la parte del ingreso del 80 por ciento de los que ganan menos lo cual redujo el consumo, la demanda y el PIB.

Pero el consumo para los economistas son bienes producidos por la combinación de capital y trabajo cuyo objetivo es la satisfacción de necesidades. Lo importante de esta variable es el uso del trabajo y del capital que de otra manera serían derrochados ya que no serían utilizados.

En una reciente entrevista el Presidente Macri consideró que no existía la posibilidad de incrementar el consumo salvo si se reiteraran lo que consideró errores del pasado. Su política de reducir el consumo, la fiesta populista, o la restricción de del gasto público, el despilfarro en “planes”, así como fijar la tasa de interés a niveles desmedidos provocó la recesión más importante desde el 2002. Pero, como señala Keynes en Libro III de la Teoría General, “más seremos ascetas, más resueltamente seremos ecónomos, más obstinadamente seremos ortodoxos en la gestión de las finanzas publicas y más nuestros ingresos deberán disminuir cuando la tasa de interés se eleva de manera desmesurada”.

Bruno Susani, Doctor en Ciencias Económicas Université de Paris. Autor de “El Peronismo de Perón a Kirchner” Ed. de L’Harmattan, Paris 2014. Editado en castellano por Ed. de la Universidad de Lanús, 2015.

lunes, 15 de mayo de 2017

Rosenkrantz, el juez PRO de Clarín que promovió el 2x1 a torturadores de la dictadura.


El torturador beneficiado con el 2x1 por la Corte participó en uno de los casos más espantosos de antisemitismo y tortura con empalamiento. Pese a los hechos probados, el abogado del establishment Rosenkrantz buscó alterar la jurisprudencia sobre derechos humanos no bien asumió.

Jamás un fallo de la Corte Suprema despertó la protesta de cientos de miles de personas en Plaza de Mayo. Y otros cientos de miles se manifestaron en todas las plazas del país. El Presidente, miembro cabal de una elite que ni se anima a pronunciar las palabras “terrorismo de Estado”, fue el que garantizó las históricas marchas del miércoles 10. Lo hizo cuando consiguió que el abogado corporativo Carlos Rosenkrantz fuera ministro de la Corte. Rosenkrantz juró el 22 de agosto de 2016. Este diario puede probar que el 28 de septiembre ya estaba trabajando para aplicar el dos por uno a secuestradores, torturadores y asesinos.

El fallo del dos por uno fue firmado el 3 de mayo por Rosenkrantz y el otro cortesano propuesto por Macri, Horacio Rosatti. Se agregó Elena Highton de Nolasco. Votaron en disidencia Ricardo Lorenzetti y Juan Carlos Maqueda.

Rosenkrantz parece entusiasmado con su papel revisionista en materia de derechos humanos. Hasta dejó estampada su huella en el trámite interno de la Corte antes del fallo que confirmó la reducción de condena para Luis Muiña, miembro de un comando que operó en el Hospital Posadas de Haedo en marzo de 1976.

La huella de Rosenkrantz se llama Federico Morgenstern, un integrante de su equipo de letrados. Los letrados se encargan de investigar la jurisprudencia y redactar los borradores del voto que luego corrige y firma el ministro.

Morgenstern es un abogado que trabajó como prosecretario de la Sala II de la Cámara de Apelaciones en lo Criminal y Correccional Federal junto con Martín Irurzun. Cuando Rosenkrantz fue ungido ministro de la Corte se lo llevó con él. Es uno de sus prosecretarios letrados.

Proyectista
Desde 2011 en la Corte Suprema los expedientes internos previos a un fallo recorren un circuito que va quedando registrado en el sistema informático.

El sistema tiene una cara accesible al público y otra restringida. PáginaI12 tuvo acceso a la parte restringida. El 28 de septiembre de 2016 se produjo una novedad que aparece registrada con la palabra “información”. Y al lado puede leerse: “Asignar proyectista: Corte Suprema de Justicia de la Nación. Vocalía número 4: 20288020648. Morgenstern Federico”.

El proyectista es el secretario o prosecretario letrado que se encarga de darle forma al voto.

Funcionarios del Poder Judicial que pidieron reserva de su nombre explicaron a PáginaI12 que habitualmente la identidad del proyectista es conocida en la Corte pero no queda inscripta. Dijeron estar muy asombrados por el caso de Morgenstern, que además aparece con su número de CUIL completo.

“O alguien que no simpatiza con Rosenkrantz ni con Morgenstern lo quiso dejar estampado para embromarlo, o alguien que sí los quiere lo dejó asentado para que el prosecretario se gane el bronce”, fue la especulación de uno de esos funcionarios. Una tercera chance es que el propio Morgenstern haya querido pasar a la historia.

El nombre completo de la causa Muiña es “Bignone, Reynaldo Benito Antonio y otro s/a determinar”. Bignone ocupó todos los peldaños de la estructura militar y llegó a la Presidencia después de la derrota de Malvinas, en 1982. El “otro” es el torturador Muiña.

Rosenkrantz tuvo el expediente en su vocalía hasta el 29 de diciembre. Ese día, antes de la feria judicial de verano, lo pasó a la secretaría tercera de la Corte. El 16 de enero lo recibió otra vez. Volvió a empollarlo otros tres meses, hasta el 17 de abril.

Montevideo
Morgenstern se hizo famoso entre los abogados cuando publicó en 2014 su libro “Cosa juzgada fraudulenta”, una teoría útil para reabrir causas sobre presuntos actos de corrupción que hubieran sido cerradas por la Justicia.

El prólogo es de Rosenkrantz. Escribió que para Morgenstern la doctrina de la cosa juzgada írrita, como se llama en la jerga, debería ser usada cuando la investigación judicial no hubiese buscado la verdad sino directamente el sobreseimiento del procesado. Otra condición sería la inexistencia de riesgo de condena.

Un párrafo que Rosenkrantz rescata es el que sostiene que “en las últimas décadas” el verdadero peligro no es el Estado. “Es bastante mayor el peligro de la impunidad que (el peligro de) la sujeción a la tiranía estatal”, dice el actual proyectista del fallo sobre el dos por uno a un torturador. Lo más parecido en la historia argentina a una “tiranía estatal” fue la dictadura que gobernó entre el 24 de marzo de 1976 y el 10 de diciembre de 1983. Con el dos por uno dejarían de cumplir su condena original autores de crímenes de lesa humanidad. La situación se parece mucho a la noción sobre “el peligro de impunidad”.

Recibido como una herramienta de combate por el antikirchnerismo duro, el libro fue promovido por los defensores del establishment económico y político nucleados en el Colegio de Abogados de la Ciudad de Buenos Aires, donde se hizo una de las presentaciones. No se trata del Colegio Público de Abogados sino de la organización que apoyó con entusiasmo la dictadura, cuestionó los juicios por delitos de lesa humanidad y representa a los abogados de los grandes estudios. La revista de la entidad está dirigida por José Alfredo Martínez de Hoz hijo. En vida su padre fue directivo del CACBA. También fue presidente del “colegito de la calle Montevideo”, como es conocido entre los abogados, Roberto Durrieu, fiscal de Estado de la provincia de Buenos Aires cuando Ramón Camps era jefe de Policía y subsecretario de Justicia a nivel nacional con Jorge Rafael Videla de presidente de facto.

El colegito fue uno de los 2629 avalistas de Rosenkrantz, hasta ese momento miembro de un estudio que representaba, entre otras empresas y entidades, al Grupo Clarín en juicios contra el Estado, y a YPF, Musimundo, América TV, Cablevisión, La Nación, La Rural Predio Ferial de Palermo, Carbap, McDonald’s, Quilmes e IRSAE.

Entre los 1428 críticos de la postulación de Rosenkrantz figuraron los organismos de derechos humanos. La Asociación de Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas, que encabeza Lita Boitano, dijo que Rosenkrantz había cuestionado los fallos “Simón” y “Mazzeo” que habilitaron el juzgamiento por delitos de lesa humanidad. Según el CELS, tanto Rosenkrantz como Rosatti eran cuestionables por sus “posturas regresivas en temas vinculados a la protección de derechos y la aplicación de derecho internacional de los derechos humanos, así como por sus posiciones respecto de la relación entre el derecho, la política, el mercado y el Estado”.

En febrero último la Corte Suprema, con sus dos nuevos integrantes a la cabeza, puso en duda la jurisdicción de la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

En cuanto a los fallos “Simón” y “Mazzeo”, la web Crimen y razón, que dirige Rafael Saralegui, recuerda que en 2007 Rosenkrantz y su actual secretario letrado José Elías polemizaron con el actual fiscal Leonardo Filippini. Para ellos hay que tener cuidado con tomar en préstamo fallos internacionales en delitos de lesa humanidad. Incluso hay que cuidarse del repudio hacia las amnistías. “Ciertas amnistías pueden ser legítimas”, escribió el actual ministro de la Corte. “Los Estados no tienen una obligación de acusar penalmente y sancionar estos crímenes sino sólo una obligación de ‘responsabilizar’”, algo que no requiere necesariamente de penas.

Como académico Rosenkrantz sostenía que derechos económicos y sociales como salud, vivienda, educación, no son exigibles ante los tribunales porque los jueces no tienen equipamiento ni están preparados para decidir este tipo de casos.

Rosatti, ex intendente de Santa Fe, tuvo entre otros avalistas al arzobispado de su ciudad. El arzobispo Antonio Arancedo es el mismo que llamó a la “reconciliación de los argentinos” justo días antes del fallo en favor del dos por uno.

Cifras
Los argentinos dieron su opinión sobre el fallo de la Corte en favor de los represores con sus pies, marchando, y con sus manos al enarbolar miles de pañuelos blancos. Una encuesta del consultor Sergio Berenzstein reveló que el 85 por ciento de los consultados está en contra del dos por uno para asesinos, torturadores y ladrones de bebés. Entre quienes votaron a Daniel Scioli el porcentaje trepa al 98 por ciento. Entre los votantes de Mauricio Macri baja a 75 por ciento. El 18 por ciento de los que votó a Macri está de acuerdo con el fallo. Primera conclusión: el núcleo duro del macrismo está a contramano de la mayoría. Segunda conclusión: el núcleo duro no alcanza para ganar un ballottage, obviamente, pero tampoco para sustentar políticas que ataquen valores democráticos tan arraigados en la población. El rechazo a la impunidad de los terroristas de Estado es uno de esos valores.

O por convicción o por necesidad, según los casos, una buena parte del oficialismo terminó formando parte de los 211 diputados y los 57 senadores que el miércoles 10 sancionaron la ley contra el dos por uno a los represores.

Rosenkrantz y Morgenstern serían el núcleo duro del núcleo duro. Nada menos que su representación en la Corte Suprema.

Uno de sus promotores de siempre es el abogado Alejandro Carrió, socio número 5725 del colegito. Carrió compartió clientes con Rosenkrantz, entre ellos el Grupo Clarín. Hace dos años, durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, dijo que “enfrentamos una situación límite en la lucha por el Estado de Derecho”. Para Carrió “existe una porción de la sociedad, quizás no mayoritaria, desanimada y a la espera de líderes capaces de encabezar movimientos de resistencia civil que, hay que admitirlo, podrán derivar en sanciones inmediatas, pues el Gobierno ha dado muestras de que no le tiembla la mano para ejercer el poder”.

Nada de eso ocurrió. Ni la resistencia civil ni las sanciones. En cambio sí es un hecho que Carrió, primo de la diputada, quedó convertido en el primer defensor público del fallo del dos por uno. “Una sentencia que reafirma la vigencia del Estado de Derecho”, fue el título de su columna en La Nación el 4 de mayo, al día siguiente del fallo. “Lo resuelto adquiere mayor trascendencia si se repara en que estaban de por medio derechos de personas condenadas por delitos llamados de lesa humanidad, lo que motivó que en el pasado se flexibilizaran peligrosamente principios como el de legalidad e inmutabilidad de la cosa juzgada”, escribió el simpatizante de Morgenstern y su idea de la cosa juzgada pero no tanto.

Tormentos
Luis Muiña cometió delitos “llamados de lesa humanidad”, como diría Alejandro Carrió, como parte del autodenominado grupo paramilitar Swat que actuó a comienzos del golpe en el Hospital Posadas, ubicado en la calle Martínez de Hoz. Fue encontrado culpable de haber intervenido en la privación ilegal de la libertad y en los tormentos aplicados contra la enfermera Gladys Cuervo, Jorge Roitman, Jacqueline Romano, Jacobo Chester y Marta Graiff.

“¿Por qué tenés vos esto, sos judía?”, le gritaron los torturadores a Cuervo mientras le arrancaban una cadenita de oro y la encadenaban a una superficie metálica para aplicarle picana eléctrica. Le rompieron varias costillas y el esternón.

Le preguntaron si sabía que Jacobo Chester “era judío y flojito”, porque no había aguantado la tortura.

Chester era auxiliar de farmacia del Posadas. La Justicia dio por probado que el cuerpo “presentaba politraumatismos con fractura de vértebras dorsales, rotura de la médula, fracturas de todas las costillas de ambos lados y del esternón, lo que ocasionó su muerte por asfixia por sumersión”. El cadáver “presentaba los pies atados con una tira de tela y otra arrollada alrededor del cuello”.

La hija de Chester, Zulema, contó que cuando la patota cayó en su casa, después de encontrar libros escritos en hebreo “hubo un giro total en cuanto a la violencia con la que se manejaban; rompieron una percha y con un pedazo de madera que tenía un clavo la golpearon y le preguntaban por las amistades de su padre”.

Dice el expediente judicial en otra parte del testimonio brindado por la enfermera Cuervo: “Relató que un día pidió a uno de los captores, Oscar Tévez, que la deje ver a Roitman, a quien escuchaba quejarse continuamente. Que aquél accedió y ella vio que Roitman estaba desvariando en un charco de sangre y orina, y Tevez le dijo que le habían metido un palo en el culo. Que en determinado momento no lo escuchó más quejarse a Roitman, sintió que hubo corridas por las escaleras, subían y bajaban, frenadas bruscas de autos”. Tévez le dijo a Cuervo: “Murió Roitman, vinieron los milicos a llevárselo”.

Martín Granovsky, Página 12.

domingo, 14 de mayo de 2017

Gobierno PRO: La des-democratización del bienestar.


Las políticas encaradas desde diciembre de 2015 cuestionan práctica, legal y simbólicamente la expansión del bienestar de los sectores populares entre 2003 y 2015. En el orden capitalista, el acceso al consumo es un elemento de democratización.

Hace poco más de quince años, en un artículo que ha circulado mucho en los espacios donde se estudia el período de gobierno del “peronismo clásico” –es decir, entre 1946-1955– Juan Carlos Torre y Elisa Pastoriza definieron esos años con un título elocuente: “la democratización del bienestar”. Con agudeza y sin esquivar el análisis de las tensiones sociales y culturales producidas como resultado de la transformación social acelerada, entre otras cuestiones por la llegada de migrantes internos a la capital de la nación, los autores muestran la expansión del acceso a bienes y servicios de los sectores populares, frente a la sorpresa y la resistencia de los sectores altos y medios de la sociedad.

No podríamos decirlo mejor que Torre y Pastoriza: “El largo brazo del Estado hizo que todo sucediera a la vez y rápidamente, el incremento del número de los asalariados, el desarrollo del sindicalismo, la redistribución de los ingresos y los bienes públicos, y en un nivel más profundo, la crisis de la deferencia y del respecto que el orden social preexistente acostumbraba a esperar de sus estratos más bajos”. A esto se sumaba el tono desafiante con el que se presentaban las reformas sociales en el discurso oficial. No solo las clases altas sino también las clases medias se sintieron implicadas “en la defensa de unos equilibrios sociales y políticos amenazados” (La democratización del bienestar en los años peronistas, Buenos Aires, Sudamericana).

No pretendemos realizar aquí un ejercicio comparativo entre un proceso como el sintéticamente descripto y el período de gobierno peronista más reciente, que incluye las gestiones de Néstor Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner. Esto demandaría un estudio más profundo y muchas páginas. Podemos decir, en cambio, que ese título elocuente de los autores mencionados nos sirvió como estímulo y clave de lectura para estudiar la expansión del bienestar de los sectores populares entre 2003 y 2015. Y para mirar con preocupación las políticas encaradas desde diciembre de 2015 que cuestionan práctica, legal y simbólicamente esa expansión.

Para este ejercicio analítico recurrimos a los datos provistos por la Encuesta Nacional de Gasto de los Hogares (ENGHo), relevada por el Indec, que ya lleva tres ediciones: 1994/1995, 2004/2005 y 2012/2013. La Encuesta permite caracterizar las condiciones de vida de los hogares, fundamentalmente en términos de su acceso a los bienes y servicios. El gasto en su forma de consumo es considerado como el dato que más se aproxima a retratar el fenómeno del consumo efectivo, esto es, las adquisiciones realizadas por los hogares para satisfacer sus necesidades; y, por lo tanto, es un indicador de la calidad de vida.

Si consideramos como fue la distribución del gasto de consumo de los hogares según sectores definidos por sus ingresos entre los años noventa y 2013, la lectura de las tres ediciones de la ENGHo muestra un aumento de la participación de los hogares de los dos quintiles de menores ingresos, que de representar el 23 por ciento del total del gasto en las dos primeras mediciones, alcanzó un nivel del 29 por ciento en 2012/2013.

Un principio de las mediciones de consumo de los hogares lo establece la ley de Engel, formulada en 1857 por el estadístico alemán Ernst Engel y confirmada luego por diversos estudios. Esta ley sostiene que mientras más pobre es una familia, mayor es la proporción de su gasto total que debe destinar a la provisión de alimento.

Si se analiza la estructura de gastos de los hogares del quintil más pobre, el rubro de alimentos y bebidas representaba en 1996/7 el 50,0 por ciento y pasó a un valor del 43,3 por ciento en 2012/2013. Esto indicaría que en estos hogares se produjo un desplazamiento de los ingresos destinados a alimentos y bebidas, de consumo indispensable, a otros rubros de la vida cotidiana.

Justamente como entendemos que la idea de la democratización del bienestar implica mayor disponibilidad para acceder a otros bienes y servicios, más allá de los alimentos, prestamos atención a otras finalidades del gasto de los hogares. Por un lado, al rubro Servicios de la vivienda, que incluye propiedades, acceso a energía y agua, es decir, la posibilidad de tener una vivienda y acceder a servicios básicos razonables para el estándar de vida actual. También prestamos atención a los valores que corresponden a Equipamiento y mantenimiento del hogar (muebles, materiales para pisos, artefactos, vajilla, herramientas y equipos para el hogar y el jardín, servicios de mantenimiento) y Esparcimiento (que incluye, entre otros, los servicios de turismo, los equipos de audio, televisión, video y computación, espectáculos, clubes deportivo, televisión por cable, libros, diarios y revistas, equipos de cine y fotografía y sus accesorios, películas, juguetes y juegos, animales domésticos).

Entre fines de los años noventa y 2013, en los hogares de menores ingresos se registra una disminución del porcentaje destinado a Servicios de la vivienda, que pasa de alrededor del 12 por ciento de los gastos de consumo según la primera ENGHo al 11 por ciento en 2004 y a tres puntos menos en 2013, representando el 8 por ciento. Cabría pensar que en los últimos años en la Argentina, el largo brazo del Estado, para usar las palabras de Torre y Pastoriza, contribuyó con el acceso a los servicios básicos.

En el mismo período, el rubro Equipamiento y mantenimiento del hogar, por el contrario, muestra una tendencia al alza: pasa de 4,8 a 6,6 por ciento del gasto de consumo de estos hogares. Y en esa estructura de gastos familiares, las vacaciones, los equipos de audio, de televisión, video y computación, la asistencia a espectáculos deportivos, la salida al cine, al teatro, a conciertos, la compra de libros, diarios y revistas; la práctica deportiva y la compra de juguetes cobran cierto peso: pasan de representar el 4,2 por ciento en los años ‘90 al 5,9 por ciento en 2013.

Por último, una fotografía del gasto de los hogares según ingresos en la última edición de la ENGHo da cuenta de la persistencia de diferencias entre sectores sociales. Pero los datos compartidos muestran para los sectores populares un proceso de mayor acceso a bienes y servicios, de ampliación del consumo de bienes culturales, de la posibilidad de comprar teléfonos celulares y televisores de alta tecnología en una sociedad en las que estos bienes son credenciales de mejor vivir, de arreglar la casa, de salir de vacaciones

Pobres y consumo

Son tiempos en los que a veces se confunde el estatus de ciudadanía con el estatus de consumidor. Como señaló duramente Zygmunt Bauman hace ya veinte años en ese esclarecedor libro Trabajo, consumismo y nuevos pobres, en estos tiempos la “vida normal” es la de los consumidores. Los que no pueden consumir –los pobres de la sociedad de consumo– son defectuosos o frustrados; la imposibilidad de consumir implica “no estar a la altura de los demás, tener cerradas las oportunidades para vivir una vida feliz, no poder aceptar los ofrecimientos de la vida”, decía Bauman. En este orden capitalista, el acceso al consumo es un elemento de democratización, no suficiente, claro. También podemos coincidir en que su gravitación invita a una reflexión sobre los valores societales. Pero, sin duda, contribuye a cuestionar las jerarquías.

Si las políticas de gobierno limitan la expansión del consumo de los últimos años, la bloquean, la combaten, ¿será una forma de restituir las jerarquías, de consolidar las fronteras sociales? En última instancia, ¿quién les hizo creer a esos tantos que podían comprarse un televisor de última generación o tomarse vacaciones y pagarlas en cuotas?.

Vilma Paura, Magíster en Política Social. Docente investigadora Ceipsu-Untref.