viernes, 18 de agosto de 2017

Errorismo de Estado: las repetidas marchas atrás de Macri.


La estrategia de dar marcha atrás para sortear bolas de nieve creadas por sus propias decisiones políticas ya es marca registrada de la Alianza Cambiemos. En silencio, cuando el riesgo de escándalo se advierte a tiempo, disfrazados de “errores” en conferencias de prensa al estilo Juan Domingo Perdón cuando el alerta llega tarde, los recules son práctica recurrente del gobierno de Mauricio Macri. La suspensión de las intimaciones a pensionados viudos anunciada por la Anses es sólo el último ejemplo de una larga lista.

“Si quieren magos, vayan a (David) Copperfield. Si me equivoco, pido disculpas y corrijo”, parafraseó a Diego Capusotto el jefe de Estado en febrero último, rodeado de funcionarios y periodistas. En aquel acto en Casa Rosada, Macri dio marcha atrás con dos decisiones que no sólo generaron rechazo en la sociedad sino también en aliados radicales de estómagos curtidos. Primero anunció la (irrealizable) “vuelta a foja cero” del acuerdo entre el Estado y Sideco Americana SA, empresa del grupo Socma controlante del Correo, que según la fiscal Gabriela Boquín implicaba una quita de más de 70 mil millones de pesos hasta 2033 a favor de los Macri. Después anunció que dejaba sin efecto los cambios en el cálculo de haberes jubilatorios que significaban una merma sobre el aumento previsto por la ley de movilidad jubilatoria.

En enero, por decreto, Macri modificó el calendario de feriados. Incluyó el 24 de marzo y el 2 de abril, que eran inamovibles por su fuerte sentido reivindicativo y de memoria. Organismos de derechos humanos y de ex combatientes no dudaron en criticar la decisión, que los voceros de Cambiemos, al entender que habían ido demasiado lejos, intentaron justificar con una metáfora tenística: “Fue un error no forzado.”

Hace dos semanas fue la ministra de Desarrollo Social, Carolina Stanley, quien anunció que iban a restablecer las pensiones a discapacitados que habían dejado de pagar, según intentó explicar, por un “error de aplicación de criterio”. Las vagas explicaciones brindadas por la ministra son insuficientes y no atienden a la grave problemática que el propio Ministerio ha generado”, recordaron días atrás una veintena de organizaciones.

En su primer año como presidente, Macri ya había ensayado la estrategia de prueba y error. De entrada intentó nombrar por decreto a Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz como jueces de la Corte Suprema de Justicia, sin aval de la Cámara de Senadores. Las críticas de todos los sectores políticos y un fallo del juez federal Alejo Ramos Padilla, quien declaró la inconstitucionalidad del decreto, derivaron en el primer retroceso presidencial y el anuncio de respetar el proceso legal.

Semanas después, siempre por decreto, Macri incrementó en un 169 por ciento los fondos coparticipables para la Ciudad de Buenos Aires. La reacción de los gobernadores peronistas, que se opusieron en bloque, implicó que el ministro Rogelio Frigerio debiera sentarse a negociar. Fue el segundo retroceso en 50 días de gobierno.

La Ley de Emergencia Social impulsada por organizaciones sociales encabezadas por la CTEP fue rechazada por todos los legisladores de Cambiemos, que llegaron a calificarla de “ridícula” por lo que consideran un alto costo para el Estado. Luego de un acto masivo frente al Congreso, que tuvo el apoyo de la CGT, el Gobierno pasó a elogiar la iniciativa y los bloques oficialistas votaron una nueva iniciativa.

Los científicos también padecieron la práctica PRO. En vísperas de la última Navidad, los becarios del Conicet afectados por el recorte en el número de ingresantes a la carrera de investigador tomaron el Ministerio de Ciencia y Tecnología. Los acompañaba buena parte de la comunidad científica y de la opinión pública, que rechazaba el ajuste en el área. Respuesta: otra marcha atrás, un acta de compromiso para reincorporarlos firmada por el ministro Lino Barañao. “Estamos aprendiendo sobre la marcha”, confesó el ministro Juan José Aranguren en el Congreso para explicar las idas y vueltas con los tarifazos. “No hace, pero pide disculpas”, era el slogan de campaña en 2015 del precursor Juan Domingo Perdón.

jueves, 17 de agosto de 2017

Escándalo macrista en el Consejo de la Magistratura: Juicio a Freiler.


A horas de saberse de la escandalosa manipulación del escrutinio de las elecciones PASO 2017, mientras se recogen decenas de denuncias de fraude por parte de electores que no encuentran sus votos en las mesas que votaron y cumpliéndose 16 días de la desaparición de Santiago Maldonado, el macrismo abre otro escándalo institucional en el Consejo de la Magistratura.

Aprovechando una mayoría circunstancial en el Consejo de la Magistratura conseguida ante la ausencia por horas de un consejero opositor, la justicia macrista aprobó por 8 a 4 el juicio político contra el camarista Eduardo Freiler, acusado por “mal desempeño en sus funciones" que quedó suspendido en su cargo.


Freiler, miembro de la Sala I de la Cámara Federal, estaba en la mira del gobierno de Macri y desde hace más de un año viene sufriendo insólitas y punzantes persecusiones desde el Grupo Clarín. Durante una tumultuosa sesión, el macrismo pidió que se trate su caso y sacó ventaja de la ausencia del senador chubutense Mario Pais, quien esta tarde iba a jurar en ese cargo ante la Corte.

El advenimiento de Pais en ese cargo fue decidido ayer, luego que el juez en lo Contencioso Administrativo Federal, Enrique Lavié Pico, dispusiera la ejecución de la sentencia que inhabilita al senador sanjuanino Ruperto Godoy como consejero por no contar con el título de abogado, un requisito que la Constitución no exige para ser legislador nacional.

Lo que se pactó ayer fue que Pais asumiría el cargo del que fue apartado a Godoy luego de prestar juramento esta tarde. Hasta entonces, ese asiento en el Consejo de la Magistratura quedaría vacío y el macrismo tendría una mayoría circunstancial y temporal de la que finalmente se aprovechó yendo por la banquina.

Con esa mayoría especial votó la elevación a juicio político del camarista al que Macri quiso desplazar desde su asunción. La maniobra fue posible por la conjunción del fallo de Lavié Pico, la baja transitoria en los asientos de la oposición y el retraso del trámite de aprobación para el ingreso de Pais.

La embestida contra Freiler había sido frenada en junio pasado. La acusación formal en su contra, votada en la Comisión de Disciplina y Acusación, fue por presunto enriquecimiento ilícito y mal desempeño de sus funciones sobre la base de tres denuncias conexas.

En esa sesión, el representante de los académicos en el Consejo de la Magistratura, Jorge Candis, denunció que detrás de las acusaciones contra el camarista había una “revancha” por los fallos que este había dictado “contra algunos sectores” del poder económico y mediático.

La maniobra

En una maniobra calculada y con la colaboración del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el macrismo del Consejo de la Magistratura suspendió e inició juicio político al camarista federal Eduardo Freiler. El oficialismo aprovechó una mayoría circunstancial que se generó por la expulsión del senador del Frente para la Victoria Ruperto Godoy determinada por una sentencia judicial y por la decisión de Lorenzetti de postergar por unas horas la jura de su suplente, el senador Mario Pais.

Para iniciar un jury se necesitan dos tercios de los votos. Con la composición habitual de trece miembros del organismo, hacen falta nueve. Como a Godoy le impidieron votar por considerarlo fuera del cuerpo, dieron por buenos los ocho votos. El desenlace no es un hecho aislado sino parte de un proceso de colonización del Poder Judicial que inició Mauricio Macri con el nombramiento por decreto de dos jueces de la Corte Suprema apenas asumió la presidencia.

En una maniobra calculada y con la colaboración del presidente de la Corte Suprema, Ricardo Lorenzetti, el macrismo del Consejo de la Magistratura suspendió e inició juicio político al camarista federal Eduardo Freiler. El oficialismo aprovechó una mayoría circunstancial que se generó por la expulsión del senador del Frente para la Victoria Ruperto Godoy determinada por una sentencia judicial y por la decisión de Lorenzetti de postergar por unas horas la jura de su suplente, el senador Mario Pais.

Para iniciar un jury se necesitan dos tercios de los votos. Con la composición habitual de trece miembros del organismo, hacen falta nueve. Como a Godoy le impidieron votar por considerarlo fuera del cuerpo, dieron por buenos los ocho votos. El desenlace no es un hecho aislado sino parte de un proceso de colonización del Poder Judicial que inició Mauricio Macri con el nombramiento por decreto de dos jueces de la Corte Suprema apenas asumió la presidencia.

Freiler integra una suerte de lista negra de los jueces que el Gobierno quiere echar porque no le agradan sus decisiones: en su caso, por ejemplo, haber insistido en la indagatoria de los CEOs de Clarín y La Nación por la apropiación de Papel Prensa, apartar a Claudio Bonadio del caso Hotesur y avalar el archivo de la denuncia de Alberto Nisman contra Cristina Fernández de Kirchner por encubrimiento.

El oficialismo ya había intentado votar el juicio político contra Freiler por supuesto enriquecimiento ilícito pero no consiguió los votos, porque el académico Jorge Candis no estaba de acuerdo. La dificultad de en varios casos para alcanzar la mayoría, dado que el cuerpo está dividido y hay uno o dos consejeros que no votan siempre igual, derivó en iniciativas para intentar incidir en la conformación del organismo.

La denuncia de un ex consejero macrista, Alejandro Fargosi, fue la que marcó la suerte de Godoy. El juez en lo contencioso administrativo Enrique Lavié Pico le dio la razón al decir que el senador no podía ser consejero por no tener título de abogado.

Lavié Pico es el mismo juez que tiene una denuncia contra el diputado macrista Pablo Tonelli por quedarse con una banca del Consejo de la Magistratura que le corresponde al Frente para la Victoria, pero nunca la resolvió. La Cámara del fuero avaló la exclusión de Godoy y la semana pasada ordenó ejecutar la sentencia. El kirchnerismo designó un nuevo suplente para el senador ante la posibilidad de que no pudiera asumir. El anterior, Rodolfo Urtubey, ya no les inspiraba confianza desde que se acercó al oficialismo. Esta semana eligieron a Pais. Lo que vino después fue una secuencia increíble.

Lorenzetti había convocado a Pais para tomarle juramento a las 9 de la mañana. El senador llegó junto con Godoy y con su par Virginia García. El plenario del Consejo estaba para convocado para las 10. El tema “Freiler” estaba en la mitad del orden del día. El presidente supremo de pronto les dijo que debería postergar la jura porque hacía falta que todos los jueces de la Corte firmaran una acordada para hacerlo, algo inédito que dejó perplejos a los tres senadores. Según relataría después García en el plenario, les dijo que se quedaran tranquilos, que Godoy podía seguir integrando el plenario hasta que la Corte se pronunciara sobre su situación. Pero desde el Consejo les avisaban que el plenario estaba por comenzar, y que podía pasar cualquier cosa. Y así fue. Godoy y García cruzaron corriendo la plaza Lavalle, en diagonal hacia el Consejo, que está sobre la calle Libertad. Ambos se sentaron en el plenario.

La presidenta del Consejo, la abogada macrista Adriana Donato, dijo que iban a cambiar el orden del día y que primero que nada trataría el pedido de suspensión de Freiler, impulsado por un dictamen de Tonelli. El respresentante del Gobierno, Juan Mahiques, pidió que se votara sin discusión. La oposición comenzó a protesar y pidió la palabra. Cuando Godoy quiso hablar Donato le dijo que no estaba habilitado. García relató lo que había pasado en la Corte, y que la jura de Pais sería al mediodía. Pero a la mayoría no le importó nada. Ni siquiera llegaron a levantar la mano los ocho oficialistas (entre legisladores, abogados y jueces) que ya dieron por aprobada la suspensión y apertura del jury.

Entre las varias estrategias que viene desplegando para penetrar y disciplinar al Poder Judicial, el oficialismo del Consejo hizo entrar por la ventana a Carlos Mahiques, el padre del consejero, a la Cámara de Casación Penal con un traslado definitivo pese a pertenecer a otra jurisdicción y no haber concursado para ese cargo; nombró como subrogante (tras fracasar en darle un traslado definitivo) en el juzgado electoral de La Plata a Juan Manuel Culotta, cercano a Macri, que era de Tres de Febrero y ahora hará el escrutinio de las elecciones del domingo último en el distrito más grande; con una ley sancionada a fin de 2016, están armando los tribunales orales federales, trasladando jueces que se votan con mayoría simple del Consejo: son los jueces que juzgarán casos de corrupción del kirchnerismo y el macrismo.

Después de la maniobra, el juramento

Recién a las 13.30 el máximo tribunal firmó la acordada para aceptar el nombramiento de Juan Mario Pais en el Consejo de la Magistratura, a pesar de que lo había citado a las 9 para tomarle juramento.

Pais, senador nacional por Chubut, fue elegido por el Frente para la Victoria para reemplazar al senador por San Juan Ruperto Godoy, que fue separado del Consejo en un escandaloso fallo que evaluó que no puede ocupar ese asiento por no ser abogado. En la resolución, la Corte aclaró que la puesta en funciones de Pais “es absolutamente independiente de la decisión" que el tribunal adopte en la causa por el apartamiento de Godoy.

La postergación del juramento hasta después del mediodía le permitió a los representantes del Gobierno en el Consejo aprobar el inicio del proceso de remoción y suspensión del camarista federal Eduardo Freiler.

El inicio del proceso contra Freiler se logró con los votos de la presidenta del Consejo, Adriana Donato; el representante del Poder Ejecutivo, Juan Bautista Mahíques; los jueces Luis María Cabral y Leónidas Moldes; el diputado nacional radical Gustavo Valdés; el senador radical Angel Rozas; el diputado del PRO, Pablo Tonelli y el abogado Miguel Angel Piedecasas.

Un par de horas después de que el oficialismo pudiera realizar su maniobra para destituir al camarista, la Corte en pleno firmó la acordada en la que acepta el nombramiento de Pais y luego el presidente del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, le tomó el juramento.

Macri celebró públicamente el golpe institucional


Macri felicitó a los representantes del oficialismo en el Consejo de la Magistratura que, en una sospechosa maniobra, suspendieron y aprobaron la apertura del juicio político contra Eduardo Freiler, el camarista que llegó a esa instancia luego de haber dictado fallos contra corporaciones empresarias y mediáticas.

“La suspensión de Freiler es un paso adelante hacia la Argentina de la seguridad y el fin de la impunidad”, dijo durante un breve contacto con la prensa, tras reunirse con el titular del Banco Mundial, Jim Yong Kim, en la Quinta de Olivos.

El modo en que el macrismo logró votar el juicio político contra el ahora suspendido integrante de la Sala I de la Cámara Federal fue mediante el aprovechamiento de una temporal ausencia del consejero por la oposición Mario Pais, quien aguardaba prestar juramento en la Corte Suprema para reemplazar al ayer apartado Ruperto Godoy.

A tal efecto, Pais había sido citado hoy por el titular del máximo tribunal, Ricardo Lorenzetti, quien una vez concretada la reunión le dijo que por el momento no podría jurar. El macrismo aprovechó esa ausencia circunstancial que le daba los dos tercios necesarios para votar el apartamiento de Freiler, y lo hizo.

La polémica jugada, que no hubiera sido posible sin la ayuda del Poder Judicial, fue aplaudida por el jefe de Estado. “Felicito a los consejeros”, celebró desde Olivos.

Macrilandia: Otro aumento en peajes, ahora de 37%.


En medio del escándalo del escrutinio de las PASO 2017, la desaparición de Santiago Maldonado y una inflación de 2% mensual que desmiente otra vez los pronósticos del gobierno, un nuevo cuadro tarifario con un aumento del 37% comenzó a regir este miércoles (16.08.2017) en los peajes de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, tras un mes y medio de conflicto judicial. La suba había sido determinada hace un mes y medio pero una presentación judicial logró que se congelara el incremento; la empresa Autopistas Urbanas S.A. (AUSA) apeló y ahora la Justicia dio luz verde.

La Justicia porteña aprobó así de forma transitoria un nuevo cuadro tarifario para las autopistas porteñas Illia, 25 de Mayo y Perito Moreno que comenzó a regir en la madrugada y modifica las definidas el 5 de agosto último.

La medida tiene lugar luego de que la empresa concesionaria AUSA le pidiera a la jueza Elena Liberatori que reconsiderara su resolución del 2 de agosto en la que fijaba topes de aumento del 28,8% para las tarifas respecto de las vigentes en febrero último.

La medida adoptada por la jueza titular del juzgado N° 4 del fuero Contencioso Administrativo y Tributario de la Ciudad, además de estipular aumentos, del 37% promedio, incluye el descuento del 15% para todos los usuarios de TelePASE propuesto por AUSA. La medida judicial tendrá carácter transitorio hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo en la Cámara.

De esta forma, un vehículo liviano de 2 ejes que utilice las autopistas 25 de Mayo o Perito Moreno y adopte el sistema TelePASE pagará $ 29,75 en hora no pico y $ 42,5 en hora pico, mientras que para un vehículo pesado de 2 ejes, la tarifa con el beneficio será de $ 51 en hora no pico y de $ 68 en hora pico. En cambio, aquellos automovilistas que no adhieran al sistema abonarán $ 35 en hora no pico y $ 50 en hora pico, mientras que los camiones de 2 ejes pagarán $ 60 y $ 80 respectivamente.

Para la autopista Illia, los valores con descuento serán de $ 12,75 pesos en horario no pico y $ 21,25 para los vehículos livianos de 2 ejes, mientras que los camiones de 2 ejes pagarán $ 21,25 y $ 34.

Aquellos automovilistas que no estén adheridos al TelePASE pagarán $ 15 y $ 25 pesos, mientras que la tarifa para camiones de 2 ejes será de $ 25 y $ 40.

El conflicto con los peajes comenzó en febrero, cuando AUSA aumentó el cuadro tarifario con subas de hasta el 83% y los legisladores José Campagnoli y Andrea Conde presentaron un recurso de amparo afirmando que la suba no se correspondía con las evaluaciones técnicas, que indicaban que el incremento no podría ser mayor al 28,8%.

miércoles, 16 de agosto de 2017

PASO 2017: Otra estafa PRO.


Ni protesta judicial ni marcha. Y, menos todavía, escándalo. Unidad Ciudadana decidió reaccionar ante la parálisis del cómputo final de sufragios con un pedido que así definió su principal candidata: “No vamos a parar hasta que se cuenten todos los votos, porque sabemos que hemos ganado”.

La advertencia que Cristina Fernández de Kirchner escribió en un comunicado fue explicada también por los apoderados Graciana Peñafort y Gerónimo Ustarroz y por el candidato a diputado nacional Leopoldo Moreau durante una conferencia de prensa en el Instituto Patria, que responde a la ex presidenta.

“Queremos que se llegue a la verdad con los votos”, dijo Moreau. “No vamos a hacer el show que ellos hacían en el pasado, con denuncias indiscriminadas de fraude.” Moreau, que fue varias veces diputado y luego senador por el radicalismo, denunció que “un acto eleccionario fue utilizado para obtener un golpe de efecto publicitario, un hecho inédito desde 1983”.

Dijo que había pensado declarar que el cómputo venía más lento que el general Alais, pero que la comparación le resultó demasiado vieja. Ernesto Alais era el comandante del Cuerpo de Ejército II, con sede en Rosario, cuando en abril de 1987 se produjo el primer levantamiento carapintada de Aldo Rico. Alais nunca llegó y quedó convertido en metáfora. “Voy a usar mejor lo que me dijo un amigo: los votos vienen encima de una tortuga enyesada”, dijo Moreau.

El núcleo de la denuncia es el siguiente: “Pasadas 24 horas del acto electoral no se conocen los resultados del principal distrito del país. Por primera vez este gobierno tuvo la responsabilidad de supervisar el acto electoral pero 1500 mesas no fueron incorporadas el escrutinio provisorio”.

El añadido es que según Unidad Ciudadana la mayoría de los votos de esas 1500 mesas serían, por su origen geográfico, para el espacio que lleva como candidatos al Senado a CFK y a Jorge Taiana.

Cada voto
El texto difundido por Cristina Fernández de Kirchner califica el episodio de la noche del domingo y madrugada del lunes como “un hecho inaudito, insólito, vergonzante de manipulación política”, porque “intentaron ocultar la verdad”. La explicación es que “cada voto cuenta, cada voto es parte de la soberanía popular, y por un voto se puede decidir un legislador más o menos para defender a los ciudadanos de este ajuste insensible e injusto”.

“Un legislador cuenta, porque es, por ejemplo, un voto más o un voto menos para el ajuste jubilatorio o para la flexibilización laboral”, dice el texto.

Cristina insistió en su interpretación de los datos de las PASO que ya había esbozado a las cuatro de la mañana en el estadio de Arsenal, donde apareció luego del conteo frustrado de los votos. La secundaron luego en la conferencia de prensa Peñafort, Moreau y Ustárroz. La línea de razonamiento es que en el país dos de cada tres personas votaron de distintas maneras con el trasfondo común de cuestionar el ajuste económico.

“Podrán retrasar la carga de datos, podrán manipular de manera chicanera y tramposa la realidad, podrán alargar este escándalo 20 días más hasta el resultado definitivo, querrán crear una realidad paralela en los medios, buscarán ocultar, maquillar, distraer y confundir”, dice el texto de CFK. “Pero no van a poder. La democracia argentina es más fuerte que su manipulación y su arrogancia. Vamos a desenmascarar este ejercicio obsceno de distorsión, esta patética actuación en el prime time televisivo. Vamos a defender el voto y la democracia. Quieren confundir todo para tapar lo que pasó ayer: dos de cada tres argentinos les han dicho que no a su ajuste y a su plebiscito”.

Según Moreau, la secuencia tuvo varios pasos. Primero “se instaló una cifra ficticia, se la congeló durante varias horas, secuestrando el resto de los datos”. Después “se le dio espacio al Presidente para que montara un show publicitario, con el mago sin dientes incluido, donde quiso demostrar que habían obtenido un triunfo sin dar datos”. El candidato a diputado nacional por la provincia de Buenos Aires pidió reparar en un detalle: “Ni el Presidente ni la gobernadora hicieron mención al resultado electoral de la provincia de Buenos Aires, y eso fue así porque ya sabían que estaban manipulando la información”.

Esas 1500 mesas serían unos 300 mil votos. Tras señalar que “la democracia es algo más que un spot publicitario”, Graciana Peñafort dijo que “las huellas están en la propia página del gobierno”.

“El escrutinio se detuvo en alrededor del 95 por ciento”, relató la abogada. “En sitios donde Cambiemos hizo mejor elección, como san Miguel o San Isidro, y también Vicente López y Bahía Blanca, la carga a la misma hora llegó al 97 o 98 por ciento. En lugares donde Unidad Ciudadana hizo mejor elección el nivel de carga fue menor.”

Los ejemplos que dio Peñafort incluyen a Berazategui, “donde se paró la carga de datos cuando estaba solo en el 90 por ciento, en Florencio Varela al llegar al 92 por ciento, en La Matanza en el 94 por ciento y en José C. Paz en el 93 por ciento”. Salvo José C. Paz el resto de los distritos integra la poblada Tercera Sección electoral, que es donde CFK cosechó el domingo el mayor porcentaje de votos.

“La repetición de porcentajes menores en sitios donde presumiblemente a Unidad Ciudadana le fue mejor hace pensar que no hay casualidad”, dijo la apoderada. “Quisieron construir una realidad ficticia, y lo hicieron a tal punto que 24 horas después de una elección reñida no sabemos aún cuál es el resultado.” La conferencia de prensa en el Instituto Patria, cercano a Congreso, comenzó poco después de las 18, a la misma hora que el domingo cerraron los comicios en todo el país.



Mecanismo
En la rueda con los periodistas Ustárroz dijo que las claves del escrutinio definitivo, el único que por otra parte acepta la Justicia, son las actas de cada mesa y su consistencia con los papeles que el domingo se llevó cada fiscal o fiscal general.



Un dirigente de Unidad Ciudadana que pidió reserva de su identidad explicó cómo es el mecanismo al que habrá que prestarle atención en los próximos días. Dijo que falta escrutar exactamente 1537 mesas. Parte de esas 1537 mesas se corresponde con 800 telegramas al que la administración del acto electoral consideró mal hechos porque tendrían distintos tipos de errores.

Esos 800 telegramas con resultados de otras tantas mesas llegaron a la empresa Indra, encargada del conteo, y no se computaron. Fueron a una carpeta especial llamada “Incidencias”.

Los apoderados de Unidad Ciudadana hicieron ya algún estudio preliminar. En las incidencias de la Primera Sección electoral, al norte de la Capital Federal, el saldo eran unos cuatro mil votos a favor de CFK. En la Tercera, 8000.

Hay otra franja de problemas que corresponde a las 740 mesas restantes. Nunca mandaron el telegrama correspondiente. Una hipótesis, siempre pensando bien, es que puede haberse equivocado un presidente de mesa. Otra hipótesis es el mal funcionamiento de los scanners utilizados para reproducir y digitalizar la imagen final de cada mesa.

De las 740 hay 600 mesas que pertenecen al Conurbano y 140 al interior de la provincia de Buenos Aires. El mismo estudio preliminar permitió saber que las mesas del Conurbano se comportaban en términos de inclinación de votos de modo similar al del resto de las mesas del distrito correspondiente.

Como el primer escrutinio no tiene valor legal, aunque sí político, simbólico e informativo, mañana miércoles arrancará el escrutinio definitivo.

Funciona distrito por distrito, ordenado por el alfabeto, y con la presencia de los fiscales.

Cada urna tiene un certificado. Se coteja ese certificado con la documentación que obra en poder de cada fiscal desde el domingo. El cotejo es certificado contra acta de escrutinio. El certificado en manos de los fiscales es clave porque debe coincidir con el acta completada por el presidente de mesa.

Si no hubiera coincidencia entre una documentación y otra es posible elevar a la Justicia electoral el pedido de abrir la urna correspondiente. Y el juez, que en este caso es una de las flamantes designaciones del macrismo, es el que decida si se abre o no la urna.

Hay ejemplos de apertura masiva. No muchos. En el 2007, en Córdoba, luego de la confrontación entre Luis Juez y Juan Schiaretti, el escándalo fue tan impresionante que la Justicia terminó abriendo todas las urnas.

Página12 quiso saber si la cantidad de incidencias y de telegramas presuntamente mal confeccionados fue mayor el último domingo que otras veces. La respuesta fue ésta: “No, pero ahora tiene relevancia por la diferencia escasa y por el modo en que se cargaron algunas mesas y no se cargaron otras”.

Y agregó: “Se pagó una fortuna por un sistema que, en el mejor de los casos, colapsó varias veces, en la provincia de Buenos Aires y en Santa Fe”.

Peñafort dijo que recién después del escrutinio definitivo UC resolverá si realiza presentaciones o entabla demandas por responsabilidades políticas o penales.

martes, 15 de agosto de 2017

PASO 2017: Crónica de una estafa anunciada.


Al anunciar la interrupción del escrutinio en la provincia de Buenos Aires, el gobierno nacional proclamó que el resultado era un “empate técnico” y que el desenlace recién se conocería con el escrutinio definitivo, que la Cámara Nacional Electoral terminará en diez días.

Ese tribunal alzó la voz el 27 de junio para alertar a la ciudadanía que el Poder Ejecutivo ni se había dignado responder a sus propuestas para “el fortalecimiento del proceso electoral”, que incluían el traspaso del escrutinio provisorio a la justicia para evitar interferencias políticas. Según la Acordada que firmaron los jueces Santiago Corcuera y Alberto Dalla Vía, era necesario que la ciudadanía supiera que el tribunal no participó en las operaciones atinentes al diseño, planificación, organización, procesamiento, cómputo y difusión de los resultados del escrutinio provisorio “ni tampoco en la contratación de prestadores de servicios a tales efectos”. Todo eso continúa bajo la órbita exclusiva del Poder Ejecutivo Nacional, precisaron en previsión de lo que ocurriría.

Esta fue la precisa respuesta judicial a la contratación por el Correo Argentino de la transnacional española Indra, sin licitación y en un concurso privado. No obstante, el gobierno dio a entender que la contratación de Indra por 25 millones de dólares respondía a las recomendaciones de la Cámara Nacional Electoral. Su desmentida no dejó lugar a dudas: la Cámara no había previsto “la intervención de ninguna empresa privada” ni la “modalidad administrativa que al respecto se haya adoptado, sino que, por el contrario, intentó prescindir de la acostumbrada contratación de terceros”.

El martes 8 de agosto el bloque de diputados nacionales del Frente para la Victoria llenó los casilleros que Corcuera y Dalla Via dejaron en blanco: en una conferencia de prensa ofrecida en el Congreso, el presidente del bloque, Héctor Recalde, expresó su preocupación por “la transparencia de los comicios”, dadas las “irregularidades en la contratación del servicio de escrutinio provisorio”, que no fue realizada a través del Estado nacional como era costumbre, sino por el Correo Argentino SA, que funciona como una empresa privada. Su presidente, designado por el actual gobierno, es Jorge Irigoin (ex gerente de las Sociedades Macri, Socma) y el director general de Indra es Ricardo Viaggio, ex vicepresidente de Siemens Itron, una sociedad entre la alemana Siemens y las Sociedades Macrì, constituida cuando su vicepresidente ejecutivo era el actual jefe de Estado. Viaggio integró la comitiva de Macrì en su último viaje a España. El antecesor de Viaggio en Indra, Manuel Terradez, asumió sin periodo de carencia como subsecretario de Reforma Política del gobierno de María Eugenia Vidal. El control de las operaciones de Irigoin y Viaggio quedó en manos del juez Juan Manuel Culotta, compañero de estudios en el colegio Cardenal Newman del Presidente Macrì, de su secretario legal y técnico Pablo Clusellas y de su asesor principal Joré Torello, y amigo de infancia del abogado personal del presidente, Alejandro Pérez Chada. Culotta es juez federal de Tres de Febrero y fue trasladado a La Plata por la apetencia de su secretaría electoral, para lo cual no tenía competencia.

Estos antecedentes son centrales para comprender cómo se llegó al “empate técnico”. A las 21, cuando el Correo difundió los primeros datos oficiales Bullrich batía por varios puntos a CFK en la provincia de Buenos Aires. El gobierno realizó un eufórico festejo en Costa Salguero, con varias apariciones de Elisa Carrió, Gabriela Michetti, María Eugenia Vidal, Esteban Bullrich y finalmente el presidente Macrì, quien habló a las 22.44.

A las 23 todo había concluido y el escrutinio provisorio estiraba hasta 7 puntos la ventaja del terror de los maestros y los pibes pobres bonaerenses. Del mismo modo, Cambiemos batía en Santa Fe al justicialismo y también se imponía en Córdoba, Santa Fe, La Pampa, Chaco, Neuquén, San Luis y Río Negro, además de sus bastiones radicales de Jujuy, Mendoza y Corrientes. Hasta ese momento se habían cargado datos del interior bonaerense y de la ciudad de Santa Fe, pero muy pocos del conurbano de Buenos Aires y de la ciudad de Rosario, que recién comenzaron a ingresar al cómputo general después de la medianoche. Tanto Cristina como Agustín Rossi empezaron a descontar la ventaja. Cuando el escrutinio concluyó en Santa Fe, Rossi pasó al frente. Cambiemos también fue superada en Chaco y Río Negro. En Buenos Aires la tendencia se detuvo a las 4, cuando CFK quedó a una centésima de Bullrich, quien en la hora siguiente se despegó hasta ocho centésimas, el famoso empate técnico de Adrian Pérez. Trabajadores del Correo afirman que el cómputo se detuvo por orden del ministerio del Interior, cuando Bullrich llevaba 6.000 votos de ventaja y faltaban escrutar 1537 mesas, que a razón de 345 electores cada uno, implican más de medio millón de electores. Esas mesas provienen de Ensenada, Malvinas Argentinas, Florencio Varela, Moreno, Merlo, La Matanza, José Paz, Berazategui y Ezeiza, partidos donde Cristina obtuvo una ventaja que oscila entre el 15 y el 25 por ciento de los votos. El escrutinio definitivo mostrará la victoria de Cristina, por lo que no podrá hablarse de fraude, pero la noticia carecerá del impacto político que hubiera tenido ayer.

Mientras el país se encamina hacia la verdadera elección, que será el 22 de octubre, la del domingo permite una constatación más importante que las cifras del escrutinio: con el discurso de la transparencia, la unidad y el trabajo en equipo, repetido hasta el hartazgo, el gobierno de Maurizio Macrì, tergiversó el mensaje del pueblo. La perversa manipulación electoral no desentona con el blanqueo modificado por decreto para permitir el acceso de los familiares de sus funcionarios que la ley prohibía; con las decisiones políticas encaminadas a beneficiar al presidente, su familia, sus ministros, amigos y funcionarios; con la detención arbitraria de Milagro Sala ni con la desaparición forzada de Santiago Maldonado. Nadie puede ignorar que dentro de la maltratada democracia argenta, Macrì no reconoce más límite que el que la sociedad sepa imponerle.

Horacio Verbitsky, Página 12.



domingo, 13 de agosto de 2017

La inversión extranjera directa en Argentina cayó 64% entre 2015 y 2016.


Argentina fue el segundo país que menos inversiones reales recibió en 2016. La liberación del cepo magnificó la caída.

La Comisión Económica para América Latina (Cepal) informó esta semana que durante 2016 ingresaron 4.229 millones de dólares de Inversión Extranjera Directa (IED) en el país, un 64% menos que en 2015. Este descenso lideró las caídas de la región, seguido por Chile, que perdió el 40,3% del flujo de inversiones reales.

"Hasta fines de 2015 existían distintas restricciones a la repatriación de fondos que tendían a sobredimensionar los flujos de IED asociados a la reinversión de utilidades. La eliminación de esas restricciones por parte del nuevo Gobierno redundó en una caída de la reinversión de utilidades en 2016", explicó la Cepal en su informe, a la vez que destacó que esta salida de capitales también obedeció al pago de dividendos adeudados a las filiales centrales de las empresas extranjeras.

"La caída de la reinversión de utilidades y la cancelación de deudas con casas matrices y filiales compensaron con creces la entrada de nuevos capitales, que experimentó un notable aumento respecto del año anterior (un 177%, con un total de 3.649 millones de dólares)", destacó el documento de la organismo que depende de la ONU.

Aun así, Argentina estuvo al fondo de la tabla de receptores de IED de la región solo por encima de Ecuador y sustancialmente por debajo de los demás países del Cono Sur. Uruguay prácticamente duplicó la recepción de inversiones para la economía real, pese a tener un PBI sustancialmente menor. Chile, pese a la fuerte caída, triplicó el volumen con 12.225 millones de dólares. Mientras que Brasil, pese a la crisis, lideró el volumen de IED recibida.

En el análisis del flujo mundial de inversiones aplicadas a la economía real, "América Latina y el Caribe ha recibido una proporción de IED relativamente mayor en relación con el PIB, lo que da cuenta de la importancia relativa que han tenido las empresas transnacionales para las economías de la región. Los flujos de IED recibidos representaron el 3,6% del PIB, mientras que en el promedio mundial este porcentaje ascendió al 2,5% (UNCTAD, 2015)", describió el informe.



"En algunas economías que han impulsado el ingreso de la IED en su estrategia de desarrollo -como Chile y Panamá-, esta alcanzó un peso relativo mayor sobre el PIB (un 4,9% y un 9,4%, respectivamente). Con un 4,4%, el Brasil tuvo una participación de la IED en el PIB mayor que otras economías emergentes que son importantes receptoras de este tipo de inversión, como China o la India, donde la proporción de IED sobre el PIB fue del 1,2% y el 2%, respectivamente", agregó el reporte que lleva la firma de Alicia Bárcena, la directora ejecutiva de la Cepal.

Dentro de las operaciones de IED en Argentina, la Cepal destacó que "El volumen de fusiones y adquisiciones transfronterizas, en cambio, aumentó de forma sustancial al pasar de un total inferior a 200 millones de dólares en 2015 a 2.000 millones de dólares en 2016", des los cuales la compra del 68% Telecom Argentina por parte de Fintech Telecom LLC y la adquisición de Telefé por parte de la empresa estadounidense Viacom Inc. fueron las principales operaciones.

"El panorama de IED podría comenzar a arrojar resultados positivos si las inversiones anunciadas durante 2016 efectivamente se concretan. En 2016 se rompió la tendencia decreciente del número y monto de inversiones anunciadas que había comenzado en 2012 y se alcanzó un récord estimado en 12.000 millones de dólares. La industria automotriz, las centrales eléctricas, la producción de litio y las telecomunicaciones lideraron los anuncios con un 58% del monto total", recomendó Bárcena.

Varias de las inversiones están retrasadas por cuestiones administrativas, pero la macroeconomía y el marco fiscal también generan dudas: "Los fondos de inversión que invierten en economías como la nuestra participan del mercado de deuda y comprando empresas, esto es Argentina es prácticamente nulo", relató un empresario.

El impuesto a las ganancias de las empresas extranjeras que compren acciones, recientemente suspendido por seis meses por el ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, complica desalienta la recepción de fondos para la inversión en acciones.

"En Brasil creció la inversión en equity, pero acá falta confianza en la macro", explicaron.