lunes, 23 de abril de 2018

Triaca accede a que Carrefour despida empleados, baje salarios e indemnizaciones.



La cadena francesa de hipermercados logró convalidar con Cavalieri y Triaca un régimen de excepción para desprenderse de mil empleados ya, reducir las cargas laborales durante 18 meses e indemnizaciones por despido reducidas en los 18 siguientes. Sí,el ministro de trabajo que tiene empleados en negro y que no renunció ni fue removido de su cargo, firmó el acuerdo extorsivo con el titular del gremio de empleados de comercio.

Se cerró ayer (20.04.2018) el acuerdo entre Carrefour y el sindicato de Comercio en el marco del proceso preventivo de crisis. Contempla el retiro voluntario de mil trabajadores con indemnización “de hasta” el 150 por ciento, aunque el proceso preventivo de crisis va a continuar vigente hasta marzo de 2021. Hasta octubre de 2019 la empresa se compromete a no despedir personal, pero obtuvo a cambio una reducción del 50 por ciento en las cargas patronales. Desde noviembre de 2019 hasta marzo de 2021, Carrefour podría despedir gente pagándoles por debajo de la indemnización que corresponde, gracias a la vigencia del proceso preventivo de crisis. Los nuevos incrementos salariales se aplicarán sobre una base de cálculo menor al salario de bolsillo y se avala el cierre de locales. “Rechazamos el acuerdo. Desde mañana (por hoy) comienzan las medidas de fuerza”, advirtieron desde la oposición al líder del gremio de Comercio, Armando Cavalieri.

Luego de 15 días, Carrefour logró cerrar el acuerdo para llevar adelante su plan de ajuste. Fue una jugada exitosa para la multinacional francesa, cuarta empleadora en el país con 19 mil empleados, que despertó en el sector privado un faro de atracción ante la posibilidad del achicamiento al menor costo posible, en un contexto económico delicado.

“El acuerdo preventivo de crisis tendrá vigencia hasta marzo de 2021”, comienza el texto. El segundo punto alude a la “adecuación salarial”. Los trabajadores de Carrefour tendrás sus recibos de sueldo divididos en la categoría “básico convenio colectivo” y la diferencia entre éste monto (que está entre el 10 y el 15 por ciento del sueldo según fuentes sindicales) y el salario de bolsillo se denominará “adicional empresa”, que consiste en los acuerdos que a lo largo de los años los trabajadores lograron con la empresa y que forma parte integral del salario percibido.

El acuerdo firmado ayer contempla que las actuales paritarias del sector (firmadas por el 15 por ciento) se apliquen sólo a la categoría básica de convenio, mientras que la suba en los adicionales tendrán un tope de 3480 pesos. Pero, además, desde 2019 hasta 2021 las subas salariales se aplicarán sólo sobre el básico de convenio, lo cual excluye de las paritarias una parte del actual sueldo de bolsillo de los trabajadores de Carrefour.

El tercer apartado del acuerdo consiste en los mil retiros voluntarios con una indemnización “de hasta” el 150 por ciento, es decir que la empresa no se ve obligada a ofrecer ese porcentaje sino que podría hacerlo por una suma menor. También se establece un adicional de cobertura médica de 18 meses para las trabajadoras embarazadas que renuncien, de 12 meses para las parejas que trabajen en la empresa y decidan irse y una moratoria de hasta dos años para los que se encuentren a dos años de jubilarse.

Mientras la empresa “podría” pagar hasta el 150 por ciento, se asegura una fuerte baja en sus costos: “se acuerda por un plazo de 18 meses (...) la exclusión del 50 por ciento de las contribuciones previsionales patronales sobre el total de las remuneraciones de todo el personal integrante de la nómina de la empresa”. Es decir, el Estado pondrá recursos para que Carrefour no despida a trabajadores durante esos 18 meses y que eventualmente pague indemnizaciones por encima del 100 por ciento.

Remí Betieh (Carrefour), Jorge Triaca (ministro) y Armando Cavalieri (Comercio). El precedente necesario para blanquear, bajo extorsión, los salarios.

“Si la empresa decide el cierre de una o más tiendas, deberá comunicarlo a la Asociación Gremial y al Ministerio de Trabajo con 30 días de antelación”, dice el acuerdo en relación al cierre de sucursales. Aclara que “para aquellos trabajadores que decidieran mantener la relación laboral, la empresa ofrecerá reubicarlos en las sucursales que la misma posea. En todos los casos verificará la posibilidad de asignarlos a sucursales cercanas a sus domicilios”. Este es uno de los puntos que más irritó a los delegados de base, porque se especulaba que el acuerdo incluiría la obligación de mantener los establecimientos abiertos.

El acuerdo advierte que “las partes se comprometen a mantener la paz social en el seno de la empresa, comprometiéndose a recurrir a las vías directas de diálogo, información y concertación para el tratamiento de cualquier situación de conflicto que pudiera existir o avecinarse”. Habrá que ver en qué medida las protestas de trabajadores de Carrefour previstas para hoy (ver recuadro) pueden entrar en contradicción con la “paz social”.

Carrefour obtuvo de manera express una herramienta formalmente negociada para llevar adelante su plan de achique en el país. Si bien la empresa arrastra problemas particulares, el resto del sector del supermercadismo también dice estar en crisis, con lo cual este acuerdo será visto como una posibilidad para descargar la caída de la rentabilidad sobre el Estado (vía reducción de las cargas patronales) y sobre los trabajadores.

domingo, 22 de abril de 2018

Natalia Villa, la diputada PRO que celebra a una vieja de 96 años que sigue trabajando.


El depto. de marketing PRO comandado por el Jefe de Gabinete Marcos Peña sigue, incólume, con su calendario de timbreos. Así de "autista", al igual que el calendario de informes en el Congreso (hecho para las cámaras), el calendario de timbreos no registra humores, tarifazos, represiones, despidos, corrupción y todo el resto de infortunios políticos del propio staff. En realidad sí. El maquillaje, la sobreactuación, la falacia y el márketing sobre el monopolio mediático permite a este grupo de gente que tomó el poder del Estado argentino ganar tiempo en sus quehaceres.

Ayer (21.04.2018) montaron otro triste flash publicitario con un timbreo en zona norte del Gran Buenos Aires. En ese marco, la diputada PRO Natalia Villa twiteó esto:


Ideología PRO en los dedos de un personaje inculto y engreído (cree en su propia positividad): la diputada Natalia Villa festeja que la señora trabaje a los 96 años. ¡Claro! Saldrá a decir que la actividad mantiene viva a la gente, vivos a los viejos... pero tampoco... la chica esta celebró "la cultura del trabajo"... y así le fue. No sólo recibió rechazos públicos sino que borró su propio tweet:




































sábado, 21 de abril de 2018

Macrilandia: Caputo, Cuccioli y Sturzenegger lograron ganarle a la inflación con colocaciones en el extranjero.


Tener dinero en el exterior es legal. El delito es no declararlo o aprovechar sociedades offshore declaradas para evadir. Pero hay polémica en la sociedad argentina sobre las inversiones de funcionarios en el exterior, aunque sean en blanco.

Manifiestan la falta de confianza en el país que ellos gobiernan, como lo admitió Juan José Aranguren. Su patrimonio en el exterior creció 25% en 2016, primer año de gobierno de Macri y último dato disponible. En realidad, se redujo en términos reales, dado que en 2016 la inflación fue del 38%.

Los patrimonios de otros funcionarios en el extranjero se expandieron por encima de la inflación: Luis Caputo, un 1.171%; Leandro Cuccioli, un 84% y Federico Sturzenegger, un 58,1%.

viernes, 20 de abril de 2018

Guillermo Moreno le explica a Fantino.

Marcha de Velas contra otro tarifazo PRO.


El peso de las boletas de luz y gas sobre los ingresos laborales del conjunto de los trabajadores se multiplicó siete veces desde la llegada de Cambiemos a la Casa Rosada. Estimaciones realizadas por los investigadores del Cifra-CTA evidencian que las tarifas se llevan el 14,5 por ciento del total de los salarios. Previo al recambio presidencial esa relación era de apenas 2,7 por ciento. Entre diciembre de 2015 y abril de 2018, las tarifas de gas natural para el área metropolitana de Buenos Aires registraron incrementos entre 400 y 920 por ciento. En ese mismo período las tarifas de Edenor y Edesur registraron subas que oscilaron entre 800 y 2300 por ciento.

“Si el objetivo era reducir el déficit fiscal con la quita de subsidios, lo que se ve es que lejos de encontrar una solución agrandó su problema. Sacaron impuestos a sectores de altos ingresos, como es el caso de las retenciones, y se reemplaza el gasto en subsidios por el pago de intereses de la deuda”, apuntó Pablo Manzanelli del Cifra-CTA. “Las políticas implementadas iban a redundar en un incremento de la producción de hidrocarburos pero el resultado fue el opuesto ya que en 2017 cayó la producción tanto de petróleo como de gas. El resultado real es la consumación de una transferencia de ingresos en detrimento de los trabajadores, que deben destinar una mayor parte de su ingresos al pago de servicios públicos”, consideró el investigador.


La estimación realizada por el equipo del Cifra contempló los servicios residenciales de electricidad y gas natural, sin considerar los aumentos de agua. Por eso, se trata de una evaluación de “mínima”. Las tarifas utilizadas corresponden a los servicios en los partidos del conurbano bonaerense, para consumos “moderados” (R3 1 en el caso de gas y R3 en el de electricidad). En el caso del gas, los mayores aumentos se registraron para los segmentos más bajos. La factura mensual de consumo moderado R3 escaló des 158 a 1234 pesos, es decir aumentó 681 por ciento. Con esa escalada el peso del pago de servicios del gas natural se incrementó del 1,0 al 4,2 por ciento sobre el salario registrado del sector privado, en tanto que pasó del 2,1 al 8,3 por ciento del ingreso laboral del conjunto de los ocupados.


En la electricidad los mayores aumentos también se registraron entre los consumos más bajos (R1 a R5). Para el segmento utilizado por Cifra (R3) la factura mensual tipo creció de 49 a 922 pesos, un aumento del 1781 por ciento. De esa manera, el peso del pago de servicios de electricidad se incrementó del 0,3 al 3,2 por ciento sobre el salario registrado del sector privado y del 0,6 al 6,2 por ciento sobre el ingreso laboral del total de los ocupados.

A nivel agregado, el equipo de investigadores compuesto por Mariano Barrera, María José Castells, Ana Laura Fernández, Mariana González y Manzanelli estimó que, la suma de los aumentos en gas y electricidad, pasó de representar el 1,4 al 7,4 por ciento del salario promedio de los trabajadores registrados del sector privado y del 2,7 al 14,5 por ciento de los ingresos laborales del conjunto de los ocupados entre fines de 2015 y abril de 2018.

Tomás Lukin, Página 12.

jueves, 19 de abril de 2018

Zaffaroni: "Hay un proceso regresivo de la democracia".


El ex juez de la Corte Suprema y actual juez de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Raúl Zaffaroni, advirtió que en la región se está dando un proceso de “agresión a la democracia”, que responde a los vínculos entre el poder judicial y el financiero, y que tiene su correlato en la “dominación del poder transnacional” en el mundo. En el marco de la detención del ex presidente brasileño Lula Da Silva en una causa sin pruebas ni sentencia firme, Zaffaroni alertó que en América Latina “se manipulan los medios de comunicación concentrados en combinación con segmentos de la Justicia” como arma política, lo que en derecho lleva el nombre de “lawfare”.

Al evitar hacer declaraciones que impugnen su voto en una potencial apelación de Lula en la Corte Interamericana de la que forma parte, Zaffaroni evaluó que “estamos en un proceso regresivo de la democracia y los derechos humanos en la región". Para explicar el fenómeno, que se funda en una “relación intrínseca” entre poder judicial y los medios de comunicación, apeló a la figura del “totalitarismo corporativo financiero sin contención”.

“El lugar de la política lo ocupan en gran medida las corporaciones transnacionales, no solo en la región sino en el mundo”, amplió en diálogo con FM La Patriada.

En ese sentido, se refirió a la situación en materia de derechos humanos en Argentina, donde “se ve claramente esa manifestación regresiva”. “Lo vemos cuando impunemente funcionarios que tienen a su cargo las fuerzas de seguridad dicen que matar por la espalda es un detalle”, señaló en referencia a la doctrina de seguridad que pregona el gobierno de Macri y que impuso tras la defensa al policía Luis Chocobar, quien baleó por la espalda a un joven de 18 años en Avellaneda.


En otro pasaje de la entrevista, se refirió a la supuesta lucha contra la corrupción que encabezan algunos jueces. “La corrupción pareciera ser solo del Estado, sobre todo cuando está en manos de los populistas y entonces dicen que hay que achicarlo, lo que garantiza no solo la impunidad de una corrupción sistémica mucho mayor sino también la virginidad moral del no estado”, completó el juez de la CIDH. En contraposición, agregó que los casos de privados no corren la misma suerte porque “quien está más cerca del poder es más impune y hoy éste está del lado del poder trasnacional”.

Al ser consultado sobre las sociedades offshore, que según algunos funcionarios locales no revisten “un delito” y son más bien “cajas de seguridad”, Zaffaroni aseguró que aún no se lo define como tal porque “el poder no lo quiere”. “Tenemos refugios fiscales pero todos sabemos que va la gran corrupción y la gran evasión fiscal. Es un instrumento de blanqueo de dinero o bien de evasión. Desde el punto de vista estructural, este totalitarismo corporativo transnacional comete macroestafas. Que no esté criminalizado es una cosa, pero que no sea delito tengo mis dudas. No está criminalizado porque es un delito del poder”, subrayó.

Zaffaroni también sentó su posición respecto al debate por la legalización del aborto. El ex juez de la Corte Suprema, destacó que “hay que sacarlo de la clandestinidad para poder prevenirlo y así por extensión prevenir la muerte de mujeres que no tienen acceso”. Si bien se sumó a las críticas contra el Gobierno por considerar que permitió la discusión “para desviar la atención de los problemas económicos”, celebró el debate y resaltó que “ hay que hacer una política de reducción de daños y no se puede llevar a cabo si mantenemos el aborto en la clandestinidad”.