Entre las constantes disputas entre los miembros del equipo económico, sólo una variable pareciera contenerlos. Se trata del ocultamiento de sus patrimonios y justificación en las guaridas fiscales, comportamiento que en otros países obliga a los funcionarios a renunciar. Desde el presidente Mauricio Macri hasta el único renunciante Valentín Díaz Gilligan, pasando por Juan José Aranguren, Luis Caputo, Claudio Avruj, Nicolás Dujovne, los intendentes Néstor Grindetti y Jorge Macri y hasta el encargado de la recaudación impositiva, Leandro Cuccioli, aparecieron en filtraciones que denuncian su vinculación con firmas creadas para eludir impuestos.
Ante la evidencia que les imposibilitaba sus primeros intentos de negar su posesión o declarar su falta de actividad, la excusa adoptada fue afirmar que dichas tenencias no son ilegales, lo cual es rebatido por el ex inspector de la Inspección General de Justicia, Ricardo Nissen, quien sostuvo que la Resolución General nº 2/2005 prohibió directamente la inscripción de sociedades en el extranjero que carecieran de legitimación para actuar en el territorio de su creación, lo cual fue ratificado por los artículos 19 y 124 de la Ley 19.550, los artículos 333 a 337 del Código Civil y Comercial, y la Resolución General Nº 7/2015, en su artículo 218.
El solo hecho de radicar y mantener sus tenencias en el exterior exhibe otra faceta no menos perjudicial para la economía, como lo es la incidencia en una de las mayores debilidades de las cuentas nacionales, la denominada “fuga de divisas” y su consecuente vinculación con la baja inversión y/o la restricción externa en el marco de una industria demandante de dólares. Algo no menor, si se tiene en cuenta que gran parte de los funcionarios del actual gobierno son titulares o ex altos gerentes de importantes compañías, lo que demuestra que la fuga es una práctica común en la que incurren las grandes empresas y hombres de negocios en la Argentina.
De hecho, el concepto de “fuga de divisas” fue originalmente concebido solo como el envío ilegal y no declarado de capitales al exterior, pero pasó a incluir en la última década toda “formación de activos externos”, es decir la totalidad de operaciones de transferencia de divisas. Esta concepción, tiene que ver con el similar efecto que produce para la economía la salida de capitales, ya que tanto si se realiza de forma legal, bajo apariencia legal, o directamente de forma ilegal, el envío al exterior de divisas provoca falta de crédito y/o inversión, dificultades para saldar el endeudamiento externo, menor recaudación impositiva, mayor complejidad para fijar el tipo de cambio según las necesidades de la economía, y, eventualmente, desestabilización económica y política.
En Argentina abundaron cualquiera de las diferentes formas de fugar capital a partir de la última dictadura cívico-militar de 1976, cuyo modelo fue profundizado por los gobiernos menemistas y de la primera Alianza. Según se desprende de las cifras elaboradas por los investigadores Eduardo Basualdo y Matías Kulfas, hasta 1975 el stock de capitales en el exterior se ubicaba por debajo de los 20.000 millones de dólares, para llegar a los 140.000 millones en 2001. Instalado como fenómenos estructural, el proceso no se detuvo y alcanzó los 205.000 millones en 2012, con picos en 2008 y 2011, es decir bajo el conflicto con las patronales agrarias y durante la reelección de Cristina Kirchner. Sin embargo, el centro Cefid-Ar, que utiliza el denominado “método residual”, el cual permite abarcar series de tiempo largas a través de la utilización de los datos del Balance de Pagos, ubica que para 2014 el stock de activos externos en el exterior superaba los 400 mil millones. Por eso, la discusión que intenta instalar el gobierno sobre la legalidad o no de mantener sus tenencias en guaridas fiscales, ensombrece otra no menos importante, como el daño que sus funcionarios le generaron a la economía nacional con su fuga de capitales.
Julián Blejmar
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