martes, 24 de abril de 2018

El Gran Buenos Aires que no paga la tarifa de agua.


Más allá de las comprobaciones que indican que la polémica quita de subsidios no justifican ni se relacionan con los exorbitantes aumentos en las tarifas de servicios públicos y de no pocos llamados a la rebelión de impago, existe una realidad que se traduce en el "no pago de facto".

La mayoría de los usuarios de Aysa de los partidos del conurbano bonaerense más castigados por la política económica no pagan la factura. El nivel de cobrabilidad en esos sectores sociales es muy bajo. La empresa de agua y cloacas había proyectado una recaudación de 320 millones de pesos para esos distritos el año pasado y solo pudo recolectar 89 millones. Los datos son oficiales. Aparecen en un documento del ente regulador del servicio, Eras, entregado a la Sindicatura de Usuarios que actúa en representación de los clientes. Los partidos involucrados son Florencio Varela, Escobar, Merlo, Moreno, Malvinas Argentinas, Presidente Perón, Ituzaingó y San Miguel. Aturdidos por los tarifazos, la alta inflación y la pérdida de capacidad de compra de los salarios, los habitantes de esos barrios pagan en conjunto apenas el 28 por ciento de lo que deberían según las boletas que remite la empresa. Un amplio 72 por ciento figura en calidad de morosos. Aysa es una compañía del Estado nacional que no puede interrumpir la provisión de un servicio esencial para la vida. Sin embargo, las distribuidoras eléctricas y de gas sí tienen esa potestad frente a incumplimientos de pago de los usuarios. Entidades de consumidores aseguran que registran cada vez más reclamos de los ciudadanos por esta situación: como se atrasan o no pueden afrontar los incrementos de tarifas, sufren el corte de los servicios y las penalidades asociadas para restablecerlos. La única solución a su alcance es consumir menos electricidad y gas o restringir otros gastos, en una amarga decisión entre ser pobres energéticos o pobres de otros bienes y servicios. Las facturas impagables se extienden como mancha de aceite por todo el país. Son síntomas de una realidad que no conmueve al Gobierno, preocupado como está en demostrar al FMI y a los mercados internacionales que la prioridad es cumplir la meta de ajuste fiscal, aun a costa del bienestar básico de millones de argentinos.

“Las tarifas y los servicios públicos tienen un costo y ese costo por supuesto que hay que pagarlo”, definió ayer el ministro del Interior, Rogelio Frigerio, ratificando aquella disyuntiva que impone el Gobierno a amplios sectores de la ciudadanía entre usar los fondos disponibles para saldar las boletas de luz, gas, agua, transporte y peajes cada vez más caras o destinarlos a otras necesidades. Al que no le alcance que no consuma, es la conclusión que se busca imponer en la batalla cultural, como ya dijo alguna vez el ministro de Energía, Juan José Aranguren, o el actual presidente del Banco Nación, Javier González Fraga, quien sostuvo que era una ilusión que “le habían hecho creer a sectores medios que con salarios medios” podían comprarse un celular, un plasma o irse de vacaciones.

Jubilados que ganan 8000 pesos reciben facturas de servicios públicos que agotan la mitad o más de esos haberes. Situaciones similares se repiten en cada vez más hogares de ingresos medios y bajos. Mientras esos sectores deben ajustarse al máximo por el recorte de subsidios estatales, al Gobierno no se le cruza como alternativa buscar otras fuentes de recaudación que permitan achicar el déficit fiscal. Descarta, por ejemplo, cobrarles retenciones a las exportaciones a las grandes explotaciones rurales, a los terratenientes que administran miles de hectáreas de soja, a las mineras o a la industria concentrada. Por el contrario, a los sectores más pudientes les baja la carga tributaria, como la alícuota del impuesto a los Bienes Personales o los impuestos internos a los autos de lujo. El escándalo de los tarifazos lo que deja en evidencia es el carácter profundamente redistributivo de la política económica: a las mayorías populares se les exige sacrificio y resignación, que pasen frío, calor o que caminen, mientras a las empresas privatizadas, a la banca y a los agronegocios se los premia con rebajas de impuestos y libertad absoluta para dolarizar excedentes y fugarlos del país. La quita de retenciones representa más de 100 mil millones de pesos al año, a lo que se agregan las rebajas adicionales que se están produciendo en este mismo momento a las exportaciones de soja, a razón de 0,5 puntos por mes hasta finales de 2019. La caída de retenciones será entonces del 35 por ciento que había en 2015 al 18 por ciento. La fuga de capitales neta desde diciembre de 2015 a la fecha fue de 41 mil millones de dólares, de acuerdo a los últimos datos del Banco Central. Son cifras que ilustran sobre la magnitud de la transferencia de ingresos que está produciendo un gobierno de ricos para ricos. ¿Si hay tanta necesidad fiscal, por qué ceder recaudación bajando impuestos a los favorecidos del modelo económico?

Florencio Varela, Escobar, Merlo, Moreno, Malvinas Argentinas, Presidente Perón, Ituzaingó y San Miguel fueron incorporados por Aysa a lo largo del último año, en una decisión que celebró la Sindicatura de Usuarios por el mal servicio que prestaba antes Aguas Bonaerenses, y además más caro. A pesar de que el gobierno nacional comprobó en el último año que sólo una minoría de esos usuarios paga sus facturas a Aysa, todos esos partidos perderán, al igual que el resto de las localidades atendidas por la empresa estatal, los denominados subsidios zonales. Este beneficio atendía justamente la situación de vulnerabilidad social que atraviesan millones de personas de esos distritos con recortes adicionales en las tarifas. El Gobierno estableció la eliminación de este subsidio a razón de un 6,25 por ciento bimestral hasta su desaparición definitiva en enero de 2019. Esto significa sencillamente que los más carenciados sufrirán aumentos de tarifas superiores al resto de los usuarios. La compensación para este recorte es una ampliación a todas luces insuficiente de la cobertura de la tarifa social, para llevarla de los 35 mil usuarios que había en diciembre de 2015 a 375 mil a fines de este año. Mientras millones van a pagar más, un grupo restringido tendrá el paliativo de la tarifa social. En 2015 eran pocos los que la solicitaban porque la tarifa general con subsidios era barata para todos, lo cual actuaba como un ancla contra la inflación y potenciaba la competitividad productiva.

Respecto de la tarifa social, las entidades de consumidores que forman parte de la Sindicatura de Usuarios de Aysa reclaman que su aplicación sea automática a todos los clientes que ya la están recibiendo en los servicios de electricidad y gas. El Gobierno, en lugar de ello, tiene un criterio más restrictivo para la cobertura de la tarifa social en la empresa de agua y cloacas del Estado que el que utiliza para las distribuidoras de luz y gas. Una discriminación adicional es que mientras el Tesoro aporta los fondos para cubrir los costos de la tarifa social en estos últimos servicios, en el caso de Aysa se niega a aportar el dinero y exige que los recursos sean integrados por el resto de los usuarios de la compañía. “Aysa manifiesta que la tarifa social operó durante 2017 como un subsidio cruzado entre los usuarios, financiados con recursos de la concesionaria. Ergo, con recursos que aportan los usuarios, porque el Estado nacional no cumplió con su compromiso de integrar el dinero y parece que ha desistido definitivamente de hacerlo”, reprochan las entidades de consumidores en su dictamen al Eras.

Otra objeción de la Sindicatura de Usuarios es que el Estado decidió endeudar a Aysa en 500 millones de dólares para financiar obras. Esa deuda se colocó en enero a un plazo de cinco años con una tasa de interés del 6,6 por ciento anual. La amortización de los intereses y del capital deberá ser realizada por la empresa, no por el Gobierno. Es decir, los usuarios de Aysa tendrán que soportar futuros aumentos de tarifas para cancelar los pasivos. “Esta deuda obligará a Aysa a realizar previsiones presupuestarias hasta amortizar la totalidad del capital suscripto, por lo que deberá ajustar en forma permanente sus tarifas en desmedro de la economía de los usuarios”, denuncia la Sindicatura. “La experiencia demuestra que no pueden sostenerse inversiones de ampliación de redes con los recursos de la tarifa. Ese modelo ya fracasó en nuestro país cuando se implementó con Aguas Argentinas, Azurix y Aguas de Santa Fe”, alertan. Es el mismo modelo de los ‘90, que luego de someter a los usuarios durante años terminó haciendo agua. La restauración neoliberal de Cambiemos, lejos de reconocer los traumas de aquella experiencia, parece decidida a transitar el mismo camino. Hasta que haga agua.

David Cufré, Página 12.

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