viernes, 23 de junio de 2017

Meirelles entregó pruebas de las coimas de Odebrecht a Arribas.


El cambista brasileño Leonardo Meirelles, uno de los arrepentidos de la megacausa de corrupción conocida como Operación Lava Jato, entregó a la Justicia de su país las copias de las transferencias bancarias que hizo para el actual jefe de la ex SIDE, Gustavo Arribas, por un total de US$ 850.000.

Meirelles aportó esa documentación sobre Arribas y copias de las 4000 transferencias que completó durante años para Odebrecht, según confirmaron fuentes tribunalicias brasileñas al diario La Nación.

El jefe de los espías siempre negó cualquier vínculo con Odebrecht o con el Lava Jato. La Justicia lo sobreseyó “sin esperar las respuestas a los exhortos que el propio magistrado había ordenado a Brasil y Suiza ni otras medidas de prueba”, indicó el matutino. Finalmente, el fiscal general ante la Cámara Federal porteña, Germán Moldes, desistió sorpresivamente de mantener la apelación, por lo que se dictó su sobreseimiento.

Meirelles declaró ante la Justicia argentina por videoconferencia que los giros correspondieron al pago de “coimas” provenientes de las constructoras Odebrecht u OAS. El periodista Hugo Alconada Mon reprodujo el siguiente diálogo que se dio con los fiscales argentinos:

“¿En carácter de qué se le hacían esospagamentos a Arribas?”, le preguntaron. “Puedo asegurar una cosa con absoluta y cristalina verdad -replicó Meirelles- y es que todos los pagos que mis empresas realizaron en el exterior y los cobros que percibí de mis empresas allá en el exterior son pagos de soborno de alguna obra”.

Los fiscales Rodríguez y Delgado le consultaron entonces si alguno de los giros que completó por orden de Youssef podía tener un origen lícito. “Mis empresas no efectuaron ningún pago en el exterior para otra cosa que no fuera soborno a alguien del país de origen -replicó Meirelles-. Ninguno, sin excepción.”

Las transferencias a Arribas comenzaron en septiembre de 2013, es decir, un día después de que le adjudicaron el contrato para el soterramiento del tren Sarmiento al consorcio integrado por Odebrecht e Iecsa, de Angelo Calcaterra, primo del entonces jefe de Gobierno porteño y actual Presidente, según la denuncia.



El jefe de los espías es intimo amigo del mandatario a tal punto que Macri le alquiló su departamento del edificio de Avenida Libertador y Cavia.

En pleno escándalo, Macri salió a realizar una fuerte defensa de su amigo Arribas y llegó a sostener que la acusación “es un cuento”.

“No entiendo cómo se relaciona a Arribas con Odebrecht. Eso todavía no lo entendí. Y mucho menos como se relaciona a Arribas con el soterramiento del Sarmiento, que estuvo parado, no hubo reactivación”, afirmaba el Presidente en conferencia de prensa realizada el 17 de enero de este año (2017). “Es un cuento que parecía muy atractivo, pero la verdad que no entiendo dónde está el tema, le doy vueltas y no entiendo dónde está el tema”.


La Nación publica el 19 de junio (2017) que "Marcelo Odebrecht, delator premiado y máximo responsable de las coimas que durante años pagó su empresa en Brasil y en muchos otros países, confesó que el proyecto para el soterramiento del tren Sarmiento, en la Argentina, incluyó el desembolso de sobornos millonarios, según surge de documentos todavía secretos de la investigación Lava Jato a los que accedió LA NACION. Habrían abonado unos US$ 20 millones".

Hace unos meses nos preguntábamos aquí si los 20 millones de dólares eran para Macri. Marcelo Odebrecht no aportó (aún) los nombres de quienes recibieron esos pagos ilegales en la Argentina, y tampoco los montos. Aclaró a sus interrogadores que él "delegaba mucho" cuando se trataba de operaciones en el exterior. Pero otros ejecutivos de la compañía que también se acogieron al régimen de delación premiada aportaron algunas piezas faltantes del rompecabezas hasta redondear una cifra cercana a US$ 20 millones para quedarse con el contrato para soterrar el Sarmiento.

Para disputar el proyecto del soterramiento del Sarmiento, la constructora brasileña conformó un consorcio con otras tres empresas -la argentina Iecsa, la italiana Ghella y la española Comsa. Odebrecht lidió con tres equipos de interlocutores distintos al operar con Iecsa. Porque la constructora funcionó hasta 2007 bajo el control de Franco Macri y desde entonces quedó en manos de su sobrino, Ángelo Calcaterra, primo del por entonces flamante jefe de gobierno porteño Mauricio Macri. Recién a partir de marzo 2017, ya con Macri como presidente y con el capítulo local del Lava Jato en ciernes, Iecsa cambió otra vez de dueño hacia la titularidad de Marcelo Mindlin.

ARRIBAS SOBRESEÍDO

Con la velocidad del rayo, la justicia argentina (famosa por su lentitud), sólo tres días después de hecha pública la confesión de Meirelles, la Cámara de Casación, integrada por Juan Carlos Gemignani, Eduardo Riggi y Angela Ledesma rechazó la reapertura de la causa contra el titular de la Agencia Federal de Inteligencia, Gustavo Arribas. Los jueces se escudaron en razones formales para desestimar la investigación del inquilino del presidente Mauricio Macri .

A pesar de que Leonardo Meirelles, el operador financiero de Odebrecht, condenado por la justicia brasileña en la megacausa conocida como Lava Jato, declaró por videoconferencia ante los fiscales Federico Delgado y Sergio Rodríguez “estar seguro de que Arribas recibió el dinero" y de haberle hecho "unas diez transferencias por 850 mil dólares a Suiza”, la Cámara de Casación confirmó el sobreseimiento dictado por el juez Rodolfo Canicoba Corral, quien tomó la resolución sin esperar la declaración del “cuevero” ni avanzar en la obtención de documentación sobre las transferencias a un banco de Zurich. Según pudo saber PáginaI12 la Procuración de Investigaciones Administrativas (PIA) está analizando presentar un recurso extraordinario ante la Corte Suprema.

La decisión de la Cámara de Casación se limitó a la formalidad para rechazar por "inadmisible" el recurso presentado por la PIA, que encabeza Rodríguez. Casación sostuvo que Arribas no era funcionario público al momento de recibir las transferencias y la PIA "ha sido creada a efectos de intervenir expresamente en aquellos hechos en los que el protagonismo central está asignado a funcionarios públicos". En su presentación, dos días antes de la declaración de Meirelles ante los fiscales, la PIA había advertido que el de Arribas es parte de "un caso de corrupción que involucra a funcionarios públicos nacionales en la adjudicación de una obra pública".

Canicoba Corral fue quien habilitó en primera instancia el sobreseimiento express para Arribas. En su dictamen de marzo, el juez federal se había aferrado a dos informes presentados por la Unidad de Información Financiera (UIF), que depende del Ministerio de Hacienda, y el Banco Central. El análisis de la UIF resaltaba la inocencia de Arribas, negaba operaciones sospechosas y lavado de dinero y reconocía sólo una transferencia de 70 mil dólares, la única que admitió el titular de la Agencia Federal de Inteligencia públicamente.

En tanto, el informe del Banco Central fue duramente cuestionado por el senador Fernando "Pino" Solanas y su asesor legislativo Alejandro Olmos Gaona, quienes advirtieron ante el fiscal Delgado sobre la maniobra de la entidad monetaria conducida por Federico Sturzenegger para encubrir las transferencias. Solanas denunció que Sturzenegger no respetó las normativas del BCRA y desvió los oficios del juez federal para que no llegaran a las dos oficinas que se encargan de responder en causas por lavado de dinero y transferencias sospechosas. Tras esa maniobra, en 5 días, se entregó una respuesta que avalaba la versión de Arribas.

A su turno, Delgado ratificó el rechazo al cierre de la causa por "falta de acción", algo que ya había hecho ante la presentación de la defensa de Arribas —liderada por el estudio Alejandro Pérez Chada, quien defendió a Macri en la causa por escuchas ilegales—, al sostener que Canicoba Corral agraviaba el rol de la fiscalía por dictar el sobreseimiento "sin una investigación seria que respalde esa decisión".

El fiscal sostuvo en su dictamen que el juez "edificó la resolución en base de premisas falsas" y que de ellas surgió "una decisión nula porque no tiene relación con la realidad, con la pobre base material del expediente". Entre algunos puntos de aquella apelación, Delgado resaltó:

Que no se habían reunido pruebas para probar las transferencias denunciadas en la nota publicada por La Nación, que llevó a la diputada Elisa Carrió a promover la causa.

Que el juez, que conservó la dirección de la investigación, ante la falta de respuesta a los exhortos enviados a Suiza y Brasil no pidió más precisiones y preguntó: "¿Se preocupó para que Cancillería aplique el modelo que tan buen resultado le dio en el caso "Baez"? Además, Delgado indicó que Canicoba tampoco libró exhortos a Estados Unidos y Hong Kong para obtener información sobre las transferencias.

"Tampoco quiso escuchar a los arrepentidos brasileños", subraya el fiscal en su apelación. Y agrega que la "la prueba más fuerte que utilizó el Señor juez para sobreseer" fue el informe del Banco Central, que "quedó resentido tras la presentación de Fernando 'Pino' Solanas".

Ese dictamen de Delgado fue presentado ante la Cámara Federal de Apelaciones porteña. En esa instancia, el fiscal ante la cámara, Germán Moldes, dejó vencer el plazo para impulsar la presentación y dejó caer la causa, sin dar aviso a la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA). Moldes desistió una semana antes de que se llevara adelante la declaración de Meirelles y Alberto Youssef —el financista jefe de Meirelles— ante Delgado y Rodríguez, en el marco de las causas abiertas en la Justicia argentina por los coimas de Odebrecht.

"¿Está seguro de que él (por Arribas) recibía el dinero?", fue la pregunta del fiscal Delgado a Meirelles. "Sí, estoy seguro. No hay forma de que no haya recibido la plata", fue la respuesta del cuevero. Dos días antes de esta declaración, el titular de la PIA había presentado el recurso ante la Cámara de Casación para evitar el cierre de la causa contra Arribas.

Con la declaración de Meirelles, sumado a la información que puede aportar el fin del secreto de las declaraciones de los 77 ejecutivos que se sometieron a la "delación premiada" en Brasil, el clima parecía de reapertura de la causa. El acceso a esa información fue el eje de los convenios firmados la semana pasada entre la Procuración General de la Argentina y Brasil para sortear las limitaciones que surgen de los marcos jurídicos de ambos países e impiden a los fiscales brasileños entregar información que resulte en la apertura de causas judiciales contra los ejecutivos en los tribunales argentinos.

Sin embargo, la decisión de la sala III de la Cámara de Casación —redactada por Juan Carlos Gemignani y acompañada por Eduardo Riggi y Angela Ledesma— se limitó a la formalidad para dejar cerrada la causa contra el Señor 5: "Conforme las constancias obrantes en autos, el encausado a la fecha de los hechos materia de investigación no había asumido función alguna en el ámbito de la administración pública", indica el fallo.

Y advierte que "más allá de las genéricas referencias que pudieran constar en la causa, no se advierte, en concreto, que se haya dirigido imputación formal de delito contra un agente público". En ese tono, le recuerda al fiscal Rodríguez que la PIA "ha sido creada a efectos de intervenir expresamente en aquellos hechos en los que el protagonismo central está asignado a funcionarios públicos".

En su presentación, la PIA no sólo había coincidido con Delgado en calificar de "apresurada" y "prematura" la decisión de Canicoba Corral sino justificado la incidencia de la investigación respecto de la función pública: "Incluye determinar si las transferencias que recibió Arribas podrían ser parte de una intermediación en el pago de sobornos por la obra del Soterramiento del Ferrocarril Sarmiento, adjudicada durante el Gobierno de Cristina Kirchner a una UTE integrada por las empresas Odebrecht del Brasilero Marcelo Odebrecht, IECSA, actualmente de Marcelo Midlin, y en esa época de Angelo Calcaterra y la Italiana Gella. Es decir, un caso de corrupción que involucra a funcionarios públicos nacionales en la adjudicación de una obra pública".

No hay comentarios:

Publicar un comentario