El gobierno PRO de Macri insiste en la búsqueda de bajar los salarios.

LA. ILUSIÓN EMPRESARIA

- Matías Cremonte -

Presidente de la Asociación de Abogados Laboralistas.

Pensando como un empresario, el presidente Mauricio Macri vuelve a cargar las tintas sobre los costos laborales. Concretamente, plantea la reducción de los salarios reales -por vía de la inflación– y la eliminación de algunas condiciones laborales –“revisando” los convenios colectivos–, para así incrementar la rentabilidad de las empresas.

La mayoría de sus propuestas son directamente ilegales, y contradicen garantías constitucionales. Pero pasando por alto esa barrera legal, vale la pena recordar que las políticas de salarios dignos nacieron en el mundo justamente para enfrentar las crisis económicas. En Estados Unidos en los años 30, en Argentina una década más tarde.

En aquellos años, los empresarios que se oponían a esas políticas, planteaban que la única salida a la crisis era la rebaja general de salarios, en tanto así retornarían al sistema productivo los capitales fugados o inactivos. Keynes les respondía que sólo era posible afirmar eso pensando –erróneamente– que se mantendrían las mismas condiciones de mercado, pero que obviamente ante una rebaja general de salarios se reduciría el consumo y se retraería la demanda, modificando las condiciones que llevaban a sostener tal medida como una solución general. Más aún, ello precipitaría su propia quiebra.

El mecanismo para uniformar los salarios son los convenios colectivos de trabajo, ahora atacados por el presidente Macri por obsoletos. La negociación colectiva por actividad es una característica particular de nuestro país, conseguida y defendida por el movimiento obrero.

Desde hace más de una década, los convenios colectivos se revisan cada año en Argentina, porque esa es la vigencia de los acuerdos salariales. En su negociación intervienen los sindicatos y los empresarios en forma directa, y el rol del Estado se limita a controlar, una vez firmados, si se violentó alguna norma laboral. Es decir, se ocupa de que en esa negociación no se hayan perforado pisos mínimos en perjuicio de los trabajadores.

Las declaraciones del Presidente entonces lo que pretenden es dejar ese rol mediador del Estado e inclinar la balanza para el lado del más poderoso.

Una discusión seria merecería incluir en el debate algo esencial en este tema: la tasa de ganancia empresaria. No se realizan estudios económicos en este sentido –o no se difunden–, y en las negociaciones colectivas, el Ministerio de Trabajo no lleva adelante una política que implique solicitar a las empresas que presenten los balances contables, a pesar de que es una obligación legal. A diferencia de lo que ocurre con los salarios, es muy dificultoso conocer la tasa media de ganancia empresaria.

Lo que el enfoque presidencial oculta entonces es que la libertad de empresa tiene la limitación de las normas laborales. Para que un comercio sea rentable, debe ante todo dar cumplimiento a la legislación social, especialmente la que dispone el precio de la fuerza de trabajo necesaria para su funcionamiento.

Lo afirmó Bialet Massé en 1905: “el que no puede pagar a sus peones lo que les necesario para vivir estrictamente, no los tiene; como el que no puede comprar y mantener un caballo, anda a pie; y si no puede dedicarse a una industria o a un trabajo, se dedica a otro…”. En el mismo sentido, Roosevelt expresó en un famoso discurso mientras enfrentaba –y derrotaba– la mayor crisis económica de Estados Unidos, que “ningún comercio, cuya existencia dependa del pago de salarios menores que los suficientes para la vida a sus obreros, tiene derecho a continuar en este país”. En síntesis, reducir salarios no es una posibilidad para enfrentar la crisis de un país. Y defender la negociación colectiva por actividad es una responsabilidad del movimiento obrero.