jueves, 28 de julio de 2016

Macrilandia: Prisión domiciliaria a genocidas condenados.

Cabanillas

Los deseos publicados desde la editorial de La Nación apenas asumido el gobierno de coalición PRO se van haciendo realidad. Se supo que desde febrero (2016) juzgados federales de todo el país concedieron decenas de prisiones domiciliarias a militares y policías encarcelados por delitos de lesa humanidad cometidos durante la represión ilegal de la última dictadura militar (1976-1983).

Fuentes del Ministerio de Justicia, que conviven con personas de Clarín, indicaron al diario que unos 50 militares y ex policías recibieron en estos meses la prisión domiciliaria por ser mayores de 70 años y tener problemas de salud, un beneficio que no es automático y depende del criterio del magistrado.

La Unión de Promociones (UP), de militares y marinos retirados agrupados en apoyo a sus camaradas presos, maneja cifras algo menores, alrededor de 30 nuevas domiciliarias. De todos modos se trata de un número significativo en una población de unos 510 condenados y procesados alojados en cárceles comunes en alrededor de 30 establecimientos penitenciarios de todo el país, entre los que sobresalen Ezeiza, Marcos Paz ó Bower en Córdoba.

No es lo único que se movió tras el fin del gobierno kirchnerista, que fue una pesadilla para los represores. El titular del Episcopado, monseñor José María Arancedo, visitó hace unas semanas a los represores encarcelados. Y en abril el ministro de Defensa, el radical Julio Martínez, habilitó que los presos de lesa humanidad puedan volver a ser atendidos en hospitales militares, lo que había sido prohibido por su antecesor, Agustín Rossi, luego de que dos condenados, Gustavo De Marchi y Jorge Olivera, se fugaran del Hospital Militar Central en julio de 2013.

El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) cuenta, al 18 de marzo de 2016, 666 condenados (50 fallecidos) y 59 absueltos. La cifra de acusados en sus registros asciende a 2.389 militares y miembros de fuerzas de seguridad: 1.200 de ellos permanecen libres, 1.132 están detenidos y 49 son considerados prófugos. En sus registros, 452 del total de acusados han fallecido. El CELS indica también que hay 344 civiles acusados por violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar.

Los presos en cárcel común de mayor rango son dos generales: Eduardo Alfonso -fue secretario ayudante de Martín Balza, y secretario general del Ejército- quien se entregó semanas atrás tras haber estado prófugo varios años en Paraguay; y Eduardo Cabanillas, denunciado por el poeta Juan Gelman por el robo de su nieta y condenado en 2011 a prisión perpetua por su actuación en Automotores Orletti. En cárcel común desde hace una década, Cabanillas (74) inició hace más de una semana en Ezeiza una huelga de hambre en reclamo de prisión domiciliaria.

Como no podía ser de otra manera, el gobierno de coalición PRO ahora permite las acciones humanitarias apuntadas a genocidas mientras instituye la modalidad de mantener presos políticos en democracia pleno siglo XXI.

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