En 5 meses Macri transfirió u$s 20.000 millones a grandes empresas.

En apenas cinco meses, las principales medidas económicas del gobierno de Macri significaron un incremento impactante de ingresos a compañías agroexportadoras, bancos, empresas de alimentos y grupos industriales. Pese a esa mejora, hubo fuga de capitales mientras en Salta aumentaron los asistentes a los comedores comunitarios en un 41%.

Consultado sobre el impacto recesivo del ajuste en marcha desde diciembre, el presidente Mauricio Macri afirma que “el sinceramiento de la economía ha sido una pesada carga para muchos”. Con la promesa de un inminente segundo semestre de prosperidad económica el mandatario explica que “cada medida ha sido pensada e impulsada pensando en el futuro de los argentinos”.

La realidad indica que mientras sindicalistas, trabajadores, estudiantes, organizaciones sociales, jubilados, beneficiarios de programas sociales y clubes barriales aguardan angustiados esa supuesta mejora futura, la llegada de la segunda mitad del año se adelantó para la cúpula empresaria: durante sus primeros cinco meses en la Casa Rosada, el Gobierno de Macri transfirió una suma equivalente a u$s 19.383 millones hacia compañías agroexportadoras, financieras, grandes empresas de alimentos y grupos industriales.

La megadevaluación, la eliminación de las retenciones (reducción de cinco puntos a la de la soja), la aceleración inflacionaria y la bicicleta financiera habilitada por el Banco Central son los principales medidas que definieron esa redistribución regresiva del ingreso. La estimación de la impresionante transferencia de recursos desde el Estado y la población que dependen de ingresos fijos hacia las principales firmas locales y extranjeras fue realizada por el Centro de Estudios para el Cambio Social (CECS). Expresado en moneda nacional la transferencia de recursos hacia los sectores empresarios ascendió a fines de abril (2016) hasta los $ 281.106 millones. Ese monto equivale al 75% superior a la partida anual destinada a obras públicas y 130% mayor que el presupuesto nacional utilizado para solventar las universidades nacionales.

“Los primeros pasos del gobierno de Macri implicaron cambios insoslayables en la distribución del ingreso. El proceso de transferencia afectó la calidad de vida de la mayoría de los argentinos al reducir el poder adquisitivo, a la par que expone a la economía argentina a mayores vulnerabilidades en el sector externo. El sentido de las principales medidas del nuevo gobierno y la magnitud de su alcance dan una pauta clara de la orientación económica con la cual se ha decidido conducir la economía”, explican los economistas Itai Hagman, Pablo Wharen y Martín Harracá.

En ese sentido, el documento “Transfiriendo al Capital” de los investigadores del CECS advierte sobre el incremento en la fuga de capitales que acompañó tamaña redistribución de ingresos hacia la cúpula empresaria. Desde que asumió, el nuevo equipo económico facilitó la salida de divisas mediante una profunda liberalización financiera y cambiaria. “Durante los primeros tres meses de 2016 la fuga de ascendió a 3300 millones de dólares, marcando el primer trimestre de mayor salida desde la crisis financiera internacional en 2009”, sostiene el trabajo al referirse a los datos del Balance Cambiario elaborado por el BCRA.

Con ese diagnóstico, Hagman, Wharen y Harracá consideran que “Argentina corre el riesgo de incurrir nuevamente en un triángulo sumamente perjudicial: transferencia de ingresos, fuga de capitales y endeudamiento externo. Si en cinco meses el Estado cedió al sector empresario $281.106 millones que equivalen a u$s 19.383 millones, no sería sorprendente que el endeudamiento que asuma el Estado en los próximos años supere y se consuma en el financiamiento de la fuga. La transferencia más que cuadruplica el presupuesto destinado a salud, equivale a nueve veces las partidas para vivienda y representa los fondos necesarios para financiar durante más de seis años la AUH”.

Para estimar la magnitud de recursos apropiada por los sectores empresarios, los investigadores del CECS consideraron los mecanismos directos como el impacto neto de la devaluación sobre los exportadores o la reducción de las retenciones sobre las firmas mineras. Pero además, dimensionaron la transferencia de ingresos desde los sectores de ingresos fijos (trabajadores –registrados y no registrados– jubilados y beneficiarios de AUH) hacia los sectores empresarios como consecuencia del shock inflacionario que experimenta el país desde noviembre de 2015.

- Devaluación y comercio exterior: El salto cambiario, descontando el impacto sobre los costos de los insumos y bienes intermedios de la devaluación, redundó en una ganancia de 4786 millones de dólares para las firmas exportadoras. Para dimensionar esa transferencia los economistas estimaron el diferencial entre el monto de las exportaciones observadas mes a mes entre enero y abril de 2016 valuadas al tipo de cambio efectivo y las mismas ventas externas expresadas al tipo de cambio “sin devaluación”.

- Sin retenciones: La eliminación de derechos de exportación (reducción de cinco puntos a la de la soja) redundó en una transferencia de recursos desde el Estado hacia las cerealeras, frigoríficos y mineras del orden de los 704 millones de dólares.

- Diferencial de tasas: En promedio durante los cuatro meses anteriores al cambio de gobierno el diferencial de tasas era de 5,3 puntos porcentuales. Esa relación se elevó hasta ubicarse por sobre los 10 puntos porcentuales en marzo y abril de 2016. “Los bancos obtuvieron una rentabilidad extraordinaria sobre las inversiones financieras que realizan con los recursos de los ahorristas. Si se multiplica mes a mes el stock de Lebac por el diferencial adicional se arriba al monto de 44.576 millones de pesos transferidos a los bancos, lo que valuado en dólares resulta en 3074 millones”.

- Dólar futuro: El BCRA informó que desde la devaluación del 17 de diciembre de 2015 y hasta abril de 2016 debió pagar aproximadamente $70.000 millones, cifra que equivale a u$ 4828 millones.

- Shock inflacionario: A pesar de la retracción en el consumo, entre noviembre y abril, el monto adicional apropiado por el sector empresario en su conjunto como resultado de la aceleración en los precios alcanza los 86.875 millones de pesos, equivalentes a unos 5991 millones de dólares. “Si bien los empresarios sufrieron una pérdida de demanda y un incremento de costos, estos efectos fueron más que compensados por el incremento de los precios locales”, explica el documento al cuantificar la transferencia desde los sectores de ingresos fijos por vía del shock inflacionario.

Así, de acuerdo a sus cálculos, las transferencias directas ascienden representaron un total de 194.231 millones de pesos, o 13.392 millones de dólares. En tanto, las indirectas alcanzan los 86.875 millones de pesos, que representan 5991 millones de dólares.

Detallan Hagman, Wharen y Harracá:

“La transferencia de ingresos durante los primeros cinco meses del gobierno de Cambiemos equivale a 1762 dólares por trabajador ocupado, 451 dólares por habitante, 160 millones por día entre el 1° de enero y el 30 de abril, 7 millones de dólares por hora o 111.242 dólares por minuto que fueron apropiados por los sectores empresarios”.

Esta transferencia de recursos, sabrosa primavera para los sectores concentrados, ya manifiesta su contracara en el interior del país. Un caso (ejemplo) es el de la provincia de Salta que, a raíz de las maniobras económicas mencionadas (inflación, tarifazos y salarios en baja), aumenta sus índices de pobreza e indigencia y la consiguiente cantidad de chicos y ancianos que asisten a los comedores y merenderos barriales en busca de alimentos.

Según un relevamiento realizado en Salta Capital por el Instituto de Investigación Social, Económica y Política Ciudadana (ISEPCi), desde diciembre de 2016 a mayo de 2016 se incrementó un 41.18% las personas que a diario buscan alimentarse en un comedor o un merendero de la ciudad.

En detalle, el estudio revela que en la actualidad se encuentran funcionando 73 centros comunitarios en 57 barrios capitalinos. La muestra sostiene que, de 3.373 personas relevadas en diciembre pasado, ahora son 4.762 salteños que buscan pasar el hambre en un centro comunitario.

“En los trabajos que se vinieron haciendo en los barrios vemos que a los comedores asisten niños desde los 18 meses hasta los 16 años”, indicó Federico Maigua, militante de Barrios de Pie y titular del ISEPCi.

Además, Maigua indicó que como dato para entender la situación, a los centros comunitarios “ahora se pueden ver adultos mayores que van en busca de una ración de alimentos que hasta hace algunos meses eso no se veía”.

El dirigente señaló que en las últimas semanas se abrieron comedores y merenderos en donde antes no había, “porque eran barrios de gente laburante, que les costaba llegar a fin de mes, pero que podían cubrir la canasta básica de alimentos y hoy no lo pueden hacer, como es el caso de barrio Luján o La Loma”.

Tomas Lukin, Página 12.