viernes, 8 de abril de 2016

Diputados convalidan decretos presidenciales que abortan la Ley de Medios.


Esta vez la alianza oficialista tuvo que sudar para imponer su voluntad en la Cámara de Diputados. Finalmente, Cambiemos –PRO, UCR y CC– con el respaldo del massista Frente Renovador, el Bloque Justicialista y otros bloques provinciales logró consagrar la vigencia una decenas de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU) y otros decretos de facultades delegadas con los que el presidente Mauricio Macri gobernó durante casi tres meses con el Congreso clausurado. 

Los diputados del Frente para la Victoria se retiraron del recinto luego de que el presidente de la Cámara baja, el macrista Emilio Monzó, se negara a realizar la votación en forma nominal para que quedara registrado cómo votaron los bloques partidarios y sus diputados. Esto ocurrió luego de un largo debate sobre el DNU que creó el Enacom, disolvió la Afsca y la Aftic y anuló artículos de la ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Luego, Monzó y el jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, apuraron la votación del resto de los DNUs en un solo paquete ante el riesgo de quedarse sin quórum. Antes, Cambiemos sufrió para abrir la sesión, ante la decisión del massismo de regatear el quórum. Recién lo consiguió 45 minutos después de la hora convocada, cuando la jefa de la bancada del FR, Graciela Camaño, se sentó en su banca.

El debate sobre los decretos comenzó con el DNU 267/16 que crea el Ente Nacional de Comunicaciones (Enacom) modifica la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual y la de Argentina Digital y disuelve organismos autárquicos Afsca y Aftic.

El macrista Pablo Tonelli fue el encargado de defender el decreto. Lo justificó porque “unifica dos organismos de dos leyes distintas que generan dificultades para que el país avanzara a la altura de los tiempos y en la tendencia mundial en la materia”. Luego cargó contra el ex director del Afsca Martín Sabbatella por la “politización de conducción”. “El Afsca estaba conducida por un notorio militante político, con falta de independencia e idoneidad” y reprochó la falta de aplicación de la ley, aunque sin mencionar las múltiples cautelares judiciales que el Grupo Clarín impuso durante tres años para evitar, justamente, la aplicación de la ley.

El kirchnerista Marcos Cleri fue el encargado de refutarlo. El diputado del FpV-PJ sostuvo que “hay que ponerle límite al avasallamiento” presidencial, que anula por decreto una ley aprobada por el Congreso con amplias mayorías y tras años de debate, además de disolver organismos autárquicos, desplazar a sus directores aprobados por el parlamento y que “deja a mucha gente sin trabajo”. Cleri agregó que el oficialismo buscaba evitar dar explicaciones a nivel internacional en la OEA, dentro de un par de días, por la urgencia para una sanción ficta de un decreto que “anula la pluralidad de voces” y que “avanza hacia la censura y viola la libertad de expresión”. El diputado santafesino sumó que el decreto “intenta tapar los que pasa en la Argentina con los despidos y la inflación, le devuelve el poder de la comunicación a Clarín y los medios concentrados en contra de las pymes y las fuentes de trabajo”, y denunció que “toda la extensión de la fibra óptica que pagó todo el pueblo argentino ahora la concesionan a los grupos económicos”.

Graciela Cousinet, de Libres del Sur, afirmó que a pesar de los “errores del kirchnerismo en su aplicación, no se justifica borrar de un plumazo una ley por un decreto que elimina la participación de provincias, las facultades y los pueblos originarios” y que “aumenta la concentración económica y territorial” de los grupos hegemónicos. Junto al socialismo, la bancada Progresista votó en contra del decreto.

El massismo y parte del PJ disidente cargaron contra Sabbatella para justificar el DNU, mientras se mostraban esperanzados “en la sanción de una nueva ley verdaderamente pluralista y legítima”. El massista Raúl Pérez dijo que la ley de medios fue “forzada y carente de consenso” lo que motivó “la intervención judicial con un festival de amparos”. Y señaló, en consonancia con el macrismo, de ir a la convergencia de medios y telecomunicaciones.

Desde el FIT cuestionaron la aplicación que llevó adelante el gobierno kirchnerista pero se pronunciaron en contra del DNU de Macri. Para el diputado Pablo López “el decretazo elimina todos los límites de expansión” para los monopolios concentrados. Myriam Bregman criticó los DNU por “arbitrarios y cuasi monárquicos” y llamó a frenar “la forma de gobierno menemista” de Cambiemos.

El DNU se votó rápidamente y a mano alzada. También el pedido massista de girar a la “comisión de notables” que desde el Ejecutivo redacta el nuevo proyecto de ley de medios una serie de recomendaciones a modo de “declaración de buenas intenciones”, que necesitó el voto favorable de dos tercios de los presentes que Monzó convalidó con la vista sobre las manos en alto.

Fue entonces que el FpV reclamó rever la votación y que todas fueran nominales. Cambiemos le devolvió el pedido con chicanas. El jefe del bloque de la UCR, Mario Negri, dijo que “le estaban tomando el pelo” y Elisa Carrió desató inoportunamente su ironía, afirmando que no le aprobarían el pedido y que el problema pasaba por la duración del debate y “un tema de cervical”. Fue entonces que los diputados del FpV abandonaron el recinto ante el destrato del oficialismo. “No quieren que la gente sepa cómo se votó para anular a través de un decreto una ley de la democracia”. Rápido de reflejos, Monzó advirtió que si otros diputados se levantaban ponía en riesgo el quórum y la aprobación de los DNUs. De acuerdo con el massismo aprobaron en solo paquete con las modificaciones a la Ley de Ministerios; al Presupuesto 2016, así como el traspaso del sistema de escuchas telefónicas de la Procuración General de la Nación a la Corte Suprema. También incluye el DNU que prórroga la entrada en vigencia del Código Procesal Penal, el cambio de denominación del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sustentable y la prórroga hasta abril de la eximición del impuesto al biodiesel. Además del decreto que deja sin efecto de manera transitoria los impuestos a los bienes suntuosos y al champagne, la prórroga del impuesto al tabaco y el DNU sobre contribuciones patronales de los empleadores titulares de establecimientos educativos privados.

Luego de este polémico avance el Gobierno argentino debe explicar en Washington (08.04.2016) ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) las afectaciones al derecho a la comunicación en la Argentina como consecuencia de las modificaciones a las Leyes de Servicios de Comunicación Audiovisual y Argentina Digital decretadas por Mauricio Macri a poco de haber asumido la Presidencia de la Nación. La convocatoria responde a una solicitud de un conjunto de organizaciones multisectoriales integrantes de la Coalición por una Comunicación Democrática (CCD), entidad que desde hace 12 años promueve un sistema plural y diverso de medios de comunicación.

El encuentro ha sido convocado por la Relatoría Especial sobre Libertad de Expresión de la CIDH, de la Organización de Estados Americanos (OEA), bajo el título "Derecho a la libertad de expresión y cambios a la ley de servicios de comunicación audiovisual en Argentina" para que el gobierno nacional explique los decretos que disolvieron organismos con participación significativa del Poder Legislativo, de las provincias y de diversos sectores académicos, de medios comunitarios y trabajadores para reemplazarlos por otro con mayoría automática del Ejecutivo. También a fundamentar la supuesta urgencia y necesidad de fomentar la concentración de medios mediante cambios en los topes regulatorios y la transferencia de la televisión por cable al sistema mercantil de las telecomunicaciones.

"La audiencia tratará la vulneración del derecho humano a la comunicación y los estándares elaborados por el Sistema Interamericano de protección de los Derechos Humanos, del que el Estado argentino forma parte", puntualizó la Coalición durante un nutrido Congreso Nacional realizado el 3 de marzo, con más de 500 representantes de 16 provincias y diversas organizaciones.

En representación de la Coalición hablan en la audiencia Horacio Verbitsky (Centro de Estudios Legales y Sociales), Osvaldo Francés (Asociación de Radios de Buenos Aires y el Interior de la Argentina), Damián Loreti (Asociación Mundial de Radios Comunitarias, Sindicato Argentino de Televisión), Ana Jaramillo (Universidad Nacional de Lanús), Daniel Badenes (Red de Carreras de Comunicación –REDCOM), Néstor Busso (Foro Argentino de Radios Comunitarias-ALER), Oscar Nocetti (Cooperativa Santa Rosa), Martín Becerra (Universidad Nacional de Quilmes).

En el plano institucional, el decreto 267/15 que creó el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM), en reemplazo de las Autoridades Federales AFSCA y AFTIC, eliminó garantías básicas para su autonomía o independencia, tanto del Poder Ejecutivo como del económico. El ENACOM comenzó a funcionar con directores exclusivamente nombrados por el Gobierno, sin representatividad y pluralidad, removibles sin justificación alguna.

La denuncia advierte que no hay fundamentos explícitos que justifiquen un estado de necesidad y urgencia para el dictado de los decretos. Entre otros puntos, se cuestiona el abandono de regulaciones en beneficio del público en el sector de la televisión por cable y el fomento a la concentración del sector, así como la derogación de las obligaciones que la ley 26.522 imponía a los operadores respecto de la producción y transporte de señales locales y grilla de programación, lo cual afecta directamente a la pluralidad de voces.

La Coalición alerta también sobre el peligro de pérdida de hasta 50.000 puestos de trabajo debido a fusiones empresariales y al cierre de pequeñas productoras y servicios audiovisuales, y de una aún mayor cartelización de las actividades que encarecerán el precio de las tarifas de las conexiones y abonos.

Distintos referentes de las políticas de comunicación a nivel supranacional manifestaron su preocupación ante las medidas inconsultas del Gobierno argentino. La Defensoría del Público de Servicios de Comunicación Audiovisual de la Argentina, expuso asimismo informes ante la CIDH y el Congreso Nacional.

Las más de 300 organizaciones que integran la CCD vienen reclamando, en un amplio plan de acción federal, la plena vigencia de una ley que recibió respaldo parlamentario y cuya constitucionalidad fue respaldada por un histórico fallo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación en 2013.

Esta multisectorial también puso en debate y aprobó los nuevos 21 puntos por el Derecho a la Comunicación, como actualización de sus principios de políticas públicas que abordan la diversa agenda de la convergencia tecnológica en el uso de redes y el fortalecimiento de las industrias culturales argentinas. Está abierta la adhesión a este documento por parte de organizaciones y personas.

Mientras comparece en Washington ante la Comisión de la Organización de Estados Americanos (OEA), el Gobierno no ha dado explicaciones en el parlamento y enfrenta, además diversas acciones judiciales en trámite por vulneración de derechos y extralimitación de sus competencias en esta materia.

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