La ex mujer del embajador argentino en Uruguay, Guillermo Montenegro, se sumó a la nómina de familiares de dirigentes de Cambiemos ubicados en espacios estratégicos de la administración pública, un proceso que corre en paralelo con la sangría de contratos de estatales desplegada por el Gobierno.
María José Labat, abogada de trayectoria en el sector privado, obtuvo el alta en la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT) en enero (2016), en un cargo como asesora del área de Legales equiparable al de gerente y con un salario superior a los $120.000 mensuales.
En el organismo que encabeza Gustavo Morón dieron a conocer que Labat, madre de tres hijos de Montenegro, ingresó con fecha 19 de enero y que sólo por ese mes percibió un sueldo bruto de $67.750, equivalente al de mayor rango en el escalafón. La SRT es un ente autárquico que funciona bajo la órbita del Ministerio de Trabajo, que se encarga del control de las Administradoras de Riesgos del Trabajo (ART) que debe contratar cada empleador para la cobertura de sus empleados.
La semana pasada (29.02.2016), la SRT concretó una primera oleada de despidos con la cancelación de más de 200 contratos. Entonces los colaboradores de Morón no descartaban ampliar esa nómina de cesantías tras el análisis de todos los empleados con vínculos laborales a plazo fijo, que superan el millar en todo el país. En paralelo con ese proceso, la primera resolución del año firmada por Morón produjo una modificación de la estructura de cargos gerenciales del organismo: elevó 50% los cargos jerárquicos y prácticamente duplicó la plantilla de personal en áreas gerenciales, con sueldos que -a valores del año 2015- van de 70 mil a más de 120 mil pesos mensuales.
El nombramiento de Labat como asesora del área jurídica viene precedido de su trayectoria como abogada en el sector privado. Es socia desde hace años en el estudio "García, Labat, Musso y Righi", fundado por el exprocurador general de la Nación Esteban Righi. Mantiene, como su exmarido, una estrecha relación desde hace años con Morón, quien a su vez trabajó entre 2007 y 2015 a las órdenes de Montenegro en el Ministerio de Justicia y Seguridad de la Ciudad de Buenos Aires.
En 2012, cuando comenzaba a crecer el escándalo por la causa "Ciccone", el estudio quedó en el ojo de la tormenta cuando el entonces vicepresidente, Amado Boudou, denunció un supuesto intento de tráfico de influencias por parte de los socios de ese estudio, lo que derivó en la renuncia de Righi a su cargo como procurador. En esa ocasión, Montenegro, entonces ministro porteño de Justicia y Seguridad, realizó una pública defensa de quien en ese momento era todavía su esposa.
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