El gobierno macrista desmanteló el área de fiscalización de la IGJ.

Macri sigue allanando el camino para que la Ceocracia, que hoy conforma el núcleo central de su Gobierno. Ahora, despidos masivos en la IGJ.

En estas páginas ya hemos visto cómo el Poder Ejecutivo desmanteló la Unidad de Información Financiera y puso al frente de su conducción a dos personas vinculadas al HSBC, la principal empresa sumariada por sospechas de lavado de dinero y con tres causas abiertas en la justicia Federal (Ver Zorros en el gallinero y Juez y parte en la lucha contra el lavado ). El nuevo titular de la UIF, Mariano Federici, sostuvo durante la audiencia pública previa a su designación formal que de ahora en más la UIF se ocuparía de generar “seguridad jurídica” para que las empresas vengan a la Argentina a invertir.

“Seguridad jurídica” en su boca significa menos controles. Federici expuso en el Sexto Congreso Sudamericano sobre Prevención de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo, inaugurado la semana pasada en Buenos Aires. Allí sostuvo que la UIF buscará dialogar más, en vez de sancionar.

“La regulación hoy, en la gran mayoría de los sectores, ofrece una carga excesiva e innecesaria que poco conduce realmente a lograr un entendimiento de los riesgos de lavado y mantener un control sobre el sistema”, remarcó.

Así las cosas, el Gobierno de Macri va dejando vía libre para la Ceocracia.

La otra jugada para darle vía libre a sus empresas amigas fueron los despidos dentro de un área específica de la Inspección General de Justicia. La semana pasada echaron a 31 trabajadores del área de fiscalización, que son el equipo encargado de intimar a las sociedades a que cumplan con todas las presentaciones exigidas por el organismo. Son también quienes ponían las multas a las sociedades que no cumplieran algunas de las normativas de la IGJ.

Hasta noviembre de 2014, el promedio de multas era de 500 por año. A partir del proceso de re empadronamiento de todas las sociedades inscriptas en la Argentina, en la que cada una debía presentar correctamente sus balances societarios, actas de asamblea, el pago de tasas, etc, el equipo de fiscalización realizó 20.000 multas en un año. La suspensión a ese proceso de fiscalización llegó el dos de febrero de este año, con la resolución general 4/2016 . El argumento que brindó la IGJ para suspender ese operativo de fiscalización es que se había vuelto “muy engorroso” para las empresas. Entonces, lo suspendieron.

Luego, llegaron los despidos. No es tanto el tema de las multas, cuyo máximo era de 4000 pesos y durante el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner se llevaron a 100.000 pesos, sino la flexibilidad para hacer “la vista gorda”.

Todas las sociedades, sobre todo las anónimas, están obligadas por ley a presentar con periodicidad balances, autoridades, pagar tasas, etc (las de Lázaro Baez y las de Nicolás Caputo, Calcaterra, etc, para que quede claro). Para poder funcionar, es decir, sacar un crédito, compulsar licitaciones, firmar contratos, adherir a moratorias, etc, necesitan estar al día. Si el área que debe fiscalizar esta información es desmantelada, todo hace pensar que las empresas recibiràn “mayores facilidades” .

Y “mayores facilidades”, para la Ceocracia que hoy ocupa el Estado significa dejar que las empresas funcionen como quieran.

Sebastián Premici.