miércoles, 16 de marzo de 2016

Diputados dio media sanción al pago a buitres.


165 positivos
86 negativos




La Cámara de Diputados aprobó hoy el proyecto de ley que habilita el acuerdo con los holdouts, luego de más de 20 horas de debate y después de que el oficialismo aceptara una serie de modificaciones sugeridas por distintos bloques opositores.

El proyecto en general fue aprobado por 165 diputados, una cifra más alta de lo esperada y de lo que había conseguido el oficialismo para abrir la sesión, y rechazado por 86 legisladores, pertenecientes al kirchnerismo, la izquierda y Libres del Sur.

El interbloque de Cambiemos tuvo el apoyo del Frente Renovador, el bloque Justicialista, los interbloques Juntos por Argentina y Progresistas, los delasotistas, los santiagueños que responden a Gerardo Zamora, los puntanos de Adolfo Rodríguez Saá y otras bancadas minoritarias.

El Gobierno contó con el sorpresivo respaldo de seis diputados que hasta esta sesión formaban parte del bloque kirchnerista, liderados por el ex gobernador misionero Maurice Closs.

Pero el oficialismo también contó con el sorpresivo respaldo de seis diputados que al menos hasta hoy integraban el bloque del Frente para la Victoria. El caso más resonante es el de Maurice Closs, quien ya había anticipado que estaba a favor de cerrar el conflicto con los fondos buitres, pero en principio se había alineado con la postura del bloque. El ex gobernador de Misiones arrastró a otros dos legisladores misiones (Silvia Risko y Jorge). Se sumaron la tucumana Miriam Gallardo (que responde a Juan Manzur), la sanjuanina Graciela Caselles (del Bloquismo, una fuerza aliada a Gioja), y el ex ultrakirchnerista cordobés Ramón Bernabey, ahora más cercano a Juan Schiaretti.

Entre las sorpresas también hubo tres ausencias a la hora de la votación. Se trata de los massistas Felipe Solá, Facundo Moyano y Héctor Daer, que eran críticos del acuerdo y evitaron votarlo. "Por respeto a mi bloque me levanté. Yo soy sindicalista y en mi organización gremial el tema fue debatido y nos ha generado muchas dudas", explicó después el dirigente de Sanidad.

En el debate en particular el dato más sustancial fue que el oficialismo aceptó casi todas las sugerencias de la oposición “amigable” y el único roce fue en el tope al endeudamiento para pagarle a los buitres que aceptan el acuerdo. El proyecto enviado por el Poder Ejecutivo no ponía techo a la toma de deuda y luego Alfonso Prat Gay habló de 15 mil millones de dólares, poco menos de 12 mil para pagarle a los holdouts y el resto para cubrir vencimientos y aliviar el déficit fiscal.

El Frente Renovador y el bloque Justicialista se opusieron a esa idea y obligaron a los negociadores del macrismo a imponer un tope de 12 mil millones de dólares, exclusivo para pagar el acuerdo. Pero a último hora, el macrismo logró sumar 500 millones más y finalmente el texto que se aprobó habilita al Palacio de Hacienda a endeudarse por 12.500 millones de dólares.

El argumento del oficialismo es que así podrán cubrir a los “mini-buitres” que aceptaron la oferta en los últimos días y otros que podrían sumarse. El Bloque Justicialista, el FR y Darío Giustozzi dejaron en claro su rechazo a la cifra definitiva pero concedieron y también votaron de este artículo, el 7º del proyecto.

Además, como anticipó LPO, por un pedido de Massa y Bossio el artículo 2º establece que el pago a los holdouts está condicionado a un fallo de la Cámara de Apelaciones de Nueva York que deje firme el fallo del juez Thomas Griesa que levanta el embargo a los pagos de la Argentina.

En tanto, también se incluyó una cláusula que impide a los bonistas que acepten el acuerdo la posibilidad de realizar nuevas acciones judiciales contra el país, una medida con la que buscan bloquear cualquier nueva maniobra del insaciable Paul Singer, aunque durante la sesión el kirchnerismo denunció que el dueño de NML podría ser parte no solo de los holdouts que tampoco aceptan este acuerdo sino también de los bonistas reestructurados.

El macrismo también aceptó las nuevas emisiones de deuda incluyan una cláusula de acción colectiva y pari passu, un mecanismo que permite a una mayoría de bonistas acordar una reestructuración vinculante para todos los tenedores de bonos, a partir de la aceptación de un determinado porcentaje de acreedores. Se trata de una cláusula que se empezó a incorporar en todas las emisiones de deuda -como en Grecia-, precisamente tras el juicio que los fondos buitres contra Argentina.

También, en el artículo 4º, se establece un tope a futuras ofertas a bonistas que quedaron afuera del acuerdo. Ese tope es igual a la oferta aceptada en este acuerdo, calculada a partir del monto del capital más el 50% de ese mismo capital. Las nuevas ofertas deberás ser aprobadas por el Congreso.

La oposición también logró imponer un tope del 0,2 % en las comisiones para los bancos que operarán con agentes para la colocación de los nuevos bonos, y además se aprobó que en la oferta base a los bonistas, el Poder Ejecutivo no podrá pagar gastos adicionales.

A pedido del Socialismo, también se aceptó fortalecer el rol de la comisión bicameral de seguimiento de la deuda pública, que se había constituido con la Ley de Pago Soberano y hasta ahora tenía un rol bastante discreto y un plazo determinado de funcionamiento. Ahora será permanente y el Poder Ejecutivo deberá enviar informes trimestrales (hasta ahora eran semestrales). Elisa Carrió aprovechó este cambio propuesto para chicanear al kirchnerismo: “Por primera vez en diez años empieza a funcionar el Parlamento, ya no hay escribanía".

El proyecto pasó ahora al Senado, donde el debate comenzará hoy mismo con la presencia del ministro de Hacienda y Finanzas, Alfonso Prat Gay, y del procurador del Tesoro, Carlos Balbin, para exponer en una reunión de comisiones.

EL MACRISMO YA APUNTA A NO DEPENDER DE MASSA

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