El acusado es Alejandro Reynal, ex vicepresidente del BCRA (1979-81), por su rol en el secuestro de un banquero. La causa involucra también a la familia Braun Menéndez, dueños de La Anónima, que a su vez eran dueños de la empresa Austral. El entramado de la causa Saiegh devela la pertenencia a una línea histórica represiva que une al actual Presidente Mauricio Macri con los dueños de Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia.
La investigación de las complicidades civiles en los crímenes de Lesa Humanidad cometidos durante la última Dictadura Cívico Militar es todavía uno de los capítulos inconclusos en la búsqueda de verdad, memoria y justicia. Muchos de los civiles acusados de haber participado en los crímenes de la dictadura lograron, con el tiempo, reciclarse ante la misma sociedad que siempre dijo no ver nada. Muchos de estos cómplices son vistos como exitosos empresarios, exitosos jueces, hombres bien de esta sociedad. Mucho es lo que se ha escrito sobre la familia Blaquier y su responsabilidad en las desapariciones dentro de la empresa Ledesma, o Vicente Massot, cómplice en las desapariciones de obreros gráficos dentro de su diario La Nueva Provincia, o las complicidades del Juez de Mar del Plata, Pedro Federico Hooft, en su rol de encubridor de las muertes de La Noche de las Corbatas (muy a pesar de haber sido absuelto por la justicia). Para este último caso, se puede escuchar la investigación realizada por Radio Nacional, en 2013.
Pero hay un persona poco nombrada, salvo por Página/12, que es Alejandro Reynal, ex vicepresidente del Banco Central durante el período 1979-1981, uno de los principales artífices de la liquidación de bancos en el país, primer paso para la concentración financiera que luego tuvo su auge durante el menemismo. Reynal fue acusado por Eduardo Saiegh de haber sido el instigador de su secuestro, con el objetivo de liquidar el Banco Latinoamericano de Inversiones por dos motivos: uno porque una vez terminada la liquidación de ese banco, Reynal renunció al BCRA y fundó su propia entidad financiera, el MBA Lazard. La sospecha de Saiegh es que Reynal armó su emporio financiero (que vendió el año pasado a manos del financista Walter Grenón, involucrado en la causa penal por evasión tributaria que tiene en el centro de la escena al presidente de la Sociedad Rural, Luis Miguel Etchevehere), a partir de la liquidación de bancos.
Pero el segundo motivo tiene que con la expropiación que hiciera el Estado dictatorial de la empresa aerocomercial Austral.
Saiegh tenía dentro de su banco acciones de la empresa Austral en caución. La pata civil de la Dictadura –Martínez de Hoz concretamente- quería quedarse con la línea de bandera, y a su vez, los dueños de esta empresa también querían desprenderse de la compañía. Saiegh denunció que fue secuestrado y torturado, para que liquidase su banco y así el Estado represor podía quedarse con las acciones de Austral (Ver “La maniobra fue desapoderarme de mi empresa” )
¿Quiénes eran los dueños de Austral?
Por un lado estaban los dueños de La Anónima, cuyo nombre formal es Sociedad Anónima Importadora y Exportadora de la Patagonia, Federico Braun y Pablo Braun y Eduardo Braun Cantilo y por el otro William Reynal, primo del vicepresidente del Banco Central. José Alfredo Martínez de Hoz intentó venderle primero la empresa al Grupo Socma, de la familia Macri o a Blaquier.
Entre los documentos del Edificio Cóndor existe una carpeta que da cuenta de una oferta hacia Macri y al grupo Socma, con la posibilidad de quedarse con el 60 por ciento de la empresa, mientras que el restante 40 por ciento seguiría en manos de Reynal. Luego de un intercambio de ofertas, la Fuerza Aérea consideró que la propuesta de Franco Macri no era suficiente. “Siendo que Franco Macri tiene posible acceso a la presidencia de Austral se solicita se investiguen antecedentes personales y comerciales”, escribió en un documento el brigadier Francisco Salinas, fechado en mayo de 1980.
Gran parte de esta historia pudo recomponerse a partir del descubrimiento de las actas de la Dictadura, halladas en el Edificio Cóndor. (Ver Una Operación para salvar a los privados).
Tras el fracaso de las negociaciones con el Grupo Macri, el 23 de octubre de 1980 hubo un almuerzo entre la cúpula cívico-militar con Carlos P. Blaquier y el doctor Marangoni, del Grupo Ledesma. Esa oferta tampoco prosperó. El Estado compró las acciones de Austral y todos recibieron un pago por esa estatización. No fue un simple traspaso de las acciones, sino que se pagó por esa empresa, beneficiando a los mismos que la habían quebrado.
Esta historia que contiene varios ribetes podría adquirir un nuevo giro histórico, si el próximo 16 de marzo, la Sala II de la Cámara Federal considera que Reynal puede ser juzgado nuevamente, esta vez por delitos de lesa humanidad, cuya característica procesal es que son imprescriptibles.
La causa es la Nº1875/09 caratulada “Secuestro extorsivo, Robo, Coacción, Encubrimiento, Asociación Ilícita, Delitos de Lesa Humanidad y Desaparición Forzada de Personas”. Allí se definirá si corresponde anular un sobreseimiento por prescripción y volver a procesar a Alejandro Reynal.
Austral y los vuelos de la muerte
No menor es el hecho de que en la investigación de Saiegh surgieron elementos para pensar que la empresa Austral, cuando todavía estaba en manos de los dueños de La Anónima y William Reynal, tuvieron alguna responsabilidad en los vuelos de la muerte, o en el encubrimiento de la desaparición de una persona.
El Directorio y los accionistas de Austral de entonces fueron denunciados por Saiegh en hechos de lesa humanidad vinculados a violaciones a los derechos humanos y su participación directa en los vuelos de la muerte. Saiegh explicó que se trata de “los aviones Fokker F-27 utilizados para los ‘Vuelos de la muerte’, de los cuales al menos dos eran propiedad de Austral”.
El 16 de marzo de 1984, Francisco Capitman, padre de Carlos Hugo Capitman, realizó una denuncia penal en la que sostuvo que a su hijo le habían adjudicado “salir del país en un vuelo de Austral, con ingreso a Montevideo, pero eso nunca pudo ser corroborado por las autoridades uruguayas”, sostiene el escrito judicial.
En la denuncia hecha por la desaparición de su hijo, patrocinado por el Dr. Alfredo Iribarren, detenido en marzo de 1976, y puesto a disposición del Poder Ejecutivo conjuntamente con otras tres personas, Capitman manifestó: “Tiempo después, bajo la presión ejercida por la Comisión de Derechos Humanos de la OEA, el Gobierno informó que mi hijo había abandonado el país en un vuelo de Austral con destino a Montevideo, Uruguay, con fecha 10 de septiembre de 1976”. Capitman especificó en su denuncia judicial que la empresa Austral “fue repetidamente utilizada como escudo para legitimar desapariciones de personas”.
Quizás por eso los dueños de Austral estaban urgidos en vender la empresa aérea, para quedar lo más lejos posibles de cualquier vinculación con los crímenes cometidos durante la última Dictadura Cívico Militar.
Por eso, de juzgarse nuevamente el rol de Reynal por su complicidad por los crímenes de Lesa Humanidad, también podría develarse el uso de los aviones de Austral para encubrir la desaparición de personas, o, haber participado directamente en los vuelos de la muerte.
Actualmente, uno de los integrantes de la familia Braun es funcionario del Gobierno de Mauricio Macri. Si bien no se le puede adjudicar responsabilidad en los hechos ocurridos en 1976 al actual secretario de Comercio, de nombre Miguel Braun, toda esta historia habla de una estirpe de empresarios que se beneficiaron a costa del sufrimiento de los trabajadores. Esa es la historia de los Braun Menéndez en la Patagonia, y también la de Macri, grupo económico que creció junto a la Dictadura.
Entonces, sí es posible sostener que Braun y Macri (el secretario de Comercio y el Presidente) pertenecen a una línea histórica, a un linaje, que tiene en su seno la represión de las clases populares.
SebastiánPremici.com
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