sábado, 6 de febrero de 2016

Restauración neoliberal a la Argentina.



Con sólo dos meses de gestión, la primera foto de balance de la nueva administración no deja lugar a dudas: El pico inflacionario del 5,2 por ciento de diciembre, tomado el índice de precios que utiliza el Banco Central de la República Argentina, fue el más alto desde la mega devaluación de 2002.

En apenas dos meses la alianza derechista que gobierna la Argentina puso todas sus cartas sobre la mesa y, en materia económica, dejó claro que se trata de una restauración neoliberal al estilo clásico. Para quienes seguían de cerca la trayectoria y el discurso de sus economistas no fue sorpresa. Las dudas subsistían entre los analistas políticos que, durante la campaña electoral, argumentaron que la Alianza PRO era en realidad una “nueva derecha moderna”. Moderna en el sentido de haber aprendido de los errores y excesos del pasado en materia de ajuste salvaje, costo social, formas de endeudamiento y alineamientos internacionales.

No debe olvidarse que el kirchnerismo, la fuerza política que gobernó el país entre 2003 y 2015, se consolidó como reacción a la potente crisis de 2001-2002, el resultado del estallido de un cuarto de siglo de neoliberalismo iniciado en 1976 con la dictadura cívico militar, debacle histórica que llevó a la pobreza a más de la mitad de la población y provocó el default de la deuda pública generada durante el período.

Sobre la base de esta experiencia histórica, y al margen de la sumatoria de críticas que pudieran hacérsele a la administración saliente, parecía por demás extraño que el viejo orden neoliberal regrese bajo la novedad absoluta de la voluntad popular, dato que debe ser muy tenido en cuanta por todos los movimientos transformadores de América Latina. Tras la elección, si bien todo gobierno que asume con la fuerza incuestionable de los votos goza de un período de gracia, los analistas políticos, propios y extraños, todavía se sorprenden de que, conocido el rumbo duro de la nueva administración, sus porcentajes de popularidad superen el 60 por ciento.

Los números son llamativos porque el nuevo programa económico posee todos los componentes que hacen impopular a un gobierno. Desde su asunción el pasado 10 de diciembre, la Alianza derechista provocó una fuerte devaluación que por ahora ronda el 40 por ciento, retiró los aranceles a casi todas las exportaciones agropecuarias, con excepción de la soja, y a commodities industriales. Estas medidas provocaron un salto inflacionario en los meses de diciembre y enero, que más que duplicaron los niveles mensuales previos, pero con aumentos todavía más fuertes en la canasta básica. En paralelo se desmontaron las trabas a las importaciones que protegían a algunas industrias sensibles frente al valor de la mano de obra asiática y los stocks de una economía mundial frenada. Ya en enero, se anunciaron aumentos del 350 por ciento en promedio para las tarifas eléctricas, aumentos que representan sólo el comienzo de subas mayores. Los ajustes a la electricidad serán seguidos por el resto de los servicios y el transporte público.

Hasta ahora, el blindaje mediático de la prensa hegemónica sirvió de bloque​o​ al rechazo popular. El efecto real seguramente sobrevendrá cuando los asalariados comiencen a sentir el impacto concreto de las nuevas políticas. No sólo cuando reciban las boletas ajustadas de los servicios públicos, sino cuando descubran que sus salarios ya no se ajustarán en paritarias sobre la base de la inflación real o incluso más, como ocurrió durante la última década, sino que experimentarán un retroceso sensible. Aquí morirán las palabras y el debate ideológico.

En este contexto se enmarcan los despidos masivos en el sector público con coletazos que también se extienden al privado. En los primeros 50 días fueron casi 26 mil las cesantías en el Estado. El argumento para legitimar socialmente los recortes fue un supuesto compromiso de los desplazados con el gobierno saliente más la estigmatización de cobrar sin trabajar (“ñoquis”). Pero la razia estatal superó holgadamente a los cuadros dirigenciales medios, lo que podría considerarse racional desde la perspectiva de un cambio de administración, para extenderse a trabajadores rasos y con antigüedad. El proceso fue concomitante a la amenaza del nuevo ministro de Hacienda y Finanzas Públicas, el ex JP Morgan Alfonso Prat Gay, quien afirmó que los asalariados deberían elegir entre mantener sus empleos o aceptar podas de ingresos en las renegociaciones salariales “paritarias” anuales. Una amenaza de exclusión insólita en boca del ministro de un gobierno democrático, aunque habituado a las expresiones despectivas y clasistas.

El dato duro es que hasta hace apenas pocos meses, los reclamos sindicales de los trabajadores argentinos eran de segunda generación, el piso a partir del cual comenzaba a descontarse el impuesto a los ingresos (“Ganancias”), mientras que hoy, el retroceso ni siquiera es hasta los reclamos de primera generación, el poder adquisitivo del salario, sino a un estadio pre capitalistas: evitar la exclusión del desempleo. Con el nuevo gobierno la palabra “despidos” pasó a ocupar el centro de la escena política. De nuevo: se trata de una realidad impensable pocos meses atrás, cuando el principal debate pasaba por conseguir los dólares necesarios para superar la llamada “restricción externa” que frenaba el crecimiento del PIB.

En una segunda línea de análisis, generar desempleo es una necesidad estructural de la nueva administración. La estabilidad macroeconómica post devaluación demanda que la inflación, los precios, no se coman el dólar más alto, reducir al mínimo el famoso “pass-through”. Para ello es fundamental que no se recupere el valor del salario en dólares, es decir; se necesita un férreo control sobre las negociaciones paritarias, que los salarios crezcan menos que los precios. Las paritarias son una relación de poder. El poder de los trabajadores está dado por el nivel de empleo. Dicho de otra manera, desempoderar a los trabajadores significa aumentar el desempleo. Esta cuestión fue largamente explicada por uno de los padres de la heterodoxia, el economista polaco Michal Kalecki, en “Aspectos políticos del pleno empleo”, escrito en 1943, pero es una mecánica bien conocida por la ortodoxia y una de las inspiraciones de todos los procesos de ajuste neoliberal.

Con sólo dos meses de gestión, la primera foto de balance de la nueva administración no deja lugar a dudas: El pico inflacionario del 5,2 por ciento de diciembre, tomado el índice de precios que utiliza el Banco Central de la República Argentina, fue el más alto desde la mega devaluación de 2002. Pero si se toma una canasta compuesta por aceite, leche, carne, fideos, arroz, queso, huevos y yogurt el aumento de los primero 50 días fue de un impresionante 18,2 por ciento. Siguiendo los números del Observatorio de la Central de Trabajadores Argentinos los despidos ya suman 25.599 en el sector público y 41.529 en el privado, es decir; 67.128 nuevos desocupados. Esta cifra significa un aumento del desempleo del 7 por ciento, con lo que el índice pasó del 5,9 por ciento heredado de la gestión anterior al 6,3; siempre para un período de sólo 50 días. A todo ello debe sumársele la voluntad declarada de acatar el insólito fallo de un juzgado de Nueva York en favor de los fondos buitre por un valor piso de 9.000 millones de dólares y la creación de nuevo endeudamiento de corto plazo en moneda dura.

El relato neoliberal, siguiendo más de dos mil años de tradición religiosa, suele aceptar estos ajustes como procesos sacrificiales en función de un futuro venturoso, el valle de lágrimas para llegar al paraíso. Los ajustes parten de dos supuestos básicos; el primero es la existencia de una crisis, el segundo la necesidad de recrear condiciones estructurales para regresar al crecimiento. Sin embargo los números indican que la economía argentina, aunque no exenta de problemas, no estaba en crisis y que después de un freno en 2014 había recuperado levemente su crecimiento en 2015. El ajuste innecesario provocado por la nueva administración tuvo cómo único resultado la transferencia de recursos a exportadores y empleadores en general, una simple restauración de la tasa de ganancia que, sin embargo, no será suficiente para recuperar el crecimiento. Desde el mismo gobierno reconocen que 2016 será recesivo. Hay razones sobradas para ello: el principal componente de la demanda, el consumo, que representa el 72 por ciento del total del PIB, sufrirá una contracción significativa por los recortes salariales. A ello se sumará también la contracción del resto de los componentes de la demanda: El gasto público 11 puntos del producto, las exportaciones 15 puntos y la inversión 21 puntos (los puntos que pasan de 100 son las importaciones). El gasto caerá por la propia voluntad del gobierno, las exportaciones por el freno o recesión de los principales mercados de destino y las inversiones porque caerá el producto. Así de simple. 2016 será recesivo y la contracción, en principio y de no mediar nuevos estímulos a la demanda, se extenderá a 2017.

Lo expuesto es sólo el balance económico. En el plano político, que no se aborda aquí, también se registró un deterioro institucional cuyos hitos fueron la vuelta a la existencia de presos políticos, como la militante social Milagro Sala, el regreso a la represión de la protesta social, por ahora bajo la nueva estrella de las balas de goma, la derogación por decreto de la ley anti monopolios mediáticos y el intento de nombrar por decreto a dos jueces de la Corte Suprema de Justicia saltando los mecanismos constitucionales.

Claudio Scaletta, Telesur.

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