domingo, 28 de febrero de 2016

El shock económico.


El plan económico del PRO apunta a la liberalización y desregulación de las principales variables económicas. Pero un análisis detallado de las decisiones adoptadas revela que toda la apuesta descansa en un incremento de la inversión, que parece difícil que alcance para compensar los efectos recesivos del resto de las medidas.

A más de un mes de su asunción, los lineamientos económicos del nuevo gobierno están sobre la mesa. En adelante podrá debatirse sobre la profundidad y eficacia de las principales medidas, pero por un mínimo de cuatro años y de no mediar catástrofes, imponderables por naturaleza, existirá un nuevo régimen económico. Importa entonces conocer su naturaleza y sus posibles efectos. Una alternativa es analizar al modelo emergente desde la asepsia, real o presunta, de los grandes agregados macroeconómicos. Asepsia en un sentido especial: la economía brinda componentes numéricos más ponderables por definición que las elucubraciones políticas. Sin embargo, los números determinan también ganadores y perdedores. La política se le mete a la economía por todos lados. El anhelo matemático sirve aquí, apenas, como recurso explicativo.


Oferta y demanda

Para seguir el camino propuesto es necesario dar primero un breve desvío teórico para detenerse en dos conceptos muy simples: la oferta y la demanda agregadas. En macroeconomía se denomina oferta agregada al conjunto de bienes y servicios que se producen en un país en un determinado período. Esta oferta es el producto, también denominado, bajo ciertas restricciones, producto bruto interno (PBI). A su vez, el PBI es demandado para diversos fines: los agentes privados demandan para consumo o inversión. Luego, como existe el gobierno, a la demanda privada se suma el gasto del Estado, que también puede asumir la forma de consumo o inversión. Finalmente, como el país tiene relaciones con el resto del mundo, se añade el resultado del comercio exterior: las exportaciones menos las importaciones.

Dedicar un párrafo a estas definiciones es necesario porque la distinción entre oferta y demanda agregadas encierra la clave para comprender tanto el debate económico general como las particularidades del presente. El énfasis en uno u otro componente, en la oferta o en la demanda, define las visiones sobre el funcionamiento de la economía y su crecimiento. La ortodoxia cree que los estímulos deben producirse por el lado de la oferta: el Estado debe bajar los costos de producción de las empresas tanto por vía cambiaria, es decir salarial, como impositiva. Se supone que un aumento de la tasa de ganancia genera un clima favorable para la inversión, y entonces la economía crece. La heterodoxia, en cambio, cree que el crecimiento es el resultado de la expansión de la demanda, es decir, se necesita que crezcan sus componentes para que la oferta, el PBI, se multiplique. Mientras la ortodoxia propone que primero hay que crecer para distribuir (teoría del derrame), la heterodoxia cree que si no se redistribuye no se crece.


El modelo que se fue

El modelo económico saliente, con sus limitaciones y discontinuidades, se basó en el concepto de estimular la demanda. En promedio, durante todo el ciclo kirchnerista los salarios se incrementaron por encima de la inflación impulsando el consumo. Sin detenerse en detalles, si se observa la evolución del PBI desde 2003 hasta 2015, el objetivo del crecimiento se cumplió al menos hasta 2012, cuando comenzaron a operar algunas restricciones estructurales y otras nuevas. La primera fue la reaparición de la restricción externa con la desaparición del superávit de cuenta corriente; es decir, la escasez de dólares para financiar las importaciones necesarias para que el consumo y el PBI sigan creciendo. En tanto los dólares se originan en las exportaciones, el problema se vio agravado por la caída de los precios internacionales de los commodities y, en paralelo, por la necesidad nueva de comenzar a importar combustibles.

Un componente adicional fue que, en el marco de las disputas con el capital financiero internacional, el país optó por no financiar la brecha de la cuenta corriente con entradas de capital y endeudamiento, como sí lo hicieron el resto de los países de la región y como lo hace casi todo el mundo. En este freno relativo que operó en el segundo gobierno de Cristina Fernández, cuya interpretación es bastante más larga que la raíz expuesta, se encuentra seguramente buena parte de las explicaciones de la fuga de votos que terminaron en la derrota del Frente para la Victoria en el balotaje.


Las salidas

En este escenario, la oferta electoral económica del candidato del Frente para la Victoria fue “el desarrollo”, en el sentido de avanzar en la transformación de la estructura productiva a fin de generar los dólares necesarios para seguir financiando la expansión de los componentes de la demanda, especialmente el consumo y los salarios. Esta oferta electoral explícita quedó parcialmente velada por las disputas políticas internas al interior de la fuerza, situación que no contribuyó a fortalecer al candidato propio.

Los economistas del PRO, más allá del marketing electoral, dejaron trascender durante la campaña las principales medidas que fueron adoptadas desde el pasado 10 de diciembre. Su sustancia económica nunca enfatizó el nivel de actividad, sino la estabilidad de las variables macro. Su propuesta siempre fue un Estado pequeño, con menos impuestos para las empresas y una baja interferencia de lo público. Su perspectiva es la desregulación, incluidas tanto la cambiaria como la comercial, y no la protección de los mercados para las industrias locales. Regulaciones, impuestos y Estado interfieren con el desarrollo de las fuerzas productivas. Por último, precisamente por este conjunto de creencias y por su alianza de clases, también propone un modelo distinto de relaciones internacionales. Por decirlo de manera rápida, está más cerca del Consenso de Washington que del de Beijing.

Sin embargo, toda esta información convivió durante la campaña electoral con la creencia de que no se trataría de un simple regreso al pasado, sino de una opción política superadora. Se insistió en ver al PRO como “un partido del siglo XXI”, como “lo nuevo” en la política argentina frente a la “partidocracia tradicional”. Con el mismo procedimiento ideológico se ponderó también que su neoliberalismo no sería salvaje y que se había aprendido de los errores y extremismos del pasado.

Sobre la base de la moderación del Macri candidato muchos analistas descartaron la posibilidad de un regreso violento a las viejas recetas e imaginaron una salida más lenta y pragmática del “modelo populista”. Había razones objetivas para creerlo: no se salía de una crisis sino que se partía del piso de una economía desendeudada y en recuperación tras el sacudón de 2014.

Los datos conocidos en poco más de un mes de gobierno mostraron, en cambio, un regreso clásico a la ortodoxia neoliberal, con la aplicación de un programa de shock de consecuencias impredecibles, un conjunto de medidas que ya provocó decenas de miles de despidos en el sector público y una potente devaluación del 40 por ciento que habilitó un significativo salto inflacionario cuando todavía no se produjeron los anunciados aumentos de tarifas en los servicios públicos resultantes de la eliminación de subsidios. Al paquete se sumó el reconocimiento público, por parte del ministro de Hacienda y Finanzas, de la sumatoria de intereses del fallo neoyorquino en favor de los fondos buitre, estrategia que no solamente dio por tierra con una política de Estado del gobierno saliente, sino con la lucha llevada adelante por el país en Naciones Unidas y que contó con el apoyo de la abrumadora mayoría de los países del mundo.


Futuro recesivo

El PRO representa una primera vez no sólo en lo político –el acceso al poder de un gobierno de derecha no peronista por el voto popular– sino también en lo económico –la aplicación de un programa de shock sobre una economía que no estaba en crisis–. El primer resultado será el que históricamente, en todo tiempo y lugar, provoca una devaluación: una contracción de la demanda vía caída del consumo por reducción de salarios y, en consecuencia, de la actividad económica. En este mismo periódico se hizo la misma predicción a comienzos de 2014 tras la devaluación decidida por el kirchnerismo, con el resultado conocido. Hoy el panorama es más grave por la inexistencia de un gobierno preocupado por los efectos contractivos del salto en el tipo de cambio. Por el contrario, la nueva administración parece desearlos como instrumento de estabilización.

El “éxito” de una devaluación, cuando es buscada, consiste en el “cambio de los precios relativos”, un eufemismo de reducción de salarios. El aumento de la competitividad no es otra cosa que eso: la baja de los costos en dólares para las empresas. Los exportadores se vieron también favorecidos por la reducción y eliminación de retenciones.

Luego, para consolidar el éxito de la transferencia se debe evitar que el aumento de los precios internos, la inflación, licúe la ganancia cambiaria. La clave es contener los aumentos de salarios, que son los causantes estructurales de los incrementos de precios. Aunque la ortodoxia hable públicamente de las razones monetarias de la inflación, los ejecutores de políticas saben bien que la clave está en las paritarias. En esta línea, los despidos en el sector público, que sumaban más de 24.000 al cierre de este artículo y que, según reconoció Mauricio Macri desde Davos, continuarán, tienen por objetivo no sólo compensar parcialmente los recursos que el Estado dejó de percibir por las bajas impositivas, sino desempoderar a los trabajadores en las inminentes negociaciones salariales. Lo adelantó como amenaza el ministro Alfonso Prat-Gay: los trabajadores deberán elegir entre mantener el poder adquisitivo de sus salarios o sus empleos. Otra primera vez del PRO: un ministro amenazando a los trabajadores con la exclusión si no aceptan las rebajas salariales.

En este nuevo escenario llama la atención el generalizado optimismo de las consultoras económicas. En diciembre todas descontaban que la economía efectivamente caería en el primer semestre de 2016, pero que comenzaría a recuperarse en la segunda mitad del año. Para estimar si esto es efectivamente posible es necesario considerar los componentes de la demanda agregada vistos al principio del artículo. ¿Cómo se divide la demanda agregada? Si se toman los últimos datos disponibles del Indec, que corresponden al segundo trimestre del año pasado, se observa que el consumo representaba el 72 por ciento del PBI, la inversión el 21 por ciento, el gasto público el 11, las exportaciones el 15 y las importaciones el 19.

Las medidas adoptadas por el gobierno impactarán de lleno en el componente que representa el 72 por ciento del PBI. El efecto de la caída de salarios no será compensado por el efecto riqueza de los sectores de mayores ingresos porque los sectores más acomodados tienen una menor propensión (marginal) a consumir. Si la devaluación es exitosa en sus propios términos, los salarios se recuperarán menos que los precios. El consumo, por lo tanto, caerá.

Luego está el gasto público, que explica 11 puntos del PBI. Aquí la caída de ingresos por las primeras medidas del gobierno y el animal spirit de sus economistas también anuncian una mayor contracción. En vez de utilizarse al Estado para compensar la caída de la demanda, se está haciendo lo contrario: reforzarla. El problema es que las contracciones del PBI son deficitarias y la mayor parte de los componentes del gasto, inelásticos. Si se agregan los compromisos emergentes de la creación de nuevo endeudamiento, incluido el reconocimiento del fallo buitre, el panorama se complejiza todavía más.

Siguen las exportaciones, que equivalen a 15 puntos del PBI. El argumento que suele esgrimirse para justificar las devaluaciones es que si se bajan los costos internos en dólares las ventas al exterior aumentarán. Quien afirma esto no considera dos cosas: en primer lugar, las series históricas que relacionan ventas al exterior con tipo de cambio no muestran este fenómeno de mayores exportaciones ante alteraciones cambiarias; en segundo lugar, la canasta de bienes comercializados por el país está compuesta mayormente por commodities, cuyos precios y cantidades dependen de factores externos. Y en este sentido el escenario internacional muestra una caída en los precios de las materias primas como consecuencia de la recesión en Brasil, el estancamiento europeo, la débil recuperación de Estados Unidos y el freno de China. La predicción es que salvo vía stocks no habrá una expansión exportadora. A ello se suma que la liberación comercial puede provocar un aumento de importaciones.

Finalmente, queda la inversión, que representa 21 puntos del PBI. Según las consultoras y el propio gobierno aquí se encontraría la clave del despegue. Pero hay que introducir dos observaciones. La primera es teórica: ¿de qué depende la expansión de la inversión? En el Ministerio de Hacienda y Finanzas creen que de la creación de condiciones favorables, como la baja de los costos salariales y los impuestos y el esotérico “clima de negocios”. Sin embargo, las inversiones se realizan en el momento de la venta de los bienes y servicios producidos, por lo que requieren demanda. La historia económica muestra que este componente suele aumentar frente a perspectivas de crecimiento. La segunda observación es que muchos países, como China y las naciones del Sudeste Asiático, lograron impulsar sus economías aumentando significativamente el peso de la inversión, hasta llegar en algunos casos a más del 50 por ciento del PBI, con modelos económicos claramente diferentes al elegido por el PRO. ¿Cómo se financiará el pretendido incremento de la inversión? ¿Cuáles serán los mercados y los sectores elegidos?

¿Cuánto tiempo llevará?

Dejando de lado el último punto, el escenario 2016 ofrece pocas dudas: la evolución posible de los componentes de la demanda predicen una potente recesión que se arrastrará a 2017.

Claudio Scaletta, Le Monde Diplomatique Cono Sur.

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