Se fugaron los Lanatta.


Triple fuga de la cárcel con un arma de juguete

Los prófugos son Víctor Schillaci y los hermanos Cristian y Martín Lanatta, quien en plena campaña electoral había vinculado a Aníbal Fernández con el crimen. La gobernación bonaerense removió a la cúpula penitenciaria y ofreció una recompensa.

María Eugenia Vidal experimentó ayer su primer tembladeral como gobernadora bonaerense. Tres condenados por el triple crimen de General Rodríguez se fugaron de la cárcel de máxima seguridad de General Alvear. Se trata de Víctor Schillaci, Cristian y Martín Lanatta. Este último fue quien acusó, pocos días antes de las elecciones primarias del 9 de agosto, al ex jefe de Gabinete Aníbal Fernández de ser el autor intelectual del asesinato. En ese entonces, Fernández era candidato a gobernador y competía con Vidal, quien centró buena parte de su campaña en aquella denuncia. Tras la fuga, la gobernadora bonaerense evitó responder a las insinuaciones del kirchnerismo de que hubo una evidente conexión entre la denuncia de campaña y el escape de los presos. Reaccionó con la remoción de la cúpula del Servicio Penitenciario bonaerense, inició una investigación interna y ofreció una recompensa de dos millones de pesos por información sobre los prófugos. “Que salgan como panchos por su casa de la cárcel es bastante extraño”, opinó la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich.

Los Lanatta y Schillaci se fugaron cerca de las 2.30 del domingo, del sector de sanidad de la cárcel de General Alvear. Los tres prófugos estaban cumpliendo su condena a prisión perpetua por el asesinato en 2008 en General Rodríguez de Sebastián Forza, Damián Ferrón y Leopoldo Bina, vinculado al tráfico de efedrina.

Según la versión oficial, los presos redujeron y maniataron a dos guardias y los ocultaron en uno de los baños. Luego transitaron los pasillos vestidos con ropa oscura –similar al uniforme de los penitenciarios– hasta que llegaron al exterior. Es decir que, literalmente, salieron caminando de la cárcel. Tanto el abogado de los prófugos como los de las víctimas hablaron de connivencia de las autoridades. Allí se subieron a un Fiat Uno de uno de los penitenciarios y avanzaron unos 200 metros hasta el puesto de guardia 1. En ese lugar, redujeron al custodio y lo amordazaron. Se lo llevaron en el auto hasta Villa Belgrano, un barrio que está a algunas cuadras del penal. Lo dejaron atado en el auto. Poco después consiguió pedirles ayuda a los vecinos.

Una cámara de seguridad captó su paso a las 2.45 por Belgrano y 9 de Julio. En esa imagen se observa una camioneta negra que dobla a gran velocidad hacia la Ruta 205. Los investigadores asumen que es el vehículo en el que continuaron la fuga.

En el auto que usaron para salir de la cárcel, la policía encontró una réplica de un arma de fuego (un arma de juguete realista), con la que los presos habrían amenazado a los guardias. La causa judicial que se abrió quedó en manos del fiscal Cristian Citterio, con intervención del juez de garantías de Azul, Federico Barberena.

Fuentes judiciales advirtieron sobre lo inverosímil de la información oficial respecto de la fuga. La Unidad 30, explicaron, posee tres sectores con nueve módulos, y en cada uno de ellos se dispone un “imaginaria de módulo” más otro en cada “pasillo de conexión”; además, todos esos “pasillos de conexión” conducen a un sector común asegurado por cuatro rejas custodiadas por más guardias. Así, quien intente fugarse debe reducir al guardia de su módulo y al del pasillo, atravesar esa fortaleza enrejada y neutralizar a los penitenciarios que la custodian. Finalmente, al salir se encontraría con una garita externa de control. La misma fuente precisó que, desde las 20, los presos están encerrados en sus celdas. Y concluyó: “Es imposible que tres tipos se escapen por el frente a las 2 de la mañana”.

Cúpula removida

En respuesta a la fuga, Vidal desplazó del cargo a la jefa del Servicio Penitenciario Bonaerense, Florencia Piermarini –quien había presentado su renuncia el miércoles 23 de diciembre, pero no se la aceptaron– y a la plana mayor, compuesta por el director general de Coordinación, inspector general Claudio Cardo; director general de Asistencia y Tratamiento, Carlos Russo; al director general de Seguridad, inspector general Marcelo Rotger; el director general de Instituto, inspector general Gabriel de Murtas, y al subdirector general de Recursos Humanos, Alberto Paez. También removió a los responsables de la Unidad 30 de General Alvear: el director, prefecto mayor Manuel Guevara, y al subdirector, prefecto Ariel Elichelibeti.

Según fuentes cercanas a la ex directora del SPB, ella había intentado renunciar apenas asumió Vidal, pero le pidieron unos días. Lo volvió a intentar el miércoles 23. Desde el gobierno bonaerense confirmaron que recibieron ese pedido, pero indicaron que no se le aceptó la renuncia y que le informaron que el SPB no podía quedar acéfalo. Conocida la fuga, Vidal resolvió cesantear a Piermarini. “Estaban a cargo los del gobierno anterior y estábamos en proceso de transición”, se desligó el ministro de Seguridad bonaerense, Cristian Ritondo.


Vidal también inició una investigación interna. Como nuevo titular del SPB designó a Fernando Díaz, que era subjefe del Servicio Penitenciario Federal. Además, la gobernadora nombrará como nuevo subsecretario de Política Penitenciaria a Juan Baric, que reemplazará a César Albarracín. Según señalaron en un comunicado, ese funcionario sciolista “cesó en el cargo el 10 de diciembre pasado”.

Ritondo estuvo reunido ayer en Puente 12, en La Matanza, con la ministra de Seguridad nacional, Patricia Bullrich. Ambos evaluaron las alternativas de la búsqueda que llevan adelante diversas fuerzas federales, la AFI e Interpol. “No vamos a descansar hasta que regresen a donde la Justicia dictaminó que deben estar”, indicó Ritondo, quien firmó un decreto por el que ofreció el máximo dinero posible de recompensa por datos sobre el paradero de los prófugos: dos millones de pesos. También dispuso que los familiares de las víctimas de los condenados tengan custodia, al igual que uno de los abogados.

En el gobierno bonaerense se ocuparon de remarcar que la semana pasada enviaron al Congreso provincial un proyecto de ley que declara la emergencia penitenciaria por un año, lo que habilitaría al Ministerio de Seguridad a hacer compras y contrataciones con menores controles y convocar a personal de entre los retirados de la Policía bonaerense y entre los penitenciarios pasados a retiro.

Réplicas

Si ya de por sí la fuga de tres condenados de una cárcel de máxima seguridad garantizaba el escándalo, a eso se sumó que uno de ellos fue el protagonista de una de las denuncias más resonantes de la campaña para gobernador bonaerense. “El que dio la orden fue Aníbal Fernández”, sostuvo Martín Lanatta en un programa de televisión, cuando se refirió al asesinato por el que está condenado. Durante los seis años previos, el ahora prófugo había negado cualquier vinculación de Fernández con el caso. Tampoco aparecieron entrecruzamientos telefónicos ni otros elementos que le dieran, hasta ahora, solidez a esa denuncia.


 Aníbal Fernández salió a hablar ayer: “Cuando pasó esto, lo poco que le pude contar a la sociedad argentina es que yo no sé quiénes son estas personas, que no tenía nada ver con ellos. Que cada uno saque sus propias conclusiones. Yo no voy a cambiar mi manera de vivir porque se hayan fugado estos personajes. No tengo nada que ver con eso”, indicó el ex jefe de Gabinete.

“Otra barbaridad más de Aníbal Fernández –reaccionó Ritondo ante una pregunta que le hicieron–. La causa de la efedrina no se la inventó nadie. Tiene que dar respuestas al juez”. “Hay ganas de ensuciar la cancha. Habría que ver qué declararon esas personas para ver a quiénes les convenía que no siguieran declarando”, insinuó el ministro de Seguridad bonaerense. “El narcotráfico manda mensajes todo el tiempo, pero a nosotros no nos van a amedrentar. Vamos a llegar hasta donde haya que llegar”, prometió la ministra de Seguridad nacional.

Desde el kirchnerismo, diferentes voces señalaron que, detrás de la increíble fuga de los detenidos, habría una “devolución de favores” del macrismo por la oportuna denuncia de campaña.

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