Dictador por necesidad y urgencia.

La democracia asiste impasible a su propio retroceso. Tarde, los argentinos descubren que durante los años que los fundamentalistas de la Constitución fueron oposición y reclamaron mayor “calidad institucional”, tenían los dedos cruzados, en posición “pido”.

El pasado martes, el gobierno dictó dos nuevos decretos de necesidad y urgencia en relación con la justicia. Mientras uno establece la suspensión del Código Procesal Penal, sancionado por ambas cámaras legislativas y cuya implementación estaba prevista para el próximo 1 de marzo, el restante ordena el traslado del Departamento de Interceptación y captación de las Comunicaciones (DICOM), del Ministerio Público Fiscal de la Nación (MPF) a la Corte Suprema, contrariando las previsiones de la ley de inteligencia nacional, promulgada en marzo de este año, y que accedió a transparentar esa sensible área de producción de pruebas en materia penal y a democratizar su funcionamiento, otorgándole a un órgano extra poder como lo es el MPF, la facultad de su control.

Horas después de la publicación de ambas disposiciones el juez federal Sebastián Casanello sobreseyó en “forma definitiva por falta de pruebas” al presidente Mauricio Macri en la causa por las escuchas telefónicas ilegales en las que estuvo procesado cinco años. ¿Casualidades u otra devolución de gentilezas, como con Clarín, los sojeros y quizá los más famosos presos del mundo escapados por la puerta del penal de General Alvear, aunque esta vez a los jueces, especialmente los federales, que tomaron como una afrenta y una amenaza a su sistema de acumulación de poder propio la sanción del nuevo Código y la prohibición del adulterio entre jueces y agentes de inteligencia?

Ambos decretos “de necesidad y urgencia” vulneran un precepto constitucional: toda normativa en materia penal es facultad excluyente del Congreso. Y que nadie se confunda: no hay reuniones del Congreso porque el presidente en ejercicio decidió no convocarlo a sesionar, pudiendo hacerlo en calidad de extraordinario. Si hay necesidad y urgencia de nombrar a dos ministros en la Corte, de suspender la Ley de Medios, de devolver las escuchas telefónicas a los agentes de la SIDE, y de regresar todo el poder a los jueces, dando vía libre a sus vicios corporativos, entonces lo necesario y urgente en convocar a los legisladores y abrir el Parlamento. Porque es el consenso entre las fuerzas políticas lo que debe primar cuando se trata de evaluar tantas y tan sensibles modificaciones al funcionamiento institucional de un país. Al menos así ocurre en una República.

Sin embargo, la Corte Suprema postergó el traspaso hasta el 15 de febrero de 2016 “sin perjuicio de la evaluación que pueda efectuar sobre la validez del Decreto 256/2015 en ejercicio de sus facultades constitucionales”. Así, el Tribunal no observó tal necesidad y urgencia, y abrió una ventana a la inconstitucionalidad del decreto.

A propósito, resulta notable que los primeros cuestionamientos al DNU sobre las escuchas hayan sido de los trabajadores judiciales. En efecto, el decreto presidencial fijó que el traslado del área, de la órbita del MPF a la de la Corte, incluyera la transferencia de “su personal, sus bienes y su presupuesto”, como si los trabajadores fueran muebles, o pudieran ser inventariados.

Esos trabajadores, señor presidente de la Nación, son precisamente eso: trabajadores. Tienen derechos, no como los armarios. Los amparan las leyes laborales, no como a las sillas ergonómicas. No son seres inanimados, como una computadora programable; desempeñan un rol social desde su especificidad laboral, que mal podrían cumplir si permitieran que otro poder del Estado avanzara alevosamente sobre uno de sus más elementales derechos como trabajadores: mantener su empleador, preservar sus condiciones de trabajo y su vínculo de contratación.

Esos trabajadores forman parte del plantel del Ministerio Público Fiscal de la Nación. Deben reportarse, en última instancia, a Alejandra Gils Carbó, no a Jaime Stiuso. Deben velar por el cumplimiento de las normas y la Constitución, no observar obediencia a oscuros agentes de inteligencia, que ocultos tras los generosos cortinados que Daniel Angelici les ofrece en Boca, se frotan las manos y sueñan con volver al edificio de avenida De los Incas.

La intervención de los trabajadores judiciales en el conflicto abierto que el gobierno mantiene con la democracia, no es un detalle menor, y cobra sentido porque uno de los argumentos del macrismo en su forzamiento de los límites que impone la división de poderes fueron dados por Julio Piumato.

Para derrocar el nuevo Código, Macri argumentó la “magnitud de la tarea aún pendiente, la cual ha sido advertida por la Comisión Bicameral de Monitoreo e Implementación de Nuevo Código Procesal Penal y por la Unión de Empleados de Justicia de la Nación”, dice el decreto. Cuánto tendrán que luchar los trabajadores judiciales para desagraviar el nombre de ese gremio, que tiene una veintena de militantes desaparecidos, y fue manchado una vez más y quizás en su punto más alto, en su honorabilidad y compromiso con el pueblo y la democracia, y no con la rancia corporación judicial. Jamás en la historia de ese sindicato se citó su nombre entre los considerandos de un DNU presidencial, cuyo tenor y alcances bordean formas solapadas, elegantes y sin dudas novedosas de golpismo institucional.

La traición de Piumato explica el surgimiento de nuevas formas de representación gremial entre los judiciales. Los trabajadores del MPF que laboran en DICOM recurrieron a SITRAJU (Sindicato de Trabajadores Judiciales de la República Argentina), cuyas autoridades realizaron una asamblea y se llevaron un mandato: luchar por mantenerles el puesto de trabajo y las condiciones de ese empleo. Las medidas incluyeron un comunicado de alerta, que trajo alivio a los trabajadores, y un petitorio entregado a la Procuradora General de la Nación, quien horas más tarde y a través de sus más allegados funcionarios se comprometió a “respetar las condiciones de trabajo y a mantener su vínculo laboral con el MPF”, según la declaración emitida por la seccional Nº 1 de ese gremio.

Sin dudas, lo mejor que puede pasarle a la sociedad democrática violentada por gobernantes y jueces, es que trabajadores judiciales y estatales asuman su rol social e histórico y se comprometan con la legalidad desde su puesto de trabajo. Como todo lo que es bueno y fuerte, el límite a la prepotencia de clase crece desde el pie.

Demetrio Iramain, Tiempo Argentino, 31 de diciembre 2015