Hacia el fraude electoral 2019.

Más allá de haber implementado un sistema comunicacional profesional y de cuidarlo con rango ministerial (con personal capacitado y pagado para ello), el trabajo de Marcos Peña y sus asesores (coaching, psicología, imagen, publicidad, asesorías, encuestas) tuvo sus resultados al lograr uniformidad de discurso en toda la plana de funcionarios hablantes.

Las promesas incumplidas, los pronósticos fallidos, los slogans explicados, los montajes publicitarios y los discursos armados del gobierno PRO encabezado por Macri no responden (sólo) a torpezas e inexperiencias sino que constituyen el correlato de una economía que no se deslizó un milímetro de los parámetros trazados desde el inicio de una gestión proyectada años antes de 2015.

La cuestión de esta convivencia entre un discurso rosa y esperanzador con un plan económico desbastador radica en el tiempo: ganar tiempo para llevar a cabo las medidas necesarias de endeudamiento y regresión del ingreso (entre otras) sin eclosión social, acaso hasta lograr un cambio irreversible de matriz macroeconómica.

#ALERTA de FRAUDE en Neuquén.

Los votos de Unidad Ciudadana y el radicalismo NO SE IMPRIMEN en las boletas eléctrónicas. Sí las del oficialista MPN, aliado del gobierno de Macri.

— Ezequiel Orlando (@ZetaOrlando) 10 de marzo de 2019

Pero la gestión económica es tan ambiciosa y tan voraz que también acelera los tiempos de desgaste y entonces, a tres años de gestión la imagen presidencial, aún blindada como jamás se vio en Argentina con un combo de medios de prensa, poder judicial, servicios de inteligencia, también sufre el desgaste inocultable. La decadencia y la pauperización se viven y se palpan día a día en la calle mientras le televisión habla de otra cosa.

Ahora, a meses de las elecciones presidenciales (2019) y sin más libreto comunicacional que la reiteración de viejos slogans y reinterpretaciones inverosímiles de una realidad fagocitante, el Gobierno PRO avanza con cambios en el sistema de escrutinio de votos.

Habiendo fallado en el intento de imponer el voto electrónico, los operadores PRO irrumpen con variaciones en el sistema de conteo de votos que incluyen la transferencia de datos con escáners desde las escuelas en lugar de transportar físicamente los telegramas escritos y también la votación anticipada de argentinos en el extranjero, de presos y de militares.

Desde el Ejecutivo sostuvieron que son cambios pedidos por la Cámara Nacional Electoral. El Partido Justicialista definió en su congreso partidario de la semana pasada que impulsará la nulidad de todos los cambios en la Justicia electoral.

Los cambios, publicados en enero, vienen siendo cuestionados por distintos sectores de la oposición. En el centro de la discusión aparecen los cambios en el procedimiento para transmitir la información de la votación al centro de cómputos. Hasta ahora, siempre se trasladaban los telegramas hasta los centros de transmisión del Correo Argentino. Desde el Gobierno argumentan que son muy pocos (unos 400 para 2500 ciudades) y que retrasan el escrutinio provisorio, porque los camiones deben trasladar los telegramas hasta el centro. La intención del gobierno PRO es que, justo a partir de esta elección, los resultados se transmitan desde cada escuela con una notebook y un escáner, a cargo de una empresa privada.

Se trata de una decisión, aseguran los macristas, que busca agilizar los tiempos del escrutinio provisorio. Es el mismo argumento con el que impulsaron el voto electrónico, una iniciativa que naufragó en el Congreso luego de que todos los especialistas informáticos de las universidades nacionales, además del Conicet, se pronunciaran en contra de ese sistema de votación. 

Para el sistema de transmisión, el Correo Argentino ya hizo una licitación que ganó la empresa Smartmatic, que recibirá por este nuevo sistema un total de 1.365.232,66 dólares. Y hay una segunda licitación para todo el escrutinio provisorio, que estará resuelta a fines de abril (2019). Allí también compite Smartmatic, una empresa con cuestionamientos en distintas elecciones del mundo y que en Argentina intervino en los comicios en Córdoba, donde fue cuestionada por el ahora ministro de Defensa, Oscar Aguad, por poco confiable.

La encargada de manejar el software de transmisión de datos que genera polémica es Smartmatic, a la que el PJ atribuye una vinculación con Cambridge Analytica, la empresa acusada a nivel internacional por el robo de datos de Facebook y el uso de esa información para campañas. 

Cambridge dijo haber actuado ya en la Argentina y todas las miradas se posaron en el PRO, que negó vinculación. Una investigación del sitio Big Bang News detalla que Smartmatic es una empresa extensamente ligada al gobierno de Venezuela hasta que en 2017 se despegaron y denunciaron las elecciones de la Asamblea Constituyente y que tiene denuncias por irregularidades en las elecciones en Filipinas, El Salvador, Uganda, Bélgica y en Estados Unidos. 

El apoderado del PJ, Jorge Landau, recibió indicaciones del congreso partidario de avanzar en presentar nulidades de todos los cambios ante la Justicia electoral, donde se terminará dirimiendo. Según indica el documento final, el PJ “rechazó los decretos del PEN y encomendó al cuerpo de apoderados para realizar todas las presentaciones necesarias ante la Justicia electoral para obtener la nulidad de los decretos y de toda otra normativa que no sea ley dictada por el PEN en uso de atribuciones que no le son propias”.

El PJ presentó hace algunas semanas un extenso documento donde cuestiona este sistema y otros cambios que se hacen en el proceso. Sobre la transferencia de datos, el PJ advirtió que impide el control cruzado de los fiscales, dado que modifica el procedimiento de actas de apertura y cierre.

“El propósito del gobierno es suprimir el medio de comunicación en papel que es el telegrama y su sustitución por un acta. Transforman esa acta en el único documento original de la votación ya que a los fiscales sólo se les entrega copia del acta transmitida. Y mantienen abiertas las urnas entre la finalización del escrutinio en la mesa hasta la transmisión de los resultados con la consiguiente inseguridad que eso entraña”, cuestionan. “Practican una política de hechos consumados. Por eso los decretos 45, 54 y 55 fueron publicados en enero en el mayor sigilo y la compra del software se hizo del mismo modo”, advierten.

Desde el Gobierno PRO sostienen que los cambios en los documentos que se disponen en el escrutinio serán, en última instancia, dispuestos por la Cámara Nacional Electoral. Con lo que no tienen previsto dar marcha atrás es con la transmisión desde las escuelas, que ya tiene una partida y una empresa a cargo. Sostienen que con este sistema se evita la disparidad en la carga de los datos, según la distancia de las escuelas al centro de cómputos del Correo.

“El software a utilizar esta desarrollado por una empresa privada y es de código cerrado. No existe análisis de ninguna institución oficial sobre la conveniencia y confiabilidad de uso”, advierte el documento del PJ que no deja de insistir: “El software de transmisión de datos ni se conoce ni ha sido probado nunca localmente. Solo lo conoce el Gobierno”.

Alejandro Carnero.