Macri, el hombre de los negocios turbios con el Estado.

El espejismo es un instrumento habitual de gobierno de la alianza Cambiemos. Por ejemplo:

* El 27 de septiembre Sergio Cassinotti, director ejecutivo del Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados, PAMI, creó por resolución interna una fundación con el mismo nombre, autoridades y objetivos, que le permitirá eludir los controles legales a su actividad. Ante la primera noticia, publicada por el blog “El Disenso”, el PAMI real respondió que el PAMI fantasma sólo administraría el hospital Houssay de Mar del Plata, que hasta el día anterior era el Sanatorio Eva Duarte. Pero los implacables disidentes le respondieron con el artículo 1° de la Resolución 0956 por el cual “la Fundación PAMI INSSJ podrá tener representaciones o delegaciones en cualquier punto del país” y con fotografías de otros hospitales donde el espejismo PAMI informa que quedarán bajo su administración.

* La semana pasada Macrì creó por el decreto 794 la sociedad anónima Corredores Viales, cuyos principales accionistas son el Ministerio de Transporte y la Dirección Nacional de Vialidad, composición que podrá ser modificada por la Asamblea de Socios. Su finalidad será la construcción, mejora, reparación, ampliación, remodelación, mantenimiento, operación, etc., de rutas y autopistas de jurisdicción nacional, es decir el objeto de la Dirección Nacional de Vialidad. El decreto contempla la inclusión de socios privados y exime a la nueva sociedad de someterse a la Leyes de Obras Públicas y de Procedimientos Administrativos y del Régimen de Contrataciones de la Administración Nacional.

* Sircreb es un organismo creado por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (AGIP) para cobrar en forma compulsiva deudas de Ingresos Brutos. Muchos profesionales monotributistas relatan que sin aviso ni explicación empezaron a sufrir débitos de sus cuentas por parte de Sircreb aunque por su situación fiscal no debían pagar ese impuesto. Los débitos se realizan directamente de la cuenta bancaria, así el contribuyente no sea titular y todos los depósitos pertenezcan a un familiar. Sircreb sólo acepta comunicaciones online, y no se sabe dónde funcionan sus oficinas. Ante el reclamo requieren una serie de trámites para acreditar que ese impuesto no corresponde, como certificar el título profesional y el carácter de monotributista. Esto insume varias semanas. Una vez transcurridas, Sircreb puede admitir que la víctima no debía estar en ese padrón de deudores. Pero eso no implica que el monopolio estatal de la violencia deje de ejercerse sobre la cuenta bancaria durante por lo menos tres meses más, porque ése es el lapso entre una y otra corrección del padrón. Más difícil es obtener la devolución de esos débitos injustificados. En la página no hay forma de gestionarlo y los contadores normales sugieren darlos por perdidos porque el sistema está organizado con ese propósito. En cambio, en la web es posible encontrar un estudio contable llamado casualmente Sircreb, que se especializa en lograr la exclusión de la lista de Sircreb y la devolución de los montos debitados. Aunque se presentan como un equipo de profesionales serios, no hay forma de saber quiénes son ni dónde operan. Sólo se puede acceder a ellos llenando un formulario con los datos personales.

* “Ayudalos con la reparación histórica” exhorta una serie de avisos de Anses, ilustrados por la imagen de sendos nietxs que asisten a sus abuelxs con la computadora. Es el mismo ardid de 2011, cuando el macrismo preguntó por teléfono si votaría a Filmus después de saber que su padre era el arquitecto de Sergio Shocklender, un dato tan falso como la existencia de la reparación histórica. La sofisticación es que ahora no se trata de un anónimo sino de un organismo oficial. El ajuste de haberes para dos millones y medio de jubilados fue prometido por el gobierno como carnada para que el Congreso votara la ley de blanqueo de capitales, incluida en el mismo paquete. La información oficial de Anses confirma lo que sólo en esta página se advirtió en aquel momento: el beneficio sólo alcanzó a 651.860 personas, y en muchos casos por sumas ofensivas, como 34, 100 o 250 pesos mensuales, sumados al haber luego de un engorroso trámite online, con o sin ayuda de nietxs. Anses declara que hay otros 533.000 pendientes, pero allí incluye a quienes tienen una sentencia judicial favorable y el Estado les ofrece pagársela mediante la Reparación Histórica (con una quita de entre el 40 y el 60 por ciento). El día de la primavera, La Nación informó que la Corte Suprema de Justicia respondería afirmativamente al deseo del gobierno nacional de que todos los jubilados tengan que allanarse a esa quita, aún aquellos que no aceptaron la mal llamada reparación histórica y prefirieron continuar con el juicio para que se les reconociera la totalidad de su crédito. El especialista previsional Facundo Fernández Pastor advirtió que esto implicaría dejar de lado la jurisprudencia de los fallos “Sanchez”, “Badaro” y “Eliff” y detraer el 60 por ciento de los haberes y los retroactivos de todos los jubilados. “La maniobra no sólo es ilegal, sino inmoral y no perjudicaría sólo a los más de trescientos mil jubilados y pensionados que tienen juicios pendientes por ante la Justicia Federal de la Seguridad Social, sino que sentaría un terrible precedente en materia de aplicación retroactiva de las normas en materia de seguridad social”, añade Fernández Pastor. En contraste, la Corte Suprema clausuró ese camino cuando lo que se buscó fue afectar en forma retroactiva los ingresos de los jueces. De ser así, “la corporación judicial estaría, una vez más, mostrándole a la sociedad que la única justicia a la que rinden cuentas es a la de los poderosos”.

Estos espejismos se corresponden a la perfección con el que pretende transmutar en ícono de la transparencia y la honestidad a un paradigma de la corrupta patria contratista como siempre fue el hombre de negocios turbios con el Estado Maurizio Macrì.

Horacio Verbitsky, Página 12.