El redoble del ajuste PRO para después de las elecciones de octubre (2017)

El Gobierno a través de diversos voceros adelantó varias medidas para después de las elecciones del mes próximo. Esas iniciativas implicarán aumentos de precios de bienes y servicios que tendrán un impacto negativo en el poder adquisitivo de gran parte de la población. Está incluido un recorte del gasto en las cuentas públicas que debilitará aún más la demanda agregada. La estrategia es la aplicación de medidas expansivas de cortísimo plazo en clave electoral para después retornar al sendero original de la Segunda Alianza. Esa ruta está señalizada con un ajuste regresivo de concentración de la riqueza con la contrapartida pérdida en la participación en la distribución del ingreso de trabajadores y jubilados.

La inconsistencia técnica, el despilfarro de recursos y la marcada descoordinación de gestión del paquete de medidas electorales no inquietan a los sectores conservadores. Los anuncios “populistas” del gobierno son avalados por analistas y financistas oficialistas porque han subordinado sus obsesiones ortodoxas a una misión política mayor: derrotar a la verdadera “bestia populista”. Saben que el “populismo” de Macri es engaña pichanga.

Del mismo modo que para diseñar y luego instrumentar un plan de endeudamiento desaforado se requiere de funcionarios que piensen más en el interés de los banqueros que en la sustentabilidad de las finanzas públicas, como es el caso del actual Ministerio de la Deuda, para hacer “populismo” con resultados positivos hay que saber o estar convencido. No es el caso del gobierno de Cambiemos. Por eso es frágil y poco efectivo.

Rebote

La evolución de variables macroeconómicas que festeja el gobierno es un rebote estadístico respecto a la crisis autoinducida de 2016. Es inconsistente pretender hacer “populismo”, por ejemplo con créditos a jubilados y titulares de AUH, cuando se tiene el objetivo de definir un patrón de redistribución regresiva del ingreso, que necesariamente requiere disminuir la masa de recursos en gran parte de la población. Esa contradicción se observa en el recorrido del consumo masivo, que no repunta con firmeza porque hubo una reducción del dinero disponible que es cubierto parcialmente con deuda de las familias.

La disminución de los ingresos se concreta por la doble vía de un incremento de la desocupación y subocupación y, a la vez, en la pérdida en términos reales del poder adquisitivo con generación de empleo precario de bajos salarios. Esto deriva en un retroceso socioeconómico que líneas de créditos personales permiten amortiguar como paliativos de corto plazo, pero que solo postergan el deterioro alimentando una burbuja de deuda familiar cuyo desenlace es conocido.

Ideas disparatadas de funcionarios replicadas por economistas macristas afirman que el consumo no repunta con intensidad porque ha aumentado la propensión al ahorro. También sostienen que el Indec no registra los cambios de hábitos de consumo de las familias y que el gasto se ha derivado a compras en países fronterizos. Son los mismos que se hacen llamar “economistas profesionales” para despreciar al resto que no comulga con la ortodoxia. Son personas afortunadas porque han sido agraciados con la indulgencia ante sus desatinos y con la deliberada confusión acerca de los intereses que defienden.

Los últimos datos de empleo correspondientes a junio pasado dejan al descubierto que la economía macrista tiene problemas para generar puestos asalariados formales en el sector privado. La cifra más reciente difundida por el Indec marcó que la industria avanzó 5,9 por ciento en julio, acumulando siete meses de una leve recuperación de 0,8 por ciento respecto al mismo período del año anterior. Pese a ese tibio rebote la industria sigue destruyendo empleo. En comparación interanual a junio, para evitar la cuestión de la estacionalidad, muestra una caída de 33.000 respecto a 2016 y de 62.000 comparado con 2015.

El gobierno ha privilegiado al sector agropecuario, una actividad clave en la estructura productiva por ser proveedor de dólares y líder en innovación aplicada, pero no lo es en la generación de empleo. A pesar del inicial ajuste del tipo de cambio y eliminación de retenciones, el saldo en la generación de empleo formal en el campo es de una pérdida de 3000 puestos en la comparación de junio de este año respecto al mismo mes de 2015.

Medidas

La estrategia electoral del oficialismo consiste en aflojar la soga que está ahorcando el ingreso disponible de sectores vulnerables. Las siguientes son las iniciativas anunciadas sin convencimiento y sólo implementadas con el objetivo de retener votos.

Se postergó el aumento de combustibles. De acuerdo al cronograma definido por el Ministerio de Energía junto a petroleras, el primer día de cada trimestre se debe actualizar esos precios, en base a una fórmula que incluye la cotización del dólar y el valor internacional del crudo, entre otros. El primero de octubre deberían subir las naftas. Pero no habrá ajuste. Quedará para el mes siguiente.

Otra nueva ronda del tarifazo en la electricidad y el gas quedó para noviembre y diciembre. En gas el alza será de por lo menos de 30 a 40 por ciento, sobre una base que acumula más del 400 por ciento, por la actualización que se hará en función del valor del fluido en boca de pozo y de lo que percibirán las distribuidoras. Ese no será el último aumento. En abril del año próximo habrá otro ajuste mínimo del 30 por ciento.

Tan deproporcionada y regresiva es la tarifa de gas que hasta el experto de la liberal FIEL Fernando Navajas cuestionó el inmenso subsidio de los consumidores a las petroleras de ese cuadro tarifario. Como las elecciones de octubre coinciden con el vencimiento de la factura del consumo de invierno, el gobierno la dividió en cuatro cuotas, lo que es un reconocimiento de que son impagables para el actual nivel de ingresos de la mayoría de la población.

El tarifazo en el transporte también fue postergado. Se aplicará después de las elecciones en los meses inmediatos de este año o en el primer trimestre de 2018, dejaron trascender en el Ministerio de Transporte.

El gobierno autorizó a las empresas de medicina prepaga a subir las cuotas del 5 por ciento a partir de septiembre, aumento que se suma a los aprobados para febrero (6 por ciento), julio (otro 6 por ciento) y agosto (5 por ciento. El acumulado es cercano al 24 por ciento. La empresas pidieron otro ajuste del 7 por ciento para octubre que la secretaria de Comercio postergó para después de las elecciones.

El Fútbol para Todos, el derecho al acceso sin costo a un bien cultural y popular, fue eliminado pero los tiempos electorales impusieron el mantenimiento de la gratuidad hasta la quinta fecha del campeonato. Para ver los partidos después habrá que pagar el cable y además 300 pesos por el “pack fútbol”. La quinta fecha comienza el 29 de septiembre. A partir de la siguiente se tendrá que pagar pero esa factura recién se cancelará en noviembre.

En el frente macroeconómico, el secretario de Hacienda, Sebastián Galiani, adelantó, en un evento organizado por el Cippec, que en el cuarto trimestre, el crecimiento del gasto interanual real será negativo. La obra pública electoral perderá dinamismo para empezar un mayor ajuste de las cuentas públicas luego de las elecciones.

Hasta el Ministerio de la Deuda a cargo de Luis Caputo informó a la city que, después del escandaloso bono a 100 años, emitirá deuda en el mercado internacional recién después de las elecciones de octubre. Es para no dejar más abierta las puertas a las críticas de la oposición al actual ciclo de endeudamiento desaforado.

La política de ocultar el ajuste que se viene sólo puede desplegarse con la cobertura que proporciona la inmensa red oficial de propaganda pública y privada. El impacto en los ingresos luego de las elecciones del mes próximo será muy fuerte. La idea de que hacer populismo en materia económica simplemente es tirar pesos a sectores vulnerables sólo es una muestra de ignorancia, en especial de incomprensión de la dinámica, motores y restricciones económicos del ciclo político 2003-2015. Además lo hacen enviando señales acerca de la necesidad de un ajuste fiscal para no perder la confianza del mundo de las finanzas y mantener abierta así la fuente de recursos de la deuda. Pero el mensaje del ajuste económico debilita las expectativas sociales retrayendo el consumo masivo.

El Gobierno ha lanzado de ese modo a la economía a un círculo vicioso de deterioro laboral, de confusión deliberada acerca de la cuestión económica y de alteración de las expectativas sociales.

El lobby que define el plan económico

Prácticamente el equipo económico en pleno participó del Tercer Encuentro de la Asociación Empresaria Argentina (AEA) esta última semana. El lobby patronal con mayor peso en la economía argentina, nacido en 2002 pero con antecedentes en la época de Adalbert Krieger Vasena y Onganía, no sólo repasó la gestión de cada funcionario sino que señaló los puntos prioritarios en el futuro del plan económico. Esto es, las medidas que se deberían tomar inmediatamente después de las elecciones de octubre, cualquiera fuera su resultado. Surgieron, a partir de este encuentro, algunas señales claras para delinear ese futuro inmediato: exigencia de baja de impuestos empresarios que serán compensados con una reducción del gasto público, como ser los subsidios a las tarifas públicas; flexibilización laboral pero no por vía de una reforma que deba pasar por el Congreso, sino mediante “acuerdos” sectoriales mano a mano con sindicatos; impulso a la inversión en obra pública pero cediendo las decisiones a empresas privadas, que no sólo ejecutarán las obras sino que elegirán cuáles tendrán prioridad, sin límites para la contratación de servicios o compra de insumos en el exterior. Las caras principales de Techint, Arcor, Clarín y el Citi, entre otros, no necesitaron gran esfuerzo para convencer a los titulares de Finanzas, Hacienda, Producción, Banco Central y Banco Nación, entre los funcionarios presentes, sobre cuál es el camino a seguir.

“Lo mejor que tenemos son nuestros empresarios”, expresó ayer el ministro Francisco Cabrera, todavía conmovido por las caricias recibidas en el Palacio Duhau. En palabras de los funcionarios, la apuesta a la inversión y a la innovación tendrá éxito si se “crean las condiciones” para convencer al capital privado. El pliego de condiciones fue expuesto por AEA en diversas intervenciones, pero tuvo su resumen esta semana. “Es necesaria la eliminación o la reducción lo más rápido posible de los impuestos distorsivos, empezando por ingresos brutos y el impuesto al cheque”, definió Jaime Campos, director ejecutivo de AEA. ¿Sería posible sin provocar un descalabro fiscal? El propio Campos tiene la respuesta: “Los ciudadanos somos previos al Estado, hay que ver si los gastos del Estado son los que corresponden”. Antes de fin de año, la reforma tributaria pedida llegará al Congreso.

El titular de Tecpetrol (grupo Techint), Carlos Ormaechea, dio precisiones con respecto a los “costos laborales”: ejemplificó con el caso del petróleo, que dijo que necesitaba “una baja del 50 por ciento para tener competitividad”, que se logró para Vaca Muerta mediante un acuerdo con el sindicato petrolero neuquino. Ayer, Cabrera recogió la propuesta: no hay reforma laboral a la vista, pero dijo que había que conversar con los gremios sobre cómo “aumentar la productividad”.

Julio Figueroa, el hombre del Citi en AEA, expuso las bondades del esquema de “participación pública-privada” en la obra pública, factor “clave para acelerar la inversión”. Como muchos sectores pyme ya han expresado, ese esquema entierra la última posibilidad para la industria nacional de verse beneficiada por el motor del gasto público.

Si la economía se pone en marcha, muchos no serán de la partida. Y en la selección de pasajeros, AEA tiene larga experiencia. Su primer antecedente como lobby fue el Consejo Empresario Argentino (CEA), creado en 1967 para apoyar la gestión de Krieger Vasena. Ya en 1975, tuvo activa intervención en impulsar el desabastecimiento, la inflación y lock outs que abonaron eln clima para el golpe de marzo del 76. El presidente del CEA era José Alfredo Martínez de Hoz, que pasó a ser ministro de Economía tras el golpe. Más acá en el tiempo, en 2002, tras estallar la convertibilidad, CEA se reconvierte: confluye con la Fundación Invertir y crea la actual AEA, bajo el impulso inicial de Techint (Rocca), Arcor (Pagani) y Clarín (Magnetto). Otros apellidos que la integran: Braun, Bagó, Pescarmona, Coto, Ratazzi, Miguens, Cartellone, Bulgheroni, Costantini, Blaquier, Pérez Companc, Grobocopatel, Saguier. Una estirpe que tiene mucho que ver con el rumbo económico futuro del país.

Alfredo Zaiat y Raúl Dellatorre, Página 12.