miércoles, 22 de junio de 2016

El gobierno PRO aumentó $76.000 millones la deuda pública por decreto.


El gobierno nacional determinó a través de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) emitir deuda por $ 76.000 millones, a fin de ampliar los gastos del Presupuesto Nacional previstos para este año (2016) para pagar los juicios de los jubilados, según el proyecto de ley enviado al Parlamento, donde ya cuenta con media sanción de la Cámara de Diputados, para lo cual apelará al endeudamiento.

El decreto 797/2016 publicado en el Boletín Oficial, que lleva la firma de la vicepresidente Gabriela Michetti; del jefe de Gabinete, Marcos Peña; y de todos los ministros del Gobierno, habilita a tomar crédito interno por $ 76.000 millones para gastos figurativos de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses).

La medida argumentó entre sus considerandos que "resulta necesario incrementar el presupuesto del citado organismo a fin de atender los gastos previsionales", indicó que "a fin de evitar demoras en las acciones precedentemente referidas, resulta necesario disponer con urgencia las adecuaciones", porque "la naturaleza excepcional de la situación planteada hace imposible seguir los trámites ordinarios previstos en la Constitución Nacional para la sanción de las leyes".

A principios de este mes de junio (2016), el director ejecutivo de la Anses, Emilio Basavilbaso, había precisado que "desde el primer momento la principal financiación del programa son las ganancias que genera el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) año a año, de $ 70.000 millones".

En ese sentido, puntualizó que "el costo del proyecto es de $ 75.000 millones, y con el blanqueo (de capitales que también quiere lanzar el Gobierno) ya se puede cubrir el resto" de las necesidades financieras para pagar la deuda del Estado con los jubilados.

El Ministerio de Hacienda dio a conocer ayer (22.06.2016) los números de las cuentas públicas que registraron en mayo un déficit de $ 23.993,6 millones, resultado que la cartera económica adjudicó a los aumentos otorgados en asignaciones universales, jubilaciones y a las transferencias efectuadas para el pago de la obra pública que se vio demorada a lo largo del primer cuatrimestre.

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