martes, 30 de agosto de 2016

El Círculo Rojo preocupado por el rumbo del Gobierno PRO.


No es un secreto que entre los principales empresarios del país, crece la preocupación por la economía que no termina de reactivarse y un Gobierno que si bien consideran bien orientado, no logra arrancar en serio.

Los empresarios creen que el Gobierno quedó atrapado en una lógica de denuncias mediáticas y golpes de efecto. "Es una locura que después de nueve meses las denuncias contra la corrupción sean el eje de un Gobierno de Macri, no era lo que esperábamos", afirmó a LPO un importante empresario que participa de las conversaciones.

Por eso, integrantes de este grupo llamado de manera despectiva por el círculo más cercano de Macri como "Círculo Rojo", le pidió a Aldo Roggio que haga de mediador con Mauricio Macri para que tome conciencia de la inquietud que les genera la marcha global del Gobierno.

Los empresarios saben que el titular del Grupo Roggio, es uno de los pocos empresarios que Macri respeta y le han pedido que se reúna a solas con el Presidente, para transmitirle sus preocupaciones sobre el rumbo del Gobierno.

No es un secreto que Macri viene de tener cortocircuitos fuertes con empresarios líderes como Paolo Rocca de Techint, Jorge Brito del Macro y ahora con Eduardo Eurnekian de Aeropuertos 2000, a quien los vicejefes de Gabinete, Gustavo Lopetegui y Mario Quintana, presionan para sacarle la mitad de los aeropuertos que administra.

Los empresarios saben que Aldo, titular del holding constructor que creara su padre Benito, es uno de los pocos hombres de negocios a quien Macri escucha y respeta, aunque hayan tenido cortocircuito por las concesiones y obras que este grupo tiene en la Ciudad.

Los empresarios creen que el Gobierno necesita un ministro de Economía con poder que controle y tenga una mirada general de la evolución de la macro. "No hay nadie compensando variables, cada ministerio hace lo que quiere o puede y así salen las cosas", afirmó un experimentado operador financiero.

Prat Gay es respetado, pero todo el mundo sabe que hoy está practicamente afuera del Gobierno, en una interna mortal con el jefe de Gabinete, Marcos Peña. Tampoco es un secreto que hace dos semanas le presentó su renuncia al Presidente porque, adujo, "no me siento cómodo".

El fiasco del tarifazo fue la expresión mas palmaria de la falta de coordinación del Gabinete y para los empresarios es la prueba palmaria que el sistema de balcanizar el Ministerio de Economía en una serie de carteras "coordinadas" desde la Jefatura de Gabinete, fracasó.

Los empresarios pretenden que Macri abandone la lucha contra la corrupción como eje de su Gobierno y empiece a gestionar en serio los temas que Argentina necesita resolver para que el país arranque.

Por otro lado, le pidieron a Roggio que convenza a Macri de dejar de lado la estrategia de subirse al repiqueteo incesante de la revisión de la corrupción kirchnerista como eje que monopoliza la agenda pública. "Nadie va a invertir en un país que está en medio de un Mani Pulite, ahí tenemos el ejemplo de Brasil", advierten los hombres de negocios, que lamentan que el Gobierno no ponga la misma energía en encarar las reformas que necesita el país.

"Argentina no está sola, tenemos que competir con mercados hoy más estabilizados como Colombia, Perú, Chile y Uruguay", advierten los empresarios.

La política del presidente del Banco Central, Federico Sturzenegger, también es cuestionada. "Hoy si pongo lo mismo que invierto en producir en la bicicleta financiera de las Lebacs y demás instrumentos, ganó más que produciendo", le dijo tajante un empresario importante a un ministro, mientras le mostraba los números de su empresa.

La crítica a Sturzenegger es que lo ven fascinado con sus políticas de laboratorio, jugando con la tasa como si el Banco Central fuera la Reserva Federal y apostando a un sistema de metas de inflación, que por ejemplo en Chile demandó muchos años para encarrilar la inflación, con el costo de enfriar la economía.

De hecho, el propio creador del sistema, el sueco Stefan Ingves, creador del sistema, asesor e ídolo de Sturzenegger, explicó públicamente que su sistema requiere alrededor de diez años para ordenar un país con inflación alta.

FUENTE: LA POLITICA ONLINE

lunes, 29 de agosto de 2016

Una de cada cinco corporaciones no paga ganancias porque está exenta o declara pérdidas.


Así lo determina la investigación de Chequeado "Mucho, poquito, nada: cuánto impuesto a las ganancias pagan las grandes empresas en la Argentina". El 20% no paga el tributo porque está exenta o declara pérdidas, ya sean verdaderas o dibujadas por contadores; algunas empresas abonan mucho menos que sus competidoras. El debate sobre cuánto pagan las grandes compañías se instaló en Europa y Australia, y Chequeado pone la lupa sobre las de la Argentina.

Si el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López, hubiese cobrado coimas del 15% por cada proyecto concesionado, hubiese amasado unos US$ 15.000 millones en los 12 años de gobiernos kirchneristas. Mucho más que los US$ 9 millones que quería esconder en el monasterio de General Rodríguez. Pero mucho menos que lo que cada año se evade en la Argentina del impuesto a las ganancias.

El Estado argentino deja de recaudar la mitad de lo que podría recolectar por este tributo tanto de las empresas como de las personas, según un estudio que los economistas expertos en tributación Juan Carlos Gómez Sabaini y Dalmiro Morán publicaron en febrero último en la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL).

Esa mitad representó solo en 2015 unos US$24 mil millones. La evasión ocurre en la economía en negro, que representa un cuarto de la economía argentina, según un estudio del Banco Mundial, pero también en parte de las empresas e individuos que operan en blanco pero subdeclaran sus utilidades, advierte Gómez Sabaini.

La corrupción de los funcionarios públicos indigna -y con razón- a la ciudadanía, porque se supone que son ellos los que deberían velar por el dinero de todos. Sin embargo, en la Argentina está menos cuestionado el delito de evasión, que acaba en el mundo provocando incluso un mayor daño a las arcas públicas que el de la corrupción.

En Argentina

¿Y en la Argentina cuánto tributo abonan las mayores empresas? Chequeado buscó y analizó los datos de facturación y pago de impuesto a las ganancias de los últimos cuatro años de las 600 compañías más grandes que aparecen en el ranking 2015 de la revista Mercado.

Como en nuestro país el dato de ganancias sujetas al tributo es secreto fiscal y solo está disponible para la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), son datos de las 112 empresas que hacen públicos sus datos en Internet, ya sea porque cotizan en Bolsa, o han emitido obligaciones negociables (títulos de deuda), o son estatales o están bajo regulación del Banco Central. O sea que 488 compañías de las principales son opacas en este aspecto y mantienen oculta su información tributaria para el gran público (ver recuadro abajo). Se la entregan, en el mejor de los casos, a la AFIP y a la Inspección General de Justicia (IGJ).

Entre 2012 y 2015, cada año un promedio de 19,5% de las 112 grandes empresas relevadas no pagó el impuesto a las ganancias.

Entre 2012 y 2015, cada año un promedio de 19,5% de las 112 grandes empresas relevadas no pagó el impuesto a las ganancias. Algunas de ellas tienen exenciones específicas que se les otorgaron en su momento por ser estatales o cooperativas, como el Ente Binacional Yacyretá, la Empresa Provincial de la Energía de Córdoba (EPEC) y el Banco Credicoop. Las otras no abonaron el tributo porque informaron que habían sufrido pérdidas.

488 compañías de las principales mantienen oculta su información tributaria para el gran público.

Como se señaló, el hecho de que las empresas paguen poco o nada de Ganancias no significa necesariamente que hayan evadido, es decir, recurrido a los numerosos métodos que tienen los grandes estudios contables para disminuir de manera fraudulenta las contribuciones de sus clientes al fisco. Estos mecanismos fueron detallados por cinco expertos en política impositiva, tres fiscales y un juez del fuero Penal Económico (ver recuadro abajo).

“La transparencia es realmente importante. Fuerza a las empresas a justificar su comportamiento”.

Cada sector económico tiene una rentabilidad distinta, por lo que no deben hacerse generalizaciones ni pueden equipararse firmas de rubros disímiles. Pero vale comparar entre los 26 sectores de los que provienen las 112 empresas relevadas (ver tabla), según recomiendan Gómez Sabaini y Morán. El único de ellos que nunca pagó ganancias es el de líneas aéreas, lo que es entendible porque solo Aerolíneas Argentinas difunde sus resultados y es sabido que ha sido deficitaria.

Las empresas eléctricas solo pagaron el impuesto a las ganancias en el 40% de los balances, aunque también es conocida la crisis que muchas de ellas atravesaron en los últimos años, en parte por el congelamiento de tarifas. El sector de distribución de agua potable abonó en el 50% de los casos. La única compañía analizada fue AySA, otra estatal que ha recibido subsidios, como Aerolíneas.

La mayoría de los fondos se escabullen por la manipulación de los precios de transferencias de las compañías.

En el resto de los sectores, en cambio, predominan las firmas privadas. En el gasífero tributaron en el 70% de los balances analizados; en el petrolero, en el 71,5%; en el químico, el de holdings, el forestal, el curtidor y los de maquinaria y autopistas con peaje, en el 75%; en la construcción, en el 76% y en el sector agroalimentario, en el 78,1 por ciento.

Si se analizan solo los balances en los que se pagó el gravamen, la industria de electrodomésticos es la que menos abonó en relación con sus ventas: sólo el 0,3% promedio. Se trata del sector protegido por la promoción industrial en Tierra del Fuego. Otros rubros que pagaron poco impuesto a las ganancias en comparación con la facturación son el de agua potable (0,8%), el químico y el de supermercados (1,1%), el comercio de electrodomésticos (1,3%), el de curtiembres (1,4%), el de autopistas (1,5%), el de holdings (1,6%), el forestal (1,7%) y la construcción (2%).

Según Alejandro Gaggero, sociólogo que ha indagado en la tributación de grandes grupos económicos e investigador de la Universidad de San Martín y el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (Conicet), “llama la atención lo baja que es la tributación de las empresas constructoras”. Recuerda que “son muy fuertes en obra pública”, y se pregunta “si se la puede vincular con la facilidad que parece tener el sector para inflar los gastos de manera fraudulenta, como facturas y subcontrataciones truchas”.

También resulta interesante comparar el grado de contribución tributaria del promedio 2012-2015 de cada empresa respecto del sector al que pertenece y en relación con compañías del mismo rubro de Australia, país que transparentó los datos de 2013-2014 a toda la ciudadanía. A este tipo de comparaciones se abocó la prensa australiana apenas se divulgaron los datos allí, aunque de ellas no se puede concluir que tal o cual firma haya evadido. A partir de los resultados de la investigación de Chequeado, Gaggero observó que los niveles de tributación argentinos se asemejan en general a los australianos.

En el Mundo

El Fondo Monetario Internacional (FMI) calcula que las prácticas corruptas amasan casi el 2% del Producto Bruto Interno (PBI) mundial, pero la ONG especializada en evasión tributaria global Tax Justice Network (TJN) estima que este flagelo se lleva el 5,1% de la economía planetaria. En la Argentina, con lo que se pierde cada año del impuesto a las ganancias podrían construirse 700 hospitales enteros. Cada hospital cuesta $500 millones, según calculó este año el titular del PAMI, Carlos Regazzoni.

La mayor fuga ilícita de capitales de los países en vías de desarrollo no proviene de la corrupción ni del narcotráfico ni de otros crímenes organizados, como a veces se plantea, ni tampoco de las fortunas individuales que se esconden en paraísos fiscales, como las reveladas este año por un consorcio mundial de periodistas en los Panama Papers. TJN y otra ONG especializada en evasión tributaria mundial, Global Financial Integrity (GFI), advierten que la mayoría de los fondos se escabullen por la manipulación de los precios de transferencias de las compañías.

¿Qué es esto? Por un lado, se subfacturan exportaciones y se cobra el resto en cuentas en paraísos fiscales, donde se esconden los ingresos. Así se contabilizan menos ganancias en el país de origen y, también, se tributa menos. Por otra parte, se sobrefacturan importaciones de productos y servicios para inflar gastos, registrar una renta inferior a la real y ocultar fondos en las guaridas tributarias repartidas en 81 países y territorios del mundo.

Varios de ellos están en jurisdicción de los Estados Unidos y el Reino Unido, aunque también Suiza, Hong Kong (China), Alemania y Dubai (Emiratos Árabes) operan como centros financieros facilitadores de la fuga ilícita, según TJN. El 64,3% de los flujos ilícitos globales proviene de operaciones comerciales manipuladas, muchas más que el 30,6% de las actividades criminales y del 5,1% de la corrupción gubernamental, según un trabajo del presidente de GFI, Raymond Baker.

El debate sobre cuántos impuestos pagan las grandes empresas se ha desatado en muchos países desarrollados. Tras el escándalo de los Panama Papers, la Unión Europea discutió en abril último una propuesta para que las multinacionales transparentaran cuántos tributos pagan en cada país del bloque, de modo que quedara clara su planificación fiscal agresiva para reconocer más ganancias allí donde se imponen bajas alícuotas.

En diciembre último (2015), la administración australiana de ingresos públicos difundió una lista de las más de 1.500 mayores compañías del país con los montos de sus ventas, sus ganancias y lo abonado por el gravamen sobre la renta. Entonces se descubrió que un tercio de las grandes firmas de Australia no pagaron en el ejercicio 2013/14 el impuesto a las ganancias y otras abonaron poco. La agencia tributaria australiana aclaró que el hecho de que una empresa hubiese pagado poco o nada del tributo no significaba necesariamente que evadiera.

¿Por qué Australia difundió este Reporte de Transparencia Impositiva de las Corporaciones? Se divulgó después de una gran discusión pública que llevó a que altos ejecutivos comparecieran ante el Parlamento para explicar cuántos tributos desembolsaban sus compañías. El jefe de los recaudadores de este país, Chris Jordan, justificó así el informe y su publicidad: “La confianza de la sociedad sobre cómo operan las grandes empresas es importante. Y los impuestos deberían importarle a estas empresas. No es algo que debería tomarse a la ligera”.

El reporte señala que “forma parte de un esfuerzo nacional y mundial más amplio para mejorar la transparencia de las empresas y pretende contribuir al debate público sobre la política fiscal, en particular en relación con el sistema impositivo”. Un senador australiano que trabajó a favor de la difusión de los datos, Richard Di Natale, dio su explicación: “La transparencia es realmente importante. Fuerza a las empresas a justificar su comportamiento y explicar por qué sus asuntos fiscales están estructurados de modo que pagan poco o nada de impuestos. Sabemos que en otras jurisdicciones en las que se ha hecho ha ayudado a cambios en el comportamientos de las compañías”.

Ficciones y paranoias PRO.


En encuentros para homogeneizar posiciones internas, Gustavo Lopetegui habla con impactante crudeza: dice que el gobierno realizará mediante los votos el programa histórico de las botas. La meta decisiva para conseguir eso que define como un cambio cultural es finalizar el mandato, como sólo pudieron hacerlo hasta ahora presidentes de origen peronista. Invirtiendo los términos, el gobierno acusa a CFK de intentar que Macrì no termine bien, e intenta neutralizarla mediante el acoso judicial.

El objetivo de mínima del gobierno nacional es terminar el mandato de cuatro años en diciembre de 2019, meta que en las tres décadas de la democracia argentina sólo alcanzaron presidentes de origen peronista. En encuentros de dirigentes y funcionarios dirigidos a homogeneizar posiciones, el tercer hombre de la jefatura de gabinete de ministros, Gustavo Lopetegui, explica que durante un siglo sólo hubo dos formas de acceder al gobierno, por los votos o por las botas, y dos programas contrapuestos.

El cambio cultural que el gobierno entiende protagonizar consiste en cumplir mediante el voto el programa histórico de las botas, según las crudas palabras de Lopetegui. Para Luis Alberto Romero, quien en la primera reunión de Macrì con intelectuales le planteó su cuestionamiento a los juicios por crímenes de lesa humanidad, “el hecho mismo de haberse mantenido el gobierno en pie, es un pequeño milagro. Concluir normalmente el período de cuatro años será en sí mismo un logro”.

Aunque la formación profesional de Lopetegui es la de contador público, el ex CEO de LAN tiene debilidad por las ciencias políticas. A su manera, alude al empate hegemómico entre las opuestas alianzas agroexportadora-financiera e industrial-laboral descripto en las obras de Guillermo O’Donnell y Juan Carlos Portantiero para las décadas que sucedieron al derrocamiento de Juan Perón en 1955. Uno de los indicadores empíricos de esta lid es la participación de los trabajadores en el ingreso, que tendía a crecer con los gobiernos electos y a mermar en los periodos militares. Como lo expresó Rodolfo Walsh en su Carta Abierta a la Junta Militar en 1977 “la miseria planificada de millones” se imponía “congelando salarios a culatazos mientras que los precios suben en las puntas de las bayonetas”. Cuando Macrì sostiene que los trabajadores ponen palos en la rueda de los patrones, o sus ministros Alfonso De Prat-Gay y Francisco Cabrera instan a reducir el costo del empleo expresan la misma concepción de entonces. Haber conseguido el mismo resultado con la aprobación de las víctimas en las urnas es un triunfo de las técnicas de marketing electoral por sobre la militancia política; mantenerlo a pesar de las condiciones materiales, que no podían sentirse durante la campaña electoral en la que Macrì enmascaró sus propósitos, pero que son inocultables ahora, requeriría de un prodigio mayor.

Construcciones discursivas

Con pocos días de diferencia, seis columnistas partidarios del actual gobierno dijeron que CFK intenta que Maurizio Macrì no termine su mandato. Son los mismos que desde hace meses claman, sin el menor intento de camuflar de información su propuesta, que Cristina debe ir presa. Ahora vinculan una hipótesis con la otra: la conspiración, como le llaman, sería la única alternativa de la ex presidente para eludir su de otro modo inexorable destino carcelario, postulado que ocupó el título principal en la portada de un diario de circulación nacional el viernes, como si se tratara de una noticia. Dos de estos operadores mantienen relaciones de dependencia laboral a través de sus compañeras sentimentales con la vicepresidente Gabriela Michetti y uno fue destinatario del eufórico mensaje de un fiscal que se jacta de haber puesto a la ex presidente al borde de la detención. Estos datos personales, que serían significativos si se tratara de reflexionar sobre la degradación del periodismo político en periodismo de guerra (según la definición que le costó a Julio Blanck la despromoción a mero columnista sin responsabilidades en la edición del diario Clarín) sólo se mencionan aquí como constatación del origen oficial de ese libreto, que todos replican sin mayores variantes. En este punto no hay diferencias internas en la Alianza Cambiemos: tanto los tecnócratas de la jefatura de gabinete como los políticos, repiten que el kirchnerismo procura que Macrì deje el cargo de mala manera antes de tiempo. Podría argüirse en la misma dirección pero en sentido contrario: el acoso judicial y mediático al kirchnerismo como el principal argumento para conseguir la tolerancia social ante los efectos deletéreos de la política económica en aplicación desde diciembre, que constituye el verdadero riesgo para la estabilidad del gobierno. De ser así, el operativo es exitoso: una parte de quienes padecen las consecuencias de esa política, por ahora adscriben a la explicación oficial sobre la herencia recibida y cuando no pueden describir en qué consistiría recaen en el machacón “Se robaron todo”.

Se trata de construcciones discursivas con débil asidero en la realidad. Hasta ahora ningún juez o fiscal han encontrado nada que involucre a Cristina en alguna infracción a la ley penal. Esto se aprecia en las contorsiones intelectuales a las que recurren para mantener su nombre en la agenda del delito nuestro de cada día y a la creación pretoriana de normas procesales, como la instrucción de tramos de una causa por la Cámara de Apelaciones, que recién la delegó en un juez de primera instancia cuando no obtuvo la prueba que buscaba. Con la lógica incontaminada de los niños y de los orates la heroína radical Elisa Carrió extendió la enésima denuncia a los cinco ex jefes de gabinete del kirchnerismo, lo cual sugiere que Carrió ha vuelto a poner el dedo en un enchufe. ¿Cómo podría imputarse a la ex presidente por la distribución de obras públicas, salteando a los jefes de gabinete en quienes de acuerdo con el artículo 100 de la Constitución recae “la administración general del país”? Si la responsabilidad penal no llega hasta ellos, sería más difícil remontarla hasta el Poder Ejecutivo, que según el artículo 99 sólo tiene la responsabilidad política de la administración. Y si el hurgueteo tribunalicio rozara a Sergio Massa y Alberto Fernández dinamitaría la gobernabilidad sui generis que el gobierno ha adquirido con las distintas vertientes opoficialistas. El objetivo oficial no parece ser la detención de la ex presidente, que tendría previsibles repercusiones nacionales e internacionales, sino el hostigamiento permanente con el propósito de erosionar su liderazgo popular (cosa que no está ocurriendo) y su influjo sobre la dirigencia partidaria (que sí sucede). Pero la intrusión de Carrió amenaza con desordenar las piezas de este mecanismo de relojería. La justicia argentina puede quemar más que el fuego, y con la misma indiscriminación. Jugar con ella como está haciendo el gobierno puede brasileñizar la agenda política, algo que a nadie le conviene menos que a quienes ejercen el poder, sobre todo cuando su jefe lleva el apellido emblemático de los negocios dudosos con el Estado.

Para la atribución de intenciones desestabilizadoras a Cristina los voceros oficiales y oficiosos citan pronunciamientos de terceros, de lengua suelta y nula responsabilidad, como si respondieran a órdenes de la ex presidente. El juez de Mar del Plata Alfredo López afirmó que así como existió “un plan sistemático de saqueo del Estado” ahora existía un “plan sistemático de desestabilización” conducido por Cristina. En una entrevista radial citó como prueba “las declaraciones de Esteche, Moreno, D’Elía y Bonafini incitando a la rebelión y derrocar al gobierno. No sé si hay algún fiscal investigando esos delitos. ¿Usted escuchó a Cristina desautorizar a esos militantes de su espacio político?”. A su juicio esos son “datos objetivos”. López, quien asiste a todas las ceremonias navales en Mar del Plata, es un juez federal con competencia en lo civil y comercial, subrogó durante unos días al juez penal Santiago Inchausti. Su desconocimiento del derecho penal y procesal penal es vasto: hasta ignora que las causas con autores desconocidos, o NN, deben ser instruidas por el fiscal. Proviene de Santa Cruz y su acceso a la magistratura fue promovido durante la presidencia de Fernando De la Rúa por el ex senador Pedro Molina, cuyo asesor era Gustavo Modesto Demarchi, el ex fiscal federal que hoy está detenido y bajo proceso por los crímenes cometidos por la versión marplatense de la Triple A. Para eludir el procesamiento, Demarchi huyó a Colombia, donde fue detenido y extraditado. López ordenó a la fiscal Laura Mazzaferri que pidiera informes de inteligencia sobre las organizaciones sociales que protestaron contra Macrì el 12 de agosto. La fiscal le respondió que eso estaba prohibido por la ley de Inteligencia, cuando aún ni se había establecido qué ocurrió, con la ministra federal de Seguridad Patricia Bullrich aduciendo que se habían arrojado piedras contra el vehículo presidencial y el jefe bonaerense de Policía, Pablo Bressi negándolo. López le pidió al fiscal general Daniel Adler que sustituyera a Mazzaferri, a quien acusó de entorpecer la investigación. Adler respondió que no tenía facultades para hacerlo y el juez lo denunció también a él. El tercer denunciado fue el fiscal Nicolás Czizik, por no haber comunicado a López la declaración que tomó a la ex concejal Débora Marrero, señalada por el diario Clarín como una de las organizadoras del mal rato que pasó Macrì. El argumento de López es que esos fiscales pertenecen a la organización Justicia Legítima, como si fuera una banda delictiva. Adler es, oh casualidad, el fiscal del juicio contra Demarchi. López convocó a una marcha en su apoyo, que organizaron un hijo de Demarchi y los hijos del juez Pedro Hooft, a la que asistieron decenas de personas, entre ellas uno de los abogados defensores de Demarchi. “El hombre perdió la hélice, hace años era un gorila tranquilo pero algo le pasó por la cabeza y enloqueció. No para de decir pavadas”, lo describe un funcionario judicial marplatense que no intervino en la disputa pero conoce de cerca a todos sus protagonistas.

La supuesta conspiración conducida por CFK es una ficción insostenible, pero no obstante revela los temores instalados en el imaginario oficial. En cualquier caso, es ostensible la polarización entre el actual y el anterior gobierno y más específicamente entre sus titulares, Macrì y CFK, que coinciden en un punto: la disputa cultural entre dos concepciones de la sociedad y del poder. Esto no es nuevo para el kirchnerismo, que ya planteó la cuestión en esos términos hace casi una década, pero sí para quienes entonces se le oponían y hoy gobiernan. Para lograrlo sumaron fuerzas en una alianza que se hubiera disuelto de no lograr su objetivo pero que se consolidó en el poder, dado el entusiasmo que siempre despierta acudir en auxilio de la victoria. Todo lo contrario sucede con quienes fueron derrotados. Hoy el fomento a la dispersión del voto peronista es la mejor estrategia electoral del gobierno. La idea del cambio o la batalla cultural sobrevuela todas las definiciones oficiales, no sólo en las reuniones reservadas en las que se analiza la estrategia y se intenta homogeneizar las posiciones en los distintos niveles del gobierno sino también en las manifestaciones públicas de los principales funcionarios, el propio presidente y su jefe de gabinete, Marcos Peña Braun, como en la difusión por vía de voceros oficiosos. Acostumbrados a no ver más allá de las combinaciones entre dirigentes y las configuraciones legislativas, entienden que están ganando esa batalla porque el Frente Renovador de Massa cogobierna la provincia de Buenos Aires; varios gobernadores, el jefe del bloque de senadores justicialistas Miguel Pichetto y el ex protegido de Cristina Diego Bossio, cada vez más parecido a José Mayans pero sin su ingenio, se hacen cargo de asegurar la gobernabilidad. Este es el eufemismo con que justifican votos indefendibles, como el que autorizó el astronómico endeudamiento externo mucho más allá de lo debido a los fondos buitre, la liquidación del sistema previsional o el pase para los turbios nuevos jefes de la Inteligencia estatal. En cambio parecen ignorar la fuerte contestación social que consiguió parar el tarifazo energético y esta semana se desplegará por todo el país con la Marcha Federal, mientras la convocatoria de apoyo a Macrì en el Obelisco no llegó a 200 personas. Tampoco es aconsejable ignorar la forma en que la movilización social interactúa con el sistema político. Ayer y el viernes, tuvo lugar la marcha de la resistencia en la Plaza de Mayo, cosa que el gobierno desdeña como parte de la presunta desestabilización kirchnerista. El miércoles representantes de las organizaciones sociales Barrios de Pie, Corriente Clasista y Combativa, Confederación de Trabajadores de la Economía Popular, Federación de Recicladores, Vía Campesina, Movimiento Evita y Movimiento Independientes de Jubilados y Pensionados expusieron en el Senado ante 28 legisladores de distintos bloques (Miguel Pichetto, Juan Manuel Abal Medina, Teresita Luna, Fernando Solanas, Jaime Linares, José Mayans, Ruperto Godoy, Juan Manuel Irrazábal, Omar Perotti, Graciela De La Rosa, Alfredo Luenzo, Sigrid Kunath, Leonardo Grosso, Remo Carlotto, Lucila De Ponti, Araceli Ferreyra, Andrés Guzmán, Federico Masso, Graciela Cousinet, Alcira Argumedo, Daniela Castro, Jorge Barreto, Victoria Donda, Carolina Gaillard, Lautaro Gervasoni, Cristina Álvarez Rodríguez, Silvina Frana y Juan Manuel Pedrini) sobre la situación de los trabajadores que están fuera de la estructura laboral formal. Así como la audiencia con representantes de las centrales sindicales fue el prolegómeno de la ley de Emergencia Laboral que Macrì vetó, este encuentro podría derivar en leyes de Emergencia Social y de Salario Social Complementario, que permita que todos los trabajadores alcancen al Salario Mínimo Vital y Móvil; en la creación de un comité de crisis que extienda los programas Argentina Trabaja a 2,5 millones de beneficiarios y de un registro para los trabajadores informales de la economía popular. La presencia de Cristina obliga aún a quienes reniegan de su conducción, como el inspirador de este encuentro, Emilio Pérsico, a no perder sintonía con el malestar que brota desde las entrañas de la sociedad.

Horacio Verbitsky, Página 12.

domingo, 28 de agosto de 2016

Producción de pymes industriales cae 7,8% en julio (2016).


La producción de las pequeñas y medianas empresas (pymes) industriales registró en julio la mayor caída del año al retraerse 7,8 por ciento en relación a igual mes de 2015, según un sondeo de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).

Con el peor registro del año en el segundo semestre, la producción de las pymes industriales acumuló en los primeros siete meses del año un descenso de 4,9 por ciento interanual. Asimismo, el sector registró en junio una disminución 2 por ciento si se compara con junio.

El informe precisa que se trató del "décimo mes consecutivo" de caída interanual en el sector pyme y que "creció fuerte la cantidad de empresas con problemas para pagar a sus proveedores". En ese sentido, agrega que el 22,8 por ciento de los consultados reconoció que debió renegociar condiciones y plazos de pagos, y otro 13,9 por ciento tuvo problemas para desembolsar.

De la misma manera, el documento remarca que "40 por ciento de los industriales consultados reconoció haber tenido más dificultades para cobrar cheques de clientes, quienes le estiraron los plazos de pagos o entregaron valores sin fondos".

El informe detalla que los 11 rubros relevados verificaron en julio bajas interanuales en su nivel de producción. Por sectores, las ramas más afectadas en la comparación interanual, en julio fueron: Material de Transporte (-12,5 por ciento); Productos de metal, maquinaria y equipo (-11,4 por ciento); Productos de Caucho y Plástico (-9,3 por ciento); Productos electro-mecánicos e informática (-8,9 por ciento); Papel, cartón, edición e impresión (-8,5 por ciento);Productos químicos (-8 por ciento), y Minerales no metálicos (-7,7 por ciento).

El sondeo también refleja que por la baja demanda, si bien el 65 por ciento de las compañías tuvo subas de costos, el 70 por ciento no las trasladó a precios e incluso algunos los bajaron. En promedio, las empresas declararon una suba mensual de 5,9 por ciento en sus costos de producción pero "de sólo 1,4 por ciento en los valores de venta".

La CAME sostiene que "a pesar de la crisis y la falta de liquidez, en julio subió levemente la cantidad de industrias pymes con planes de inversión (15,2 por ciento) frente a junio (12 por ciento), y explicó que "ayudó a reactivar esas decisiones algunas líneas de financiamiento y la necesidad de implementar cambios para sobreponerse a la recesión".

En cuanto a las perspectivas, la CAME aseguró que "el industrial pyme aún no vislumbra un escenario de recuperación". Según el relevamiento, para los próximos seis meses, sólo 30,4 por ciento de los industriales espera que la actividad de su empresa se recupere.

En cambio, el 17,7 por ciento cree que la caída de producción se profundizará, mientras que el 46,8 por ciento prevé que la actividad se mantendrá en los niveles actuales, y el 5,1 por ciento restante sigue manteniendo incertidumbre sobre el futuro.

FUENTE: PAGINA 12.

viernes, 26 de agosto de 2016

Macri restringe las agendas oficiales para evitar nuevos escraches e incidentes.


El Gobierno tomó la decisión luego de los episodios ocurridos en Mar del Plata. Desde Casa Rosada sólo anunciarán de manera breve y con pocos detalles las actividades del Presidente. En la Provincia, directamente evitarían anunciar qué municipios visitará la Gobernadora.

Los incidentes que tuvieron lugar en Mar del Plata encendieron el alerta en el Gobierno de Cambiemos. Entre las versiones que aseguraban los piedrazos y la represión posterior de la Policía, obligaron a que Mauricio Macri restringiera los detalles de su agenda.

Tal es así que desde hace un par de días la Casa Rosada decidió evitar brindar mayor precisión sobre las actividades del Presidente. Por ejemplo, la semana pasada inauguró una fábrica de medicamentos en Avellaneda, pero no precisaron hora exacta ni dirección.

Asimismo, el mandatario visitó este viernes una cooperativa en la localidad bonaerense de Ezeiza, y en el sitio oficial de Presidencia solo se especificó el horario en que el mandatario iría a una "cooperativa".

En la misma línea trabajarían con las actividades de la gobernadora, María Eugenia Vidal. Si bien desde la Gobernación aseguraron a LaTecla.info, que “no cambiarían nada” en los últimos días, desde el Ejecutivo bonaerense dejaron de enviar la información correspondiente.

Más allá de eso, Vidal continúa encabezando eventos y recorridas en municipios del interior, tal como sucedió este viernes (26.08.2016), cuando estuvo en Pilar junto a funcionarios de la Coalición Cívica.

Jorge Brito, dueño de Macro, se convirtió en billonario gracias a las politicas financieras de Macri.


Según publica hoy la Bloomberg, el banquero argentino Jorge Horacio Brito acaba de convertirse en un multimillonario y tiene que agradecer por ello al presidente Mauricio Macri.

Como presidente, director general y el mayor accionista individual de la sede en Buenos Aires Banco Macro SA, la riqueza de Brito se ha disparado con el abrazode Wall Street a las políticas de finanzas amistosas de Macri.


Brito, de 64 años, que no aparece en ningún ranking internacional de riqueza, ingresa en el índice de multimillonarios de Bloomberg con un valor neto de U$S 1,2 mil millones, en su mayoría de una participación del 20 por ciento en Macro impulsado por el apoyo del nuevo presidente a la industria financiera en la segunda economía más grande de América del Sur.

Ademas de Banco Macro, la riqueza de Brito proviene de una participación en la carne de vacuno que cotiza en bolsa, Inversora Juramento SA, que está valorada en unos U$S 200 millones, así como sus inversiones en energía y bienes raíces, incluyendo una estrecha participación en Puerto Madero, en Buenos Aires.

Brito declinó hacer comentarios sobre su fortuna.


jueves, 25 de agosto de 2016

Junio (2016): Caída actividad económica 4,3%.


El nivel de actividad económica anotó un retroceso del 4,3 por ciento en junio respecto del mismo mes del año pasado, según lo informó ayer el Indec. Si se compara todo el primer semestre con el año anterior, la baja se ubica en 1,3 por ciento. Esto marca la aceleración de la caída hacia el fin del período de seis meses. El Indec volvió a difundir, tras ocho meses de apagón informativo, las estimaciones mensuales de actividad económica y confirmó el fuerte deterioro de la economía en los primeros meses de gestión de Mauricio Macri. La construcción, la industria y las economías regionales fueron las ramas más afectadas por el lado de la oferta, mientras que entre los componentes de la demanda agregada se destacó la caída del consumo privado y público, la baja de exportaciones y el retroceso de la inversión.

El documento Estimación Mensual de Actividad Económica, que publicó ayer el Indec, no ofrece explicaciones de la fuerte caída que sufrió la economía local al cierre del primer semestre, con tasas de retroceso similares a las computadas en Brasil, país que atraviesa por una profunda crisis económica y social desde hace ya dos años. En el informe del centro de estadísticas oficial argentino, no obstante, se aportan cifras claves para observar la evolución del deterioro de la actividad a lo largo del primer semestre. En enero, la economía registró una expansión interanual del 0,3 por ciento, en febrero del 1 por ciento y en marzo del 0,4 por ciento. A partir de ese momento, siempre en la comparación con respecto a igual mes de 2015, se registró una baja del 2,1 por ciento en abril, otra vez 2,1 en mayo y un pico de caída de 4,3 por ciento en junio. Este ritmo de contracción se torna más dramático si se contempla que a mitad del 2015 se alcanzaron tasas de crecimiento de 5,3 por ciento y ese mismo año cerró con una expansión del 2 por ciento.

La construcción fue uno de los sectores más afectados en los últimos meses por la política de retracción productiva y de aliento a la especulación financiera de Cambiemos, potenciando la retracción de toda la economía. La edificación marcó una alarmante caída del 19,6 por ciento en junio respecto del mismo mes del año pasado, un nivel de contracción que no se registraba desde la crisis de 2002, tras el estallido de la convertibilidad. La floja performance de esta rama, que en 2015 había crecido al 5 por ciento, fue explicada por el recorte de los gastos públicos en obras de infraestructura y de repavimentación y ampliación de rutas. También estuvo asociado con la desarticulación de programas centrales para incentivar al sector como Procrear, que dejó de entregar créditos a tasas fijas y se reconvirtió a un esquema de préstamos hipotecarios con cuotas indexadas por la inflación. La caída del poder adquisitivo de la población y el aliento a las colocaciones financieras fueron elementos adicionales que le pusieron freno a las decisiones de inversión en ladrillos.

La producción industrial es otra de las actividades que mostró su vulnerabilidad frente al programa de apertura comercial y transferencia de ingresos desde sectores asalariados a grupos de poder económico aplicado en los últimos meses. El Indec había difundido en su documento Estimador Mensual Industrial que la producción manufacturera retrocedió 6,4 por ciento en junio respecto del mismo mes del año pasado, apuntando la mayor caída del año. Un detalle del informe precisa que el bloque de alimentos fue uno de los que más retrocedió, con mermas del 11,8 por ciento en carnes rojas, 22,3 por ciento en leches, 14,4 por ciento en azúcar y productos de refinería y de 5,6 por ciento en yerba mate.

Economistas consultados por este diario plantearon algunas tensiones centrales para el futuro de la industria. Apuntaron que las firmas grandes no tuvieron caídas de ganancias y lograron mantener los negocios, pero las pequeñas y medianas perdieron mucha rentabilidad por la baja de las ventas y la distorsión de su estructura de costos. Esto estimula los niveles de concentración en el mercado interno y aumenta la capacidad de presión de los grupos de poder económico tradicionales. Mencionaron además que la estrategia del gobierno es reemplazar “sectores ineficientes” como el textil, calzado, juguetes, por actividades como servicios que demandan menos mano de obra, lo cual implicará más cierres de fábricas y recortes de personal. La desocupación alcanzó un 9,3 por ciento al cierre del semestre, cuando el año pasado era de 6,6 por ciento.

En lo que refiere a los componentes de la demanda agregada, el consumo privado, que representa cerca del 70 por ciento del PIB, fue uno de los más afectados en los últimos meses, por la caída real del salario, las jubilaciones y las asignaciones para los segmentos de menores recursos de la población. Este fenómeno ya venía reflejándose en diversos informes privados y del propio Indec, que daban cuenta de una fuerte contracción en las ventas en comercios con respecto al año pasado.

Federico Kucher, Página 12.