domingo, 26 de marzo de 2017

Importaciones de bienes de consumo crecieron 22,5%.


La importación de bienes de consumo se aceleró en enero y encendió las alarmas de los empresarios nacionales. La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) informó ayer que el año pasado las cantidades importadas crecieron 17% interanual y el mes pasado el incremento fue de 22,5% respecto del mismo período de 2016. 

“Por el tipo de cambio atrasado, los altos costos internos y la falta de controles aduaneros, están comprometidas buena parte de las PyMES industriales que no pueden competir con los productos que ingresan. Están cerrando fábricas y hay más de 45 mil despidos en el sector. La avalancha externa se presenta también en el comercio informal, por las fronteras con Chile, Paraguay y Bolivia”, aseguró CAME a través de un comunicado.

"Por el tipo de cambio atrasado, los altos costos internos y la falta de controles aduaneros, están comprometidas buena parte de las pymes industriales que no pueden competir con los productos que ingresan".

Según agregó la CAME, paulatinamente las importaciones están volviendo a copar el mercado y desplazando al fabricante local. Estas industrias son, entre otras, la indumentaria, la naval, de calzados, juguetes, electrónicos, muebles, cueros, bicicletas, bebidas alcohólicas y las producciones regionales.

"No se trata solo de manifestaciones aisladas de algunos fabricantes proteccionistas como suele decirse cuando aparecen las advertencias. Hay evidencia estadística concreta que avala esta preocupación".

Para avalar su argumento, CAME recordó que el año pasado las importaciones bajaron 6,7%, pero el declive se explicó porque los precios cayeron 10,4%. En cambio, las cantidades importadas subieron 3,8% en el año. En los bienes de consumo, la entrada del exterior creció 9,1% en dólares en 2016, a pesar que los valores promedio de esos productos bajaron 6,7%. Es que las cantidades importadas de estos artículos crecieron 17%.

“En un mercado donde las ventas minoristas cayeron 7 por ciento promedio en el año, ingresaron bienes de afuera más baratos, pero en mayor cantidad, justo en un año donde los argentinos consumieron menos. Eso explica la caída de casi 5% en la producción industrial, especialmente en la industria PyME”.

El objetivo del gobierno es tratar de controlar la inflación favoreciendo un mayor ingreso de bienes importados. Oficialmente, aseguran que no habrá una desregulación total y que se seguirá protegiendo a los sectores que no están en condiciones de competir de igual a igual con las producciones de otros mercados. Sin embargo, en otras ocasiones en las que se abrió el mercado a la importación, como durante la dictadura y la década del 90, las autoridades también remarcaron que se lo haría gradualmente y protegiendo a la industria nacional, aunque finalmente eso no sucedió.

El reclamo de los gobernadores

La problemática de los cierres de fábricas y la consecuente caída de puestos laborales en las provincias se coló de lleno en las preocupaciones de los gobernadores, que confluyen en un coro para que se limiten las importaciones que afectan a sus industrias.

En estos días fueron varios los que advirtieron sobre una crisis de la producción local. Y el último en alzar la voz fue el riojano Sergio Casas (FpV). "Queremos un equilibrio en la apertura de importaciones", dijo durante la apertura de la 98° reunión del Consejo Federal de Trabajo, donde Casas ofició de anfitrión.

El motor industrial de La Rioja está dado por el sector textil, que atraviesa una situación agónica. No es casual que el reclamo sobre las importaciones llegue desde provincias donde ese rubro es de relevancia. 

"El Parque Industrial de La Rioja es el principal polo textil de Sudamérica", afirmó Casas, "se necesita un techo a las importaciones y que se pueda dar un rango de competitividad para mantener las fuentes laborales". Sobre el cierre de 2016 hubo un acuerdo entre la provincia, el sindicato y los empresarios de ese polo productivo para no despedir personal durante 180 días, aunque desde la CGT local advirtieron que los empresarios están incumpliendo su parte.

Catamarca es otro distrito afectado por la importación textil. Su gobernadora, Lucía Corpacci (FpV) cuestionó la apertura y dijo que hay una "crisis industrial inocultable". "La apertura a la importación masiva pone a la industria nacional en serias dificultades; si a eso le sumamos el incremento de la tarifa eléctrica y del combustible, hay que reconocer el impacto", manifestó la gobernadora Corpacci en un acto de entrega de maquinarias a Vialidad.

La crisis textil también golpeó a Chubut. El viernes el gobernador Das Neves (Chubut Somos Todos) se reunió con los trabajadores de la empresa Guilford para avanzar en una serie de subsidios estatales tras el cierre de la compañía. Aunque en tono menos estridentes que en otros reclamos, Das Neves llevó el tema a su última reunión con el ministro de Producción de la Nación, Francisco Cabrera, a principios de mes. "El planteo más importante que hicimos con respecto al sector textil fue lo referido a la situación específica de la hilandería y apertura de importaciones", dijo el titular de la cartera de Producción de Chubut, Pablo Mamet.

En el Litoral, la apertura de importaciones también se metió en la agenda. Tras el cierre en Rosario de Mefro Wheels, la única fábrica de llantas de acero para autos del país. el gobernador de Santa Fe, Miguel Lifschitz (Frente Progresista Cívico y Social) cuestionó la política de barreras bajas del Gobierno nacional. "Creemos que un país integrado al mundo debe importar lo que necesita, lo que no se fabrique en el país. No podemos poner en riesgo la industria nacional con productos importados que compiten a precios más bajos".

"Las grandes inversiones no llegaron y no hay certezas de que vayan a llegar", dijo Lifschitz, y agregó que si se mantuvieron puestos de trabajo registrado en la provincia fue por "el esfuerzo de productores y empresarios" de esperar la evolución de la economía antes de tomar medidas drásticas.

El puntano Alberto Rodríguez Saá, cuya provincia vivió el cierre de textiles como Alpargatas o Puma a finales de 2016, también mostró preocupación sobre el tema. En su reunión con Oscar Parrilli en el Instituto Patria -afín al kirchnerismo-, los dirigentes peronistas declararon unir fuerzas contra "la apertura indiscriminada de las importaciones" y contra las "políticas neoliberales".

El gobierno, como ya es su costumbre, saldrá a decir que no hay invasión de importados y pondrá toda su maquinaria mediática para convencer a la opinión pública más allá de los datos verificables.

Fuente: Ámbito Financiero.

viernes, 24 de marzo de 2017

Macrilandia n°35.


Otra Plaza de Mayo colmada: Día de la memoria.


El 41° aniversario del último Golpe de Estado militar provocó movilizaciones en todo el país y otra Plaza de Mayo colmada, la cuarta en menos de diez días. Ante la ausencia de actos oficiales y luego del intento de hacer móvil la fecha de conmemoración, la Casa Rosada vuelve a ser testigo de un Día de la Memoria mientras Macri decidió irse a Holanda.

jueves, 23 de marzo de 2017

Los 20 millones de dólares de Odebrecht ¿eran para Macri?


Los veinte millones de dólares mencionados en los mails como la coima negociada por Angelo Calcaterra con Odebrecht coinciden exactamente en la fecha y el monto con el ingreso al Grupo Macri de 109 millones de pesos (al cambio de cinco pesos por dólar de ese momento) a través del Meinl Bank Aktiengesellschaft, el banco por el cual gestionaba sus pagos la empresa brasileña. Los 109 millones figuran en los balances como acciones prendadas por el banco y, al mismo tiempo, como aporte de capital de SOCMA a una empresa minúscula, Inversid, para capitalizarla y asociarla con el holding Macri.

Una de las primeras operaciones del Meinl Bank Aktiengesellschaft cuando fue adquirido por la constructora Odebrecht en el año 2010 fue aportar 109.810.199 millones de pesos a la empresa del presidente Mauricio Macri. La cifra aparece por primera vez en las actas del conglomerado familiar el 24 de enero de 2011, repetida en una sucesión de maniobras que podrían ser tanto un generoso “préstamo” como de un “ingreso” de los brasileños como socios de la empresa argentina. Odebrecht, según la acusación que pesa en la investigación del Lava Jato, adquirió ese banco austríaco para derivar millonarios pagos de coimas.

Los mails aparecidos en una investigación del O Estadao do Sao Paulo, luego de acceder a un documento oficial de la investigación sobre los sobornos de Odebrecht dan cuenta de una sucesión de reuniones con un directivo de IECSA, Javier Sánchez Caballero, quien se presentaría como “facilitador” de la obra de Soterramiento del tren Sarmiento y que habría acordado el pago de veinte millones de dólares para Angelo Calcaterra.


Esa cifra no consta en ningún balance de IECSA ni su controladora ODS en el año 2010, pero sí en cambio, teniendo el cuenta que el dólar se valuaba entonces en alrededor de cinco pesos, aparece ese aporte en el balance de SOCMA/SIDECO y realizado precisamente a través del banco austríaco que, según la causa judicial que investiga el Lava Jato, era el vehículo utilizado por Odebrecht para esos pagos.

El ingreso de capitales que coincide en fecha y monto con el pago de la coima.

En el cierre del ejercicio 2010 se deja constancia primero que Socma inyectó un capital de algo más de 109 millones a una empresa subsidiria que hasta ese momento era insignificante, Inversid. Y que con esa inyección de capital ahora Socma e Inversid se asociaban para ser las controlantes del resto de las empresas entre las que se incluyen Sideco y el Correo Argentino.

Pero, al mismo tiempo, también se informaba que Inversid tenia acciones prendadas por el banco austríaco propiedad de Oderbrecht por 109 millones de pesos.

En el sistema de “cajas chinas” usado por empresas como las del Grupo Macri para que sus balances san difíciles de leer, lo que queda claro es que se inyectó al grupo Socma una cifra igual a los veinte millones de dólares que aparecen en los mails de Odebrecht, y que se hicieron con una prenda sobre las acciones, con lo que podría suponerse que el dinero estaba bajo condición de cumplimiento de algún acuerdo.

Javier Sánchez Caballero es miembro del directorio de varias empresas del grupo Macri a través del holding Sideco y también de las que ahora figuran a nombre de su primo Angelo Calcaterra en el conglomerado ODS. Su nombre apareció ligado a varias investigaciones sobre pagos de coimas en diferentes obras, y está procesado además por la falta de aportes de IECSA a sus empleados. Sánchez Caballero forma parte del directorio de Iecsa, Creaurban, Geo metales, Líneas eléctricas del litoral, Puente Posadas Encarnación, Compañía de transmisión Eléctrica. En muchas de estas comparte directorio con otros históricos gerentes del grupo Macri como Santiago Altieri, el mismo Calcaterra y los hermanos Ghella.

Los pasos

“El 28 de enero 2011, Socma Americana S.A. informó a la Sociedad que con fecha 24 de enero de 2011 aportó acciones ordinarias escriturales Clase A de valor nominal $ 1 y con derecho a cinco votos por acción, representativas del 40% del capital social de Sideco, a INVERSID S.A., sociedad con domicilio en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires”.

La novedad implicaba que desde ese momento, la sociedad controlante de SIDECO y todo el conglomerado de La Famiglia no sería SOCMA exclusivamente, como hasta entonces, sino que un 40 por ciento pasaba a estar en manos de Inversid. Supuestamente esto no debía cambiar nada demasiado, ya que al mismo tiempo, en el intríngulis armado para evadir controles, Socma era dueña en un 99, gracias a ostentar el 61 por ciento de Inversid.

Pero en las actas de Inversid, mientras tanto, puede leerse que efectivamente, el 24 de enero del 2011 se tomaron varias decisiones: se cambió el directorio, para desplazar a quienes aparecían como socias de la empresa y que eran en realidad empleadas (contadoras) de SIDECO y nombrar en su lugar a los directivos de SOCMA Próspero Poyard, Ezequiel Viejobueno y Jaime Cibils Robirosa. Una vez hecho este cambio, se resolvió inyectar dinero y “aumentar el capital social” a exactamente 109.810.199 millones de pesos. Resulta curioso también que este acta, como varias otras de Inversid de los años 2011, 2012 y 2013 que consolidan esta maniobra, recién fueron publicadas todas juntas en el boletín oficial número 33144 del 5 de junio del 2015.

La extraña presencia del Meinl Bank Aktiengesellschaft con una prenda importante sobre acciones de las empresas Macri fue señalada por la fiscal Gabriela Boquin en su cuestionamiento al “abusivo acuerdo” al que pretendía llegar el gobierno macrista con el Correo Argentino, cuando analizó la situación de los acreedores. La fiscal señala allí que la mayor parte de los acreedores estaban concentrados en dos bancos que antes del acuerdo con el gobierno vendieron sus derechos al banco austríaco. El Meinl Bank sería entonces dueño prendario de acciones de la empresa controlante de Correo Argentino y al mismo tiempo el primer acreedor en aceptar un acuerdo ruinoso, en el que renuncia a millones en carácter de intereses e indexación de la deuda.

Pero aunque el dato se conoció por la vinculación con la causa del Correo, surgían otras dudas que la publicación de hoy parece develar.

¿Por qué le había otorgado un importante préstamo a una empresa de Macri apenas unos meses después de haber sido comprado por Odebrecht? De acuerdo con las declaraciones en la causa que investiga el Lava Jato, la empresa constructora compró el banco austríaco con sede en Antigua y Bermudas para canalizar los pagos de coimas en toda Latinoamérica.

Unos años antes, además, el primo del Presidente Angelo Calcaterra se había asociado con los brasileños para ganar la licitación del soterramiento del Tren Sarmiento. La obra estaba parada hacía tres años porque la licitación obligaba a Calcaterra a conseguir financiamiento y ese año se re lanzó cuando Odebrecht se sumó asegurando que traerían el capital que finalmente nunca apareció. Apenas asumió, Mauricio Macri decidió entregar por decreto el costo total de la obra que por la licitación el Grupo Macri debía conseguir de fuentes financieras internacionales.

La predilección por los bancos austríacos con sede en paraísos fiscales parece ser una debilidad de los Macri. También desde el 2010 intentaron comprar el Interfinanzas que pertenecía a una sociedad integrada por otro banco austríaco, el Bank Austria Creditanstalt AG. Finalmente consiguieron hacerlo el año pasado, cuando la conducción del nuevo gobierno del Banco Central aprobó la operación y le dio a la familia del presidente un banco que no atiende al público y tiene sede en Bahamas.

Gabriela Cerruti, Nuestras Voces.

La familia Macri se benefició con el aumento del 100% en los peajes.


Un simple dictamen de 64 carillas de una fiscal con trayectoria en Tribunales pero a quien nadie reconocería por la calle le infligió más daño a la imagen del Gobierno que toda la oposición y el sindicalismo juntos durante el primer tercio de su mandato, que acaba de cumplirse. Los tropezones del oficialismo a la hora de justificar y luego intentar revertir la condonación de la deuda concursal del grupo Macri por el Correo no hicieron más que exponer la matriz de la patria contratista, donde el Presidente nació y se crió. Las obscenidades de ese mundo, más tangibles para el electorado que los Panama Papers o las transferencias offshore de Gustavo Arribas, causaron tal conmoción que el mandatario conminó a su mesa chica a deponer todas las internas y apurar el cierre de listas para no dar más ventajas de cara a octubre.

En el empresariado y la mayor parte de la dirigencia sindical, si bien prima el rechazo al regreso de Cristina Kirchner, se mastican broncas cada vez más amargas. Las razones son bien distintas. A los hombres de negocios los alarman las arbitrariedades y cambios de reglas de juego que esta semana se pusieron de manifiesto en la enésima e inexplicable postergación de la licitación de los derechos de televisación del fútbol y en la cesión gratuita a Nextel del espacio radioeléctrico para ofrecer el servicio 4G, dos decisiones que favorecen al grupo Clarín. A los gremios, que dan por vencida la tregua tejida al calor de los fondos de las obras sociales, empieza a irritarlos la prepotencia del Ministerio de Trabajo (con episodios como el pedido de juicio político para los camaristas que fallaron a favor de La Bancaria) y las torpezas de la "reconversión productiva" oficial, que no cesa de destruir empleos.

El conflicto de intereses en el Correo, sin embargo, no es el único ni el de mayor impacto para la economía cotidiana de este febrero caliente. El incremento de entre el 60 y el 100% de los peajes de las autopistas metropolitanas, que enfureció a los automovilistas y volvió a meter presión a la inflación, tiene un condimento especial en el Acceso Norte, administrado por Ausol: allí el mayor accionista local es SIDECO, del grupo Macri. Y según un estudio técnico que elevó el Órgano de Control de Concesiones Viales (OCCOVI) a la Auditoría General de la Nación (AGN) y al que tuvo acceso exclusivo BAE Negocios, la suba es completamente infundada desde el punto de vista económico.

El expediente 8719 de la OCCOVI, que resume en 27 páginas 50 informes redactados por la interventora de Ausol, Laura Andino, asegura que Ausol cubría con creces sus costos operativos antes del incremento de los peajes y que su margen bruto de ganancia promedio (un EBITDA del 58,2%) figura entre los más altos del país. También denuncia que las pérdidas netas que declaró durante las dos décadas de concesión se originaron en maniobras como la contratación de contratistas controlados por sus mismos accionistas, con probables sobreprecios y sin licitación, y a intereses que abonó Ausol a prestamistas no identificados que la interventora también intuye vinculados a sus dueños.

Las cifras en danza son más impactantes que las del Correo. En 19 años de concesión, según el informe, Ausol facturó u$s 1.747,6 millones y registró una pérdida de u$s 89 millones, pese a que la tarifa se fue actualizando a la par o por encima de la inflación desde 2007 y hoy casi duplica en dólares la de 2001. Por alquiler de zonas de servicio sumó otros u$s 112 millones. En las obras de expansión de los ramales bajo su concesión, sin embargo, apenas invirtió de forma directa u$s 266 millones.

Por las obras que contrató directamente con sus accionistas y con uniones transitorias de empresas (UTEs) integradas por sus accionistas, el OCCOVI comprobó que se desembolsaron u$s 473,6 millones, casi el doble de lo invertido en forma directa por el concesionario. Para pagar las deudas que Ausol contrajo para no aportar capital propio se gastaron u$s 651 millones, de los cuales u$s 322 millones fueron intereses. Así, entre las obras comprometidas en la concesión y no realizadas y la tarifa cobrada en exceso a los usuarios, la interventora estimó que el Estado debería reclamarle judicialmente a la empresa u$s 350 millones.

Ausol es controlada por el consorcio español Abertis (31,5%) y tiene como socios minoritarios a la italiana Impregilo (19,8%) y a SOCMA (7%). La empresa del grupo Macri ostentaba originalmente un 23% del capital, pero redujo esa participación al 7% en 2001 a cambio de u$s 120 millones, una vez que ya se había asegurado la contratación de sus constructoras para las obras realizadas en los años 90. Impregilo, a su vez, es un grupo constructor italiano fundado en 1959 en Milán, con más de 17.000 empleados y que lleva adelante obras viales en toda Latinoamérica, pero con una particularidad: en casi todos sus negocios en Argentina aparece asociado a los Macri. Los dos de mayor envergadura son la línea de alta tensión que transporta la energía generada por Yacyretá (Yacylec S.A.), donde posee un 19%, y el consorcio Puentes del Litoral (que administra el puente Rosario-Victoria), del que controla un 26%.

Ganadores
Lo que irrita a un creciente sector del establishment es la magnitud de los beneficios que obtiene un selecto grupo de ganadores en una economía que no da señales de reactivación y, por ende, no ofrece grandes oportunidades de negocios fuera de las colocaciones financieras. La compra anunciada ayer de la constructora IECSA (del primo presidencial Ángelo Calcaterra) por parte de Marcelo Mindlin, por caso, hizo que muchos entendieran mejor el prematuro compromiso que asumió con el Gobierno el hábil dueño de Pampa Energía apenas asumió Macri, cuando sentó a media docena de dueños de los mayores fondos de inversión de Wall Street en un salón del hotel donde se hospedó en Davos.

Mindlin ya se alzó el año pasado con la mayor parte de los contratos que licitó Juanjo Aranguren para levantar parques de generación de energías renovables, cuyo costo muy superior al de las turbinas tradicionales exigirá que el Estado vuelva a subsidiar su consumo incluso pese al aumento de tarifas. Su compra de Petrobras Argentina, sin embargo, sigue trabada en Brasil, donde cuestionan que la haya aprobado el anterior jefe de la filial apenas unos días antes de su repatriación, en medio del escándalo del Lava Jato.

Además de Mindlin, protestan los ejecutivos desencantados con el clima de negocios, las privilegiadas por las decisiones oficiales son las propias empresas de la familia Macri. El enojo apunta al Correo pero también a la aerolínea Avian S.A., que el grupo Macri anunció que vendía a Avianca pero cuya transferencia jamás informó públicamente. La polémica inundó esta semana el Ministerio de Transporte, donde nadie quiere estampar su firma a la adjudicación del 100% de las rutas que pidió volar la ex MacAir. El ministro Guillermo Dietrich le encargó que lo hiciera al subsecretario de Planificación del Transporte Interurbano e Internacional de Pasajeros, Eduardo Parodi. Pero el funcionario, un técnico con prestigio en el sector, se negó por temor a las consecuencias penales del acto.

Perdedores
Los españoles de Telefónica, por su parte, aguardan para hoy en Madrid un contacto de alto nivel entre Macri y su presidente, José María Alvarez-Pallete. Prevén protestar por los cambios de reglas de juego que le allanaron a Clarín el camino para competir con ellos en telefonía pero que no les permite a ellos jugar en el mercado de la televisión paga más que en tres ciudades y desde 2018. La decisión que anunció el Ministerio de Comunicaciones mientras Macri volaba hacia España en un vuelo de Iberia los desconcertó: el permiso para usar las frecuencias 4G a Nextel no hace más que inclinar aún más la cancha en favor del holding de la trompetita.

¿Harán un juicio en el CIADI? En Madrid ya lo dan por hecho, aunque las reglas de ese tribunal de arbitraje los obliguen a negociar durante seis meses. ¿Y si Disney también demanda al Gobierno por la desprolija suspensión de la licitación de los derechos del fútbol que anteayer iba a ganar su subsidiaria ESPN?

Debajo de esas guerras de gigantes están los que pierden en serio. Las Pymes ensambladoras de laptops, por caso, que no se explican por qué no se abrió también la importación sin aranceles de celulares, justo lo que fabrica Nicky Caputo en Mirgor, la compañía que fundó en su juventud con Mauricio Macri. O los despedidos de Atanor, que eligió importar de China los acetatos que antes no pasaban los filtros de la Secretaría de Comercio y cerrar dos plantas casi centenarias. Son desocupados que no llegaron a ser registrados en el informe de desempleo del cuarto trimestre de 2016 que el INDEC difundirá el próximo 16 de marzo y que desmentirá, según fuentes bien informadas, el discurso oficial sobre el fin de la crisis laboral.

Alejandro Bercovich, Diario BAE.

miércoles, 22 de marzo de 2017

La industria se hundió un 9,5% en febrero 2017.


Ya incluso nos detenemos en las estadísticas propias del establishment que, de modo unánime y perenne, plasman la gestión económica del gobierno de Cambiemos, encabezado por Macri. Como la de tantos indicadores, la situación de la industria también es crítica y luego, siguiendo las voces de los propios empresarios, "nadie va a apoyar un modelo económico que termine con la industria destruida".

El Índice de Producción Industrial (IPI) de FIEL registró en febrero (2017) un retroceso del 9,5% respecto del mismo mes del año anterior, en tanto que en el primer bimestre acumuló una caída del 3,3% frente a igual lapso de 2016.

De acuerdo al reporte elaborado por la Fundación de Investigaciones Económicas de Latinoamérica (FIEL), "los indicadores que permiten anticipar una consolidación de la recuperación de la actividad industrial han mostrado un deterioro", al tiempo que la difusión sectorial de la recuperación "evidenció un retroceso".

En este marco, FIEL subrayó que el "atípico comportamiento" de la actividad en el primer bimestre de 2016 sugiere "cautela en la extrapolación de las mediciones hacia el resto del año".

A nivel de ramas de actividad en el acumulado para los dos primeros meses del año y en la comparación interanual, los sectores de Papel y Celulosa (-1%) y Minerales no Metálicos (-1,2%) registran una caída inferior al promedio de la industria. Los restantes sectores industriales muestran caídas de la producción superiores al promedio comenzando con la producción automotriz (3,5%) y siguiendo con Alimentos y Bebidas (3,8%), Insumos Textiles (4,7%), Insumos Químicos y Plásticos (5%), Petróleo Procesado (5%) y Cigarrillos (7,7%). La producción siderúrgica junto con la metalmecánica cierran la nómina de sectores con retroceso de la actividad, que alcanza en cada caso al 8,7 y 10,3% en el bimestre y en relación al mismo periodo de 2016.

Para la entidad de investigaciones económicas, en febrero la producción industrial estuvo parcialmente afectada por lluvias que obstaculizaron el normal desenvolvimiento de la actividad, junto con un día hábil menos respecto a febrero de 2016. Así, el desempeño fabril del segundo mes del año cerró con una caída del 9,5% en la medición con estacionalidad respecto a febrero de 2016, en tanto que la comparación intermensual con enero arrojó una retracción del 4,5% también con estacionalidad.

En el acumulado para el primer bimestre del año, y en la comparación interanual, la actividad industrial acumula un retroceso del 3,3% respecto al mismo período de 2016.

El reporte de Fiel precisó que al tomar en cuenta la clasificación de la actividad industrial por el tipo de bienes, la producción de Bienes de Consumo continúa liderando la contracción de la actividad, con una caída interanual del bimestre del 13,9%, mientras que la de No Durables lo hace 4,6 por ciento.

Por su parte, los Bienes de Uso Intermedio registran en el período una caída del 0,8%, al tiempo que los Bienes de Capital sostienen el avance de la actividad en el primer bimestre de 2017 al crecer en la comparación interanual 6,1%.

FUENTE: AMBITO FINANCIERO.

Estalla la Plaza de Mayo con la Marcha Federal Educativa contra Macri.


La situación parece desbordar a las usinas mediáticas y marketineras del gobierno PRO encabezado por Mauricio Macri. A las movilizaciones, cortes y paros de actividades hoy se sumó una impactante movilización de docentes de todo el país que desbordó esta tarde la Plaza de Mayo y sus alrededores.

 en el final de la Marcha Federal Educativa, donde los gremios le reclamaron el Gobierno de Mauricio Macri la convocatoria a la paritaria nacional.

"En esta Plaza hay 400 mil trabajadores", calculó el secretario general de UDA, Sergio Romero, al inaugurar la extensa lista de oradores. "Este gobierno miente y va por la escuela pública", advirtió el también dirigente de la CGT, que además rechazó la evaluación Aprender que ayer presentó el Gobierno como fundamento de una reforma educativa.

Los discursos críticos al gobierno de Macri siguieron por parte de Sara García, de Amet, que reclamó que "no se hagan los tontos"; Luis Tiscornia, de Conadu Histórica, que aseguró que a la Rosada "no le interesa la educación"; y Fabián Felman, de la CEA, uno de los más duros. 

"La etapa que nos toca hoy es de organización y esa organización tiene que decir no a las políticas neoliberales", aseguró, y pronosticó que en el futuro vendrá un presidente que pedirá "el perdón del Estado por agraviar a la educación pública". Su discurso generó el cántico kirchnerista "vamos a volver" en un sector de los asistentes.

Uno de los momentos más emotivos del acto lo ofrecieron dos chicas estudiantes universitarias de la FULP, que hicieron una apasionada defensa de la Escuela Pública, despertando cánticos contra Macri.

El cierre estuvo a cargo estuvo a cargo de la jefa de la Ctera, Sonia Alesso, quien afirmó que el gobierno nacional "viene sosteniendo que la educación pública no sirve" y que "los maestros no estudiamos", porque su objetivo es "la privatización y la mercantilización".

"Estamos aquí por una cosa muy sencilla, para decirle al presidente que cumpla la ley", gritó Alesso en referencia a la convocatoria a la paritaria nacional. "Presidente Macri, ministro Bullrich, convoquen a la paritaria, si no el plan de lucha va a seguir", advirtió. Antes del cierre, la dirigente convocó a un paro con movilización el 30 de marzo junto a la CTA. 

"Estos señores, el presidente, el ministro de Educación, nos han agraviado a todos porque ninguno se cayó en la escuela pública", en una crítica repetida a la polémica frase de Macri sobre la educación pública. "Marchamos para decir que los maestros no nos arrodillamos", completó Alesso.

La contundente movilización plantea un desafío mayúsculo al Gobierno que hasta ahora se mantenía cerrado en su rechazo a convocar a la paritaria nacional, como reiteró el propio jefe de Gabinete, Marcos Peña, en su exposición ante los Diputados, al mismo momento que los docentes desbordaban la plaza frente a la Casa Rosada.