lunes, 4 de junio de 2018

Macrilandia: Los millennials asisten a la muerte del peso.


Como en la agonía del menemismo y de la Primera Alianza, dos bandos tironean de los despojos del gobierno de Cambiemos. Unos presionan para acelerar la devaluación de la moneda nacional y otros prefieren que pase a mejor vida y sea reemplazada por el dólar de los Estados Unidos. En medio de esta disputa que modelará el futuro, el gobierno asegura los últimos negocios con sus socios buitres, gana tiempo e intenta repartir los costos, mientras repite consignas tranquilizadoras que a esta altura sólo siembran más inquietud. El analista más lúcido de la derecha argentina felicitó al presidente Maurizio Macrì por asumir que su gobierno atraviesa una crisis grave, pero consideró un error el dar por terminado el último episodio. La tasa internacional seguirá subiendo y la devaluación del 20 por ciento se trasladará a precios, “sobre todo en alimentos. En pocos días viene el peor momento de precios”, dijo Rosendo Fraga. No lo explicó, pero es sabido: la mayor inflación renovará las presiones contra el peso. Cada ciclo se repite sobre un cuerpo social más golpeado y enfurecido.

En esta misma edición (Los putos amos de BlackRock), el periodista francés Jordan Pouille, de MediaPart, describe el poder absoluto que ejerce sobre los gobiernos más poderosos del mundo ese fondo que gestiona inversiones por más de 6 billones de dólares y posee acciones en las empresas más importantes de Estados Unidos y Europa. También abunda sobre su rol para rescatar empresas y países en dificultades, las ganancias que realiza gracias a la información privilegiada que maneja y las condiciones que impone a empresas, gobiernos y organismos internacionales como el FMI. Si BlackRock puso el pie en la Argentina es porque lo que sucede aquí no es una turbulencia pasajera, según la ligera parla del presidente y sus repetidores, sino una crisis terminal, de la que habla en esta edición Alejandro Vanoli, el presidente del Banco Central desplazado para hacerle lugar a Federico Sturzenegger. La próxima escala de esta muerte anunciada es el 19 de junio. Entretanto, quien puso dólares y sabe en qué momento salir, picotea las últimas gemas antes de salir con más dólares, como explica Ricardo Aronskind. Con un ejemplo del ajedrez, Sebastián Soler explica que en este tablero no hay jugada ganadora y que la catástrofe sigue a la vuelta de la esquina.

El llamado a un Gran Acuerdo Nacional para el Ajuste (GANA) no tiene destino. Nadie ganaría con él ni está dispuesto a compartir las consecuencias de una política decidida en soledad y con jactancia por una administración cuya incompetencia fue ostensible desde el día en que Macrì dijo que controlar la inflación era muy fácil y que por su sola presencia nos taparían las inversiones, bien al estilo del vasco Baigorri Velar y su máquina de hacer llover o del ex senador que sueña con una condena al éxito. El ex presidente de Boca tiene así asegurado un lugar en la galería nacional de chantas y vendedores de humo. Sus videos presuntuosos con lengua de madera alimentarán los programas de humor durante mucho tiempo.

Lo único que le queda es diluir alguna responsabilidad. En primer lugar dentro de las propias filas, donde son readmitidos los réprobos. Luego con sus aliados, que por primera vez reciben un trato cordial. Y por último con algunos opositores, hasta ahora intimidados con la promesa de carpetazos sobre sus propios actos y los de algún hijo que administró fortunas ajenas. Como es ostensible, ni Emilio Monzó, ni el nieto de Rogelio Frigerio, ni los radicales Ernesto Sánz, Gerardo Morales, Alfredo Cornejo y Mario Negri, ni el Cívico Libertador Fernando Sánchez serán consultados a la hora de tomar las decisiones de política económica, pero sus fotos en el césped de Olivos son intentos publicitarios de suscitar esa ilusión. Distinto es el caso del precandidato presidencial del Peornismo Anti K (PAK), Miguel Pichetto, quien conoce su lugar y no pretende que lo consulten sobre las medidas, sino apenas enterarse antes y que le permitan recomendar el mejor método para que no se traben en el Congreso, de cuyo inventario será dado de baja en 2019. Todo esto tiene consecuencias político-electorales. El año pasado, cuando comenzó a especularse con la posibilidad de que María Eugenia Vidal postulara su candidatura presidencial si los números de Macrì no eran óptimos, tanto la gobernadora bonaerense como el jefe de gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, anunciaron que buscarían su reelección y que no habría otro candidato presidencial que Macrì. Si entonces su apuro respondió a la comprensión que tienen del temperamento rencoroso y vengativo del presidente, ahora se potencia otro argumento. O Cambiemos consigue detener el desplome de Macrì o al hundirse arrastrará a toda la Alianza. Las divisiones de la oposición, que el gobierno fomenta con paciencia, sólo bastarían en una situación de relativa normalidad, no ante un colapso como los que padecieron Alfonsín, De la Rúa y el senador Duhalde cuando estuvo por unos meses a cargo del Poder Ejecutivo.

Devaluacionistas y dolarizadores
El denominado gradualismo es en realidad la imposibilidad de llevar adelante el plan propuesto, debido a la fuerte resistencia social y la consecuente vacilación oficial entre devaluacionistas y dolarizadores. No es un dato menor que Sturzenegger sea el autor de varios trabajos teóricos, incluso un libro en colaboración con Eduardo Levy Yeyati, recomendando la dolarización como salida a la crisis de fin de siglo. Domingo Cavallo acaba de recordarle un párrafo que Sturzenegger escribió en 1990, en el que proponía que la Argentina abandonara su moneda. Ya entonces, antes de la convertibilidad, Sturzenegger sostenía que el público “ya tiene una alta proporción de sus disponibilidades transaccionales en dólares: el dinero local sirve sólo para transacciones menores. En el sistema bancario la dolarización avanza porque es la única forma plausible y segura de tener intermediación dentro del país (on shore)”.

El ahora banquero central, que escribió esas líneas en colaboración con Rudy Dornbusch (el macroeconomista alemán que en 2002 sostuvo que la Argentina sólo era viable si el FMI le imponía un gobierno formado por ex ministros de Economía de los países centrales) postuló que “el paso decisivo sería prohibir cualquier emisión adicional de moneda doméstica, lo que permitiría que el stock existente de moneda local sirva para las necesidades transaccionales. Todo el sistema bancario debería funcionar basado en el dólar”. Consideraban razonable que la Argentina, “con 20 años de inestabilidad extrema, pueda tener un futuro más brillante sin una moneda nacional. Esta puede ser la estrategia de menor costo para superar expectativas muy arraigadas”. Creía que “la distancia a una dolarización completa es mucho más corta que a una moneda nacional sana”. Durante el menemismo, por imposición de Estados Unidos, la Argentina destruyó las instalaciones donde se desarrollaba la tecnología misilística de punta dirigida a agregar valor a los productos exportables. En el paso de farsa que corresponde a toda repetición, Macrì podría dinamitar la Casa de Moneda, que el kirchnerismo modernizó para que los billetes no debieran importarse de Chile y Brasil.

Esa pugna entre dolarizadores y devaluacionistas se corporizó el 28 de diciembre, cuando el jefe de gabinete Marcos Peña Braun casi saca de la mesa de un codazo a Sturzenegger.

En ambas hipótesis, el golpe se descarga sobre el salario y los ingresos fijos de la previsión social, pero en la segunda no hay regreso posible, como lo muestra el caso de Ecuador, que siguió ese camino y no pudo desandarlo ni siquiera durante la década de gobierno populista de Rafael Correa. La dolarización es un lecho de Procusto, en el que sólo se puede cortar lo que sobra.

Pero 153 días después de aquella conferencia de prensa Macrì reivindicó al paradojal regulador monetario, cuyo ideal es desprenderse de esa autoridad para que la Reserva Federal de Washington asuma esas funciones. En esa clave es más comprensible el modo en que fue desmontando todas las regulaciones que protegían al territorio patrio del vendaval financiero que hoy lo azota.

La economista cubana Carmen Reinhart, quien junto con Kenneth Rogoff publicó una ambiciosa investigación sobre ocho siglos de defaults en el mundo, alaba la decisión de Macrì de recurrir al FMI como señal hacia “los mercados”, pero sostiene que a mediano plazo hay un problema interno y otro externo. El interno le parece crónico: los salarios de los empleados públicos. Si no los disminuyen “será muy difícil romper las altas expectativas de inflación”. El externo es el déficit del 5% de la cuenta corriente. “No creo que les financien ese 5%. Y es difícil ver como toda esta turbulencia, incluso con un desenlace favorable, no lleve a una recesión. Es inminente y será seria”. Los analistas aborígenes exprimen su imaginación para edulcorar estos duros hechos que Macrì generó. A la inflación que advierte Fraga, se suma la recesión que prevé Reinhart. Que nadie diga que no le avisaron.

Del simulacro a la realidad
La convertibilidad fue un simulacro de dolarización. La devaluación de 2002 terminó con esa ilusión, irrumpió como un torrente de agua sobre un terreno reseco por cuatro años de recesión y arrasó con todo lo que encontró en el camino, produciendo los mayores niveles de desocupación y de pobreza conocidos. Pero tres años después la economía se había reactivado, los niveles de empleo y remuneraciones recuperado su nivel y la pugna distributiva agudizado. La dolarización puede traer cierto alivio psicológico antiinflacionario al estilo de lo que ocurrió con la convertibilidad, como explica en otra nota de esta edición Roberto Feletti. Pero su efecto depresivo sobre la producción y el trabajo son permanentes y de improbable reversión.

En la dolarización, no es posible expandir el mercado con autonomía de los dólares que genere el sector externo. Esa relación pasa a ser rígida e inmodificable. En la actual economía bimonetaria, una relativa solvencia externa permite incentivar la actividad real por medio de la política monetaria y fiscal en pesos. Esto es así por la abundancia de recursos naturales y humanos que tiene la Argentina, que frente al cepo de los medios de pago que impuso el final de la Convertibilidad permitió el desarrollo de las cuasi-monedas provinciales, un lujo que no pudo darse Grecia.

Los chisporroteos del gabinete con la UIA no son casuales. Todos los industriales son opositores naturales a la dolarización que atrae al gobierno, tanto los ligados al mercado interno como quienes ganan con la devaluación licuando costos internos, tarifas y salarios, respecto del precio en dólares que obtienen exportando sus productos, es decir los triunfadores de 2002. De ahí los intentos de practicar reanimación cardiorrespiratoria al cuerpo político inerme de Sergio T.C. Massa (T por Techint, C por Clarín). No es por casualidad que el heredero de Arcor, Luis Pagani, haya dicho que el gobierno no tiene plan económico.

En cambio la dolarización es el sueño eterno de los grupos empresarios que actúan en el mercado de bienes no exportables ni sometidos a la competencia internacional: prestadoras de servicios públicos, luz, gas y transporte, finanzas y seguros, las grandes cadenas de comercialización de bienes y todos los intermediarios o efectores de servicios en general que pueden fijar precios en dólares en el mercado interno. Esa es la base social predominante del macrismo y sus CEOs.

La dolarización saldaría una puja histórica que se remonta a la primera presidencia de Juan Perón. De un lado, los proyectos populares industrialistas y mercado-internistas (con acuerdo tácito o resignación del sector agropecuario cuando la renta primaria es elevada gracias a los altos precios internacionales, como ocurrió durante los primeros años de Kirchner y amaga con repetirse en los últimos de Macrì). Del otro lado los sectores más extranjerizados y asentados en un mercado interno de consumo estrecho, pero suficientemente grande para obtener escala. Su oferta productiva y política es tan escuálida como lo fue la mesa chica de Cambiemos, ya que ni siquiera logran incorporar al sector agropecuario, que una vez proscripta la herramienta devaluatoria ve en riesgo la propiedad de la tierra, por reducción de la renta y ampliación de la extensión de la unidad de producción rentable. La discusión de los ruralistas con Elisa Carrió lo explicita.

La Europa del Euro tuvo en sus inicios alto consenso en la población de las economías más débiles, que se sintieron ingresando al Primer Mundo. Pasaporte y moneda únicos los convertían en ciudadanos de una Europa en expansión y moderna en igualdad de condiciones, con Alemania financiando la ilusión. Después de la crisis de 2008 la realidad hizo que crecieran los partidos nacionalistas de ultraderecha y el anhelo del regreso a las monedas nacionales. Ante una crisis aguda (cosa muy probable en la Argentina), el deterioro de la calidad de vida y el recuerdo de eventos reiterados cada década pueden impulsar al sector de ingresos medios a convalidar la dolarización.

Para saber si es factible, y a qué precio, hay que seguir la relación entre las reservas y la oferta monetaria, con y sin LEBACs. Si se consideran las reservas oficiales del Banco Central al 15 de mayo, de 52.727 millones de dólares, dolarizar la oferta monetaria de un billón de pesos (con exactitud $1.058.421 millones) daría un dólar convertible de 20,1 pesos actuales. Si se sumara el otro billón largo de LEBACs ($1.113.948 millones) llegaría a 41,2 pesos por dólar. Pero si en vez de las reservas nominales se tomaran en cuenta las disponibles para enfrentar una posible corrida (es decir los 23.268 millones de dólares que quedan si se descuentan los encajes de ahorristas, reservas en oro, títulos públicos u otro tipo de acuerdos con organismos multilaterales o Bancos Centrales de otros países), el dólar convertible sería de 45,5 pesos actuales considerando sólo la base monetaria y de 93,4 pesos si se incluyeran las LEBACs. Una pesadilla para trabajadores, jubilados, industriales y economías regionales.

Para ajustar esas magnitudes, el paso inicial sería siempre una devaluación, con la que descenderían salarios y jubilaciones, y un financiamiento externo como el que La Calamidad está negociando con su amiga francesa. A mediano plazo esa relación de precios/ingresos queda congelada ya que para modificarla es necesario contar con dólares disponibles, que desaparecen las políticas monetaria y fiscal. Durante los gobiernos kirchneristas, el desendeudamiento redundó en la autonomía presupuestaria, porque el Estado debía conseguir menos divisas y las retenciones proveyeron dólares genuinos para enfrentar los egresos en la misma moneda por servicios financieros (que se redujeron junto con la deuda, al revés que ahora). Esto alivió el presupuesto en pesos y permitió expandir el gasto público y estimular la demanda con emisión monetaria, el pecado original para el neoliberalismo. Todas las críticas al extractivismo son válidas. Lo que no podrá decirse es que Kirchner no usó con sagacidad los ingresos que produjo. Mientras la restricción externa no se activó, la Casa de Moneda emuló a la maquinita con que Obama salió de la crisis mundial con que asumió, en 2009.



Cuentos de velorio
Durante el velorio de una señora que padecía Alzheimer, sus hijs contaron el último intento de conexión con la madre, para lo cual le contaron su propia vida. Le dijeron cómo se llamaba, y la mujer asintió sin palabras ni emociones: “Ajá”, murmuró. Le contaron con quien se había casado. “Ajá”. Que tuvo dos hijos, y se presentaron, con sus nombres, una mujer y un varón. “Ajá”. Le recordaron que había sido afiliada a un sindicato. “Ajá”. Que era peronista.

—¡Por supuesto! — respondió con energía.

En 1975, Carlos Costa era propietario de uno de los tantos corralones de materiales de Santa Cruz. Cuando Celestino Rodrigo anunció una devaluación del 160 por ciento, Costa cerró el corralón por arqueo y balance. Cuando los reabrió, un mes después era un hombre rico. Su hijo Eduardo es uno de los empresarios más poderosos de la Patagonia, lo que le permitió iniciar una carrera política. Hoy es senador por la UCR.

Estas dos anécdotas reales marcan los límites que enfrenta el plan de ajuste que el gobierno nacional intenta imponer, ahora con la tutoría del FMI. Uno es el peronismo. A pesar del ostensible deterioro político, intelectual y moral de buena parte de su dirigencia que, muy al estilo del PRI mexicano, no concibe peor espanto que quedar al margen del presupuesto de algún nivel estatal, conserva en sus bases un ADN popular reacio a la conformidad con políticas que contradicen su sentido histórico plebeyo y revoltoso. El otro límite es la memoria del Rodrigazo, donde por cada Carlos Costa enriquecido hubo centenares o miles de personas que lo perdieron todo o, al menos, que padecieron un brusco descenso de su nivel de vida, con todo lo que eso implica como proyecto futuro. Nadie que aspire a cabalgar el tigre, ya sea desde el gobierno, las empresas o los organismos internacionales, puede ignorar estos dos aspectos sin riesgo de salir maltrecho.

El 13 de mayo, el columnista del diario La Nación Fernando Laborda encomió la reforma laboral brasileña y la actitud de los trabajadores inmigrantes, cuya tasa de informalidad asciende al 52,9%. Pero opinó que la diferencia con “no pocos trabajadores argentinos que no pueden insertarse en el mercado laboral” sería “su mayor flexibilidad y disposición a trabajar durante jornadas más largas”. Luego de detallar la reforma brasileña alabada por el FMI (prevalencia de los acuerdos individuales por sobre los convenios colectivos; falta de obligaciones del empleador con el denominado trabajador autónomo exclusivo; jornada laboral de hasta 12 horas; reducción del 30% en el costo de las indemnizaciones por despido; imposibilidad de iniciar una demanda laboral gratuita para quienes ganan más de 14.300 pesos argentinos) este apologista de la sumisión afirma que las reformas brasileñas son “horribles para la cultura proteccionista del trabajador que reina en la Argentina”. Por ello no figuran en los planes del gobierno de Macri y es probable que tampoco sean exigidas por el FMI, porque entiende que “si hasta ahora no se ha podido avanzar mínimamente en el Congreso con un modesto proyecto cuyos pilares son un blanqueo laboral y un nuevo sistema nacional de formación laboral continua, sería casi imposible pensar en modalidades de contratación más flexibles o en costos de despido mucho más acotados”. Sin embargo, el último informe del Fondo sobre la Argentina aconseja:

“Disminuir el nivel de indemnizaciones y simplificar los procedimientos colectivos de despido”

“Facilitar el uso de contratos temporales (incluidos los aprendizajes) y los contratos de trabajo a tiempo parcial”.

“Limitar la extensión de la cobertura de los convenios colectivos más allá de los signatarios directos”.

“El Salario Mínimo deberá indexarse de acuerdo a la inflación”

(https://www.imf.org/en/Publications/CR/Issues/2017/12/29/Argentina-2017-Article-IV-Consultation-Press-Release-Staff-Report-and-Statement-by-the-45530)

En octubre el gobierno nacional obtuvo un resultado aceptable en las elecciones de medio término (si bien apenas por encima del 38 por ciento de 1973 contra Perón, el peor registro histórico del antiperonismo). Pero en diciembre cosechó un repudio multitudinario y activo ante la reforma previsional (cuyo efecto ya se vió en el primer ajuste posterior: 18,1 por ciento en el periodo julio 2017-marzo 2018, contra una inflación del 18,4 por ciento, mientras con la fórmula vigente hasta diciembre, la movilidad entre marzo y septiembre de este año ascendería a 29,6 por ciento). La noche del 18 de diciembre se produjo el primer cacerolazo contra la actual gestión, que a partir de allí no dio pie con bola.

El jueves 17, más de 25.000 personas se movilizaron hasta Plaza de Mayo en una Marcha de Antorchas convocada por la Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU) en unidad con los otros sindicatos docentes ─FAGDUT, CTERA, SADOP y Conadu H─, agrupaciones y federaciones estudiantiles y de científicos, y movimientos sociales, políticos y de derechos humanos para reclamar por el derecho a la educación superior y hacer frente al ajuste del gobierno. El miércoles 23 llegará a la Plaza de Mayo la segunda Marcha Federal Educativa, en distintas columnas desde todo el país, como explica en esta edición la secretaria general de CTERA, Sonia Alesso. El viernes 25 de mayo habrá una nueva manifestación de esa actitud con la convocatoria de las dos CTA, la Corriente Federal y los Camioneros de la CGT, a cantar el himno en el Obelisco porque “La Patria está en peligro”. Durante las reuniones preparatorias, los organizadores también acordaron postular como nueva conducción de la CGT al bancario Sergio Palazzo y al camionero Pablo Moyano y Hugo Yasky anunció que en tal caso (sólo faltaría definir el orden de la fórmula) la CTA se reintegraría a la Confederación de la que se alejó a poco de comenzar el gobierno de Menem.

En 1989, cuando dispuso que su redactor Juan Yofre siguiera las 24 horas del día la campaña electoral de Menem, el director de Ámbito Financiero, Julio Ramos, escribió que sólo el peronismo estaba en condiciones de aplicar el programa de ajuste que él le presentó al candidato, porque cualquier otro no resistiría la reacción popular.

Horacio Verbitsky

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