La Carta de Intención dirigida por el Gobierno PRO al Fondo Monetario Internacional para lograr acceso al préstamo Stand-by por 50.000 millones de dólares deja sentada la decisión de vender acciones y títulos en poder de la Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES) para hacer frente a compromisos con los jubilados.
“Con la Ley de Reparación Histórica asumimos un compromiso, al cual seguimos vinculados, para trabajar con la comisión parlamentaria correspondiente para introducir mejoras en el sistema de pensiones que lo hagan financieramente sostenible y más justo tanto para las generaciones actuales como para las futuras”, señala la Carta en lo que parece aludir a una reforma de fondo del sistema.
A continuación añade que “vamos a amortizar activos de los fondos de pensión que se encuentran actualmente en posesión del gobierno como un medio para ayudar a financiar el pago de pensiones, incluyendo aquellas en la Ley de Reparación Histórica”. La referencia apunta a la posibilidad de desprenderse de fondos de la ANSES.
"En el caso que la actividad económica crezca menos de lo esperado y la recaudación tributaria se viera afectada, identificamos una suma equivalente a 0,2 por ciento del PBI de medidas adicionales (especialmente en infraestructura) que podrían ser tomadas para cumplir con nuestras metas fiscales", acota.
La ley de Reparación Histórica es difícil de defender ante el Directorio del FMI. En ese sentido hay que recordar que fue muy criticada en su momento por economistas como Carlos Melconian y otros por tener un impacto fiscal expansivo del orden del 1% del PBI.
Por otro lado, la venta de acciones y bonos implicaría una pérdida de capital acumulado para hacer frente a un flujo de gastos corriente, lo que tendería a desfinanciar el sistema, justo el argumento que esgrimió el Gobierno PRO en diciembre último (2017) para defender el cambio de fórmula de la movilidad previsional.
Por otro lado, el texto sugiere la posibilidad de que se demore el sendero de reducción de impuestos establecido por la reforma tributaria aprobada en el Congreso si la recaudación no responde como se espera en el marco del plan de ajuste que se viene.
“Mantenemos nuestro compromiso de reducir y eventualmente eliminar los impuestos distorsivos en línea con la reforma tributaria aprobada hacia finales de 2017, pero podríamos extender el período de implementación de algunas de estas modificaciones si fuera necesario para alcanzar nuestras metas fiscales”, dice.
El texto señala que “considerando la incertidumbre que enfrentamos actualmente, nuestras proyecciones de ingresos públicos en el presupuesto serán conservadoras e incluiremos, en forma prudencial, reservas de gasto que serán usadas únicamente en el caso de que ocurran imprevistos".
"Si las circunstancias cambiaran y los resultados económicos fueran peores a los anticipados, estamos preparados para identificar medidas adicionales que nos permitan alcanzar nuestros objetivos de déficit primario para 2018 y 2019”, agrega.
Por el contrario, "si los resultados económicos y fiscales evolucionan de manera más positiva que lo anticipado, estaremos preparados para llevar adelante una eliminación más acelerada de los impuestos distorsivos, de manera de sostener el crecimiento y la inversión (en línea con el sendero establecido en la reforma tributaria adoptada a fines de 2017)”, completa.
FUENTE: LETRA P
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