Aún después de quejas, rechazos, manifestaciones públicas, ruidazos y agrupamientos opositores, el gobierno PRO se niega a rever el último tarifazo aplicado en los servicios públicos. Macri salio a decir que el valor de estas tarifas “se trazaron hace dos años” cuando fueron aprobadas en audiencias públicas, como si eso fuese justificación o argumentación o excusa válida.
Pero esa afirmación (pública) es sólo el aperitivo, el entremés que antecede a la aparición del protagonista: el ministro de energía, Juan José Aranguren. El CEO de Shell dijo, sin sonrojarse, que dicha readecuación sirve para “lograr que haya menos gente en la pobreza”.
Mientras estos breves espectáculos públicos se suceden, desde la Casa Rosada continúan presionando a los gobernadores para que se sumen a la eliminación de impuestos en la facturas de los servicios, es decir, la estrategia de publicitar un descuento de 10% promedio en las facturas que aumentaron 700% promedio, a costa de los recursos de los Estados provinciales. En este marco Alberto Rodríguez Saá, gobernador de San Luis, adelantó que presentará un recurso de amparo en la tarifa del gas y el tucumano Juan Manzur anunció que no va reducir ni eliminar nada en las tarifas “porque Tucumán no cobra un solo centavo de impuesto a la luz” y que “el incremento tarifario provocará que vuelvan a aumentar los precios de los combustibles, de los alimentos y de todos los productos, es por eso que debemos generar propuestas dentro de una respuesta integral para el pueblo”.
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