viernes, 1 de diciembre de 2017

El ajuste redoblado del gobierno PRO en 2018.


"Raramente se equivoca la derecha al odiar. Casi siempre lo que odia es aquello que más la perjudica."
                                                                                                                          José Pablo Feinmann


El odio y vituperación al peronismo viene derramado desde las más profundas esferas del poder real, ese establishment económico y financiero que no tiene cara ni nombre. El peronismo sabe aglutinar y organizar a las masas para incorporarse como foco de poder y tomar decisiones sin la aprobación de aquel establishment. Por ende, todas las medidas económicas tomadas por un gobierno como el encabezado por Macri tenderán a erosionar y destruir el bienestar de aquel sector del que se nutre el peronismo. EL problema es que ese sector no sólo abarca a la industria y a la pyme sino que constituye la mayoría de la población argentina.

Según el proyecto de ley del Presupuesto 2018, se estima un déficit primario de 4,2 por ciento del PIB para este año. Según lo informado por el Ministerio de Hacienda hasta junio de 2017 y proyectando hasta fines de diciembre, con la variación del Índice de Precios al Consumidor comunicado en el nuevo presupuesto del 24,5 por ciento para este año, el resultado fiscal primario será deficitario será de 5,48 por ciento del PIB. Esto resulta de tomar el Producto corriente estimado por Hacienda de 10,28 billones de pesos. Por lo que el ajuste que deberá hacer el gobierno, luego de las elecciones del 22 de octubre, será de 153.668 millones de pesos (equivalente a 8741 millones de dólares) para cerrar el 2017 con el déficit primario pautado. Lo que significa que habrá un ajuste del 1,49 por ciento del Producto a fin de año.

A este déficit habrá que agregarle el pago creciente de intereses de deuda pública, estimado en 224.306 millones de pesos, por lo que el resultado financiero será del 7,93 por ciento del PIB, el tercer más alto de los últimos 56 años. En las últimas seis décadas en la Argentina, que se llegaron a resultados similares, significaron cambios bruscos en la conducción política del país.

Hay que sumarle a estos resultados, el déficit cuasifiscal, estimado en 1,95 por ciento del PIB, que es el resultado del modelo económico del gobierno, donde la tasa de las letras del Banco Central (Lebac) es el principal negocio, por encima de la actividad productiva.

Por otro lado el déficit de la cuenta corriente, estimado en el proyecto de presupuesto de 4500 millones de dólares para 2017, lo que representa el 0,73 por ciento del PIB. Esto se debe al proceso de apertura de las importaciones con la finalidad de calmar el animal spirit de los empresarios industriales nacionales con la amenaza de cerrar sus propias industrias si aumentaran los precios de los bienes producidos en el país. Aunque en la realidad no se verifica el descenso de los precios.

Se proyecta que el saldo de la balanza comercial continuará siendo negativos hasta el 2021, sumando un rojo acumulado de 30.600 millones de dólares en los próximos cinco años.

Este rojo fiscal, comercial y la fuga de capitales ha sido financiado con un aumento vertiginoso de la deuda pública, llegando según el proyecto de Ley del Presupuesto a 153.900 millones de dólares con privados y organismos internacionales. Que sumados a la deuda intrasector público (deuda con Anses, Banco Central y Banco Nación) sumarían 317.000 millones de dólares, el 58,7 por ciento del Producto para 2017. En la gestión anterior a octubre de 2015, la deuda en divisas con privados y organismos multilaterales y bilaterales era 91.798 millones de dólares (15,7 por ciento del Producto) y el ratio de deuda total sobre PIB era del 43,5 por ciento.

Reformas
Desde los sectores que han venido financiando al actual gobierno se ha pedido los ajustes estructurales que serían necesarios para hacer viables las cuentas públicas. El ajuste prometido desde Hacienda significaría hacer recortes que pondrían en cuestión la viabilidad política, social y económica del país. Si bien desde el gobierno afirman que se harán las “reformas correctas”, la resistencia social a los recortes podría hacer eclosión en medio de la implementación del ajuste del gasto público.

La lógica más elemental señala que la forma de financiar estos desequilibrios las tendría el Banco Central, ya que podría refinanciar pasivos a tasas viables para el Tesoro Nacional. La mirada ortodoxa de las metas de inflación y de la caída de la emisión monetaria, como única forma de bajar los precios, tiene como contrapartida financiar los pasivos fiscales con endeudamiento en divisas con privados. El fin de estas políticas, que actualmente están hipotecando el futuro de varias generaciones, las tienen los prestamistas, que ya han anunciado que el Estado Nacional, las provincias y los municipios deberán ajustar sus gastos ya que la viabilidad del financiamiento se estaría convirtiendo en insostenible.

Los límites a las políticas de ajuste los tiene el conjunto de la sociedad, que deberá mostrar su negativa a políticas que tendrán como consecuencias el hundimiento del consumo, de la inversión, del empleo y de la destrucción de las políticas sociales. La idea impuesta desde los medios de comunicación de la meritocracia y del esfuerzo personal como medida del propio éxito personal, tienen un límite cuando el desempleo se convierte en insostenible.

Perjudicados
Los recursos girados a las provincias y las transferencias para los subsidios de los servicios públicos aparecen en el proyecto de Presupuesto 2018 como los más afectados. Las provincias deberían recibir en términos reales un 24,5 por ciento más que lo que percibieron en el 2016, para no tener una caída real en sus ingresos. Esto significa que debieran recibir en conjunto aproximadamente 104.022 millones de pesos en 2017, en concepto de transferencias corrientes. El presupuesto estima que las provincias recibirán sólo 68.882 millones de pesos este año. Por lo que dejarán de percibir 35.140 millones de pesos, con una caída real del 34 por ciento. Esto debiera significar un poderoso llamado de atención para los gobernadores que han estado dudando sobre las verdaderas características del gobierno nacional y que deberán decidir mediante sus diputados y senadores nacionales si aprueban tal manotazo a sus recursos provinciales.

Los subsidios económicos a la energía, transporte y otras funciones anunciados en el Presupuesto 2018 se pautan en 234.220 millones de pesos, cuando para mantener su poder adquisitivo real igual con respecto al 2016, debieran de ser de aproximadamente de 623.629 millones de pesos, suponiendo que no hubiera habido ningún aumento de tarifas en este año. Se puede ver los ajustes tarifarios que faltan por venir.

La caída del Gasto Público, como componente esencial de la demanda agregada, producirá una caída abrupta del Producto Bruto, con consecuencias en el aumento de la pobreza, la marginalidad, el desempleo y en las condiciones de vida de la población. Los paquetazos neoliberales ha significado círculos de ajustes por las consiguientes caídas de los ingresos fiscales ante los sucesivos retrocesos de la demanda. Las recetas neoliberales para equilibrar las cuentas públicas han producido a lo largo de la historia el empeoramiento de las condiciones laborales, el ataque a las organizaciones sindicales y la persecución de las organizaciones sociales.

El entramado social, laboral y económico está en riesgo si se convalidaran en las próximas elecciones las políticas propuestas por el actual gobierno nacional.

Santiago Mancinelli, Magister en Finanzas (UNR).

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