miércoles, 15 de febrero de 2017

Correo Argentino: El PRO logra frenar interpelación a Macri.


Y así fue. Clarín, La Nación y toda la corporación mediática intentó no dar entidad al escándalo del Correo Argentino. Al principio lo ignoró. Luego lo publicó en pequeños espacios y, más tarde, no tuvo otra opción que hacer aparecer la noticia en tapa. Tamaño suceso resultó el escándalo del Correo Argentino y la fraudulenta condonación de deuda al Grupo Macri.

En este escandaloso marco, la fiscal Gabriela Boquín, quien impugnó el acuerdo entre el Gobierno y el Correo Argentino, aclaró en un comunicado que no participó de la audiencia de junio pasado (2016) en la que se consensuó la quita de la deuda porque no fue convocada a aquel encuentro.

"Jamás fui convocada a dicha audiencia y los únicos citados a participar fueron la concursada, el Estado Nacional y las sindicaturas."

Gabriela Boquín sostuvo que hizo la aclaración "ante las manifestaciones de miembros del Gabinete nacional en relación a que no habría participado" de aquella audiencia realizada el 28 de junio de 2016, en la que se acordó la propuesta de una importante quita de la deuda que mantenía el Correo y que Boquin impugnó por considerarla "abusiva".

La fiscal general ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial revisó el acuerdo y en un dictamen que emitió la semana pasada determinó que lo acordado "equivale a una condonación" de la deuda.

Boquín señaló que el acuerdo implicaría, según los cálculos realizados por la DAFI (Dirección General de Asesoramiento Económico y Financiero), una quita de más de $4000 millones en la actualidad y de más de $70.000 millones a 2033.

Por la parte acusada, el presidente de la empresa Correo Argentino S.A., Jaime Cibils Robirosa, hizo una crítica al dictamen elaborado por la fiscal Boquín en el marco del concurso preventivo de la firma, por la "exorbitancia de las inexactitudes" que contiene, "el llamativo y espurio manejo de las cifras" y "la liviandad con que se han expuesto conclusiones erróneas", pero no se conoce que haya aportado argumentaciones o cifras. En un informe de ideología casi surrealista, Robirosa afirma que la fiscal "no puede ignorar que ha sido el propio Estado el que provocó la presentación de este concurso; que ha sido también el Estado el que desapoderó de todos sus activos a la empresa, sin reparación alguna y que ha sido también el Estado quien se ha rehusado a encontrar una solución integral a todos los diferendos", .

Robirosa efectuó ante la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial una presentación en la que señala "la necesidad de realizar algunas aclaraciones que permitan entender que este proceso concursal es una pieza más dentro de un proceso mucho más complejo de reclamaciones recíprocas entre el Estado" y Correo Argentino.

En tal sentido, señala que no hubo objeciones al acuerdo por parte de la Sindicatura General de la Nación ni de los 600 acreedores que participan del proceso, destaca que se vuelcan valores expresados en pesos argentinos "a un monto absurdamente inflado con tasas inaplicables para este tipo de procesos", y que se trató de "la peor estatización de la historia" argentina.

Mientras tanto, acusado desde todos los vértices, Macri observa como el Congreso debate el pedido de auditoría a la Auditoría General de la Nación (AGN).

Luego de que la AGN rechazara el pedido del Gobierno de auditar el acuerdo firmado entre el Correo Argentino y el Estado, la Comisión Bicameral Mixta Revisadora de Cuentas, único organismo con facultad para realizar dicha solicitud, decidirá el próximo miércoles 22 de febrero si da curso o no a una revisión del órgano de control.

La comisión, presidida por el peronista José Miguel Ángel Mayans, deberá decidir si el acuerdo entre el Estado y el Correo Argentino, empresa propiedad de Franco Macri, por una deuda del año 2001, será auditado por la AGN, tal como lo solicitó en conferencia de prensa el jefe de Gabinete, Marcos Peña.

Acompañado por el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, Peña desligó a Macri de la propuesta que llevaría a una quita de $70 mil millones a 2033, y dijo que "no hay conflicto de intereses" pese a que se trata de una empresa propiedad del grupo familiar del presidente, SOCMA encabezada por su padre, y el Estado nacional.

Al mismo tiempo, Peña dijo que el Gobierno encargaría a la AGN una auditoría del polémico acuerdo, lo cual fue rechazado por el mismo titular de la entidad, Oscar Lamberto. "La AGN es un organismo independiente, que depende del Congreso. Cualquier auditoría que se haga, tiene que estar aprobada por los legisladores", recordó Lamberto.

El titular de la AGN dijo además que se enteró del pedido del Gobierno "a través de la conferencia de prensa". "No hubo ningún acto formal para comunicarlo", dijo Lamberto, que luego agregó: "No está en facultades del Presidente pedir una auditoría, ni en las de la AGN realizarla".

En el mismo Congreso, el oficialismo logró frenar la interpelación a Macri, Peña y Aguad. En el recinto de la Cámara de Diputados, el arco opositor que pidió diferentes cuestiones de privilegio por esa cuestión, en el marco de una sesión especial convocada en el período extraordinario de sesiones para debatir la reforma al sistema de ART.

Al iniciarse la sesión, la Izquierda fracasó en su intento de pedir la interpelación del Jefe de Gabinete, Marcos Peña, y del ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, en una votación que resultó negativa, ya que se necesitaban los tres cuartos de los presentes para poner el tema en el debate y apenas lograron 113 votos a favor y 79 en contra.

Luego, desde el FPV-PJ, Diana Conti, cuestionó al gobierno de Macri por "impedir al Congreso el control constitucional" y pidió la preferencia para el tratamiento de los dictámenes que rechazan el DNU sobre el soterramiento del Sarmiento, el que eliminó los reembolsos por exportaciones desde puertos patagónicos y aquel que vetó parcialmente la ley de pensión a ex combatientes de Malvinas.

La sesión, que comenzó pasado el mediodía, se desarrolló en medio de la polémica por el Correo e incluyó como dato de color una serie de carteles en las bancas de los diputados opositores con leyendas como "Choreo Argentino", "Mauricio es Macri" y hasta un pequeño buzón rojo que Héctor Recalde, colocó en su banca, regalo que le hicieron al abogado laboralista trabajadores del Correo que defendió al momento de la privatización.

Desde el Frente Renovador, Felipe Solá, consideró que el acuerdo es "vergonzoso" y, en referencia a Macri, sostuvo que "los bien educados creen que pueden hacer cosas que los maleducados no pueden", tras hacer referencia a los cuestionamientos que hizo la fiscal interviniente, se preguntó cómo los diputados radicales "no pidieron todavía la renuncia del ministro Aguad" por la falta de explicaciones y respuestas satisfactorias, "tal vez difícil de dar por el presidente Macri".


Efecto Balbín: preocupa al Gobierno la auditoría interna del acuerdo con el Correo.

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