martes, 21 de febrero de 2017

Caso Correo Argentino - Macri: el ministro Aguad imputado e investigado.


En un procedimiento similar a un allanamiento pero algo más amigable llamado como “orden de presentación”, un equipo de agentes de Gendarmería se presentó en el Ministerio de Comunicación para exigir todos los antecedentes y documentación del concurso de acreedores del Correo Argentino, las ofertas que hizo la empresa para el pago de la deuda, las distintas intervenciones que tuvo el Estado, la designación para actuar en el caso del director de Asuntos Jurídicos, Juan Mocoroa, y todo lo que dé cuenta de cómo se llegó al acuerdo que finalmente fue frenado por la oposición de la fiscal Gabriela Boquín, quien lo consideró ruinoso para las arcas públicas. Con esta medida, el juez federal Ariel Lijo inauguró la investigación que en principio tiene por imputados al presidente Mauricio Macri, al ministro de Comunicaciones Oscar Aguad y a Mocoroa, aunque se perfila como de más amplio espectro.

Lijo le fijó un plazo de 24 horas al Ministerio para que entregue toda la documentación que le requirió. También le envió un oficio a la Cámara Comercial, donde actualmente tramita el concurso preventivo del Correo, para que le aporte el material necesario para reconstruir cómo fue que después de algo más de 15 años se llegó al acuerdo firmado en junio del año pasado, que según Boquín implicaría una condonación del 98,87 de su deuda, que hoy asciende a 4000 millones de pesos. A la Sindicatura General de la Nación (Sigen) y a la Auditoría General (AGN), que son órganos de control, el primero interno y el segundo externo (parlamentario), les reclamó todos los informes que hayan hecho sobre el tema. La AGN fue, como informó ayer PáginaI12, el organismo que advirtió ya entre 2001 y 2002 los incumplimientos del Grupo Macri cuando dejó de pagar el canon del Correo y computó despidos de trabajadores como si fueran inversiones.



Algunas de las medidas de prueba habían sido pedidas por el fiscal Juan Pedro Zoni, quien formuló las imputaciones que dieron comienzo a la causa. Por ahora Lijo no hizo lugar a su pedido de imponer el secreto de sumario. En este expediente se fueron acumulando denuncias presentadas después de que la fiscal Boquín puso el alerta sobre el acuerdo que calificó directamente como “ruinoso” y “abusivo” para el Estado. Primero fue un abogado particular, Daniel Igolnikov, luego los dirigentes de Nuevo Encuentro Gabriela Cerruti y Martín Sabbatella, el titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, y otros abogados.

Del dictamen inicial de Zoni se desprendían los posibles delitos de defraudación al Estado, negociaciones incompatibles con la función pública y tráfico de influencias. Tomaba algunos de los planteos centrales que surgían del dictamen de Boquín: que el convenio iba beneficiar a los dueños del Correo (miembros del a familia Macri) y a perjudicar al Estado, que el Gobierno mandó a la audiencia para acordar el pago de la deuda a un funcionario, Mocoroa, ubicado en una cadena dependencia jerárquica que lo vincula con el presidente Macri, que este funcionario aceptó la oferta del Correo según “instrucciones” recibidas, y aunque tenía una designación transitoria (por 180 días en su cargo) sin mandato específico para esta cuestión. “El Presidente de la Nación resultaría beneficiario -de forma directa o indirecta- de la sociedad concursada y por ende del acuerdo suscripto”, afirmaba el fiscal en el texto de la imputación.

Pero además Zoni tomó un punto del planteo de la fiscal que va a ser clave: es el que dice que la empresa concursada habría incurrido en una “manipulación de las mayorías en perjuicio de los acreedores privados”. Sería una maniobra, una simulación, para lograr el acuerdo. Es que en el proceso concursal desde ya intervienen todos los acreedores, no solo el Estado, y la empresa necesita tener mayoría de capital y mayoría de apoyo de los accionistas en la asamblea. ¿Cómo hace para que lo apoyen aquellos a quienes les debe? Habría utilizado mecanismos para comprar su propia deuda. En el caso de los acreedores más chicos, a través de “cesiones de crédito, pagos por subrogación y otorgamiento de poderes irrevocables” a apoderados “vinculados a la concursada” misma. Pero así como hubo acreedores por montos bajos, también están los bancos, acreedores por unos 400 millones de pesos, que tuvieron un peso determinante en el voto favorable: el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Río y la Corporación Financiera Internacional. Lo que sucede es que estos cedieron créditos al Meinl Bank que, coincidencia, tiene vinculación monetaria con Sideco, la firma de los Macri que controla a Correo Argentino.

En la investigación penal, otro de los datos que podría ser tenido en cuenta para evaluar si hubo “dolo” o “intencionalidad” en la firma de un acuerdo perjudicial, es la demanda que inició el Correo contra el Estado, en reclamo de un resarcimiento por el supuesto daño económico que habría sufrido como consecuencia de la estatización. Ese reclamo fue presentado 25 días antes del acuerdo y poco después de firmarlo la empresa incluso modificó el monto de lo que reclamaba. Boquín sostuvo que era un acto de mala fe. El doble juego que el Gobierno asumió ayer tiene sus riesgos: desconocer tanto el acuerdo como la demanda por daños podría ser interpretado como una confesión de una irregularidad.

La denuncia de la PIA, que comanda Rodríguez, ya fue enviada por el juez Marcelo Martínez de Giorgi a Lijo, y sumará complejidad ya que pone énfasis en rastrear si con años atrás ya hubo un perjuicio patrimonial al Estado, producto de la falta de cobro de la deuda o de otros posibles acuerdos dudosos.

Cerruti y Sabbatella presentaron una ampliación de su denuncia. Está basada en la aparente existencia de un informe del Banco Nación previo a la firma del acuerdo, cuando estaba a cargo de la entidad Carlos Melconian, donde advertía que la propuesta era mala para los intereses estatales y debía ser rechazada. Los denunciantes plantean que es inverosímil que Mauricio Macri no supiera nada -como alegó públicamente- empezando por su cercanía con Melconian y porque la fuente era el Nación. También se detienen en la conferencia de prensa en la que el Presidente anuncia la vuelta a fojas cero, algo que advierten como una forma de dar por sentado que “cuenta con la aprobación del deudor”. “Teniendo en cuenta que ningún empresario que busca maximizar ganancias acordaría anular un convenio que le es sumamente beneficioso, resulta más que claro que eso es posible únicamente porque Macri es quien toma las decisiones de los dos lados”, dicen.

Habrá que esperar a ver ahora si el ministerio entrega toda la documentación, si “la justicia” investiga realmente o sobreactúa ante el escándalo y si los movimientos judiciales que intenta el Gobierno en los otros frentes (la causa comercial y la demanda por daños) tienen algún impacto en la investigación penal.

Hoy, ahora, en vivo, el ministro de Comunicaciones, Oscar Aguad, comparece ante la comisión de Comunicaciones de Diputados para intentar justificar el acuerdo firmado por su cartera con la empresa Correo Argentino SA, propiedad de la familia de Macri.

Aguad afirmó ante los diputados que el Gobierno actuó "como lo establece la ley”. Sostuvo que la deuda en el caso del Correo Argentino era de 296 millones de pesos y que la ley “no permite actualizar ni cargar intereses de la deuda en un concurso de acreedores". "Hicimos lo que pudimos", insistió y admitió que “obviamente hay un enorme quebranto en perjuicio del Estado”, aunque intentó culpar por eso a la estatización hecha en 2003 por Néstor Kirchner.

"La familia dueña del Correo Argentino tiene que pagar lo que debe y vamos a tratar de cobrarle”, sostuvo el ministro sin nombrar el apellido Macri. Reiteró que él cree que “no hay conflicto de intereses” y aseguró: “Estamos tratando de ser lo mas transparente que podamos". Ante una nueva consulta sobre si existió conflicto de intereses al tratarse de la empresa de la familia del mandatario, Aguad respondió: "En abstracto, puede que sí. En los hechos, el único testigo fui yo y no hablé con el Presidente".

Luego volvió a dejar dudas sobre si el mandatario estaba al tanto o no de la negociación por la deuda del Correo. "Yo no dije que el Presidente no sabía, yo dije que yo nunca hablé con el Presidente de esto. Es muy probable que el Presidente supiera”, declaró Aguad, quien hasta ahora había asegurado que Macri no tenía conocimiento del tema.

Sobre la vuelta a "a foja cero" ordenada por Macri, Aguad dijo que eso significa "anular el acuerdo" y sostuvo que "ya se anuló". El Gobierno pidió a la Justicia volver a revisar y renegociar lo firmado en junio del año pasado. Lo hizo recién después de que estallara el escándalo por un dictamen de la fiscal Gabriela Boquín, quien consideró la propuesta ruinosa para las arcas públicas y afirmó que implicaría una condonación del 98,87 de la deuda de la empresa de la familia del mandatario con el Estado.

Aguad recibió en la comisión duras críticas de los diputados opositores. El diputado del Frente Renovador Felipe Solá que no cree "en el cuento" del acuerdo del Gobierno con el Correo Argentino. “Yo lo conozco ministro y usted tampoco creería en el cuento", le manifestó a Aguad.

“Cuando firma un convenio de gravedad importantísima, ¿no sabe que esa familia es parte, no lo sabe el Presidente que se llama Macri ni el jefe de Gabinete? A todos tenemos que acusar de que no están informados", apuntó Solá.

Por su parte, el diputado Claudio Doñate (FPV-Río Negro) acusó al presidente Macri de "robarle 70 mil millones a los argentinos”. "Decir que vuelve a foja cero no solo es admitir el delito sino que ratifica que el Presidente sabía, que el Presidente es el dueño del Correo, es el Presidente de la Nación y lo utiliza a usted y a Mocoroa para robarle 70 mil millones a los argentinos", disparó Doñate.

En la misma línea, Pablo Kosiner del Bloque Justicialista señaló que "es imposible negar un conflicto de intereses" y consideró que "no han sido lo suficientemente sólidas" las explicaciones del ministro Aguad. "El usufructo es del padre del presidente y las acciones son de los hijos. Si eso no es conflicto de intereses, ¿entonces qué es?", remarcó.

1 comentario:

  1. Aguad quiere aguar el asunto.
    Pero la aguas bajan turbias para el tambien!!!!

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