Con los 20 mil trabajadores alcanzados en el último bimestre, la mayoría en el sector privado, en el año ya son 232.286 los afectados por cesantías y suspensiones. Los más perjudicados fueron los obreros industriales, que concentran el 84 por ciento de los casos.
octubre y noviembre volvieron aumentar los despidos en el sector privado. Cerca de 20 mil trabajadores quedaron sin empleo o fueron suspendidos, llevando el acumulado en lo que va del 2016 a 232.286 afectados. Expresado en otros términos: durante el primer año de Cambiemos en el gobierno nacional hubo 650 trabajadores despedidos o suspendidos por día.
Así lo señala un relevamiento sobre la situación del empleo del Centro de Economía Política Argentina (CEPA). Los investigadores marcaron que el aumento de las cesantías fue drástico: mientras que en septiembre hubo 1554 despidos y 3532 suspensiones, entre octubre y noviembre se produjeron 11.127 nuevos despidos y 7993 nuevas suspensiones, sumando al sector público y al privado. “Esta cantidad resulta la más significativa para dos meses consecutivos desde el período abril/mayo”, indicó en sus conclusiones el informe del centro dirigido por Hernán Letcher.
En este bimestre, el sector privado motorizó prácticamente todas las cesantías. En el sector público, en cambio, hubo una buena noticia: bajó la cantidad de despedidos a raíz de la decisión de incorporar a 800 investigadores del Conicet, cuyos ingresos se encontraban sin confirmación por decisión gubernamental.
Dentro de los trabajadores del área privada, los más afectados fueron los obreros industriales, ya que suman el 84 por ciento de los despidos y suspensiones. Las actividades más golpeadas de la industria son ocho: la metalurgia, los talleres textiles, las automotrices, la producción de electrónica y electrodomésticos, de alimentos y bebidas, los rubros petrolero, energético y frigorífico.
El CEPA viene siguiendo desde el verano pasado las consecuencias de las políticas del macrismo sobre el mundo del trabajo. De esta manera, fue trazando una secuencia: en diciembre de 2015 y enero de 2016 hubo una ola de despidos en el Estado, y una pérdida masiva de puestos de trabajo en la construcción debido a la paralización de la obra pública. Estos hechos fueron la señal de largada para que las empresas del sector privado hicieran lo propio, inicialmente en la industria (acompañando la retracción de la producción), que impactó después negativamente en el sector de servicios.
“Durante el mes de agosto ese proceso se conjugó con una nueva ola de despidos del sector público. En septiembre, una reducción en la cantidad de despidos hacía aparecer cierta estabilización en la dinámica del empleo. Sin embargo, tanto octubre como noviembre volvieron a mostrar una elevada cantidad de despidos y la continuidad de las suspensiones en la industria, reflejando la profundización de la retracción en la producción de bienes”, advirtió el centro de estudios (el proceso está resumido en el gráfico que se publica en esta página).
El informe incluye un desglose, dentro del sector privado, entre despidos y suspensiones: la cantidad de personas que perdieron su empleo fueron 122.802, mientras que 39.339 sufrieron suspensiones.
En este contexto, otras herramientas de ajuste empleadas por las empresas son el otorgamiento de vacaciones anticipadas (un caso reciente es el de Arcor) y la implementación de planes de retiros voluntarios (Pirelli, Siderar, Banco Hipotecario, Volkswagen y FIAT).
El informe indicó que el nuevo acuerdo de la Casa Rosada con las grandes empresas para frenar los despidos está siguiendo el camino del anterior. “Desde el 23 de noviembre, fecha de firma del actual compromiso, hubo despidos en Avenida.com (120), Brinkmann (4), Triángulo Color (30), Cerámica San Juan (5), casino Golden Night (2), Canal 13 de Santiago del Estero (20), Nevares (60) y Pecom en Cerro Dragón (270). El total: 511 despidos”. Para el CEPA, el mayor protagonismo del Ministerio de Desarrollo Social y la aceptación por parte del Gobierno de la declaración de una emergencia social son congruentes, porque implican un “esquema de contención funcional al modelo excluyente en el orden económico”. Un esquema del que son parte el veto a la ley antidespidos, la negativa a reabrir las negociaciones paritarias y la amenaza de avanzar en la modificación de los convenios colectivos de trabajo.
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