2017: Otro grosero aumento de las tarifas de luz.


El. 70% de los usuarios residenciales del servicio eléctrico en el Area Metropolitana de Buenos Aires recibirá desde febrero (2017) facturas con aumentos de hasta $ 130 mensuales (pasarán de $ 360 a $ 490), ya que "las tarifas deben reflejar los costos económicos", según ejemplificó hoy el secretario de Energía Eléctrica, Alejandro Sruoga, durante la audiencia pública que se lleva a cabo en el porteño Teatro de la Ribera.

Así es. El gobierno PRO decidió cambiar la cara, guardar a Aranguren (el Ministro de Energía que ya no resiste más micrófonos) y sacar a cámara a Sruoga (secretario), el mismo que supo dar explicaciones insólitas durante la conferencia de prensa que anunciara el primero y más salvaje de los tarifazos inplementados por el gobierno PRO, a mediados de 2016.

Sruoga anticipó la puesta en marcha de un "plan gradual" de reducción de los subsidios en el sector, que se extenderá hasta 2018 para revertir la situación actual, en la que se pagan en promedio $ 350 por Mwh (megavatios), frente a un costo cercano a los $ 1.150.

"Los costos económicos de corto plazo resultan del uso eficiente del recurso disponible para abastecer la demanda, mientras a largo plazo incluyen la expansión de la capacidad de generación y transmisión, y para abastecer demanda de potencia y limitar los riesgos de fallo", explicó el funcionario haciendo bien difícil de entender su alocución.

Detalló luego que un 30% de los usuarios residenciales metropolitanos consume hasta 150 kwh por mes y recibirá un aumento en febrero de 30 pesos; el 40% consume entre 150 y 300 kwh y tendrá subas de 110 pesos; el 25%, con consumos de 300 a 600 kwh pagará 150 pesos más; y sólo el 5%, que consume entre 600 y 1.200 kwh recibirá facturas con 430 pesos mensuales de incremento.

Sruoga precisó que las tarifas que pagan los usuarios representaron en el período 1993-2002 el 100% de los costos, "pero con la aplicación del subsidio generalizado la tarifa se situó por debajo del 20% de los costos reales que tuvo la operación del Mercado Eléctrico Mayorista". Sruoga está explicando que la decisión de este gobierno es quitar los subsidios para traspasar ese dinero (que ahora pagamos todos los usuarios) a los sectores empresariales y más adinerados.

Esa proporción el año pasado descendió a 15% pero subió a 30% en 2016, precisó el secretario durante la audiencia que se desarrolla con la presencia del ministro de Energía y Minería, Juan José Aranguren.

A partir de febrero próximo, continuó Sruoga, el precio estacional económico "se va a determinar como promedio ponderado de distintos costos y precios del Mercado Eléctrico Mayorista, mediante mecanismos competitivos y transparentes".

El "plan gradual y previsible de normalización de precios implicará el tránsito hacia una tarifa económica", agregó el secretario (?)

De este modo, los subsidios, que este año cubren el 70% de la tarifa para los usuarios residenciales (que consumen menos de 300 kwh por mes), bajarán el año próximo a 51%; disminuirán a 37% en 2018; y quedarán limitados a 10% en 2019. Sruoga está adelantando que durante todo el mandato de Mauricio Macri, la luz no dejará de aumentar.

Para los grandes usuarios, en tanto, la "gradualidad" implicará recortes en los subsidios desde 28% en 2016 a 19% el año próximo, 10% en 2018 y cero el año siguiente.

Sruoga recordó que las tarifas tendrán una incidencia menor en el interior del país y se actualizarán en forma semestral, de acuerdo con la variación de los costos fijos y variables (operación y mantenimiento, combustibles, precios de importación) de las 300 unidades de generación que operan 50 empresas nacionales, provinciales y extranjeras.

El secretario recordó que las facturas del servicio eléctrico incluyen impuestos nacionales y locales, al igual que fondos específicos como el que financia obras de transporte en alta tensión y distintas compensaciones regionales además del desarrollo de redes provinciales, y cuyo coeficiente de actualización trimestral no se aplica desde 2005.

Sruoga recordó por último la vigencia de la tarifa social, que luego de la aplicación de los nuevos criterios para su acceso se amplió al 30% de los hogares y a cuatro millones de usuarios en todo el país, mientras en algunos distritos representa más de la mitad de la demanda.

Así es, el gobierno PRO sigue, a todo vapor, traspasando recursos de las clases populares al sector empresarial y avisando que lo seguirá haciendo mientras siga siendo gobierno.

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