Un total de 20 telegramas de despido fueron recibidos el jueves pasado (09.06.2016) por los trabajadores de la seccional platense del Registro Nacional de Trabajadores y Empleadores Agrarios (RENATEA). Se sumaron a las 50 cesantías del organismo en la Capital Federal y los 120 a nivel nacional. Todos ellos de planta permanente.
Mediante lo que sus trabajadores definieron como un “despido encubierto”, el vaciamiento del organismo de contralor de las condiciones de trabajo rural avanza con fuerza y el sector gremial lo observa como una retribución del Gobierno a las patronales rurales.
“No hay una claridad conceptual de por qué nos rescinden la relación laboral. Al no ser contratados sino de planta, consideramos que son despidos injustificados y no tienen basamentos”, dijo el trabajador despedido Luis Rivera Cano, quien concentró junto a otros 10 trabajadores en las puertas de RENATEA en La Plata. Rivera Cano se refirió al mecanismo de desvinculación que pautó UPCN con las nuevas autoridades de RENATEA y la Subsecretaría de Relaciones Laborales del Ministerio de Trabajo a través de un “acta acuerdo” firmado el jueves pasado para los despidos.
“Nosotros somos un organismo nacional y actualmente hay unos ochocientos trabajadores en nuestra misma situación. En la provincia de Buenos Aires hay unos 120 trabajadores en esta disyuntiva”, señaló Sebastián Bilyk, también cesanteado del organismo. Y agregó: “A nosotros se nos citó para firmar el jueves a las 12 horas en el Ministerio de Trabajo el ‘acta acuerdo’ que repudiamos, desconocemos y vemos como una avanzada más por el achicamiento del Estado”.
Las cartas que establecen el “despido voluntario” están firmadas por Ernesto Ramón Ayala, subdirector general a cargo de la dirección de RENATEA y hombre de extrema confianza de Venegas.
El proceso de despido generalizado del personal se inició luego de que la Corte Suprema sancionara la inconstitucionalidad de los artículos 106 y 107 de la Ley 26.727 (del peón rural) en noviembre del año pasado (2015).
“La disolución y vaciamiento del RENATEA responde básicamente a que el Gobierno de Macri está realizando un favor a los sectores de la oligarquía agraria, a los sectores del campo argentino que no quieren que sus vinculaciones con sus trabajadores sean controladas por un organismo del Estado”, dijo Rubén Schaposnik, referente de ATE, gremio que hoy está en acompañamiento de los ahora ex trabajadores de RENATEA.
En tanto, las miradas están enfocadas sobre la conducción de UPCN, bajo la figura de Andrés Rodríguez, a quien se acusa de defender sus vinculaciones con Momo Venegas al propiciar un acuerdo de desvinculación voluntaria de los trabajadores.
Antes de crearse el RENATEA, el organismo vigente era el RENATRE, entonces controlado por el gremio a cargo de Venegas, UATRE.
“En estos años se han realizado miles de inspecciones, con centenares de actas y muchas de ellas con denuncias por situaciones muy irregulares, como la reducción a la servidumbre. Esto tiene que ver con devolver una caja muy importante que antes manejaba la UATRE de Momo Venegas, que en estos años no manejó y ahora quiere recuperar”, dijo Schaposnik. Y agregó: “Ahora, Venegas recupera lo referente a las prestaciones sociales, y además recupera la capacidad de fiscalización. Cuando estuvo en el RENATRE, no funcionó por su connivencia con los empresarios del campo. Esto es una vuelta a la situación de precariedad de los trabajadores rurales. En ese marco, se avanza contra los trabajadores del Estado que son despedidos en vulneración de un convenio colectivo”.
La parte administrativa de RENATEA quedó centralizada en la ciudad de Buenos Aires, y todo lo que es fiscalización y condiciones laborales quedó paralizado desde diciembre.
En la actualidad, las principales actividades paralizadas en el RENATEA son clave: la fiscalización en el territorio, la registración y las denuncias por casos de trata y explotación laboral.
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