domingo, 12 de junio de 2016

Macrilandia: Distraer para privatizar.


Durante la década del ‘90, el simplismo de la corrupción fue utilizado como motivo fundamental para la entrega del patrimonio público nacional. Hoy, para envolver este tipo de políticas económicas clasistas, se despliega nuevamente el “modelo de la corrupción”.

La acepción de la igualdad en cuanto a determinados derechos condujo, paulatinamente, a contextos sociales de mayor democracia, donde la “política”, a pesar de sus trampas y errores, constituye la mejor herramienta aplicable al difícil intento de disminuir las históricas brechas materiales entre las clases dominantes y los sectores más postergados.

Sin embargo, desde hace ya muchos años en nuestro país, se ha instalado la idea de asociar a la política como sinónimo de “corrupción”, siendo este último aspecto (aunque totalmente deplorable, por supuesto) el único argumento utilizado por una parte considerable de la población para medir o evaluar, equivocadamente, los éxitos o fracasos económicos de países enteros, convirtiéndose en un nuevo y peligroso justificativo dogmático, pues, a pesar de su validez para explicar determinadas situaciones puntuales, se extiende a través de débiles razonamientos inductivos hacia todos los ámbitos que hacen al desarrollo de la vida en sociedad. Son varios los factores que favorecen su uso doctrinal. Por un lado, la inevitable división del trabajo es la causa fundamental de un mal irremediable como la “ignorancia”, entendida esta como la incapacidad para indagar y cuestionar sobre temas relevantes. Por lo tanto, nuestro vasto desconocimiento sobre prácticamente todo, nos hace buscar modelos mentales o pensamientos causales que brinden seguridad intelectual. Así, debido a su facilidad de comprensión, el modelo de la “corrupción” aparece como muy aceptado socialmente.

En otro orden, el “modelo de la corrupción” se convierte ciertamente en un pretexto, cuando grupos dominantes o personas favorecidas acuden a su uso absolutista, con la finalidad de evitar la consolidación de políticas inclusivas que conducen a la pérdida de sus privilegios económicos. Paralelamente, desde cualquier clase social, y aferrándose a quejas basadas en justificaciones de “corruptelas generalizadas”, se ocultan aspectos emocionales como la falta de solidaridad, el odio de clase, el individualismo, el fanatismo, el vacío existencial y la extrema competitividad que surge de sentirse más valorados socialmente por disponer de mayores ingresos económicos en relación con los menos favorecidos. En definitiva, con el dogmatismo de la corrupción, no solo se atacan políticas económicas que, a pesar de sus errores, contradicciones o ineficiencias, son favorables a los derechos de los sectores de la población más postergados, sino que también, se oculta el contenido de planes económicos ajenos a los intereses mayoritarios.

Durante la década del 90, el simplismo de la corrupción fue utilizado como motivo fundamental para la entrega del patrimonio público nacional y los más valiosos (y escasos) recursos naturales a grupos económicos, principalmente extranjeros, pues se argumentaba que un Estado corrupto, ineficiente, y que daba “pérdidas” debía privatizar sus empresas estratégicas.

La enajenación y el desguace del patrimonio público nacional, cimentado durante décadas por los aportes tributarios de millones de argentinos, y concretado bajo el amparo de las mismísimas leyes nacionales, no solo abarcó a la vital industria energética (entrega y exportación descontrolada del petróleo y detenimiento de infraestructura de gas natural), sino también al resto de las actividades estratégicas. Con la excusa de la ineficiencia estatal, se detuvo la construcción de la central nuclear Atucha II, y tanto Somisa como Altos Hornos Zapla, las dos empresas estatales que fueron el emblema de la siderurgia nacional, fueron, literalmente, devastadas. Justamente, empleando como argumento descalificador a la inoperancia y la corrupción generalizada, se privatizaron centrales térmicas, centrales hidroeléctricas, puertos, Aerolíneas Argentinas, Yacimientos Carboníferos Fiscales y se vieron frustrados o cancelados proyectos de levantamiento de presas, siendo el caso emblemático el de Yacyretá. La mención de esta central hidroeléctrica en los medios de comunicación como un “monumento a la corrupción” (algo todavía hoy muy escuchado en foros o seminarios), solo permitió el desprestigio de una de las obras de infraestructura más importantes de la historia de la ingeniería argentina, obviando por completo la importancia de su significado para el desarrollo nacional.

Con idénticos argumentos maliciosos se llevó a cabo la destrucción del sistema ferroviario nacional. Alrededor de 80.000 trabajadores despedidos, un insólito cierre de ramales que conectaban a muchas de las alejadas provincias argentinas, reducción de casi 20.000 kilómetros de vías, aislamiento de pueblos, y la pérdida de especialistas en ingeniería ferroviaria.

En definitiva, la entrega de recursos naturales estratégicos como el petróleo, el descalabro en infraestructura (con los ferrocarriles, Yacyretá y las centrales nucleares como casos testigos), la destrucción de la educación técnica, el desfinanciamiento permanente de las universidades y los centros de investigación científica como el INTI, el INTA o el Conicet fue posible debido la forzada despolitización de la sociedad. Más aún, ese modelo económico entreguista, de concentración de riquezas y de ausencia del Estado, requirió de un colosal endeudamiento externo (para diciembre de 1999, un acumulado cercano a los 200 mil millones de dólares) de manera de obnubilar por completo a los sectores medios de la población, teniendo en cuenta que fue posible el turismo ostentoso y la libre importación de bienes que destruyeron sistemáticamente las fuentes de empleo nacional. En 2002, una pobreza superior al 40 por ciento de la población representa una medida objetiva de semejante descalabro económico, social y dogmático.

Lamentablemente, en la actualidad política se advierte la vuelta de un modelo económico sustentado en el excesivo endeudamiento externo que, en el mediano plazo, tendrá consecuencias nefastas para las clases medias y los sectores más vulnerables. Y para envolver este tipo de políticas económicas clasistas, que solo favorecen a los sectores económicamente más acomodados, las explicaciones de “herencias” relacionadas con el “modelo de la corrupción” aparecen como una envoltura, pues es un pensamiento causal que vacía de contenido los verdaderos temas relevantes: la distribución de los escasos recursos naturales, la generación de conocimientos avanzados, la vinculación entre ciencia, universidades, tecnologías y fuentes de empleo que permitan el crecimiento y consolidación de las industrias nacionales.

Mariano Ventrice (Ingeniero Civil, UBA), Página 12.

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