martes, 17 de mayo de 2016

Macrilandia: Retorno sin escalas a la década del 90.


El Congreso se convirtió en el espacio de discusión de diferentes instrumentos legislativos para evitar los despidos y proteger el mercado de trabajo ante la puesta en marcha de un esquema macroeconómico que tiene como consecuencia directa la destrucción de empleo. Por eso vale la pena enfatizar que, más allá de las políticas laborales y regulaciones, la creación de puestos de trabajo de calidad (y su preservación) en Argentina está directamente asociada a la existencia de una dinámica económica virtuosa que sea sustentada por la expansión de la demanda interna y una equitativa distribución del ingreso.

El gobierno nacional viene implementando un conjunto de medidas de política económica que comparten un factor común: su impacto negativo sobre el poder adquisitivo de los salarios, y otros ingresos fijos en pesos. La disparada inflacionaria, en combinación con el atraso en los niveles de ingresos que no llegan a compensarla, configuran el sustento de la caída observada en la demanda. El consumo interno representa aproximadamente el 60 por ciento de la demanda agregada en la Argentina, de manera que con las medidas tomadas y sus consecuencias se está debilitando el principal motor de crecimiento.

En un contexto de caída en las exportaciones, principalmente por la fuerte recesión en Brasil –nuestro principal socio comercial–, y de retracción de la inversión, se torna fundamental mantener fortalecido el mercado interno, vía estímulo al consumo, para mantener el nivel de producción y evitar así la pérdida de puestos de trabajo.

De hecho, la apuesta al mercado interno permitió que la economía creciera el año pasado un 2,1 por ciento –según datos del nuevo Indec–, y que aumentara en 224.337 el empleo total, con 171.104 nuevos empleos en el sector privado, según datos del Sistema Integrado de Previsional Argentino (SIPA-AFIP). Vale señalar que el aumento en la demanda por fortalecimiento del mercado interno es una condición necesaria para el aumento de la inversión, que amplía la capacidad productiva a lo largo del tiempo.

Actualmente, frente al estrangulamiento del sector externo y la muy escasa generación de dólares a través del mismo, se ha configurado un esquema de incentivos a la inversión financiera que apunta a promover el ingreso de divisas por la cuenta capital. Este esquema de valoración financiera, con atracción de fondos especulativos de corto plazo implica mantener elevadas tasas de interés que operan en detrimento de la inversión productiva. El alto costo de oportunidad impide en la actualidad la puesta en marcha de cualquier tipo de inversión orientada a la economía real. Además, la retracción en los motores de crecimiento, por caída del consumo interno y externo, no brinda señales positivas de crecimiento del mercado a potenciales inversiones productivas.

Todo esto indica que la intención de parte del gobierno nacional de generar expectativas para lograr un proceso de crecimiento impulsado por la inversión en algún momento del segundo semestre del año no es más que una expresión de deseo. Es un exceso de voluntarismo montado en un simple acto de fe, sin ningún tipo de fundamentación rigurosa que dé cuenta de ello.


Las pymes, principales generadoras de empleo en nuestro país enfrentan, tras las políticas adoptadas, una tormenta perfecta: aumento del costo de financiamiento –por tasas altas–, competencia externa –por apertura de las importaciones–, caída de la demanda –por debilitamiento del mercado interno–, y fuerte aumento de los costos –por inflación y suba de tarifas–. Frente a esta situación, la realidad las empuja a eliminar empleos.

El único argumento para la atracción de inversión extranjera estaría relacionado con una ganancia de competitividad, vía baja del costo laboral. Es decir, el estímulo al desarrollo de actividades mano de obra intensivas, orientadas al mercado externo, basadas en una mejor competitividad relativa fundamentadas en bajos salarios en dólares. Esto implicaría avanzar hacia una flexibilización laboral, y el incremento que estamos presenciando en el desempleo seria una herramienta funcional al logro de ese objetivo. En paralelo, la eliminación de todas las restricciones y controles a los movimientos de capitales buscarían otorgar las condiciones propicias al capital internacional, sin considerar la restricción futura que le genera a la economía, el proceso de remisión de utilidades al exterior, que ya alcanzó los 375 millones de dólares en el primer trimestre de este año, tras haberlos liberado.

Nos encontramos entonces frente a la configuración de un cuadro macroeconómico, con una dinámica que indefectiblemente trae aparejada la destrucción de empleo. La iniciativa de la oposición para evitar despidos es bienvenida, pero lamentablemente enfrenta una política económica que va en sentido opuesto. El debate profundo de cara a la sociedad debe ser sobre las implicancias de esta lógica macroeconómica antes de que el daño sea más grande aun.

Agustín D’Attellis, Economista - Director de E4D Economía Política (Página 12)

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