martes, 26 de abril de 2016

Sturzenegger: Postales de la posmoderna corrupción de guantes blancos.


Federico Sturzenegger asumió la presidencia del Banco Central estando procesado por el Megacanje, la operación financiera que en 2001 benefició únicamente a un grupo de selectos bancos privados. Apenas cuatro meses de gestión le bastaron para calibrar los hilos del negocio a pedido de los capitales especulativos, y le valieron una nueva imputación en la ultramediática causa por el dólar a futuro. Postales de la posmoderna corrupción de guantes blancos.

Federico Sturzenegger mostró lo rápido que se pueden cambiar las ideas: apenas hace falta un buen motivo. En cuestión de días, pasó de impulsar la eliminación de los billetes de 100 pesos a anunciar la emisión de papeles de 200 y 500,al mismo tiempo que mutó su posición en el tablero político: pasó de diputado a presidente del Banco Central (BCRA). Entre una y otra cosa la Corte Suprema de Justicia desestimó una presentación que hicieron Horacio Tomás Liendo y Carlos Federico Molina para enterrar la causa judicial que investiga el cobro de comisiones en el Megacanje, y Sturzenegger volvió a leer su nombre junto a la palabra “procesado”. La decisión de Sturzenegger estuvo a tono con el reclamo que venían haciendo los bancos, a coro y en público o solos y en privado. “El transporte de caudales es el segundo costo que tenemos, detrás de los salarios”, repetía (y repite) el presidente de la asociación de bancos extranjeros que operan en Argentina (ABA), Claudio Cesario, a quien quiera oírlo.

La movida de los billetes permitió ajustar números entre los bancos y tiró por la borda uno de los ejes de la oposición: las bandas criminales ligadas al narcotráfico. “El efectivo facilita enormemente las transacciones de la economía informal. Obviamente, muchas operaciones formales se hacen con efectivo, pero las informales sólo pueden hacerse con efectivo. Entonces, ¿cuál sería el motivo por el cual querríamos mejorarle la eficiencia a la informalidad? Es claro que los billetes de mayor denominación harían justamente eso”, escribió Sturzenegger en una columna en La Nación, cuando todavía era diputado por Unión-PRO. La propuesta iba a contrapelo de una parte del discurso de la entonces oposición, que buscaba mostrar la desvalorización del peso vía los billetes de mayor denominación y proponía la bancarización. Era, también, otro negocio para los bancos.

Pero números son números y urgencias son urgencias. Los bancos querían algún tipo de compensación por los “esfuerzos” que habían hecho para recibir al nuevo gobierno: aceptaron bonos en pesos para renegociar un parte de los contratos de dólar futuro que le habían comprado a la administración de Alejando Vanoli y perdieron algo de la ganancia que ya empezaban a saborear. La otra parte se pagó con la autorización que Sturzenegger le pidió el juez federal Claudio Bonadio, pese a que este último investiga si el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner es responsable por las pérdidas generadas por los contratos de venta de dólares que realizó el Banco Central.

“En el corto plazo quizás también debamos repensar las características de nuestro circulante, ya que mantenemos las mismas denominaciones hace ya muchos años, a pesar que los precios se hayan multiplicado más de diez veces”, dijo en su discurso de asunción y -con sutileza suprema y sólo para entendidos- anticipó lo que haría venticuatro horas después. La noticia mereció un tuit del flamante jefe del Banco Central que, al poner los dedos sobre las teclas, se olvidó de las discusiones que había dado pidiendo que no emitieran moneda de mayor denominación y habló sobre las figuras de peluche que contenían los billetes animal friendly.

arbolitos y camioneros

En esa presentación ante los empleados del Central, Sturzenegger se hizo más de un homenaje: de las cuatro citas que eligió dos eran de textos que había escrito con el economista Eduardo Levy Yeyati. También trazó los ejes de lo que será su administración y, para desarrollarlos, utilizó como guía el artículo 3 de la Carta Orgánica del Banco Central, que fue reformada en marzo de 2012 por impulso del kirchnerismo y contó con el rechazo del PRO y la Coalición Cívica. “El banco tiene por finalidad promover, en la medida de sus facultades y en el marco de las políticas establecidas por el gobierno nacional, la estabilidad monetaria, la estabilidad financiera, el empleo y el desarrollo económico con equidad social”, citó Sturzenegger y señaló que el orden de los temas marcaba su peso. “Fíjense qué interesante cómo está redactado. Lo que aquí se enumeró no está en orden alfabético, está en orden de prelación o importancia”, remarcó en un párrafo aparte.

Sobre esa base insistió en que el Central se preocupará por la “competitividad del tipo de cambio” y dijo que la estabilidad financiera –el segundo del ranking de objetivos– aseguraría el “desarrollo económico con equidad social”. Pero nunca llegó a hablar –al menos de forma directa– sobre el empleo. Lo que sí marcó fue que el Central, institución que encabeza, mantendrá “uno de los grandes logros de esta institución y del país durante las últimas décadas: un sistema regulatorio prudencial de nuestro sector financiero, que aleja los riesgos de crisis sistémicas en el sector”.

Ese tema, el empleo, terminó disparando el primer conflicto importante que le tocó afrontar. El 14 de enero, un mes después de asumir, logró que el directorio del Banco Central aprobara una resolución que fue aplaudida por los bancos: la eliminación del envío de resúmenes de cuenta en papel, que significa el tercer costo operativo de las casas financieras, según le dijo Cesario a un ex funcionario del Central. Ese era uno de los reclamos que –bajo el manto de la preocupación por la tala de árboles y la ecología– planteaba Cesario cada vez que podía. El título de la resolución parecía redactado por el Presidente de ABA: “Información a clientes por medios electrónicos para el cuidado del medio ambiente”. Allí se establecía que los bancos podrían enviar a sus clientes los resúmenes de cuenta o de tarjeta de crédito a través del correo electrónico o mediante el acceso al home banking. Y señalaba que se podría mantener el envío en papel pero por solicitud expresa del cliente y sería este quien asumiría el costo del correo. El resultado era cantado: nadie más querría su resumen en papel.

La traducción inmediata de esa medida era, para el sindicato de Camioneros que lidera Pablo Moyano, una caída en el empleo: los bancos son los principales clientes del Correo Argentino, donde trabajan 18 mil personas. El cálculo que hacían era que se perderían en el corto plazo unos cuatro mil puestos de trabajo en la rama de Correos. “No puede ser que todo ese papelerío deje de enviarse a través de los carteros y se utilice solo Internet. Ya empezaron las suspensiones y el recorte de horas extras”, advirtió Moyano hijo a poco de conocerse la normativa y lanzó un plan de lucha que incluyó una movilización a la puerta del Central. Rápidamente Sturzenegger recogió el hilo y prorrogó la aplicación de la norma hasta el año próximo.

Tal vez, Cesario estaba exagerando cuando dijo que dentro de los gastos administrativos, que posibilitan la operatividad del banco, el transporte de caudales y el correo están en segundo y tercer lugar. Esa frase lacrimónega contrasta con lo que explicó una fuente de un banco internacional que opera en la Argentina. Su ranking de costos operativos comienza con salarios (45 por ciento) y sigue con impuestos (18 por ciento), gastos de tecnología (7 por ciento), costos de transporte y correo (5 por ciento), fondo de garantías de depósitos (4 por ciento), alquileres (2 por ciento). El resto son gastos de marketing, publicidad, legales y demás.

Más allá de esas diferencias en el top five de costos, los gastos de transporte y correo son los más fáciles de modificar vía lobby bancario. “Los impuestos requieren de una reforma, la tecnología es un elemento más o menos estable y necesario, los salarios implican tensiones políticas y gremiales, pero achicar gastos por el lado del transporte y el correo es mucho más simple: es un objetivo posible en el corto plazo”, instruye un empleado jerárquico de un banco, que hace años que transita los recovecos del sistema financiero.

megaprocesado

Para cuando le estalló el conflicto con los camioneros, hacía quince días que su apellido volvía a estar asociado a la causa por el Megacanje. La Corte Suprema de Justicia había desestimado un recurso presentado por otros dos procesados: Liendo, que asesoró al equipo de Cavallo; y Molina, que era director de la Oficina Nacional de Crédito Público. Los tres, junto a un puñado de ex funcionarios de la Alianza y hombres cercanos a Domingo Cavallo, son considerados partícipes necesarios de “la comisión de delito de negociaciones incompatibles con la función pública”, según definió el juez federal Sebastián Ramos, en diciembre de 2013.

Ramos sostuvo que esa operación financiera, que se había promocionado como un cambio de títulos para aliviar el peso de la deuda, constituyó un fabuloso negocio donde el Estado fue el único que no estuvo en el grupo de los ganadores. Los bancos Galicia, BBVA Francés, el Crédit Suisse First Boston, HSBC, Santander Central Hispano, JP Morgan y Salomon Smith Barney cobraron 150 millones de dólares en comisiones para hacer de intermediarios de su propio canje de títulos del Estado argentino.

El pago de esas comisiones se acordó entre abril y mayo de 2001, en una serie de reuniones, muchas de ellas hasta “altas horas de la noche”, como detalló en la causa Daniel Marx, ex secretario de Finanzas. Y, según evaluó el juez Ramos, Sturzenegger – por entonces secretario de Política Econó- mica– “intervino activamente” en las veladas que están bajo la lupa judicial: lo que se analiza no es la política económica de hacer un canje de bonos en sí misma, sino cómo se hizo y si hubo una decisión de garantizarle a los bancos un negocio millonario. Por eso Sturzenegger fue procesado sin prisión preventiva y el juez Ramos ordenó embargarlo por cinco millones de pesos.

Lo mismo hizo con Liendo, Molina, Jorge Baldrich (ex secretario de Hacienda), Julio Dreizzen (ex subsecretario de Financiamiento), Norberto López Insardi (ex director de Financiación Externa de la Oficina Nacional de Crédito Público), Guillermo Mondino (ex jefe de Gabinete de Asesores del Ministro de Economía) y Ernesto Marcer (ex Procurador del Tesoro de la Nación). Todos ellos –incluido Sturzenegger– estuvieron a punto de zafar porque la Sala Segunda de la Cámara Federal revocó la decisión del juez Ramos, en junio de 2014. También consideró prescripta la acción penal contra el banquero David Mulford. Pero el fiscal general Germán Moldes, uno de los impulsores de la Marcha de los Paraguas para “honrar la memoria” del fiscal Alberto Nisman y reclamar “justicia”, apeló ante la Cámara de Casación Penal. Sostuvo que había que mirar “la trastienda de la operación” porque allí “existió una tramoya que tendió a favorecer a ciertos amigos de quienes llevaban adelante esa operación en nombre del Estado”. La Sala Tercera de la Cámara Federal de Casación Penal le dio la razón. Los jueces Liliana Catucci, Eduardo Riggi y Ana María Figueroa anularon los sobreseimientos y desde abril pasado Sturzenegger volvió a quedar procesado.

achicar y normalizar

En esa carrera por retornar al país de antes, Sturzenegger decidió terminar con algunos “inventos” de la gestión de Vanoli. Eso se tradujo en el despido de 47 empleados y la eliminación y achique hasta la casi postración de algunas áreas. Disolvió la Subgerencia de Promoción de los Derechos Humanos porque “los casos judiciales los puede llevar el área de Legales y no se necesita un área específica” que tome los casos de delitos de lesa humanidad, explican por lo bajo; ajustó hasta el dolor la Gerencia de Intermediación No Autorizada, donde se reúnen los inspectores que realizan las investigaciones que terminan con el allanamiento judicial de cuevas financieras –hubo 100 en 2015, la misma cantidad que entre 2001 y 2014–; y redujo personal en la Gerencia de Asistencia al Usuario del Sistema Financiero. La decisión estuvo apuntalada por el trabajo de la consultora PSM de Patricia Santa Marina, que dirigió el área de Asuntos Institucionales del Grupo Infobae de Daniel Hadad entre 2003 y 2011. “Ya no tenemos las situaciones que teníamos cuando estaba el cepo”, explican en la entidad para argumentar por qué “sobraba” gente en el área que, entre otras cosas, debe controlar la compra-venta de dólares por fuera del circuito legal.

Esos despidos generaron un campamento en la puerta de la entidad. Los despedidos quieren ser reincorporados pero su reclamo no logró el apoyo de la Comisión Interna del Central, que los había definido –todavía con la gestión Vanoli– como “paracaidistas” y mantiene un enfrentamiento con la Asociación Bancaria, que sí respalda la protesta. El sindicato sostiene, con una visión más amplia, que “la desarticulación de áreas clave y la desregulación en marcha es posible porque nunca se modificó la Ley de Entidades Financieras de la dictadura para que el sistema financiero fuera tomado como un servicio público. No bastaba con la reforma de la Carta Orgánica del Banco Central, había que hacer una reforma profunda de la ley marco”, insiste el secretario de Prensa, Eduardo Berrozpe.

Parte de los cambios (y desarticulaciones) se hicieron mientras conseguían que un grupo de bancos –HSBC, JP Morgan, Goldman Sachs, Deutsche Bank y el Citibank– le prestaran cinco mil millones de dólares por un año, garantizados por títulos del Central, para fortalecer las reservas. Era parte de otra compensación: la reducción del Seguro de Depósitos Sociedad Anónima (Sedesa), que es el fondo de garantía que cubre los depósitos del sistema financiero. La administración de Vanoli había elevado al máximo que permite la ley el coeficiente para respaldar cada peso de los ahorristas, que pasó del 0,015 al 0,060 mensual. Pero la nueva gestión planea reducirlo otra vez al mínimo. “Hay que agilizar el spread (la diferencia entre precio de compra y de venta) bancario y darle menos fondos a Sedesa”, explica, palabras más, palabras menos, Sturzenegger. Esa lógica abona la idea de la especulación financiera.

La decisión se estuvo macerando en las reuniones de Directorio, que se realizan los jueves en el primer piso de la entidad. Allí Sturzenegger cuenta con una mayoría automática conformada por el vicepresidente Lucas Llach y los directores Horacio Tomás Liendo, hijo del procesado ex funcionario cavallista; Demián Reidel, ex socio del fondo de riesgo QFR Capital Management, que llegó directamente desde Wall Street; Fabián Zampone, un abogado que compartió con Macri la comisión directiva de Boca Juniors; Francisco Gismondi, alineado directamente con Stuzenegger; y Pablo Curat, que responde a Prat Gay. A ellos se suman Juan Cuattromo y Germán Feldman, impulsados por el ex ministro Axel Kicillof; y Pedro Biscay, que llegó con la gestión de Vanoli.

La nueva jugada que fue terminando de elaborarse, y que había empezado a girar en las reuniones de Directorio en febrero pasado, resolvió otro viejo pedido de los bancos: la libertad para imponer comisiones a sus clientes. Para eso, a fines de marzo, se eliminó el requisito de la autorización previa del Central, que era el único que podía conceder a un banco la posibilidad de elevar las comisiones. Pero la argumentación que circuló en torno a Sturzenegger fue la de “regulación” por la libre competencia.

“La preocupación de los banqueros por las comisiones es increíble porque lo que hay en juego es mucha plata, pero mucha plata, todo el tiempo, todos los días. Por eso insisten siempre sobre eso. Piden al Central que les autorice subas. Lo piden en audiencias o en cualquier lado. Hubo un caso que fue para filmarlo: un representante del Santander fue a ver una exposición que hizo una gerenta del Central. La mujer terminó, bajó de la tarima y se fue al baño. El tipo intentó hablar con ella pero no logró interceptarla. Entonces se le metió en el baño para hablarle sobre las comisiones”, dijo otra mujer que conoce de cerca el episodio y giró la cabeza de un lado a otro como si todavía no pudiera creer esa anécdota. El lobbista del banco sólo quería hacerla cambiar de idea.

Un mes después de esa muestra de libertad para que los bancos puedan aplicar las comisiones que más les gusten a sus clientes, Sturzenegger se desayunó una obviedad: que la política no es una empresa líneal porque articula múltiples intereses. El fiscal federal Jorge Di Lello consideró que existen elementos suficientes para investigarlo, junto al juez Bonadio, por "administración infiel en perjuicio de la administración pública y en favor de particulares", "prevaricato" y "abuso de autoridad". La evaluación de Di Lello es una respuesta a la presentación que hicieron los diputados de Frente para la Victoria: el quebranto del Central fue provocado por la devaluación que hizo el gobierno de Mauricio Macri, quien ya sabía que existían esos contratos cuyos beneficiarios son los propios funcionarios de Cambiemos.

PABLO WAISBERG (REVISTA CRISIS #24)

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