viernes, 8 de abril de 2016

Puentes aéreos entre el pico de pobreza y los Panamá Papers.


Hoy, frente a su morada en el número 10 de Downing Street, el conservador David Cameron enfrentará una manifestación para que termine de una vez con los privilegios de guaridas fiscales como Bahamas, donde su padre Ian radicó una compañía offshore fuera del radar de su AFIP, la vieja Inland Revenue. Jaqueado desde el lunes por The Guardian y la BBC, los dos medios locales que accedieron a los papeles secretos del estudio Mossack Fonseca revelados por el Consorcio de Periodistas de Investigación (ICIJ), Cameron debió aclarar en cuatro ocasiones distintas su participación y la de su esposa en el fondo de inversión paterno, Blairmore, hasta que ayer admitió haber percibido parte de sus ganancias. Su gobierno entró en una crisis que lo forzó a mirarse en el espejo de la vecina Islandia, donde ayer asumió un nuevo primer ministro luego de la renuncia de Sigmundur David Gunnlaugsson, también dueño de activos fantasma ventilados allí.

El escándalo global desatado por la mayor revelación de documentos confidenciales de la historia del periodismo le valió ayer a Mauricio Macri su primera imputación como Presidente en una investigación que el fiscal Federico Delgado pidió impulsar al juez Sebastián Casanello, el mismo que el martes ordenó apresar al hasta hace poco intocable Lázaro Báez, ante la presunción de que lavó dinero de retornos cobrados por funcionarios de Cristina Kirchner por sus jugosísimos contratos de obra pública. La decisión del fiscal, por supuesto, movilizó a un establishment que jamás alzará la voz ante maniobras como las que acostumbra realizar desde décadas atrás en las que el investigador Nicholas Shaxson bautizó como Las Islas del Tesoro, pero que sabe de su escasa popularidad para la opinión pública.

Con la misma serenidad con la que durante la campaña aconsejaba a su jefe esquivar las preguntas incómodas inspirado por el budista Joaquín Mollá, dueño en Miami de la agencia publicitaria La Comunidad y artífice del nombre Cambiemos, Marcos Peña evitó en su conferencia de prensa del martes brindar precisión alguna sobre las empresas offshore del clan Macri, que emergieron como el agua entre las baldosas en cabeza de Franco, Gianfranco, Mariano y otros miembros de la familia presidencial luego de la aparición de la primera de ellas, Fleg Trading Ltd, en los papeles de Mossack Fonseca. Más allá del costo político que su existencia vaya a generarle a un Presidente que asumió enancado en denuncias de corrupción de sus predecesores, las preguntas que flotan ahora entre la City y Comodoro Py son dos: hasta dónde podrá explicar el excontador de SOCMA y exministro de Hacienda porteño Néstor Grindetti los movimientos preelectorales de Mercier International, la compañía donde aparece como titular de un poder para operar una cuenta en Suiza, y cuánto afectará el escándalo al plan del Gobierno para volver a crecer el año próximo de la mano de inversiones extranjeras y de un blanqueo de capitales con el que aspiraban reunir unos u$s 20.000 millones apenas saldado el conflicto con los fondos buitre.

Pobreza cero
Constreñidos todos los componentes de la demanda agregada por un ajuste al que de gradualista sólo le queda el nombre, la única chance de que la economía vuelva a crecer en 2017 es que la inversión privada despegue antes de fin de año de forma exponencial. Dinero como el de Panamá, Delaware o las islas Vírgenes es el que espera ansioso Alfonso Prat-Gay junto con el de Wall Street, para capear el desborde de la pauta inflacionaria que fijó entre el 20 y el 25% para todo el año y que desmintieron esta semana media docena de paritarias pactadas por esos porcentajes pero para sólo seis meses. Son fondos con el mismo origen opaco que los que intentó sin éxito repatriar el kirchnerismo con los dos blanqueos de capitales que ofreció en 2009 y 2013 para seducir a argentinos con cuentas en Suiza que vieron peligrar su privacidad por la presión que empezó a ejercer el G-20 tras la crisis subprime, y también para ayudar a empresarios amigos a recircular ganancias del circuito negro. La diferencia es que aquél no era el único motor al que se podía echar mano para mantener la actividad en marcha.

El jefe de la AFIP, Alberto Abad, había dejado abierta la posibilidad de lanzar un nuevo blanqueo al disertar un mes atrás ante el Consejo Profesional de Ciencias Económicas, pese a las críticas que había vertido en campaña contra las periódicas amnistías que según el tributarista Jorge Gaggero “les resultan indispensables a los agentes económicos incumplidores de sus obligaciones fiscales, tanto para asegurar la continuidad de sus negocios locales cuanto para concretar planes de ampliación y/o diversificación”. Sería muy llamativo que lo instrumentara un técnico como Horacio Castagnola, quien volvió a la DGI de la mano de Abad pese a sus reservas respecto del grupo Macri. En los ’90, Castagnola impulsó junto a su antiguo jefe, el extinto Carlos Tacchi, la megacausa por contrabando que tuvo en vilo a todo el establishment (Sevel incluida) hasta que Carlos Menem y Domingo Cavallo pactaron un corte por lo sano.

Post-Panamá, un eventual blanqueo será prácticamente invendible. Para la llegada de inversiones (financieras) habrá que poner todas las fichas a la gira que comienza el lunes por Londres y Nueva York con el Deutsche Bank (cuya filial local viene de conducir el secretario de Finanzas, Luis Caputo, apellidado igual que el ínclito hermano de Macri) y el JP Morgan (donde iniciaron sus carreras tanto Caputo como Prat-Gay y donde también militaron hasta antes de asumir el jefe de Asesores de Hacienda, Vladimir Werning, y el subsecretario de Financiamiento, Santiago Bausili). Del road show también participarán el HSBC (al cual otro ministro, Pancho Cabrera, le administró su AFJP, Máxima) y el Santander, acaso el único que no aportó goleadores al equipo que el jefe de la Asociación de Bancos, Claudio Cesario, definió tempranamente como “el Barsa de la economía”.

En medio de un “sinceramiento” que empujó a la pobreza a un millón y medio de personas en 100 días según la UCA y que puso en tela de juicio la viabilidad de sectores enteros de la economía, además, el uso difundido de empresas offshore por parte de la familia presidencial y su círculo íntimo plantea al Gobierno un desafío más político que legal. Sobre todo porque las guaridas fiscales no son neutrales en términos de equidad ni de distribución del ingreso.

Según cálculos del especialista James Henry para la Red de Justicia Tributaria (RJT) citadas por el mismo Gaggero, la brecha entre los ingresos del 10% más rico y el 10% más pobre de la sociedad aumenta de 22 veces a más de 33 veces si se incluye la renta estimada de los activos offshore en poder de los argentinos.

Narcotráfico cero
No es la única contradicción del macrismo que expusieron los Panamá Papers y el repentino envión de las causas judiciales donde se investiga a los funcionarios del gobierno anterior. También cobró nueva relevancia el hecho de que los organismos oficiales encargados de combatir el lavado de dinero hayan sido especialmente diezmados como parte de la reestructuración que esta semana dio por concluida el ministro de Modernización, Andrés Ibarra. Pasó en el Banco Central, donde echaron a Fernando Maresca, encargado de litigar contra bancos y cuevas por operaciones fraudulentas, y también en la Inspección General de Justicia (IGJ), controlada por Daniel Angelici a través del radical Sergio Brodsky, de donde fue eyectado la semana pasada -sintomáticamente- el abogado Nicolás Vergara, oficial de cumplimiento ante la Unidad de Información Financiera (UIF).

En la UIF, el ente antilavado, la situación es algo más espesa. Sus encargados, Mariano Federici y María Eugenia Talerico, enfrentan una virtual rebelión de los técnicos que resisten sus órdenes de distraer los recursos que hasta diciembre se destinaron a rastrear activos de narcotraficantes detenidos -como los hermanos Álvarez Meyendorff y el colombiano Mi Sangre- para reorientarlos a identificar fondos de Lázaro Báez y Milagro Sala. Tampoco cayó bien en el staff que antes conducía José Sbattella (citado esta semana a indagatoria por presunto encubrimiento de lavadores cercanos al poder kirchnerista) la orden de no seguir investigando los miles de millones de pesos en operaciones reportadas como sospechosas de grandes supermercados y compañías de consumo masivo. Parte de ese dinero probablemente haya terminado en guaridas fiscales.

Son causas que no salen en la tapa de los diarios. Como tampoco salió, aunque también haya cobrado un nuevo cariz a partir del PanamáGate, la apelación que hizo esta semana la fiscal Gabriela Boquín al fallo que repentinamente habilitó a Macri el mes pasado a crear una IGJ porteña absorbiendo parte de las funciones de la nacional. La fiscal que enfrentó esa idea cuando se planteó por primera vez, ocho años atrás, fue Alejandra Gils Carbó, mucho antes de asumir como Procuradora. Si finalmente queda firme, el gobierno porteño tendría un margen importante para “blanquear” sociedades offshore, con menos impacto que si lo hiciera directamente Macri. Quizá sean sólo casualidades.

Alejandro Bercovich

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