Coerción, ahogo financiero y apoyo en la negociación con los buitres son las condiciones que impone Macri para asistir económicamente a las provincias. No con recursos estatales sino con permisos discrecionales para tomar deuda internacional.
Aduciendo falta de recursos, después de quitar el 15% de coparticipación y previendo inminentes estallidos en el interior del país, el gobierno de Mauricio Macri impulsa a los gobernadores a endeudarse.
Del mismo modo que se hizo con las compañías generadoras y distribuidoras de energía eléctrica, el poder ejecutivo que entorna a Macri decide retirar al Estado y dejar libres las administraciones.
El pedido de la Casa Rosada es parte de la ronda de diálogos que mantiene el Gobierno con los mandatarios, en medio del debate por ley de coparticipación que, según sostienen en Balcarce 50, no tendrá acuerdo y quedará postergado.
Para no mostrar que cede, el equipo económico y político de Macri prefirió garantizar a los gobernadores la aprobación de avales por parte del Ministerio de Hacienda y Finanzas, que conduce Alfonso Prat-Gay, como garantía del apoyo de la Casa Rosada para tomar deuda internacional.
Hasta ahora, esa vía fue tomada sólo por la provincia de Buenos Aires conducida por la funcionaria PRO María Eugenia Vidal, que logró la aprobación legislativa después de un duro enfrentamiento con el kirchnerismo y los intendentes peronistas para endeudarse por $60.000 millones, una cifra menor a la que había promovido María Eugenia Vidal con el envío del presupuesto para este año, pero muy superior a los $20.000 millones que había solicitado la gestión anterior en el último mandato de Daniel Scioli.
En la Casa Rosada sostienen que la decisión de la gobernadora, acordada con el Presidente, fue el puntapié inicial para una acción que esperan, imite el resto de los gobernadores. El mismo camino siguió Mendoza, conducida por el radical Alfredo Cornejo, aliado político del macrismo, y Neuquén.
Esa misma recomendación le hizo la Casa Rosada a Alicia Kirchner, gobernadora de Santa Cruz, urgida de fondos, que rechazó esa posibilidad tras la última reunión que mantuvo con el ministro del Interior, Obras Públicas y Vivienda, Rogelio Frigerio. La titular de Santa Cruz viene reclamando al gobierno de Macri asistencia para la provincia y acusó al Presidente de "ahogar financieramente" a su distrito y denunció que las obras, que "en un 97 por ciento son financiadas por la Nación, están paralizadas" (02.02.2016).
El Gobierno retaceó fondos para Santa Cruz con el argumento de que el 9 de diciembre, el último día de la gestión anterior, se aprobó la última partida de Aportes del Tesoro Nacional (ATN) que salió de Balcarce 50, y fue para el distrito.
El pedido para que los gobernadores se endeuden en el exterior está acompañado de la promesa de la Casa Rosada de resolver el conflicto con los fondos buitre, para conseguir, una vez destrabado ese pleito, préstamos más baratos. De ahí la oferta apresurada y de 1000% de utilidad que aún no fue aceptada por ellos. Incluso, el gobierno de Macri, condiciona la libertad de endeudamiento al apoyo de los legisladores que responden a las distintas provincias en el debate que se vendrá en el Congreso si la Casa Rosada logra un acuerdo para el pago.
En este marco de coerción y estrangulamiento financiero, el Gobierno retomará los encuentros con los gobernadores ante la promesa de debatir un nuevo reparto de los recursos coparticipables y, como no hay expectativas oficiales de un acuerdo, está ideando un esquema para descentralizar la administración y ejecución de los fondos reservándose el poder ejecutivo la decisión de a quién, cómo y en qué momento distribuye los recursos nacionales y sólo dejando en manos de los gobernadores la decisión de definir qué obra hacen y cómo la licitan.
Está descartado, además, que la Casa Rosada dé marcha atrás con la anulación para la devolución a las provincias del 15% que retiene por coparticipación.
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