domingo, 17 de enero de 2016

Salarios vs Puestos de trabajo: el chantaje de siempre.


El documento que sigue es un trabajo elaborado por el Observatorio del Derecho Social de la CTA Autónoma, donde se analizan no sólo las recientes medidas de despidos que se están llevando a cabo tanto en el ámbito del Estado (Nacional, Provincial y Municipal) como en el sector privado, sino también su clara intención disciplinadora para imponer la aceptación del plan de ajuste del Gobierno.

Esta intención queda claramente expuesta cuando el ministro de Hacienda plantea como disyuntiva para la lucha salarial que inevitablemente se desatará que habrá que ver qué deciden privilegiar los sindicatos, si salario o puestos de trabajo. Chantaje que no es nuevo y que es totalmente inaceptable ya que, como bien se demuestra en el trabajo, a las falencias que demuestra el proceso económico argentino no hay que buscarlas por el lado de los altos salarios que reciben los trabajadores.

Muy por el contrario, este estancamiento tiene su raíz en el comportamiento de los grupos dominantes que hacen del pago de bajos salarios una de las fuentes de sus altas tasas de ganancias, sin garantizar la inversión que todo proceso económico necesita para su reproducción. Contando para ello con la complicidad del Estado que, lejos de intervenir regulando el comportamiento de estos grupos, ha sido y es su cómplice.

Agradecemos a los compañeros del Observatorio del Derecho Social (Silvina Benevento, Luis Campos, Mariana Campos, Jimena Frankel y Horacio Meguira) la posibilidad de compartir este trabajo.

Hugo Godoy, Secretario General ATE,  Horacio Fernández, Director IDEP



Salarios vs. Puestos de Trabajo: El chantaje de siempre


El éxito del programa de ajuste en curso requiere como condición necesaria una caída sustancial del salario de los trabajadores. En efecto, la brutal transferencia de recursos que han implicado las recientes medidas económicas aplicadas por el gobierno nacional (devaluación de la moneda, eliminación de las retenciones a las exportaciones) sumada a un fuerte ajuste fiscal a través de medidas como la anunciada eliminación de los subsidios a los servicios públicos, requieren como contracara un recorte de la porción del ingreso nacional que reciben los trabajadores.

La estrategia para llevar adelante este proceso ha sido explicitada por el Ministro de Hacienda Alfonso Prat-Gay, quien declaró públicamente: “Cada sindicato sabrá dónde le aprieta el zapato y hasta qué punto puede arriesgar salario a cambio de empleo”. En otras palabras, se vuelve a insistir con el viejo chantaje de aceptar reducciones salariales como una supuesta condición para proteger los puestos de trabajo.

Esta posición encubre dos situaciones que requieren ser explicitadas. Por un lado, que la economía argentina funciona desde hace muchos años sobre la base de una amplia mayoría de trabajadores que perciben ingresos bajos; por el otro, que los empleadores ya han comenzado a efectuar despidos con anterioridad al inicio de las negociaciones salariales.

En otras palabras el Gobierno Nacional pretende que los trabajadores acepten pacíficamente una reducción en sus salarios, aún cuando estos ya se encuentran en niveles muy bajos. Al mismo tiempo, amenaza con potenciales despidos que en realidad ya han comenzado, y que no tienen tanta relación con el costo salarial sino más bien con el objetivo de disciplinar al conjunto de los trabajadores y debilitar su capacidad de lucha y organización, situación a la cual deben agregarse los avances en la represión y criminalización de la protesta social.


- Salarios bajos... Que deben bajar aún más

La economía argentina funciona desde hace muchos años con salarios estructuralmente bajos. De acuerdo a la última información oficial disponible, correspondiente al segundo trimestre de 2015, el 50% de los ocupados percibía, de su ocupación principal, un ingreso inferior a $ 6.500 mensuales, situación que afecta en gran medida a trabajadores no registrados, trabajadores del sector público provincial y municipal, y cuentapropistas, cuyos ingresos se encuentran por debajo del salario mínimo, vital y móvil.

La situación de bajos ingresos también alcanza a los trabajadores registrados que se encuentran ubicados en las escalas iniciales de los convenios colectivos de trabajo. En efecto, si se considera el 80% de los ocupados totales, el ingreso mensual es inferior a $ 10.000 (ver gráfico nº 1).

Estos niveles de ingresos contrastan con el costo de una canasta básica de bienes y servicios que, al mes de diciembre de 2014 ascendía a $ 12.229 para una familia de cuatro personas (Junta Interna ATE – INDEC).

Fuente: Elaboración propia con datos de la EPH – INDEC e informes de la Junta Interna de ATE – INDEC. Los datos de la EPH son considerados de mínima, como aproximación, en el marco de la denuncia sobre manipulación de las estadísticas públicas, la cual sigue en pie.

Al contrastar estas dos magnitudes se puede concluir señalando que en los últimos años se ha consolidado una estructura de ingresos en la que la amplia mayoría de los trabajadores percibe ingresos insuficientes para cubrir el costo de una canasta básica familiar. Dada esta situación, las familias deben procurar ingresos adicionales para satisfacer sus necesidades, ya sea a través de la incorporación de una mayor cantidad de sus integrantes al mercado de trabajo (cónyuges, hijos, hermanos, etc), ya sea a través de la percepción de ingresos por otras vías (jubilaciones y pensiones, políticas de transferencia de ingresos, etc). En otras palabras: muchos trabajadores que cobran poco.

Es en este contexto que el Gobierno Nacional y las principales cámaras patronales pretenden contener los incrementos salariales y profundizar aún más una tendencia declinante del salario real cuyos orígenes se remontan al menos hasta el año 2013, sosteniendo que, de lo contrario, se pondrían en riesgo los puestos de trabajo.

La falacia de este razonamiento queda clara al verificar que los ingresos de los trabajadores en Argentina ya están en niveles históricamente bajos, sin que exista razón alguna para sostener que es necesario bajarlos aún más para mantener los actuales niveles de empleo.

Lo hasta aquí expuesto no implica negar que puedan existir sectores que enfrenten dificultades para sostener sus niveles de actividad (principalmente pequeños productores y sectores ligados al mercado interno). Sin embargo, estas dificultades están lejos de originarse en la existencia de altos salarios. Por el contrario, se trata de sectores cuyo nivel de actividad depende del tamaño del mercado interno, que está directamente relacionado con el poder adquisitivo del salario de los trabajadores. Para estos sectores una mayor caída salarial agravará el problema, y generará condiciones para un debilitamiento del empleo, es decir, una situación exactamente inversa a la planteada por el Ministro de Hacienda en sus declaraciones públicas.

Sin embargo, sí es cierto que una caída salarial beneficiará a determinadas fracciones de empleadores. En particular, aquellas empresas ligadas al mercado externo (como por ejemplo grandes productores agropecuarios) o a sectores no necesariamente vinculados a la evolución del mercado interno (el sector financiero en general) tendrán una reducción en sus costos que se sumará a la inmensa transferencia de recursos que han experimentado como consecuencia de las primeras medidas económicas implementadas por el Gobierno Nacional. En otras palabras: devaluación de la moneda, eliminación de las retenciones a las exportaciones, relanzamiento del ciclo de endeudamiento público, disminución del salario real y represión de la protesta social constituyen manifestaciones coherentes de un mismo plan económico que ya ha sido puesto en marcha.


- Los despidos como herramienta de control de los trabajadores y las organizaciones sindicales

La reducción del salario real de los trabajadores constituye un objetivo del Gobierno Nacional y de las principales cámaras patronales. Por cierto que este objetivo no es nuevo, y ha estado presente con mayor o menor intensidad desde hace varios años. Sin ir más lejos, las apelaciones a un pacto social entre trabajadores y empleadores que ponga límites a la negociación salarial se remontan a fines de la década pasada.

Desde entonces, la principal resistencia a esta avanzada ha provenido de los trabajadores y las organizaciones sindicales. En tal sentido, la negociación colectiva ha operado en los últimos años, para muchos trabajadores, como una herramienta defensiva para evitar un deterioro aún mayor del salario real y, en algunos casos, para obtener mejoras de distinto nivel.

El debilitamiento de esta herramienta constituye un elemento necesario para el cumplimiento de los objetivos del plan económico implementado por el Gobierno Nacional. La profundización de la ola de despidos y situaciones de crisis es parte de este proceso, que se origina no tanto en la existencia de dificultades económicas puntuales o sectoriales, sino en la necesidad de infundir temor en los trabajadores para debilitar su capacidad de acción y, por ende, para que acepten sin mayores conflictos una reducción de los salarios reales.

El Estado cumple una función clave en este proceso y en las últimas semanas ha venido enviando una señal muy fuerte al sector privado a partir de la implementación de despidos y desvinculaciones a nivel nacional, provincial y municipal (ver cuadro nº 1 en el anexo).

En el Estado Nacional la gran mayoría de las desvinculaciones se realizaron a través de la decisión de no renovar contratos temporales o de asistencia técnica, cuya proliferación en los últimos años da cuenta de la existencia de fuertes niveles de precarización contractual. Esta situación ha facilitado notablemente el accionar de las nuevas autoridades, demostrando la situación de vulnerabilidad normativa en la que se han venido desempeñando miles de trabajadores del sector público. En otras palabras, las desvinculaciones de hoy también son producto de la precarización laboral de ayer.

Cabe detenerse sobre este punto, por cuanto la precariedad contractual es funcional al temor y, por ende, a la arbitrariedad patronal. En tal sentido, las nuevas autoridades están lejos tener la intención de despedir a la totalidad de sus trabajadores, pero sí van a valerse de un terreno sembrado por la gestión anterior que les permite intentar aterrorizar a muchos empleados con la pérdida de su puesto de trabajo.

En el sector público el poder patronal se expresa con toda su crueldad cuando la continuidad laboral (es decir, la renovación o no de un vínculo contractual temporal) depende del puro arbitrio del funcionario de turno. En este punto no ha habido ruptura a partir del 10 de diciembre, sino una fuerte continuidad, la precariedad ha sido y sigue siendo la regla.

Por su parte, también debe destacarse la situación de los trabajadores municipales, que desde hace varios años presentan altos niveles de conflictividad laboral ligados en muchos casos a situaciones de precariedad contractual y a la falta de renovación de dichos contratos.

Ahora bien, en el contexto actual el avance del Estado contra los trabajadores del sector público constituye una señal inequívoca para los empleadores del sector privado. Por un lado, como legitimación de los despidos ya implementados; por el otro, como una invitación a impulsar mayores ajustes en las dotaciones de trabajadores y limitar los incrementos salariales.

En efecto, tan solo en los meses de diciembre y enero se registraron despidos en empresas correspondientes a actividades económicas muy disímiles y que dan cuenta de un avance significativo sobre la posición de los trabajadores (ver cuadro nº 2 en el anexo).

A diferencia de lo sostenido por el Ministro de Hacienda, no parecen haber sido los reclamos salariales de los trabajadores el origen de estos despidos. Más bien parece ser todo lo contrario. Han sido los empleadores quienes han dado inicio la ronda de negociación salarial a través del incremento de los despidos, en tanto herramienta para infundir temor y, de esta manera, debilitar la posición negociadora de los trabajadores y las organizaciones sindicales, no solo en términos generales, sino también en cada lugar de trabajo.

Aceptar la existencia de un dilema entre salarios y puestos de trabajo constituye dar por válidos los términos del chantaje que intentan imponer el Gobierno Nacional y las cámaras patronales, aceptando al mismo tiempo la reducción del salario real que ya tuvo lugar en los últimos meses. El objetivo del nuevo gobierno apunta a atemorizar al conjunto de los trabajadores del sector público, y al mismo tiempo enviar una señal a los empleadores y trabajadores del sector privado: "es hora de cuidar los puestos de trabajo y olvidarse de los reclamos salariales". Se hace cada vez más necesaria una respuesta contundente desde el conjunto del movimiento obrero que ponga límites a esta ofensiva.


Anexo

Cuadro Nº 1: Despidos y falta de renovación de contratos en el sector público

Organismo
Cantidad de despedidos
Provincia
Municipalidad de Quilmes
980
Buenos Aires
Municipalidad de Lanús
290
Buenos Aires
Municipalidad de Malvinas Argentinas
900
Buenos Aires
Municipalidad de Merlo
300
Buenos Aires
Municipalidad de Coronel Vidal
300
Buenos Aires
Municipalidad de Coronel Suárez
60
Buenos Aires
Municipalidad de Adolfo Alsina
60
Buenos Aires
Municipalidad de Chascomús
32
Buenos Aires
Municipalidad de Esteban Echeverría
30
Buenos Aires
Municipalidad de La Plata
4500
Buenos Aires
Municipalidad de Mar Chiquita
298
Buenos Aires
Municipalidad de Hurlingham
300
Buenos Aires
Zoológico Ciudad de Buenos Aires
4
CABA
Municipalidad de San Fernando del Valle de Catamarca
300
Catamarca
Municipalidad de Concepción de Bermejo
52
Chaco
Municipalidad de El Maitén
160
Chubut
Municipalidad de Unquillo
182
Córdoba
Municipalidad de Crespo
Sin Datos
Corrientes
Municipalidad de Monterrico
140
Jujuy
Municipalidad de San Pedro
400
Jujuy
Municipalidad de Santa Rosa
Sin Datos
La Pampa
Radio Municipal de Santa Rosa
3
La Pampa
Municipalidad de Las Heras
662
Mendoza
Municipalidad de Guaymallén
80
Mendoza
Docentes municipales y provinciales
1000
Mendoza
Municipalidad de Puerto Iguazú
100
Misiones
AFSCA
90
Nación
CCK
600
Nación
Vialidad Nacional
20
Nación
Senado
2035
Nación
Jefatura de Gabinete
150
Nación
Nación Seguros
25
Nación
Cooperativas Argentina Trabaja en Ex Esma
2000
Nación
Fútbol para todos
10
Nación
Nacional Rock
27
Nación
Gerard (Causa AMIA)
15
Nación
Ministerio de Agricultura
200
Nación
Ministerio de Trabajo
100
Nación
Ministerio de Desarrollo Social
33
Nación
Ministerio de Cultura
16
Nación
Ministerio de Planificación
40
Nación
Ministerio de Comercio
130
Nación
Municipalidad del Tala
54
Salta
Municipalidad de San Lorenzo
60
Salta
Municipalidad de Coronel Moldes
40
Salta
Municipalidad de Cerrillos
35
Salta
Municipalidad de Aguaray
40
Salta
Municipalidad de Rivadavia
160
San Juan
Gobierno de la Provincia de Santa Cruz
600
Santa Cruz
Gobierno de la Provincia de Tierra del Fuego
1000
Tierra del Fuego


Cuadro Nº 2: Despidos y falta de renovación de contratos en el sector privado

Empresa
Cantidad de despedidos
Actividad
Provincia
Metalsa
10 (300 en lo que va del año)
Metalurgia
Buenos Aires
New San - Atma
200
Metalurgia
Buenos Aires
Siderca
200
Metalurgia
Buenos Aires
Diario Diagonales (Grupo 23)
12
Prensa
Buenos Aires
Cresta Roja
5000
Avícola
Buenos Aires
Cerámica San Lorenzo
100
Cerámica
Buenos Aires
Metrovías
26
Transporte
CABA
Grupo Octubre (revista Infantil PIN)
4
Prensa
CABA
Core Argentina
30
Call Center
Chaco
Tecpetrol y Sipetrol
500
Petróleo
Chubut / Neuquén
Hotel Cabañas del Parque
20
Hoteles
Misiones
Autobuses Santa Fé
6
Transporte
Neuquén
Expofrut
109
Fruta
Rio Negro
Salentein
45
Fruta
Rio Negro
Miele
6
Fruta
Rio Negro
Empresas de fruta
6
Fruta
Rio Negro
Canale
78
Fruta
Rio Negro
El Tabacal
40
Azúcar
Salta
Metalmecánica
84
Metalurgia
San Luis
Austral Construcciones y Kank y Costilla
1800
Construcción
Santa Cruz
Paraná Metal
180
Metalurgia
Santa Fe
Frigorífico Frideco S.A
100
Frigorífico
Santa Fe
Empresas Constructoras
2000
Construcción
Tucumán
Scaab Scania
5
Automotriz
Tucumán

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