Una investigación por fraude involucra a Nicanor Moreno Crotto, coordinador de Asuntos Legales de Jefatura de Gabinete. En 2008, el funcionario anotó una offshore que fue denunciada por intentar cobrar bonos de la última dictadura, en el domicilio legal de su familia.
La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal Correccional está analizando si la denuncia judicial por fraude procesal corresponde ser tratada como un caso de lavado de dinero.
La causa se inició el año pasado (2015) por una denuncia de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac), que acusó al empresario Pablo Ricardo Gotelli por montar un fraude en la quiebra de Sebastián Badaracco, una firma unipersonal dedicada al tráfico fluvial. Gotelli habría creado una compañía fantasma con sede en Uruguay bajo el nombre de Snowy Sociedad Anónima para comprar los créditos de la quiebra Badaracco.
Los fiscales sospechan de una maniobra de Gotelli para autocomprar la quiebra. Pero el dato relevante es que esos créditos por 300 mil dólares son títulos emitidos durante la última dictadura como parte del dispositivo para cargarle al Estado argentino deuda de privados. Y además esos bonos fueron utilizados para realizar una maniobra de vaciamiento del Banco de Italia y Río de la Plata, parte del conglomerado de la familia Gotelli.
La denuncia también incluyó a los abogados de Snowy, Daniel Levinsonas y Pablo Dicugno, y el escribano Moreno Crotto, actual funcionario de Jefatura de Gabinete, quien fue citado como testigo.
El 17 de noviembre de 2008, Moreno Crotto inscribió a la offshore con domicilio legal en una propiedad de su familia, que en los últimos años pasó a manos de su tía Mercedes Moreno Klappenbach, en San Isidro. "No sé qué es Snowy SA. Nunca recibí correspondencia a su nombre", dijo Moreno Klappenbach ante los fiscales de la Procelac. Es una militante de la Agrupación Mujeres Argentinas, que funciona como plataforma política de la diputada por el PRO Cornelia Schmidt Liermann.
La denuncia fue realizada en diciembre pasado y quedó en el Juzgado de Instrucción 34, a cargo de Jorge López, y del fiscal Augusto Troncoso, quien consideró que el caso debía ser investigado como una "infracción a la Ley 25.246", que pena el lavado de dinero, y pidió que se enviara a Comodoro Py. López avaló el planteo y llegó a manos del juez federal Julián Ercolini, quien señaló que antes de definir si era un caso de lavado debían investigar.
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